A pesar de que se destinarán al menos 3.747 millones de dólares en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen las vacunas y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos ‘Vigila la pandemia’, que coordina Convoca.pe.

Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, que son un insumo central para avanzar en la batalla contra el nuevo coronavirus e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará 1.660 millones de dólares para la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos 497 millones de dólares y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de 478 millones 254 mil dólares. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de 458 millones de dólares.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: 408 millones de dólares. Luego, Venezuela, con más de 230 millones 309 mil dólares, según los datos analizados por ‘Vigila la Pandemia’. Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial.

México: Cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de 1.660 millones de dólares en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, en relación a un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.

Desde entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.

Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2.3 millones de contagios.

Velo chavista

En Venezuela, para el gobierno de Nicolás Maduro la falta de transparencia es una postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en este país es en base a discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del Gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de 200 millones de dólares. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado.

De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. De esa manera, se busca proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty y trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según la versión oficial del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: 30 millones 309 mil 40 dólares para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos 408.8 millones de dólares, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por 237.6 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque ésta actúa como intermediaria con distintos productores de vacunas. Se le abonará 106 millones de dólares por dosis destinadas a 6.6 millones de personas.  Sigue en la lista, el contrato por 39.2 millones de dólares por 14 millones de dosis con AstraZeneca, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El acuerdo con Sinopharm es por 26 millones de dólares a cambio de un lote de 1 millón de dosis, es decir 26 dólares la dosis.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza ‘Vigila la pandemia’ envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. Los contratos suelen incluir garantías extra al valor de las vacunas.

Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID -19”, indicó la entidad citando la norma vigente.

El 15 de enero pasado, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, el cual señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal oficial del Ministerio de Salud. Se trata de «información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19».

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero último, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

Negativa en Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado 497 millones de dólares en total para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66.5 millones de dosis de la vacuna anticovid-19. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país (porcentaje que equivale a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares. Según las previsiones de compras divulgadas por el propio Ejecutivo, el objetivo va más allá de lo que el gobierno colombiano ha comprado: la meta es vacunar a 27.7 millones de personas (para alcanzar la inmunidad del rebaño). A 21 dólares cada persona (dos dosis por habitante), se requeriría de unos 582 millones de dólares.

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de 108 millones de dólares del erario público para la vacunación de sus ciudadanos, así como la obtención para ese fin de alrededor de 350 millones de dólares de parte de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca destinar unos 458 millones de dólares, según surge de los datos oficiales. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado.

Argentina: información a medias

En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por al menos 478 millones de dólares para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores y la difusión de las condiciones de estos acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en suelo argentino.

Esa fue la respuesta de la entidad estatal ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto ‘Vigila la pandemia’.

Ante nuestra solicitud de información, del 14 de abril, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, los pagos por adelantado y dejan en evidencia la falta de sanciones ante posibles incumplimiento por parte de las farmacéuticas, según permitieron reconstruir fuentes con acceso al contenido de los contratos.

En el país se sancionó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas COVID.19. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

Además, como en México, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.

“El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.

El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como se adelantó en la publicación del domingo último.

El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de parte de AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), es decir un promedio de 10.62 dólares la dosis por habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo entregaron el 16,4% de las vacunas comprometidas (9.683.143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril. Si este jueves se completa el envío de Sinopharm, entonces las entregas llegarían al 16,7% de lo contratado.

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones.

Caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero último habla de una inversión total de 76 millones de dólares en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y  también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Como vemos, este panorama nos habla de la pandemia del secretismo en América Latina a pesar que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción e la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).