El incendio perpetrado en las instalaciones de la Contraloría General del Estado en octubre de 2019, quemó gran parte de su documentación sobre glosas desvanecidas durante casi 12 años

. Esto significa que se perdieron los respaldos de las resoluciones en las que se eliminó millones de dólares en responsabilidades civiles culposas,  establecidas entre 2007 y 2019. Se ha perdido la huella de la corrupción que tuvo su corazón en la propia CGE.

Valentina Zárate, contralora subrogante, admitió que no existen los documentos mencionados ni las resoluciones que los sustentaron. Lo ratificó en el oficio No. 00715 -DNPEyEI-GISyE-2021, del 9 de junio de 2021, dirigido a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La eliminación o desvanecimiento de glosas derivó es una práctica de corrupción que ejecutaron altos funcionarios de la Contraloría, durante las administraciones de Carlos Pólit y de Pablo Celi. El caso ‘Las Torres’ ha descubierto esa trama de funcionarios públicos que exigieron coimas a empresas privadas a cambio del desvanecimiento de cinco glosas por parte de la Contraloría, en contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., desde 2017 hasta 2020.

El pasado 28 de mayo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, solicitó a Contraloría (con oficio No. AN-WFA-2021-0004-O) cinco listados de documentación certificada que contengan información desde 2007 hasta lo que va de 2021 sobre: los exámenes especiales realizados a las instituciones públicas (con nombre de institución, tipo de examen; si existen responsabilidades, penales, civiles, administrativas, glosas, con nombres y cargos de funcionarios); todas las glosas, detallando su estado; todas las glosas desvanecidas, con sus resoluciones; las predeterminaciones emitidas de los exámenes especiales; y las órdenes de trabajo de inicio de exámenes especiales que hayan sido canceladas.

En relación al primer pedido, sobre los exámenes especiales realizados a instituciones públicas, la Contraloría informó que, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de mayo de 2021, se aprobaron 30.362 informes, de los cuales 27.157 fueron informes generales y 3.205 tuvieron Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).

Respecto al requerimiento de información de todas las glosas emitidas entre 2007 y 2021 y el estado en el que se encuentran al momento, la Contraloría entregó el detalle de las resoluciones sobre responsabilidades civiles de ese período, obtenido del Sistema de Determinación de Responsabilidades (SIRES), pero no completó la validación con la información física y ofreció la entrega de un alcance sin precisar una fecha.

Pero justamente en el tema de las glosas desvanecidas y sus respectivos respaldos se devela una doble falencia.

Según refiere en su oficio, el nivel de detalle de este reporte sería: número de expediente de predeterminación de responsabilidades, entidad, número y fecha de resolución; valores confirmados, desvanecidos y caducados; nombre y cargo de la autoridad que suscribe la resolución. Pero las resoluciones, es decir lo que la Contraloría define como el “acto administrativo… debidamente motivado, claro, preciso y congruente, que contiene la decisión de establecer o desvanecer la responsabilidad administrativa, las glosas o las órdenes de reintegro de responsabilidad civil culposa”, no están digitalizadas.

Si bien la Dirección de Responsabilidades ofreció digitalizar los expedientes físicos y entregar la información “lo más pronto posible”, al mismo tiempo lanzó una advertencia: “se recalca que es posible que una buena cantidad de dichos documentos no puedan ser entregados debido al incendio ocurrido en el edificio de la Contraloría General del Estado el 12 de octubre de 2019”.

La afirmación de “una buena cantidad” de documentos quemados denota que hay un gran territorio de la corrupción que se ha perdido para siempre.

Tampoco existe la data completa sobre el cuarto item (glosas desvanecidas) solicitado, pues no hay información sobre las predeterminaciones derivadas de los informes de auditoría correspondientes al período de 2014 a 2015.

En los archivos que la Contraloría refirió haber entregado al asambleísta, la información está compartimentada en dos. La Dirección Nacional de Responsabilidades tiene una primera parte concerniente al período 2007-2013, con las responsabilidades civiles-glosas, órdenes de reintegro, sanciones administrativas y sanciones administrativas de controles vehiculares, pues en esa dependencia se realizaba desde 2007 el proceso de predeterminación y se expedían las resoluciones, en aplicación al Reglamento Orgánico Funcional de la Contraloría (Acuerdo 021-CG-2007 de 1 de noviembre de 2007).

Con el Acuerdo 014-CG-2011 de 7 de junio de 2011, el ex Contralor, Carlos Pólit dispuso que la determinación de responsabilidades pase a cargo de las unidades de control; y, con Acuerdo 031-CG-2015 de 3 de septiembre de 2015 creó la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades.

De manera que esta última entregó la información sobre las predeterminaciones derivadas de los informes de auditoría desde el 2016 hasta lo que va de 2021, con el siguiente nivel de detalle: número de informe, número de oficio asignado a cada administrado, nombres completos, cédula de ciudadanía y cargo del administrado, entidad examinada, monto predeterminado.

Finalmente, sobre el ítem referente a las órdenes de trabajo que se requieren para iniciar exámenes especiales y que fueron canceladas, solo se entregó información del período del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2021, en el que suma 583 el total de dichas órdenes.

El argumento para explicar que no se pudo entregar lo correspondiente a las acciones de control canceladas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, es que esta data se encuentra en el antiguo sistema de información SISCON y que por ello se requiere más tiempo para obtenerla, por lo que se remitirá posteriormente como alcance.

El organismo de control hizo una advertencia a la legislatura sobre la confidencialidad que debe mantenerse respecto a la información entregada, pues precisó que parte de ella es reservada. “…la Contraloría General del Estado expidió el Acuerdo No. 005-CG-2017, que contiene el «Reglamento de Clasificación de Información Reservada y Confidencial de la Contraloría General del Estado», en cuyo, artículo 2 se describe la información considerada reservada, entre la cual se encuentra aquella que en esta oportunidad es entregada a la Asamblea Nacional”.

En esta perspectiva la Contraloría trasladó a la Asamblea Nacional “la confidencialidad y el correcto uso de la información que en esta oportunidad se entrega…”