Por Sebastián Zurita M. para Periodismo de Investigación 

Biólogo Investigador

Para la República Popular China el oso panda es considerado un tesoro nacional. Se lo conserva en áreas protegidas y mediante centros de crianza para aumentar sus poblaciones, se lo protege con leyes que incluso contemplan la pena de muerte a quienes los maten. Si hiciéramos un paralelismo, en Ecuador, el animal emblema, no sería el cóndor, que está presente en el escudo y a lo largo de los Andes. Si pensamos en un emblema de nuestra fauna, serían las tortugas gigantes de las Galápagos, inspiraciones para el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, en Ecuador quiénes tienen el deber de proteger a estos longevos animales más bien representan la amenaza por obra o negligente omisión. 

El Parque Nacional Galápagos, el más antiguo del país, fundado en 1959, se constituyó para conservar las especies nativas y endémicas, únicas del paraíso geológico que significa Galápagos, incluyendo a las 12 especies de tortugas gigantes que allí habitan. Pero actualmente existen muchos problemas respecto a conservación. Por ejemplo, la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) no ha logrado erradicar las especies introducidas que compiten con las tortugas por el territorio y el alimento como vacas, chivos y burros ni a las especies introducidas que depredan a las tortugas como las ratas, perros, cerdos y hormigas. 

La DPNG maneja tres centros de crianza de tortugas gigantes. El centro Fausto Llerena de Santa Cruz que, según un reporte de su personal, alberga tortugas de las especies de la isla Santiago, del este de la isla Santa Cruz y de la isla Española todas ellas están en peligro crítico de extinción según la UICN (Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza), también alberga tortugas del volcán Wolf de Isabela especie catalogada como vulnerable, alberga la única sobreviviente conocida de la especie de Fernandina. El centro Fausto Llerena también tiene tortugas con similitud genética a la especie extinta de la isla Floreana para un proceso de reinserción de tortugas y tiene una hembra de similitud genética a la especie extinta del solitario George de la isla Pinta. Según Christian Sevilla Paredes, responsable del proceso de Conservación y Restauración de Ecosistemas Insulares (CREI), el centro Fausto Llerena también alberga tortugas de la isla Pinzón, en estado de conservación vulnerable, pero el reporte del Centro de Crianza no indica tener esa especie. El centro Arnaldo Tupiza Chamaidán de Isabela, según Chistian Sevilla, alberga tortugas del volcán Cerro Azul de Isabela, la cual está en peligro de extinción, y tortugas del volcán Sierra Negra de Isabela en peligro crítico de extinción. Por último, el centro David Rodríguez de la isla San Cristóbal reporta tener tortugas de su isla, las cuales están el peligro de extinción.

En la naturaleza, por falta de monitoreo frecuente, el número de tortugas debe ser desconocido para la DPNG. Por ejemplo, según los datos que maneja el Parque, el último monitoreo de la población de tortugas de Santiago fue hace 19 años, en 2002. Aún sin conocer a cabalidad el estado de las poblaciones, el discurso manejado por funcionarios de la ONG, con sede en Fairfax Estados Unidos, Galapagos Conservancy y de la DPNG en el libro Galapagos Giant Tortoises, publicado en 2021, es que los centros de crianza y los esfuerzos de conservación tienen el objetivo de restablecer el tamaño de las poblaciones de tortugas hasta los números que existieron antes de la explotación humana ocurrida desde el descubrimiento de las Islas en 1535 hasta la fundación del PNG. En ese periodo, las tortugas gigantes fueron cazadas por piratas, balleneros y colonos, por su carne y fino aceite. Según el libro, la explotación durante este período provocó la reducción aproximada del 90% del número de tortugas que habrían habitado las Islas a inicios del siglo XVI.  Aunque actualmente, a pesar de la creación del PNG, la explotación de las tortugas no ha terminado.

El 24 de septiembre de 2021, 15 tortugas gigantes adultas fueron encontradas faenadas en el sector de Cerro Grande, un área rural próxima al volcán Sierra Negra al sur de la isla Isabela, lo único que quedaba eran caparazones ensangrentados con restos de tejidos blandos. Dos caparazones eran de tortugas que habían sido asesinadas recientemente, para el momento del descubrimiento, y los otros 13 caparazones eran restos de matanzas anteriores. En aquel sector de Isabela solo habitan tortugas Chelonoidis guntheri, especie en peligro crítico de extinción. El miércoles pasado, 6 de octubre de 2021, en la sesión 032 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, el asambleísta Pedro Zapata preguntó al ministro del ambiente Gustavo Manrique Miranda, qué acciones respecto a estas matanzas tomaría el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En su respuesta Manrique achicó el problema diciendo que él quisiera pensar que es por un tema de cultura ancestral que «matan esto», refiriéndose a las tortugas galápagos. Junto a Manrique, el director del PNG Danny Rueda Córdova mencionó que se inició una indagación fiscal al respecto y que después de 17 días del descubrimiento de la matanza, el próximo 22 de octubre, se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos por parte la Policía Judicial (PJ).

Estas matanzas entran tipificadas al COIP en el artículo 247 como delitos contra la flora y fauna silvestre, delitos que se castigan hasta con tres años de prisión. Pero la explotación de las tortugas galápagos no se termina ahí, otra forma explotación de las tortugas gigantes y quizá la principal amenaza para su conservación podría ser tráfico ilegal de especies. La situación con este delito es tan grave como se cuenta en la historia a continuación.

En San Cristóbal, sus residentes comentan que a inicios de 2017 corría el rumor de que habían desaparecido varias tortugas del centro de crianza David Rodríguez. El 17 de abril de ese año, en un operativo policial en Piura, al norte del Perú, se encontraron 29 tortugas galápagos envueltas en cinta adhesiva dentro de una maleta en un bus proveniente de Tumbes, frontera con Ecuador. No hubieron detenidos ni se identificaron responsables en el operativo. Recién el 12 de junio de 2018, las 26 tortugas que sobrevivieron el intento de tráfico fueron repatriadas a Ecuador mediante coordinación binacional. Los exámenes realizados por técnicos y las revisiones individuales determinaron que ocho de las tortugas pertenecían a la especie Chelonoidis chathamensis de la isla San Cristóbal, donde está el centro David Rodríguez. Y las otras 18 pertenecían a la especie Chelonoidis guntheri del volcán Sierra Negra de Isabela. Las 18 de Isabela incluso tenían marcas de hierro caliente y pintura que eran las marcas distintivas del centro de crianza Arnaldo Tupiza. Aún con esta información en conocimiento de Jorge Carrión Tacuri, director del Parque de ese entonces, no se realizó ninguna denuncia en fiscalía.

Lejos de acabar los robos de tortugas en Isabela, el 27 de septiembre de 2018, Daniel Ignacio Tenelema Tupiza, guardaparque responsable del cuidado de las tortugas del centro Arnaldo Tupiza, reportó la desaparición de más de 100 tortugas del Centro. Según Cesar Jumbo, abogado de Paúl Tapia Machuca, uno de los procesados en el caso, entre las tortugas desaparecidas estaban varias de las rescatadas en Piura del 2017. Según la versión del 24 de enero de 2019 de Jorge Carrión Tacuri ante fiscalía, se puede pensar que Gabriela Vivas, la entonces directora de la Unidad Técnica de Isabela, ya tenía información de quién pudo estar involucrado en la desaparición de tantas tortugas porque por llamada telefónica le habría propuesto al exdirector que se solicite el allanamiento del barco carguero «Paola» (de propiedad y manejo desconocidos en este reportaje) operación que no se realizó.

Tras la denuncia de la desaparición, se inició una investigación fiscal donde se revisaron inventarios de las tortugas del centro Arnaldo Tupiza y se encontraron inconsistencias en edades y tamaños entre los animales en los corrales y los registros llevados por el guarda parque Tenelema y Fernando Gabriel Franco Guerrero, otro guardaparque del centro. Según fiscalía, podía tratarse de un robo sistemático donde las tortugas que salían de aquel centro de crianza eran remplazadas por otras. En base a lo encontrado por fiscalía se determinó la posibilidad de un segundo delito, por asociación ilícita y se investigó a varios funcionarios de la DPNG, incluyendo al exdirector Carrión y al actual director del PNG, Danny Omar Rueda Córdova. 

Tras la indagación fiscal por supuesta asociación ilícita, cuyo documento no pudo ser obtenido tras las solicitudes realizadas, fiscalía solo formuló cargos contra los más evidentes responsables en la desaparición de las tortugas, Daniel Tenelema y Fernando Franco. Según su versión del 27 de noviembre de 2018 ante fiscalía, Franco realizó un conteo de las tortugas en los corrales el 21 de septiembre de 2018 y regresó al centro, fuera de funciones, el sábado 22 y domingo 23 de septiembre de 2018 junto a Henry Yuquilema y Jhonatan Romero, funcionarios administrativos de la DPNG. Y desde el lunes 24 de septiembre, tres días antes del reporte de la pérdida, Franco tomó vacaciones. Aparte del cuidado que debían dar los guardaparques, al centro Arnaldo Tupiza no le faltaba personal de vigilancia y seguridad las 24 horas. Los señores Edison Ramos, Wellington Ponce y Álvaro Freire, de la empresa Global Protection Security (GPS) trabajaban allí como guardias privados. En sus versiones, rendidas ante la policía ambiental, los guardias coincidieron en que los guardaparques habían notado el faltante de tortugas el 26 de septiembre, un día antes de que se reporte el hecho. Los guardias privados no entraron en el proceso judicial.

Las tortugas desaparecidas se contabilizaron en 123 juveniles. Realmente ¿cuál es el daño que una pérdida de tortugas de esa magnitud representa para los frágiles ecosistemas insulares? Pues las dos especies del sur de Isabela están catalogadas en peligro de extinción, pero los últimos muestreos de las poblaciones fueron realizados hace 15 años, en 2006. La situación de estas especies podría estar peor de lo que reporta la UICN. 

Inicialmente solo Tenelema y Franco fueron vinculados al caso, pero ninguno de los dos recibió sentencia por responsabilidad en el delito contra la flora y fauna silvestre. A Daniel Tenelema le dictaron medidas cautelares de presentación ante la Unidad Judicial hasta la audiencia de juzgamiento programada para octubre de este año 2021 y Fernando Franco quedó absuelto y desligado del proceso por ambos presuntos delitos. La condición de funcionarios públicos de ambos ayudó a que se suavizaran las medidas dictadas por el juez Ramón Abad, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Cruz. Los hechos no se esclarecieron y el juicio por asociación ilícita terminó en un sobreseimiento. Pero el juicio por delito contra la flora y fauna silvestre continuó de manera inesperada a partir de un financiamiento externo para la investigación.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, Godfrey Merlen, representante de la ONG estadounidense Sea Shepherd Conservation Society, destinó $3337,60 para apoyar a la investigación de la desaparición de las 123 tortugas. Con aquel fondo la ONG compró un ticket aéreo ($101,13) que se entregó a Washington Tapia, encargado de la iniciativa de restauración de tortugas de Galapagos Conservancy, otra ONG. Con $237,60 del fondo, se compró ocho viajes entre islas para los guardaparques sospechosos, Tenelema y Franco y para otros dos ciudadanos. Los $2998,87 restantes se entregaron a la Policía Nacional en Galápagos a través del capitán Christian Vaca. Estos desembolsos de la ONG hicieron correr el rumor entre el personal del PNG de que existía una recompensa económica para quiénes entreguen información sobre de la desaparición de las 123 tortugas. Sin embargo, no está clara la manera en que se usó el fondo y si existió más dinero destinado como recompensa. 

Washington Fernando Córdova García es un guardaparque de Santa Cruz en servicio activo, conocido entre los pescadores por su labor de monitoreo de la pesca artesanal de langosta y otros mariscos. Córdova es amigo de varios pescadores y según rumores de ellos, trabaja bajo coimas para realizarles trámites y obtenerles documentos de la DPNG,  precisan los pescadores. Washington Córdova contó en su versión del 24 de septiembre de 2019 ante la fiscalía, que, después de la desaparición de las 123 tortugas del centro Arnaldo Tupiza, una persona de Isabela, cuya identidad no reveló, le dio información sobre quiénes eran los implicados en «el tema de las tortugas». Para finales de octubre e inicios de noviembre de 2018, Córdova habría obtenido más información del caso y se comunicó con Jorge Carrión, el director del PNG de ese entonces. Después de escucharle, Carrión le pidió que se comunique con la abogada Carolina Herrera Córdova, exdirectora jurídica del PNG. A su vez, Carolina Herrera, después de escuchar la información que tenía Córdova, se comunicó con la policía y el capitán Vaca asignó al agente Geovanny Édison Delgado Rodríguez de la PJ para dar seguimiento al caso. Según Córdova, hubo varias reuniones entre él, la abogada Herrera y Geovanny Delgado para monitorear y tomar acciones en base a lo que «sus informantes» le iban contando.

El 31 de diciembre de 2018, Washington Córdova habría recibido información de que unos traficantes llevaban tortugas e iguanas en el barco de cabotaje Paola, que iba de Isabela a Floreana. Córdova, en su versión dijo así: «eso me proporcionó dos informantes, quienes son trabajadores (no especifica trabajadores de qué o quiénes eran) que me dieron el dato y como hubo una mala repartición con Paúl Tapia (Paúl Adolfo Tapia Machuca, pescador enjuiciado en este caso por tráfico de especies), me proporcionaron esa información». Carolina Herrera, al tanto de lo que sucedía, coordinó con la policía y fiscalía el allanamiento del barco. En el operativo, realizado con perros de la policía, no se encontró rastro de los animales. Después (por Paúl Tapia), Washington Córdova se habría enterado del modo de los traficantes para esconder tortugas, iguanas terrestres y marinas, las cuáles se amarraban con cinta de embalaje para que no se muevan y eran colocadas en el sector de la campana, área de difícil acceso para personas y canes, en la proa de los barcos.

En la ampliación de versión de Córdova del 24 de octubre de 2019, el fiscal de Santa Cruz Byron Castro le preguntó quiénes eran las fuentes que le entregaron información por una supuesta «mala repartición». Córdova respondió que una de las fuentes era un pescador alias Ceviche Caliente, a quién mantuvo en el anonimato hasta el 10 de enero de 2019 que, en una conversación por WhatsApp con el agente Delgado, dijo que era el pescador artesanal y buzo Gustavo Leonardo Fuente Gruezo. Ceviche Caliente habría sido quien delató a Paúl Tapia, alias la Mula, por la mala repartición en «un envío». En su versión ante fiscalía, del 28 de septiembre de 2019, Fuente Guerzo dijo conocer a Tapia Machuca y dijo haber conversado con él sobre temas de pesca, pero nunca sobre «temas de negocios ni de tortugas». En re-ampliación de su versión, Córdova dijo que Fuente Gruezo no habló porque «a él le tienen amenazado…, ya que él tiene mucha información que va a arrastrar a muchas personas». 

En una carta del 3 de junio de 2019 escrita por Córdova García para el director del PNG de aquel tiempo, Jorge Carrión, cuenta que en la noche del 7 de enero de 2019 se reunió con Carolina Herrera y con la policía para darles información. Según su versión y re-ampliación de versión, Córdova contó en reunión que el pescador y marino mercante, Paúl Tapia, alias Mula, había transportado «las tortugas» al puerto de Guayaquil y que él sabía cómo desembarcar los animales para llevarlos a Lima, capital del Perú. Aunque Córdova no aclaró si las 123 tortugas desaparecidas del centro Arnaldo Tupiza fueron las traficadas por Tapia. En la reunión del 7 de enero de 2019 con la policía y Córdova, Carolina Herrera le habría pedido a Córdova que averigüe dónde se encontraba en ese momento la Mula. Córdova dijo que respondió que su informante, Fuente Gruezo, quería dinero por la información y que Herrera le explicó que era la policía la que manejaba «la recompensa». Córdova dijo que la misma noche de la reunión habló con la esposa de Fuente Gruezo y ella le dio su dirección de residencia que era la misma de la Mula, en el barrio Los Esteros de Guayaquil. Es decir, la familia de Fuente Gruezo habría compartido domicilio con Paúl Tapia después de que él habría transportado tortugas galápagos al continente.

En la re-ampliación de la versión de Córdova, el fiscal de San Cristóbal, Christian Fárez le preguntó si, en algún momento, planificó el cobro de la recompensa que otorgaba la Sea Shepherd Conservation Society. Córdova respondió que no y que, en aquel tiempo, no sabía si realmente existía o no la recompensa. Córdova dijo en sus declaraciones que, tras obtener los contactos y direcciones, se comunicó con Paúl Tapia y le dijo que necesitaba reunirse «para un negocio». En la versión de Tapia ante fiscalía, del 6 de noviembre de 2019, este dijo que Córdova le llamó en enero y le habló de una recompensa que se ofrecía a cambio de información de las tortugas extraviadas del centro Arnaldo Tupiza. 

Córdova dijo que, con autorización de Carolina Herrera y mediante el dinero entregado por a la policía, él y el agente Delgado viajaron a Guayaquil, para dar encuentro a Tapia. En su versión, Córdova dijo que el agente Delgado le pidió que no comente nada a la Fiscalía de Santa Cruz porque «hay corrupción» y que el 13 de enero, Carolina Herrera, por vía telefónica, y Delgado le pidieron que no cuente ni siquiera al director Carrión lo que se realizaría. Era una especie de misión de inteligencia. Córdova contó que al siguiente día se comunicó con Tapia y que este le dijo que no estaba en Guayaquil sino de vacaciones en Portoviejo y acordaron el encuentro al día siguiente en el terminal terrestre de esa ciudad. 

Según las versiones de Geovanny Delgado, Washington Córdova y la carta a Carrión, el 15 de enero de 2019, Córdova y Delgado junto a una mujer policía habrían viajado a Portoviejo, en un auto de la Fiscalía del Guayas, y llegaron al terminal Reales Tamarindos al medio día. Córdova llamó a Tapia y cuando este llegó le hicieron entrar al auto y le explicaron que los acompañantes eran policías y Córdova grabó la conversación que se dio en el auto. Según la versión de Tapia, allí le dijeron que la recompensa era de $40 000. Según el agente Delgado, Tapia no quería colaborar entonces, le presionó diciendo que si no cooperaba iría a la cárcel.

Ahí, según Córdova, Paúl Tapia rompió en llanto y les dijo a los policías que tenía esposa e hijos y que hablaría pero que no quería ir preso. En su versión, Delgado cuenta que Tapia dijo que, al ser galapagueño y haber afectado el patrimonio de las Islas, iba a hacer «todo lo imposible» para ayudar a resolver el caso. Según Delgado, Tapia admitió haber participado en el traslado de «las tortugas» y dijo que el tráfico de fauna no era una situación reciente, sino de «toda la vida». Tapia contó a los policías que las tortugas eran traficadas para ser mascotas y después de que le preguntaron cómo las transportaban al continente, él dijo que obviamente por aire no era y mencionó los barcos de cabotaje Paola, Calicuchima y Renchi, que son las embarcaciones que viajan de las Islas a Guayaquil. Según Córdova, allí Paúl Tapia mencionó a Édison Martínez Meza, su colaborador en el transporte de fauna endémica de Galápagos y quien sería compadre de un cabo de la marina en servicio activo, cuya identidad no se ha revelado. Así, ellos habrían facilitado el transporte de animales en un barco de la Armada, que atracaba en San Cristóbal.

Se puede asumir que los directivos del PNG estaban al tanto de los hechos porque cuándo fiscalía verificó las llamadas, entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de enero de 2019, de las líneas celulares de Martínez Meza y de Fuente Gruezo, se identificó correspondencia de llamadas, de ambos sospechosos, con funcionarios de la DPNG entre ellos Jorge Carrión, director del PNG de ese entonces, y Danny Rueda, actual director del Parque. El motivo de las llamadas es desconocido. 

Después de las confesiones de Tapia, según Córdova, para darle confianza a Tapia, las cuatro personas fueron en el auto hacia el balneario de Crucita. Córdova dijo que, durante el trayecto, Tapia mencionó a otro traficante de nacionalidad china que era quién le compraba las tortugas e indicó la dirección del domicilio que el traficante tenía en Lima. Xie Ping, alias Chino Antonio, quien tiene cédula de extranjero obtenida en Ecuador, en aquel momento habría tenido tortugas galápagos en su domicilio en Perú. Efectivamente fiscalía encontró correspondencia de más de 88 llamadas telefónicas de Paúl Tapia con el ciudadano chino. En su versión, Tapia explica que conocía a Xie Ping porque, este le compraba pepino de mar y mariscos cuando Tapia llevaba su producto pesquero a Guayaquil. Paúl Tapia dijo que, durante la prohibición del comercio de «pitahaya», refiriéndose al pepino de mar, él llevaba su producto a Lima y se hospedaba en la casa del chino. 

Córdova y Tapia dijeron en sus versiones que en Crucita comieron y bebieron; en la tarde regresaron a Portoviejo. Córdova dijo que Paúl Tapia seguía asustado e insistió con que no quería ir preso y dio más información indicando que también traficaban fauna de Galápagos en barcos de turismo y que capturaban animales en todas las islas especialmente en Isabela, Santiago, Santa Cruz y Floreana. Tapia habría comentado acerca de otro pescador y capitán de un barco alias Barbas de apellido Martínez, quién recibía animales en su barco, de parte muchas personas involucradas en el tráfico. Según una fuente, alias Barbas es hermano de Édison Martínez Meza. Tras hablar del Barbas, Córdova dijo textualmente «(Paúl) no me dio los nombres de los funcionarios del Parque Nacional Galápagos». Córdova contó en su versión, que Paúl Tapia exclamaba que si él caía preso también caían muchas más personas involucradas, que «ni se imaginan». Aquel día Delgado no arrestó a Tapia, sino que lo dejaron en el hotel de Portoviejo dónde estaba hospedado con su familia, mientras que los dos policías y Córdova se hospedaron en otro hotel. 

En su versión y carta a Carrión, Córdova dijo que, después de dejar a Tapia en su hospedaje, este le llamó por teléfono y le entregó los números telefónicos de Ecuador y Perú de Xie Ping. No se sabe qué comunicaciones pudo tener Tapia antes, pero le habría pedido a Córdova que llame al chino y que verifique que era verdad lo que contó. Córdova dijo que siguió las indicaciones que Tapia le había dado y llamó a Xie Ping haciéndose pasar por Estuardo Chauca, quién sería otro pescador de San Cristóbal, desligado del proceso, quien «también hace negocios con el man (Xie Ping)». Córdova grabó la conversación en la que habría ofrecido venderle tortugas galápagos al chino haciéndose pasar por Chauca y dijo que inicialmente el chino se negó al ofrecimiento, pero después le dijo que sí quería las tortugas, que se encontraba en Lima y que le devolvería la llamada. Córdova y Geovanny Delgado dijeron que toda la información fue entregada al capitán Vaca, a Carolina Herrera y al fiscal del Guayas Errol Elizalde. 

Paúl Tapia habría sugerido viajar a Lima para culminar la investigación. Geovanny Delgado por obvias complicaciones, relacionadas a lo internacional, no podía viajar a Perú, sin embargo, le habría dicho a Córdova que la recompensa estaba disponible y que si él quería podía viajar. Delgado regresó a Guayaquil junto a Córdova y después fue de regreso a Galápagos, mientras que Córdova se quedó en Guayaquil. El 18 de enero de 2019, Geovanny Delgado se comunicó con Córdova y le dijo que el representante de la Sea Shepherd Conservation Society y Carolina Herrera resolvieron que la recompensa se entregue después de que las tortugas sean recuperadas. El 21 de enero del 2019, Washington Córdova junto Paúl Tapia habrían iniciado el viaje en bus hasta Lima. Según su versión, Delgado se comunicó con Herrera después de enterarse del viaje de los dos hombres y pidió que se le informase en caso de que encontraran las tortugas para solicitar asistencia penal mediante INTERPOL. 

Córdova dijo en su versión que el viaje a Perú fue financiado en ese momento con su propio dinero y le habrían dicho, que después les devolverían a los dos lo gastado del viaje, presentando las respectivas facturas. En la carta a Carrión, Córdova dijo que llegaron a Lima el 22 de enero de 2019 y que ese mismo día Tapia le llevó hasta la casa dónde el chino guardaba los animales. Xie Ping habría estado calculando una fecha para embarcar en un carguero en el puerto del Callao en Lima a las tortugas que tenía junto a las supuestas tortugas que le ofrecían, para enviarlas al continente asiático. 

Córdova dijo que, al llegar al lugar encontró que había un centro de acupuntura en el domicilio. Se desconoce el uso que se les da a las tortugas galápagos en Asia, pero hay posibilidades para imaginar. En su versión y carta a Carrión, Córdova contó que Tapia aseguraba que allí no encontrarían únicamente animales de las Galápagos sino especies de toda Sudamérica, que Xie Ping traficaba. Según Córdova, Tapia también detalló los valores que pagaban por los animales de Galápagos, $300 por cada tortuga, $200 por iguana terrestre y $100 por iguana marina. Córdova dijo que esperó a Xie Ping junto a Paúl Tapia hasta el 24 de enero de 2019, pero el chino nunca apareció. Córdova habría desistido la espera después de recibir un mensaje de Geovanny Delgado con los pasajes de regreso a Galápagos para el 30 de enero de 2019 desde Guayaquil. 

Así, terminó la misión del guardaparque, sin haber recuperado las tortugas y sin haber encontrado al traficante chino. En su versión, ante fiscalía, Tapia intenta decir que Córdova había planificado junto a él el cobro de la recompensa y que la información que dio en Portoviejo fue un discurso planificado y que planificaron involucrar personas inocentes en el caso. Incluso Tapia dijo que, de regreso a Ecuador, Córdova le propuso que coja tortugas para reemplazarlas, presuntamente para cobrar la recompensa. Pero aquellas negaciones y declaraciones tienen más sentido como un intento de enterrar nuevamente lo que se dio a la luz y evadir responsabilidades penales. En esta historia se puede dudar de la ética de uno de sus protagonistas, Washington Córdova, pero este caso con proceso judicial número 20332201900504 muestra la gravedad y la diversidad de actores que estarían implicados en el tráfico de especies de Galápagos. Aparte de la presunta banda de pescadores, otros civiles y miembros de la Armada, la gran responsabilidad de la desaparición de las 123 tortugas de Isabela estuvo en el personal del centro de crianza Arnaldo Tupiza y en la DPNG en general, que, si las tortugas ya habían sido rescatadas previamente en Perú, entonces, ¿para qué sirven los procesos de Conservación y Restauración de Ecosistemas Insulares?, ¿para qué sirven las iniciativas llevadas a cabo por la ONG Galapagos Conservancy para la restauración de poblaciones de tortugas en cooperación con los centros de crianza?, ¿para qué sirve la cooperación entre la DPNG y las ONGs WildAid y Global Fishing Watch en temas de control ambiental?, ¿para qué sirven los guardaparques y la policía ambiental (UPMA) en Galápagos?, ¿para qué sirve el Centro de Control Insular que monitorea las embarcaciones junto con la Armada Ecuatoriana? Sin ética, la respuesta está muy clara.

 Por ahora no hay sentenciados en el caso. La audiencia de juzgamiento está programada para el próximo 28 de octubre de 2021 en la Unidad Judicial Penal 2 de Guayaquil, en dónde, quienes amamos las islas Galápagos y la naturaleza, esperamos que exista un precedente de justicia contra el tráfico de especies del Patrimonio Natural de la Humanidad.