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El Diablo Wilman Terán, ex juez y ex presidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, consiguió su traslado de la Cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4 (mínima seguridad). Su mudanza será en las próximas horas.
La noticia de la inminente salida de Terán de La Roca causó revuelo en redes sociales, pues se la ha interpretado como una puerta a la impunidad, considerando toda la evidencia conocida en contra de Terán.
El hecho también abona a la incomodidad expresada por actores políticos y ciudadanía sobre una excesiva reducción de penas en el caso Metástasis, tras aplicarse la cooperación eficaz.
Esta herramienta jurídica que ha sido diseñada para desarticular redes criminales y facilitar la obtención de pruebas cruciales, puede transformarse en un mecanismo de impunidad si no se implementa con rigor y transparencia.
El Caso Metástasis en Ecuador ilustra cómo funciona esta figura jurídica, pero deja un mal sabor al constatar que termina favoreciendo a ciertos individuos mientras perpetúa la corrupción y la injusticia.
La Cárcel 4, nuevo hogar de Wilman Terán
Este 12 de agosto, fue aceptado el recurso de hábeas corpus correctivo en beneficio de Terán, por parte de las juezas Enma Tapia y Katerine Muñoz, integrantes de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Esto, a menos de 72 horas de que se dé la audiencia preparatoria de juicio (jueves 15 de agosto) por el caso Metástasis, misma que fue diferida el lunes pasado.
Ese mismo día, Wilman Terán había llegado a la Corte para la audiencia de preparación de juicio, con aires de optimismo: Va a ser un día hermoso. Aplicar el derecho en bien y a demostrar la infamia y la mentira con la que ha actuado el poder ilegítimo del Estado, dijo en medio de abrazos y aplausos de algunos personajes que le habían recibido en ese recinto. Uno de ellos, incluso le besó la frente con ternura.
Este último era José Moreno Arévalo, representante de Christian Romero (prófugo) y del célebre Daniel Salcedo, ambos también vinculados al caso Metástasis.
Sobre el hábeas corpus, parecía poco probable que en la apelación, la justicia revirtiera lo que ya había decidido previamente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, el 28 de julio pasado. Es que en la primera instancia se desecharon los argumentos de Terán sobre un posible maltrato en la Roca.
Sin embargo, las dos juezas, Tapia y Muñoz decidieron otorgar el hábeas corpus correctivo bajo el argumento de que se ha demostrado que en la Cárcel de La Roca Terán había recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes; y por ende se revoca la sentencia de primera instancia.
Además se fijaron algunas medidas de reparación: que se le permita acceso a diferentes equipos electrónicos al menos por ocho horas diarias y demás herramientas de trabajo útiles. Que se le permita visitas de los abogados y patrocinadores judiciales en la privacidad que se requiere, sin restricción alguna de horarios y tiempo de visitas, sin necesidad de agenda previa.
¿Quiénes son Tapia y Muñoz, las juezas que apoyan a Wilman Terán?
Enma Teresita Tapia Rivera es actualmente, presidenta subrogante (e) y jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, además integra la Sala Especializada de lo Laboral. Es recordada porque el 11 de diciembre del 2023, tuvo una actuación en favor del entonces polémico presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Su postura mostró una división en el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esto a propósito del concurso de jueces cuya legitimidad había sido puesta en duda, luego de una serie de irregularidades.
En esos días Iván Saquicela ocupaba la presidencia de la Corte y junto con otros jueces, incluyendo a Walter Macías, argumentó que el proceso estaba empañado de irregularidades e inconsistencias, por lo que debería ser anulado, pero al reconocer que la Corte no tenía injerencia en el concurso, decidieron hacer al menos un exhorto.
La jueza Enma Tapia cuestionó enseguida que la Corte pretendiera interferir en el concurso. Tres días después, el 14 de diciembre, Wilman Terán fue detenido como parte del caso Metástasis. Para enero, el concurso de jueces fue declarado nulo.
Katerine Betty Muñoz Subía, actual jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada de lo Laboral, ha sido identificada como ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa.
Al menos existe una carta del 11 de julio que fue publicada por periodistas y medios de comunicación en la cual se recuerda que fue asesora de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en el tiempo de Gustavo Jalkh y por supuesto durante la administración del prófugo Rafael Correa.
Del texto del Memorandum PR-SEPAR-2012-000217-M se entiende que Muñoz había estado trabajando en la Secretaría en comisión de servicios y pedía en ese momento que esa figura termine para poder asumir su nuevo cargo.
Quiero expresar mi sincero agradecimiento por haberme permitido formar parte de su equipo. Mi reconocimiento a usted señor Ministro y a los integrantes de la secretaría Particular por su labor diaria como apoyo del Primer Mandatario, dijo.
¿Es o no legal la entrega de un hábeas corpus correctivo?
De acuerdo con Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, hay varios temas jurídicos a considerar. En primer lugar, la prisión preventiva no puede ser considerada como una pena anticipada.
A pesar de todas las evidencias que existen contra Wilman Terán, la realidad es que aún este procesado no tiene condena. Adicionalmente, la pena no puede considerarse un acto de castigo y tortura.
Explica García que a su criterio Terán sí estaba en su derecho de pedir un cambio de prisión, pues su argumento es que se encontraba en un sitio donde estaba impedido de ejercer su defensa.
Hugo Espín, abogado en libre ejercicio, considera que es legal el pedido pues los jueces tienen la potestad de revisar las medidas. Dice no conocer los detalles del caso, pero indica que es importante establecer cuáles han sido las motivaciones para la decisión.
Cooperación Eficaz: de Al Capone a Mayra Salazar
Establecida por el tratado de Palermo, la figura de cooperación eficaz busca que personas que han participado en una organización criminal en instancias secundarias, puedan dar información relevante para dar con las cabezas principales de dicha organización.
En el Ecuador, dependiendo de la valía de esta información, que es evaluada por la Fiscalía y luego dicha valoración acogida por el juez del caso, puede haber una reducción de hasta 90%.
De acuerdo con el jurista Hugo Espín, la historia de Al Capone, mafioso que construyó en EEUU su imperio lavando activos, fue un caso de estudio para poder delinear las posibilidades de la cooperación eficaz.
Espín comenta que en Ecuador, la figura se ha aplicado con éxito en el Caso Pases, en el que se logró llegar, gracias a ciertos oficiales, a las cabezas de esa trama de corrupción.
En todo caso, explica que esta figura que puede tener un gran potencial, también puede prestarse para un abuso del derecho.
Para el jurisconsulto, Mayra Salazar, una de las participantes del caso Metástasis y que se acogió a dicha figura, opina que se podría considerar que ella podría ser parte de la estructura principal.
El caso ha expuesto a jueces y funcionarios que facilitaron actividades criminales a cambio de sobornos, poniendo en evidencia un entramado de corrupción que socava la confianza pública en la justicia.
Sin embargo, las sentencias se perciben muy laxas. De los 52 procesados en Metástasis, 3 fueron sobreseídos.
Además 12 se sometieron a un proceso abreviado y cooperación eficaz. Así 37, entre los cuales están el propio Wilman Terán, Ronny Aleaga y Xavier Jordán podrían recibir penas más contundentes. Entre tanto varios otros actores han recibido sentencias entre 15 y 40 meses.
Emerson Curipallo y Ángel Lindao: Jueces Corruptos
Emerson Curipallo, ex juez de Santo Domingo, confesó haber recibido $200.000 para liberar a Santiago Madrid y Jhon Navarrete, sicarios de confianza del narcotraficante Leandro Norero.
Aunque Curipallo deberá devolver el dinero y pagar multas adicionales, su testimonio plantea la posibilidad de manipulación para obtener beneficios.
Curipallo también estuvo involucrado en la liberación irregular de ocho procesados en 2015, incluyendo al vicepresidente Jorge Glas, y favoreció a otros 15 presos relacionados con narcotráfico y sicariato.
Ángel Lindao, ex juez de La Concordia, admitió haber recibido $50.000 para devolver un bien incautado a Norero. A pesar de no tener jurisdicción sobre el caso, su sentencia de 40 meses de prisión y multas parece insuficiente dado el grave abuso de su posición.
La corrupción no se limita a los jueces. Myriam Marilú P. G., esposa de Curipallo, recibió depósitos por $ 204.241 entre 2022 y 2024, evidenciando cómo la presión sobre familiares puede ser utilizada para obtener cooperación eficaz.
Policías y funcionarios corruptos
La cooperación eficaz también ha revelado la participación de policías y funcionarios en la red criminal. Gabriel García, alias Doble Rueda, modificó evidencias para favorecer a Norero, recibiendo una condena de 40 meses y una multa de $ 5.520.
El coronel Lenín Mazón, jefe del Distrito de Samborondón, filtraba información y resguardaba bienes de Norero. Admitió haber recibido dinero para actuar ilegalmente, resultando también en una sentencia de 40 meses y una multa de $ 5.520.
Álex Palacios y la implicación de Wilman Terán
Álex Palacios, asesor de Wilman Terán, confesó haber recibido $ 10.000 a nombre del expresidente de la Judicatura. Palacios facilitó la red criminal a través de sus conexiones, lo que muestra cómo la cooperación eficaz puede ser utilizada para ocultar actividades delictivas.
Mayra Salazar y Daniel Salcedo
Las sentencias y multas impuestas a los involucrados en el caso Metástasis, aunque significativas, parecen insuficientes dada la magnitud de la corrupción. Mayra Salazar, sentenciada a 15 meses de cárcel y una multa de $5.500, y Daniel Salcedo, cuya audiencia se realizará el 30 de julio.
Otros ejemplos de cooperación eficaz
Operación Lava Jato en Brasil
La Operación Lava Jato es un ejemplo notable de cómo la cooperación eficaz puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción.
En este caso, la delación premiada, similar a la cooperación eficaz, permitió a las autoridades brasileñas desmantelar una vasta red de corrupción que implicaba a altos funcionarios, políticos y ejecutivos de empresas.
Las confesiones de ejecutivos de la constructora Odebrecht y otras empresas fueron cruciales para descubrir el esquema de sobornos y lavado de dinero que se extendía por América Latina.
Aunque algunos acusados lograron reducir sus penas, la transparencia y el impacto general del caso fortalecieron el sistema judicial y la percepción pública de que la corrupción sería castigada.
Joaquín «El Chapo» Guzmán
En el caso del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, la cooperación eficaz jugó un papel importante en su captura y enjuiciamiento. Varias personas dentro de su organización, incluyendo socios cercanos, proporcionaron información clave a cambio de reducciones en sus sentencias.
Sin embargo, el caso también muestra las limitaciones de esta estrategia, ya que algunos cooperadores aprovecharon su posición para continuar actividades delictivas o manipular el sistema en su beneficio.
La necesidad de una supervisión estricta y la verificación de la veracidad de los testimonios son esenciales para evitar que la cooperación eficaz se convierta en una puerta giratoria de impunidad.
Colombia y los Acuerdos de Paz con las FARC
En Colombia, la cooperación eficaz ha sido una herramienta valiosa en el marco de los acuerdos de paz con las FARC. Excombatientes que han colaborado con la justicia proporcionando información sobre delitos pasados y ayudando a localizar víctimas y armas han recibido beneficios judiciales.
Este enfoque ha permitido avanzar en la reparación de víctimas y la reconciliación nacional.
No obstante, el proceso ha enfrentado críticas por la percepción de que algunos exguerrilleros han recibido penas demasiado indulgentes, lo que subraya la importancia de equilibrar justicia y paz sin comprometer la rendición de cuentas.
Para evitar que esta herramienta de la cooperación eficaz se convierta en un mecanismo de impunidad, es crucial implementar salvaguardias estrictas, supervisión independiente y un enfoque equitativo.
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado requiere un compromiso firme con la justicia y la transparencia. Solo así se puede asegurar que la cooperación eficaz cumpla su propósito de desarticular redes criminales sin socavar el Estado de Derecho.
