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Los siete capturados como parte de los sicarios, quienes habrían tenido información crucial sobre el crimen, fueron asesinados “por asfixia” (ahorcados), dentro de cárceles ecuatorianas. El hecho puso en tela de juicio la capacidad del sistema penitenciario ecuatoriano para proteger a los implicados en casos de alto perfil.
Pero también dejó claro que los autores intelectuales, con amplio poder en las cárceles, los mandaron a silenciar. Por ello, en muchas ocasiones se ha mencionado que si se llega a identificar quién contrató esas muertes, también se sabrá quiénes estuvieron involucrados en el Magnicidio de Fernando Villavicencio.
Un traslado que fue sentencia de muerte
El 12 de septiembre de 2023, a poco más de un mes después de la captura de los sicarios, un dron industrial cargado con explosivos fue encontrado sobre la cárcel de La Roca, donde estaban recluidos los sicarios detenidos por el caso Villavicencio.
Aunque la Policía logró neutralizar el artefacto, los sicarios fueron trasladados a la peligrosa Penitenciaría del Litoral. Este traslado resultó ser una sentencia de muerte: el 6 de octubre, los seis hombres fueron encontrados ahorcados en el pabellón 7, bajo el control de la banda Los Fatales.
La negligencia de las autoridades fue clave en este desenlace. Según informes de la Fiscalía, el director subrogante de la Penitenciaría del Litoral, José Antonio Mera Vargas, hizo caso omiso a una alerta de seguridad emitida el 5 de octubre, apenas un día antes de las muertes.
A Mera Vargas se le imputó por incumplimiento de decisiones legítimas y se dictó prisión preventiva en su contra, el 7 de octubre de 2023. Su detención es un eco de las falencias en la cadena de seguridad del Estado. Al día de hoy no ha habido respuestas sobre el estado de las investigaciones.
El silencio mortal para bloquear investigación del Magnicidio
Los seis reclusos de la Penitenciaría del Litoral, identificados como Adey Fernando García García, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neyder López Hitaz, Jhon Gregore Rodríguez Gongora, Jules Osmin Castaño Alzate y Camilo Andrés Romero Reyes, murieron a causa de anoxia encefálica, resultado de una oclusión de vías respiratorias y asfixia por sofocación.
En la cárcel de El Inca, en Quito, fue asesinado otro preso vinculado a este caso. Se trata de alias “El Cura”, José Leonardo Montaño Cuadro. Él fue quien, según el testigo protegido, le había comentado cuatro días después del magnicidio, cómo había sido la organización de la logística, mencionando que el valor de esta sería de $200 mil dólares y que habría sido orquestado por el Gobierno de Correa.
El 7 de octubre de 2023, los guardias penitenciarios, ingresaron en su celda y lo encontraron sin vida. La causa de muerte sería asfixia por estrangulación.
Las muertes, al parecer, fueron cuidadosamente coordinadas para evitar que estos individuos pudieran declarar en el proceso judicial relacionado con el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en agosto de 2023 durante un evento de campaña en Quito.
Según algunas versiones, algunos de ellos hablaron con el FBI antes de ser asesinados.
Sin embargo, estos crímenes parecen una estrategia para bloquear cualquier avance en la investigación, al eliminar testigos incómodos y proteger a los autores intelectuales del magnicidio.
Falencias y encubrimientos
La investigación sobre el asesinato de estos reclusos ha sido deficiente y está llena de irregularidades.
El informe de la Inspección Ocular Técnica reveló que se encontraron huellas dactilares en la puerta metálica del pabellón 7, donde se descubrieron los cuerpos.
Sin embargo, las huellas no fueron lo suficientemente claras para ser cotejadas en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS), lo que impide avanzar en la identificación de posibles responsables dentro o fuera del penal.
Asimismo, la Penitenciaría del Litoral carecía de cámaras de seguridad en los pabellones 7 y 8, donde ocurrieron los homicidios. Esto es particularmente alarmante, dado que en estos pabellones no había custodia asignada, a pesar de que estaban deshabitados.
La ausencia de vigilancia plantea dudas sobre el control que realmente ejerce el sistema penitenciario en estos recintos, donde el crimen organizado parece operar con total impunidad.
Además, los informes forenses sobre los perfiles genéticos encontrados en las prendas de los fallecidos han demostrado la presencia de múltiples aportantes no identificados.
Esto sugiere que otras personas estuvieron involucradas en los asesinatos, pero hasta la fecha no se ha podido determinar quiénes son.
Parte de los delincuentes materiales ya fueron condenados
En paralelo, el 7 de septiembre de 2023, la Policía Nacional desplegó varios operativos en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, capturando a siete sospechosos más, vinculados indirectamente al asesinato de Villavicencio.
La Fiscalía detalló que, mediante interceptaciones telefónicas, cámaras de seguridad y entrevistas, se determinó que la orden de asesinar a Villavicencio fue enviada por Carlos Angulo, “El Invisible” desde su celda.
Laura Castillo Velín, alias “La Flaca”, también fue identificada como parte de esta estructura y encargada de la logística, planeando desde Quito el ataque. Ellos fueron juzgados el pasado 12 de julio y sentenciados a 34 años y 8 meses. Los cómplices recibieron sentencias menores.
Cuatro fiscales, en menos de un año, para el caso de los sicarios asesinados
La investigación de este caso ha sido obstaculizada desde el inicio. El hecho de que cuatro fiscales diferentes hayan estado a cargo del proceso en menos de un año ha creado una falta de continuidad en la investigación.
La rotación constante de fiscales ha retrasado el avance del caso, obligando a revisar documentos y solicitudes anteriores sin poder consolidar una línea investigativa clara y eficaz.
Este cambio continuo de fiscales y la falta de avances significativos apuntan a una posible interferencia por parte de actores externos con interés en que el caso no se resuelva.
Aunque las autoridades han despachado los requerimientos necesarios, el tiempo sigue corriendo, y la justicia parece cada vez más inalcanzable para las víctimas de este oscuro episodio.
Crimen organizado e impunidad
El asesinato de Fernando Villavicencio plantea serias preguntas sobre la eficacia y el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Es inquietante en primer lugar, cómo alias “Ito” quien dispararía la bala asesina, fue abaleado y pateado en el piso por la Policía Nacional, luego en lugar de ser llevado a emergencias, fue trasladado a Fiscalía y ahí falleció, el mismo 9 de agosto.
De igual manera sorprende cómo, apenas horas después del atentado, seis sicarios fueron capturados en varias zonas de Quito, con pruebas contundentes como armas, vehículos robados y municiones.
Esta rapidez en las detenciones, que podría parecer un éxito policial, genera una duda más profunda: si los sicarios ya estaban identificados y mapeados, ¿cómo fue posible que se perpetrara un magnicidio en medio de una campaña electoral?
La realidad es que estos criminales, pese a estar bajo el radar de las autoridades, lograron ejecutar uno de los asesinatos más audaces y mediáticos de la historia reciente del país.
El hecho de que los operativos y el seguimiento policial ya existieran sugiere un conocimiento previo del peligro que representaban estos sicarios.
Sin embargo, ni las advertencias ni los operativos fueron suficientes para proteger a Villavicencio.
¿Por qué el Estado, con todos estos elementos, no pudo anticiparse al ataque? La rapidez con la que los capturaron tras el crimen refleja un control reactivo, no preventivo, y una alarmante falta de coordinación.
El asesinato dentro de las cárceles de los sicarios arrestados, menos de dos meses después de haber sido detenidos, ahonda la sensación de impunidad y de que el crimen organizado maneja los hilos dentro de las prisiones.
Este caso no es solo un reflejo del deterioro de la seguridad en Ecuador, sino una evidencia palpable de la infiltración del crimen organizado en las instituciones. A medida que se destapan más detalles, queda claro que Villavicencio estaba en la mira de una red criminal desde hace tiempo.
Pero, a pesar de las advertencias, el Estado falló en su responsabilidad de prevenir y proteger. La familia de Villavicencio y el país entero exigen respuestas, no solo sobre quién dio la orden, sino sobre por qué un ataque tan anunciado no fue evitado.
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