En Ecuador existen criterios coincidentes respecto de que los personajes Rafael Correa y Lenín Moreno fueron cortados por la misma tijera, o dicho de otro modo, fueron concebidos y se desarrollaron en la misma placenta. Políticamente, nacieron definitivamente juntos y formando un dúo triunfador llegaron sin mayores inconvenientes al poder en 2007, que no aflojaron durante catorce largos años.

También se ha dicho que pese al tener el mismo origen, hay marcas que cada uno implantó en el ejercicio de sus mandatos. Y que eso los diferencia. Uno de los principales aspectos tiene que ver con el abuso del poder y la persecución a los opositores. Correa ha quedado señalado en la historia como un vivo ejemplo del autoritarismo y utilización de la justicia para criminalizar la protesta social y la protesta política que sus gobiernos comenzaron a sentir especialmente a partir de 2014. Famosa se hizo la Secretaría Nacional de Inteligencia -SENAIN- como famosos se hicieron sus líderes, como Rommy Vallejo, Pablo Romero y los que siguieron. Y escandalosas fueron las revelaciones que se hicieron en medios digitales cuando se supo que opositores estaban siendo espiados electrónica y telefónicamente, revisados sus estados financieros y perfilados en sus vidas públicas y privadas, para establecer algún tipo de punto débil o rabo de paja que pudiera ser explotado políticamente por el correísmo. Entonces se aplicaba la lógica de que desacreditado el mensajero, desacreditado el mensaje.

Todo eso fue con Rafael Correa. Se dijo que con la llegada de Lenin Moreno, eso no se volvió a repetir. Y que a nadie se persiguió o se escudriñó ilegalmente sus estados financieros utilizando el aparataje estatal, durante ese gobierno.

Eso se dijo.

El 23 de noviembre de 2018, el Portal de Periodismo de Investigación publicó el reportaje «Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno». Nada menos se decía que uno de los mejores amigos de Lenin Moreno, Xavier Macías Carmigniani, yerno del lobista Conto Patiño, había comprado muebles finos para que se sientan cómodos Lenin Moreno y su esposa, cuando vivieron en Ginebra, Suiza. Todo esto con dinero proveniente de la constructora china Sinohydro, encargada de levantar el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del Ecuador, Coca Codo Sinclair. Era la primera punta que salía a la luz de un largo, oscuro y maloliente ovillo que hasta hoy no encuentra su parte resolutiva en la justicia.

La continuación siguió el 19 de febrero de 2019. El mismo portal Periodismo de Investigación publicó con las firmas de Fernando Villavicencio y Christian Zurita el reportaje «El laberinto off shore del círculo presidencial». Se trataba del reparto con más detalles de las millonarias comisiones para el grupo cercano del presidente Lenin Moreno, provenientes de la contratista china del gigante proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Sinohydro, que pese a los USD3200 millones que costó, ahora resulta que tiene serios riesgos de colapsar y quedar inservible.

Muy pronto los reportajes de Villavicencio y Zurita fueron rebautizados como los «Inapapers», relacionado al nombre de la empresa off shore creada para recibir los millones de dólares provenientes de Sinohydro. Más de USD18 millones se estableció en ese momento, que fueron repartidos entre los amigos y que incluyeron ciertos gastos, como muebles finos para la casa en Suiza de Lenin Moreno, cuando era representante de la ONU para las Discapacidades, y la compra de un departamento en Alicante, España, que aunque todo indica que es de él o de sus familiares, Moreno siempre ha negado ser el dueño de dicha propiedad. Pero dos años después, se va descubriendo que el monto de las coimas para el mismo grupo fue superior: casi 80 millones de dólares, dice uno de los autores de la investigación, Villavicencio, quien ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Ha sido la denuncia de corrupción más seria y sustentada en contra del entonces presidente Lenín Moreno, que optó por minimizar los hechos y no darles importancia. La Fiscalía abrió indagación previa y los correístas que se dicen traicionados por Moreno trataron de convertirse en los abanderados de la investigación que había lanzado Villavicencio, autor de decenas de revelaciones de casos de corrupción durante la década de Rafael Correa. Hacerlo tuvo consecuencias para el periodista, cuya casa fue allanada por la Policía y Fiscalía en la Navidad de 2013 y luego tuvo que buscar refugio en territorio de los indígenas Sarayaku, durante varios meses, para evitar la cárcel.

La recuperación del respeto a la libertad de expresión y a las investigaciones periodísticas fue uno de los logros de su gobierno, dijo hace poco nomás en su despedida el ex presidente Lenin Moreno.

Pero ahora se sabe que no fue así.

Resulta que para el primer reportaje publicado el 23 de noviembre de 2018, el periodista Christian Zurita había puesto en conocimiento de la Presidencia de la República el tema de la compra de los muebles finos para Lenin Moreno con dinero de Sinohydro y había conversado con Andrés Michelena, entonces Secretario de Comunicación, quien lo confirmó durante una reunión mantenida con Zurita en la última semana de octubre de 2018.

Michelena había pedido las preguntas por escrito para responderlas y habló al respecto también con Villavicencio. En principio, se acordó una entrevista con la Presidencia que finalmente fue cancelada. Esto ocurrió quince días antes que salga el reportaje. La Presidencia ya sabía lo que se venía.

Las casualidades no existen en la vida política del Ecuador. Cuando la publicación de Villavicencio y Zurita se venía para el 23 de noviembre, tres días antes comenzó la arremetida del gobierno, utilizando el aparato estatal. La mejor defensa es el ataque, se habrá pensado en Carondelet. La estrategia fue armada directamente desde el CIES -Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senain- desde donde salió la idea de destruir la reputación del denunciante.

El 20 de noviembre de 2018, José Almeida Hernández, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, ordenó por escrito a Melvin Xavier Páez Mulki, Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria, que se realice, con carácter de reservado, el análisis tributario del contribuyente Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia. Y también de sus familiares. El mismo periodista que en esos días estaba por publicar la denuncia más fuerte de corrupción en contra del presidente Lenin Moreno.

La publicación se realizó, como debe ser. El periodista en ese momento ya recibió información de que él y sus familiares estaban siendo investigados por el CIES y el SRI, que incluyó en el rastreo de movimientos financieros inclusive a su fallecido abuelo.

La segunda parte se publicó el 19 de febrero de 2019. Y el SRI tuvo una reunión plenaria para conocer los resultados de la investigación tributaria que ellos bautizaron como FV-Leñador, el 14 de marzo del mismo año, en donde se presentaron los hallazgos encontrados. Allí estuvieron presentes los funcionarios de Rentas Internas Patricio Jiménez, Xavier Páez, Geoconda Sosa, Carola Jurado y Clara Véliz, funcionaria de Inteligencia.

Tres meses después de la segunda investigación sobre los Inapapers, los resultados del seguimiento tributario ordenado por el gobierno de Lenin Moreno contra Fernando Villavicencio, salieron a la luz pública.

Quien se encargó de difundirlo en los medios de comunicación fue el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien el 9 de mayo de 2019 grabó el programa Veraz, dirigido por Carlos Vera, para Canal Uno. Comenzó diciendo, con toda tranquilidad, que el gobierno de Lenin Moreno «devolvió a los periodistas la libertad de expresión. Hoy hay inclusive gente que abusa de ese privilegio de ser periodista y ataca duramente al Presidente Moreno sin pruebas». Minutos después hizo una cerrada defensa al Presidente y su relación de amistad con el lobista Xavier Macías Carmigniani.

En un siguiente bloque de la entrevista con Vera, Santiago Cuesta sacó a relucir los hallazgos encontrados por la administración tributaria durante todos esos meses de investigación: se trataba de las cantidades de dinero que habían movido en sus cuentas bancarias durante varios años los familiares de Fernando Villavicencio, dos de ellos propietarios de una cadena de restaurantes en Quito. Eran cifras propias de los movimientos económicos de este tipo de negocios, según explicó Villavicencio, pero Cuesta intentó presentar el hecho como irregular, sin explicar porqué exhibía números de cuentas bancarias privadas e información tributaria particular con absoluta libertad. Luego el consejero presidencial repitió su exposición en el programa del medio digital La Posta, con el periodista Anderson Boscán. Todo esto considerando que Villavicencio hasta ese momento seguía haciendo investigación periodística y no era funcionario público, pese a lo cual su información reservada fue expuesta, al igual que la de sus familiares. Ahora él añade que está investigando el financiamiento que realizó el CIES en el gobierno de Moreno para la difusión en medios de comunicación de la información que Rentas Internas le había proporcionado a Cuesta.

Meses después, la investigación de Rentas Internas contra Villavicencio ya tenía un nombre oficial: «Tormenta 4». Así aparece en el memorando que firma el 23 de septiembre de 2019 Melvyn Xavier Páez Mulki, Jefe Nacional del Departamento de Inteligencia Tributaria, dando a conocer a Carlos Eduardo Jaramillo Totoy, Director Nacional de Control Tributario, las actas de reunión realizadas para la difusión del caso Tormenta 4: «Por tratarse de un caso reservado, los riesgos de carácter tributario se socializan únicamente a través de este documento. Dichas actas fueron expuestas a Silvia Pérez e Iliana Rea el 17 y 18 de junio de 2019.

Durante todo este tiempo quien estuvo al frente del Servicio de Rentas Internas, desde el 23 de mayo de 2018, «por su impecable trayectoria laboral», según se lee en la página web del SRI, es Marisol Paulina Andrade Hernández, economista riobambeña de 40 años, quien desde muy joven se vinculó al gobierno de Rafael Correa en 2007 como Directora de la Regional Centro II del SRI, con sede en su ciudad natal, cargo que ocupó hasta el 2014. Desde ese año y hasta el 2018 fue la Directora Provincial del SRI en Chimborazo.

Tan bien le fue que el 24 de mayo de 2021, el mismo día de la posesión del presidente Guillermo Lasso, fue ratificada en sus funciones por el nuevo gobernante mediante el Decreto Ejecutivo Número 37. Es la única alta autoridad del gobierno de Lenin Moreno que fue ratificada en el nuevo gobierno de Lasso.

El presidente Guillermo Lasso ha reiterado su respeto y defensa absoluta a la libertad de expresión y al ejercicio del trabajo periodístico, para que se realice con absoluta libertad. Como lo repetía en su momento el ex presidente Lenín Moreno.

Villavicencio es ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y como tal remitió una solicitud de información el pasado 1 de junio a la Directora del SRI Marisol Andrade Hernández. Entre otras cosas, el asambleísta le pide indicar las acciones de control tomadas por esta oficina desde 2013 en torno a las empresas fantasmas o inexistentes, el valor económico que ha perdido el Estado por la acción de estas empresas fantasmas que vendieron facturas para beneficiar a otras compañías que dejaron de pagar sus impuestos; y las denuncias penales presentadas por el SRI ante la Fiscalía por el delito de defraudación tributaria.

El SRI contestó el requerimiento de información, en donde dio la cifra oficial de USD 509 millones como pérdidas para el Estado por la evasión fiscal hecha por contribuyentes que han comprado facturas a empresas fantasmas. Pero el SRI también hizo algo más.

El Servicio de Rentas Internas, liderado por Marisol Andrade, ha vuelto a interesarse en los pedidos de información tributarios hechos contra los familiares de Fernando Villavicencio. El último de ellos fue durante este nuevo gobierno y tiene fecha del 17 de junio de 2021. Ese documento existe y tiene el número SRI-NAC-ITR-2021-0204-M. Leyendo una parte del mismo, queda al descubierto que en enero de 2019, el seguimiento ordenado contra Fernando Villavicencio mereció inclusive una reunión reservada en el Palacio de Gobierno. Se justificaba todo diciendo que se investigaba presuntas evasiones fiscales, que perjudican a las cuentas del fisco. Mientras al mismo tiempo, el mismo SRI perdonaba multas de USD 300 millones a grandes empresas como el caso de Andes Petroleum, y muchas más amparadas en la ley de remisión aprobada en el gobierno de Moreno, que sumaron hasta USD 1400 millones que el Estado no recaudó.

El presidente de la República Guillermo Lasso ya está al tanto de este hecho. Villavicencio exige la salida del cargo de Andrade, pero además anuncia acciones penales en contra de ella y de todos los funcionarios que ejecutaron la orden proveniente de la Presidencia en 2018, con la intención de frenar la publicación de los Inapapers. El abogado Antonio López detecta el cometimiento de por lo menos dos delitos con la acción ejecutada en contra del ahora Asambleísta: asociación ilícita -que tiene penas de cárcel de entre 3 a 5 años- y la revelación ilegal de bases de datos, sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años.