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Arduino Tomasi, académico e investigador guayaquileño especializado en combate a la corrupción y gobernanza, conversa con La Fuente-Periodismo de Investigación sobre la designación de Rafael Correa, Jorge Glas y sus familias bajo la Sección 7031(c) del Departamento de Estado de EE.UU.
Esta decisión representa la imposibilidad de que estos personajes entren a ese país y alcanza importantes repercusiones en la lucha anticorrupción.
Tomasi se dio a conocer por su enfoque basado en datos y su implacable búsqueda de la verdad le han ganado reconocimiento en círculos académicos y periodísticos.
A través de su blog y redes sociales, Tomasi ha desnudado la realidad que el correísmo intentó disfrazar como estabilidad. Mostró cómo este período no solo fue de saqueo económico, sino también el inicio del narcoestado que asola a Ecuador.
En su opinión, ¿qué significa la designación de Rafael Correa y Jorge Glas bajo la Sección 7031(c) del Departamento de Estado de EE.UU.?
Esta designación es un paso clave en la política anticorrupción global. La Sección 7031(c) proporciona una herramienta flexible, permitiendo sanciones sin límite temporal y con un impacto significativo en la reputación pública. El hecho de que estos personajes no puedan acceder a la visa para EE.UU, es decir que ya no puedan ingresar al país, crea un mecanismo de presión tanto diplomática como social. El retiro de visa es vital para la estrategia anticorrupción de Estados Unidos, y así expone y aísla a los actores corruptos en el escenario internacional.
¿Qué relevancia tiene que el retiro de visa también se extienda a los familiares de Correa y Glas?
El mensaje es inequívoco: nadie está por encima de la ley, la impunidad no será tolerada, sin importar el cargo o la influencia del involucrado. La inclusión de familiares amplía el alcance de la sanción. Así subraya que la corrupción no es un asunto aislado de una persona, sino que muchas veces involucra redes que operan a través de lazos familiares y relaciones cercanas.
EE.UU. está mostrando que no solo castiga al corrupto, sino también a quienes se benefician de su accionar ilícito. Con esto se establece un precedente evidenciando que los actos de corrupción no solo serán investigados, sino también sancionados con consecuencias serias, tanto para los perpetradores como para su entorno.
¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo de estas sanciones en la gobernanza de Ecuador?
A largo plazo, estas acciones pueden influir en las prácticas de gobierno. Puede incentivar esfuerzos más firmes para combatir la malversación de fondos públicos en el país. Además, pueden inspirar a otras naciones de la región, que enfrentan desafíos similares, a adoptar medidas más estrictas contra estas prácticas ilícitas.
¿Cómo podrían estas sanciones afectar las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos?
Las sanciones tienen un componente geopolítico. Aunque podrían tensar las relaciones con ciertos sectores de Ecuador, también podrían fortalecer la cooperación en materia anticorrupción. Estados Unidos está dejando claro que su influencia se ejercerá en temas de gobernanza en América Latina, lo cual puede generar un diálogo más directo en torno a la rendición de cuentas.
¿Qué consecuencias podría tener esta medida en la política interna de Ecuador?
La designación probablemente polariza aún más el debate político. Mientras que algunos verán esto como un impulso para las fuerzas anticorrupción, otros lo percibirán como una intervención extranjera en asuntos nacionales.
Sin embargo la medida marca un precedente en el uso de herramientas legales internacionales para combatir la corrupción transnacional. Es un paso importante hacia la consolidación de un marco legal global que permita a las naciones actuar más allá de sus fronteras en casos de corrupción, lo que podría influir en futuras acciones internacionales contra este flagelo.
¿Cómo se vincula esta acción con otros casos recientes de corrupción en Ecuador?
La designación se enmarca en un patrón más amplio, como la reciente condena del excontralor Carlos Pólit, sentenciado a 10 años de prisión. Estos casos destacan un esfuerzo sostenido por parte de EE.UU. para atacar la corrupción de alto nivel en Ecuador, subrayando la cooperación internacional en la lucha contra este mal.
El caso Pólit, donde se descubrió que recibió más de $10 millones en sobornos de Odebrecht, ilustra cómo la corrupción durante el mandato de Correa y Glas tenía ramificaciones internacionales. Este tipo de esquemas justifican la intervención de Estados Unidos bajo la Sección 7031(c). La corrupción no solo afecta a un país, sino que genera impactos en varias jurisdicciones.
