La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Tejedora Manabita, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente y Fundación Desafío, con el patrocinio de la jurista Johanna Romero, plantearon ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, una norma que se promociona como oportunidad para mejorar la inserción laboral de las mujeres, reducir brechas salariales y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados; pero que, en suma, afecta derechos irrenunciables e intangibles de las trabajadoras y de las niñas y niños como las licencias de maternidad y lactancia y mantiene el régimen diferenciado de permisos para mujeres y hombres, lo que profundiza la exclusión laboral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar en edad reproductiva.

Esta es la segunda demanda que se ha presentado para suspender los efectos de una ley inconsulta y regresiva y expulsarla del mundo jurídico.

La Ley de Economía Violeta tiene una visión de precarización laboral y centrada en los intereses de la parte empleadora. Se aprobó en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un uso abusivo de la etiqueta “violeta” y ha entrado en vigencia con el apoyo del Ejecutivo vulnerando derechos de las niñas y niños y sus madres.

Su defensor principal, no por casualidad, es el asambleísta Daniel Noboa Azín, hijo del hombre más rico del país, el magnate bananero Álvaro Noboa. Como en otros sectores productivos, la explotación laboral en la agroindustria es una muestra de discriminación por motivos de género. Las mujeres son asignadas a las labores peor pagadas, cobran menos por los mismos trabajos y no se reconocen sus derechos a la maternidad y lactancia. Una vez que el trabajo pesado las ha consumido físicamente, han sufrido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, son descartadas sin indemnizaciones y sin posibilidad de cobrar una jubilación patronal.

El peligro más grande de la Ley de Economía Violeta es que permite, como supuesta medida para facilitar la “corresponsabilidad” la posibilidad de “trasladar” permisos de maternidad y lactancia de las mujeres y personas con posibilidad de gestar, al padre, en lugar de ampliarlos y equipararlos. En nuestro país los permisos vigentes no cumplen con el estándar mínimo de la propia Organización Internacional del Trabajo (Art. 4 C/183) que es de al menos catorce semanas; ni con las recomendaciones de UNICEF de licencias para el padre y la madre de seis meses. La licencia actual de maternidad es de doce semanas (Art. 152 del Código del Trabajo), la de paternidad es de diez a quince días; y la de lactancia implica una jornada legal de trabajo de seis horas en los doce meses posteriores a la conclusión de la licencia por maternidad; es decir, hasta que el bebé cumpla quince meses. Esta fue una disposición de la Corte Constitucional para equipar los permisos de las madres del sector público y el sector privado, que la Ley de Economía Violeta olvidó recoger.

La Ley de Economía Violeta, en lugar de otorgar a los padres permisos más largos para que puedan participar de la crianza de sus hijas e hijos, abre la posibilidad de reducir los derechos de las madres.

La Recomendación 191 de la OIT sobre Protección de la Maternidad únicamente prevé la transferencia de licencias cuando la madre está en situaciones como internación, muerte o enfermedad. Sólo su ausencia temporal o definitiva justifica su uso por parte del padre. Vale decir que en los países con mejores indicadores de género la tendencia es igualar los permisos de paternidad y maternidad para fomentar la corresponsabilidad, pero, en ningún caso, abrir la puerta para la disminución de las licencias maternas.

En resumen, el cuidado y la lactancia son derechos compartidos de las madres y sus bebés. El traslado de estos permisos atenta contra la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de las trabajadoras. Mientras el mandato expreso de la Corte Constitucional en su sentencia fue el de ampliar la licencia por paternidad, la Asamblea Nacional incumplió con sus términos e instauró un régimen de traslados que vacía de contenido derechos fundamentales de las madres y sus hijos.

Esta situación no ha mejorado con la Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, que se encuentra en el despacho del presidente Guillermo Lasso para su veto o aprobación.

El único avance de esta ley es aumentar de diez a quince días el permiso de paternidad remunerado. Sin embargo, con su expedición se desperdició la oportunidad histórica de avanzar como país en el fortalecimiento de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados públicos y gratuitos. Esta ley, según el análisis de la abogada Johanna Romero, es insuficiente porque no reconoce el derecho de trabajadoras informales, no remuneradas, sin dependencia profesional ni los cuidados debidos a personas adultas mayores, enfermas y con discapacidad. Es decir, sólo se vincula con la clase trabajadora en relación de dependencia y los recién nacidos. Esta ley también continúa profundizando permisos desiguales para madres y padres, pero no amplía los de las madres. La corresponsabilidad que se reconoce es parental y no alude la gratuidad de servicios públicos ni incluye a las familias y parejas de las disidencias sexuales y de género. No modifica, tampoco, los errores de la Ley de Economía Violeta.

Los peligros de compartir permisos

Se deben considerar los factores sociales, económicos, culturales y de relación de poder entre los géneros para la aprobación de nuevas leyes. En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia. Gran parte de las familias ecuatorianas son monoparentales. Existen familias homoparentales a las que se invisibiliza en la ley, que parte de un modelo de familia nuclear y heterosexual. Asimismo, los permisos por maternidad y lactancia se desprenden de la relación laboral y el empleo formal, situación excepcional por el avance feroz de la flexibilización y la precarización en el mundo del trabajo.

Sólo 3 de cada 10 personas trabajadoras cuentan con contratos de trabajo y beneficios de ley en nuestro país. Es decir, también se deja por fuera a las madres y lactantes autónomas y por cuenta propia o que realizan labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Por el contrario, proyectos de ley como la de Argentina “Cuidar en Igualdad” consideran la pluralidad de familias incluyendo las monoparentales y homoparentales, la diversidad de la clase trabajadora y derivan la política de las necesidades de cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad, enfermedades y adultas mayores; no derivan el derecho al cuidado de la relación laboral ni lo supeditan a los intereses económicos de las empresas. Esta debería ser la orientación de toda ley que aborde los cuidados cuando el programa constitucional establece que están por encima de los mandatos del mercado.

Si bien “trasladar” permisos es opcional en el proyecto de Ley de Economía Violeta, se ignora que las relaciones de género son relaciones de poder y que esta norma podría ser utilizada por violentos o agresores para interrumpir o impedir el ejercicio del cuidado y la lactancia por parte de las madres; o también podría utilizarse por empleadores inescrupulosos y abusivos para presionar a las mujeres a volver más rápido al trabajo. De hecho, históricamente, tanto la licencia de maternidad como la de lactancia se derivaban de una prohibición de trabajar.

Eran normas con un trasfondo, hoy impugnado, ciertamente tutelar, como lo fue en su momento la prohibición de trabajos nocturnos para las mujeres con la idea de protegerlas. Sin embargo, las razones para imponerlas por la fuerza de la ley, resultaban, paradójicamente, más beneficiosas por resultado, que el mito de la libre elección detrás de leyes que brindan hoy supuestas opciones a las mujeres, en un contexto donde la necesidad económica y la violencia pueden viciar el consentimiento.

Anteriormente he explicado, de manera amplia, por qué este proyecto de ley atenta contra las madres trabajadoras. En resumen, es osado que se haya mostrado como un avance en derechos de las mujeres, cuando su premisa, en la inicial exposición de motivos de la propuesta, fue considerar a la maternidad como “un obstáculo a la productividad”. El mandato constitucional es la protección a la maternidad, a la lactancia y a la primera infancia a través del cuidado y la lactancia; y la creación, a partir de leyes y de políticas públicas, de condiciones amplias para poner el cuidado de la vida en el centro.

Una verdadera ley de promoción de la autonomía económica de las mujeres debería implicar la provisión de servicios públicos, gratuitos y profesionales de cuidado a niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad y enfermedad. Sabemos que la causa de la feminización de la pobreza y de las brechas de desigualdad en el ámbito económico tienen su raíz en la división sexual del trabajo y en la asignación estereotipada del cuidado y del trabajo doméstico única o predominantemente a las mujeres; y a la par, la desvalorización y gratuidad de ese trabajo.

En este artículo me centraré en el motivo principal de la preocupación de las organizaciones de mujeres y feministas que apoyamos las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Economía Violeta, por su ataque a las licencias por maternidad y lactancia que, aun insuficientes, son logros de la lucha de las mujeres y de las niñas y niños, que peligran.

La lactancia en el centro

La lactancia materna es una práctica biosocial mirada y gestionada de formas distintas a lo largo de la historia. Como institución política y de género, no es neutral, sus significaciones varían y son objeto de disputa constante; pero finalmente los imaginarios acerca de ella recaen en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.

La lactancia es muy compleja en el entorno actual, donde los discursos acerca de la crianza correcta, el apego y la nutrición infantil apuntan hacia su práctica exclusiva e intensiva; pero el contexto es absolutamente adverso porque la configuración familiar y de género ha cambiado y no existen en todos los estratos socioeconómicos las condiciones objetivas para su realización.

Las familias son más cortas, ya no existen prácticas comunes hasta hace pocos años como el modelo de servidumbre previo al empleo doméstico considerado como un trabajo; las mujeres han ingresado en el sector productivo masivamente y muchas crían solas, sin apoyos; y en general, las exigencias en torno al cuidado son cada vez mayores y más costosas. Lo que sí existe y me preocupa, es un consenso tácito, no escrito, acerca de que todo lo relativo a la lactancia debe recaer exclusivamente sobre los hombros de las madres. De ser un problema político, su duración, intensidad y desarrollo se convierten en “elecciones” individuales. Se recomienda y se fomenta culturalmente como mandato, pero no se garantizan los entornos legales y políticos para su ejercicio, al alcance de las mujeres y personas gestantes en toda su diversidad.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus órganos de interpretación y aplicación coinciden en la importancia de crear las condiciones para que se pueda desarrollar la lactancia por el mayor tiempo posible, porque es de beneficio mutuo para la madre y el bebé. Esto no implica, desde mi punto de vista, que no existan mujeres que por motivos de salud o de decisión personal no puedan o no deseen practicarla. No comparto las visiones esencialistas sobre la maternidad y entiendo que dentro del feminismo hay posiciones ideológicas distintas, que se han transformado a lo largo del tiempo, influidas por intersecciones como la clase social, la racialización y la posición económica, acerca de la manera de alimentar a los bebés y de practicar (o no) la lactancia.

La institución de las nodrizas, antaño, fue un beneficio histórico de las mujeres de las clases acomodadas que delegaban esta práctica a mujeres pobres y racializadas en condiciones de servidumbre, a partir de la naturalización de la dinámicas coloniales, clasistas y racistas de despojo y explotación. Posteriormente, el biberón y la leche de fórmula fueron impuestos por considerarlos la mejor manera de precautelar la salud de los recién nacidos, debido, entre otras cosas, al desarrollo científico del momento y a los intereses económicos de las empresas productoras de sucedáneos de la leche materna; o representaron una solución práctica que liberó a las madres de cargas de cuidado y les permitió conciliar y compartir con sus parejas la alimentación de sus bebés. Hoy se reivindica un modelo de maternidad donde la madre es la principal cuidadora, de crianza con apego, incluida la lactancia exclusiva como promesa de salud y bienestar; justo en un momento histórico de avance de las políticas neoliberales, con un contexto económico adverso y una crisis de cuidados en una sociedad empobrecida y desigual, como denuncia Beatriz Gimeno, feminista española, en su ensayo “La lactancia materna. Política e identidad”.

Por tanto, la lactancia exclusiva o extendida en el tiempo, siendo un derecho, una recomendación de salud pública y un mandato cultural, se convierte en un privilegio de pocas mujeres, lo que crea presiones psíquicas muy poderosas y culpas en las madres que no tienen las condiciones económicas o fisiológicas para practicarla de acuerdo con las recomendaciones internacionales, de los organismos de salud y de los entes gubernamentales que la promueven sin facilitarla. Esta situación en los últimos años se ha recrudecido con una serie de proyectos y de medidas que tienen a la lactancia en el centro de su preocupación, en el sentido de presionar a las mujeres a darla, sin que esto altere las ganancias de los empresarios; porque “pagar” licencias de las madres se mira siempre como pérdida económica. El sostenimiento de la vida no es una “inversión” ni está en discusión que las empresas compartan su “costo”.

En 2016, en una entrevista, el expresidente Rafael Correa decía con horror que, si hacía caso a la “ideología de género”, más temprano que tarde habría que reconocer derechos de lactancia a los hombres. Esta pesadilla del expresidente está cobrando forma por extraños caminos, pero por motivos alejados de los terrores de Rafael en torno a algo necesario y básico como ampliar los derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género. En la tradición conservadora que su figura representaba, hace algunos años, promovió una reforma para extender hasta por nueve meses más la licencia por maternidad, pero sin remuneración. El motivo de esta reforma fue, precisamente, “promover la lactancia” para paliar los vergonzosos índices de desnutrición infantil. En cierta medida culpaba a las madres empobrecidas y precarizadas por este flagelo. Desde la visión esencialista y estereotipada del expresidente las mujeres, a su juicio, no sólo eran las mejores educadoras, sino “irremplazables” en la crianza y el “beneficio” sería aplicable únicamente si demostraban que se hacían cargo exclusivamente del cuidado y lactancia del bebé, desde una mirada de control de los cuerpos de las madres como mero medio para la crianza.

La recientemente aprobada Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, en la misma tradición de alargar las licencias sin remunerarlas (convirtiendo su uso en excepcional, a la par que en un privilegio de pocas madres y personas gestantes) permite su extensión hasta quince meses después de concluida la licencia remunerada. Este proyecto cae en la paradoja de establecer, como obligación a “las personas que ejercen el derecho al cuidado humano” “brindar las condiciones y promover la nutrición de las personas recién nacidas mediante lactancia materna exclusiva durante los seis (6) primeros meses”; cuando las licencias pagadas siguen siendo de doce semanas, a lo mucho durante los tres primeros meses de vida del bebé. Entonces, ¿quién pone el cuerpo y el dinero?

Evidentemente, el costo de esta política se traslada a la madre o persona lactante y en el mejor de los casos a la familia, sin responsabilidad alguna para la empresa, más que la obligación de reincorporar a la trabajadora una vez concluida la licencia, aspecto difícil de cumplir en un país donde existe la costumbre de obligar a las mujeres a firmar hojas en blanco o a abandonar sus trabajos como consecuencia de la maternidad, a pesar de las garantías legales y judiciales que prohíben su despido. Como consecuencia, el beneficio redundaría en un privilegio de poquísimas mujeres, las que tienen condiciones económicas como familia o pareja proveedora, para poder extender su licencia sin remuneración. La gran mayoría de mujeres de clase trabajadora, sin embargo, necesita retomar sus labores, porque crece la jefatura de hogar femenina y las madres continúan siendo el pilar afectivo y económico de sus hogares; o la supervivencia en ellos no es posible con un solo ingreso.

Esta obsesión con promover la lactancia, pero sin crear las condiciones objetivas para su desarrollo en paz, típica de las agendas neoliberales, tuvo otra expresión grave en el proyecto de Código Orgánico de la Salud que pretendió restringir la comercialización de la leche de fórmula, otra vez para “incentivar la lactancia”; poniendo trabas a las mujeres trabajadoras o a las madres que por cualquier motivo no podían dar de lactar a sus bebés. Así, las medidas para favorecer la lactancia se convirtieron en privilegios o presiones, con costos para las vidas y los cuerpos de las mujeres, sin corresponsabilidad alguna. Desde esta perspectiva, el ser una buena madre depende de sacrificios que lo serán en mayor o menor medida dependiendo de los niveles de exclusión o privilegio de cada mujer o persona con posibilidad de gestar.

Estas leyes y políticas, desde la perspectiva de género, son nocivas. Incentivar la lactancia no se logra con prohibiciones o traslados; sino se logra con corresponsabilidad, con licencias pagadas más amplias para los padres y madres, con flexibilidad horaria en los trabajos, con espacios adecuados para su despliegue, con fomento de grupos de apoyo a la lactancia y reducción de la violencia ginecoobstétrica, con entornos de colectivización del cuidado de niñas y niños y apoyo en el autocuidado, cuidado y bienestar de la madre lactante, desde una visión interseccional y de pertinencia cultural. Fomentar la lactancia pasa por políticas integrales y entornos protectores.

Las trabajadoras, en efecto, deseándolo o no, deben conciliar sus labores productivas con las domésticas y de cuidado y frecuentemente no lo logran y enfrentan dobles o triples cargas. El equilibrio casi nunca es posible. Generalmente, porque crían sin el apoyo de sus parejas, no tienen el dinero para pagar cuidadoras profesionales o no pueden trasladar la carga del cuidado a sus propias madres o familiares de manera gratuita, para salir a trabajar. Así, el cuidado y la lactancia prolongados se vuelven impensables y se convierten en privilegios de pocas.

Una constante en los últimos proyectos de ley promovidos por sectores de oposición en la Asamblea Nacional es retroceder en derechos reconocidos con mucho esfuerzo por la lucha histórica del movimiento de mujeres. Por ejemplo, un proyecto de ley de adopción desde el vientre que previó “detectar” casos de mujeres embarazadas sin desearlo para que entreguen en adopción, en un proceso de seis semanas, a sus hijos e hijas con el plazo de un mes para arrepentirse. Es claro que ese prematuro desvínculo desconoce los procesos biológicos, psicológicos, emocionales y el dolor del cuerpo de una mujer que ha dado a luz. En esa misma tradición la eliminación de la preferencia materna en los procesos de tenencia de niños y niñas con el pretexto de promover la corresponsabilidad en los cuidados, ignora el contexto de violencia contra las mujeres y cómo son presionadas por exparejas agresoras para no demandar pensiones o no actuar con autonomía por la amenaza de “quitarles” a sus hijos e hijas. De la misma manera la posibilidad de reducción y traslado de permisos de maternidad minimiza, hasta esfumarlos, los procesos del embarazo, el parto y la lactancia que ocurren en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes que también necesitan recuperarse y descansar.  Se defiende como finalidad la corresponsabilidad, pero sin considerar las condiciones de profunda desigualdad y violencia que hacen, para muchas mujeres, imposible, compartir los cuidados.

¿Quién piensa en los cuerpos gestantes?

Es innegable, como derecho compartido, que la lactancia beneficia el cuidado y la crianza de los bebés. Por ese motivo debe ser apoyada, incentivada y promovida, pero no forzada y sitiada por el contexto opresivo de pobreza, discriminación, falta de recursos y condiciones para desarrollarla; y en caso de no ser posible su práctica, no debe culparse a las mujeres que no pueden ofrecerla. De esto se trata la autonomía como uno de los pilares de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

En no pocas ocasiones, tratándose de situaciones que aluden al binomio madre-hijo, se ha visto a las mujeres como medios para la supuesta realización de los derechos de los niños y las niñas. En el corazón de esa ideología antimujeres y “proniños”, por decirlo de alguna manera, están la propia penalización del aborto y el embarazo forzado, como prácticas que borran la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos para un bien superior que es la “vida”, o los programas de supuesta protección a la infancia que en lugar de incentivar la autonomía de las mujeres profundizan roles de género estereotipados o sostienen situaciones de injusticia de género como la precarización o gratuidad del cuidado. Los derechos de las madres y sus hijos e hijas son de igual jerarquía e interdependientes.

Es no sólo posible, sino obligatorio, precautelarlos al mismo tiempo. Pero los discursos típicos de la misoginia presentan la figura de la mala madre como enemiga de la infancia y profundizan narrativas sobre la maternidad sacramentada como una ética de sacrificio, abnegación y disolución de la vida propia.

La Ley de Economía Violeta mira a las mujeres, en su lenguaje empresarial, competitivo, moderno y dinámico, como cuerpos que pueden reproducirse y recuperarse por arte de magia de procesos complejos como el embarazo y el parto. Si para dicha ley la maternidad es un obstáculo, los permisos de maternidad y lactancia son “discriminatorios” y los derechos de las trabajadoras son, como dijo alguna asambleísta, provenientes de “ideologías caducas” y “privilegios de un sector ínfimo de la población” (según su lógica, habría que igualar a la baja) la respuesta estatal debe ser convertir a las mujeres y nuestros cuerpos en máquinas que sigan reproduciendo la vida y la fuerza de trabajo, pero que, al mismo tiempo, releven al empresariado y al propio Estado de los costos de esta reproducción; o que tengan la capacidad de recuperarse instantáneamente para seguir siendo útiles al sistema capitalista.

O que se paguen la recuperación con sus fondos de cesantía o el patrimonio familiar. Se olvida el derecho de la madre o persona gestante al autocuidado y a ser cuidada para adaptarse al nacimiento, la crianza y la lactancia.

¿Quién piensa en la niñez?

Desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, es indispensable ampliar las licencias remuneradas de maternidad y paternidad para compartir sus cuidados. La reducción de las licencias de maternidad y lactancia y su “negociación” y traslado ponen en riesgo la salud y la vida de los recién nacidos al reducir el tiempo en que son cuidados por sus madres, por la importancia del apego en la primera etapa. Además de inconveniente y lesivo, no haber incrementado las licencias por paternidad, como he dicho, es un incumplimiento del legislativo a la sentencia de la Corte Constitucional 3-19-JP/20 que exhortó a la Asamblea Nacional a ampliar las licencias por paternidad hasta hacerlas equiparables con las de la madre.

Por otro lado, la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Economía Violeta argumenta que la lactancia es “el período de tiempo en el que se alimenta de distintos modos a una niña o niño recién nacido y que constituye la piedra angular para la supervivencia y salud de los niños y podría brindarles un mejor comienzo en la vida. De este modo, la lactancia materna no debe ser entendida únicamente en favor de la madre, sino del niño o niña recién nacido, debido a que requiere de los cuidados especiales en sus primeros meses de vida. Y la propia Corte Constitucional la ha reconocido como fundamental para el ejercicio de derechos y es una etapa que tiene que ser promovida y protegida desde el Estado a través de políticas públicas adecuadas (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 3-19-JP/20).”

Asimismo, la demanda se fundamenta en argumentos científicos relevantes de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han recomendado a los Estados fomentar la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de vida; y extenderla con alimentos complementarios hasta dos años o más.

Este período es de especial importancia para favorecer un crecimiento saludable, al reducir la mortalidad y morbilidad infantil. Las recomendaciones de la OMS indican además que la mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y ayuda a espaciar los embarazos. La lactancia favorece la salud infantil, el desarrollo intelectual y motor y la prevención de riesgos importantes.

En la demanda planteada por las organizaciones de mujeres y feministas de las que formamos parte se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley de Economía Violeta, la suspensión provisional de sus efectos y el salto de orden cronológico para atenderla de manera inmediata, por tratarse de derechos en riesgo de mujeres embarazadas y niños y niñas, grupos de atención prioritaria y especializada por parte del Estado.

Esperamos que esta demanda sea atendida a la brevedad posible y que en los controles a que está sujeto el quehacer público en un estado democrático, se corrijan los errores del Legislativo y el Ejecutivo.

Las mujeres organizadas rechazamos el uso de nuestros emblemas y colores en la elaboración de leyes inconsultas que en lugar de ampliar nuestros derechos los vulneran y que ponen en riesgo la propia supervivencia y salud de las niñas y niños a quienes dicen proteger.

Esperamos respuestas inmediatas de la Corte Constitucional en armonía con sus propios precedentes. Rechazamos la profusión de proyectos de ley inconstitucionales que pretenden la regresividad de derechos que pensábamos conquistados.

Gracias a la persistencia de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas y a su alianza estratégica con las mujeres conscientes y feministas en cargos de decisión logramos importantes protecciones para las madres y las niñas y niños que hoy peligran. Nuestra esperanza está en la justicia constitucional.