Este 14 de agosto, el testigo protegido, dio su testimonio anticipado durante cuatro horas, dentro del Caso Plaga. Esta causa involucra a jueces, abogados y otros funcionarios judiciales.
La investigación de la Fiscalía persigue sancionar a estos actores del propio sistema judicial que recibían coimas para emitir medidas cautelares, sentencias, entre otros actos judiciales.
El testigo protegido dio su testimonio anticipado y explicó que Romero, entre varios temas le comentó que tanto el escrito como la sentencia de resolución para conceder la restitución de los derechos políticos del señor Rafael C. ya estaban preparados».
También aseguró que todo eso lo iba a realizar el doctor Patricio P. quien creo es juez de la Corte Constitucional y que estaba encargado de ello. «Que todo estaba hecho.
Esta fue una de las más relevantes informaciones con las que aportó el ex juez y que deja al descubierto cómo habría funcionado la trama de corrupción en el caso Plaga, que es una extensión de los casos Metástasis y Purga, que también se llevan adelante por parte de la Fiscalía, en las Cortes Judiciales.
Con aval del Consejo de la Judicatura
Además, Joffre Javier R.R. mencionó que el abogado del narco Norero había indicado que todo estaba coordinado con el Consejo de la Judicatura».
La oferta de restituir los derechos políticos a Correa venía de la mano con «un cargo de vocalía en el Consejo de la Judicatura o un nuevo puesto como juez en la Corte Nacional de Quito, señaló.
Sin embargo, el tema no se llegó a concretar porque aparentemente hubo filtración de la información.
Es que poco después de la conversación conoció a través de la red social twitter que un periodista había informado que él iba a conceder las medidas cautelares a favor del señor Rafael C. razón por la cual podría regresar al país para ser candidato, y que había recibió $ 100.000 por ello.
No obstante, indicó que hasta ese momento no se lo había ingresado por escrito.
El testigo dijo también que debido a que el tema se volvió mediático, decidió no trabajar en ese asunto y se lo informó a Romero, quien le señaló que iba a insistir con el tema con otros jueces, en otras provincias.
El ex presidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, fue condenado en abril del 2020 a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el cual perdió sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó el tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
FISCALÍA VINCULA A CORREA Y A 21 PERSONAS EN CASO ARROZ VERDE
Desde entonces ha habido varios intentos, por diversos medios, de echar abajo la sentencia del caso Sobornos, que nació de la investigación de Arroz Verde, realizada por Fernando Villavicencio (+).
Medidas cautelares tenían tarifa
El testigo protegido, se desempeñaba entre 2022 y 2023 como juez de Garantías Penales del cantón Chone. En su testimonio anticipado, indicó que a inicios del marzo del 2023 llegó a su oficina otro juez a quien identificó como Marcos M. quien había sido encargado en la Unidad de Garantías Penitenciarias de Bahía de Caráquez.
Ese fue su nexo con un delegado del Consejo de la Judicatura: Lenin Vimos (procesado) quien buscaba ganarse su confianza para que tramitara medidas cautelares que beneficiarían a personas privadas de la libertad.
Lenin Vimos era una persona de confianza que ya había trabajado con otros jueces de otras jurisdicciones sin consecuencias y que además contaba con el respaldo del Consejo de la Judicatura.
La información del testigo protegido también da luces sobre cómo funcionaba la trama del caso Plaga, por ejemplo, en el tema de los precios que tenían diversas medidas cautelares.
Para estas medidas cautelares se manejaban grandes cantidades del dinero ( ) 30.000 40.000 dólares, aseguró.
El testigo también informó que existía una orden directa del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, emitida a todos los jueces, para que no concedieran ninguna acción de protección que pudiera presentar el ex juez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías, quien buscaba ser restituido al máximo organismo de justicia ordinaria en el país.
Banny Molina, que otorgó un hábeas corpus a Jorge Glas, tendría relaciones con GDO
Dentro de las audiencias del caso Plaga, el martes 13 de agosto se dio un primer testimonio anticipado por parte de Xavier A. Este testigo comentó que Banny Molina le había asegurado que él trabajaba con un grupo de delincuencia organizada.
Es importante recordar que Molina fue el juez que benefició a Jorge Glas y Daniel Salcedo con habeas corpus ilegales, otorgándoles la libertad.
Xavier A. también mencionó que Molina se jactaba de las conexiones que tenía las cárceles de casi todo el país y con jueces de Machala, Chone, Loja, Pasaje, La Concordia, Montecristi.
También había asegurado que Banny Molina obedecía a los intereses de Los Choneros; Lenin V. a los Lobos; y Róbinson M., funcionario judicial, trabajaba con los R-7.
