Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.

El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.

La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.

Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza PAIS, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.

El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.

Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.

El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.

El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.

Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.

Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group.  Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.

Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.

Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.

El contrato de buena fe

El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.

El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?

Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.

Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.

Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.

Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.

Plan de sobornos

La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.

Vitol les pagaría a sus cómplices, los consultores 1 y 2, una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”.

Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.

El punto de partida de esta historia es el 20 de septiembre de 2016, cuando el mexicano Javier Aguilar, ejecutivo de Vitol, envió un correo electrónico al “consultor de Ecuador 2” pidiéndole que enviara cartas de parte de OTI al “gordo” o “funcionario ecuatoriano 1”.

Dados los hechos y las fechas todo hace presumir que se trata del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, que ocupó ese cargo en los años 2010-2017.

Este portal buscó un pronunciamiento de Arias a través de su abogada y se le explicó que considerábamos que el llamado funcionario ecuatoriano 1 es el exgerente de comercio internacional. Ella aseguró que respondería con la mayor información posible del tema.

La declaración de Aguilar se compadece con los tiempos porque el 21 de septiembre de 2016, Petroecuador recibió la propuesta de Talal Al Awfi para la compra a largo plazo de fuel oil.

Luego de que el contrato se formalizó el 6 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia identificó que los sobornos fueron pagados a través de facturas falsas: “el 7 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, el consultor 2 de Ecuador envió al intermediario 1 un correo electrónico adjuntando 39 facturas falsas de la empresa consultora a una empresa fantasma controlada por el intermediario 1”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2018 se identificó que el intermediario 1 envió un correo electrónico a Aguilar indicando que había recibido $ 1.4 millones en facturas de Ecuador. Agrega que de eso monto $ 510.000 ya se habían pagado. Aguilar instruyó que hicieran pagos de hasta $150.000 cada 15 días.

En ese mismo esquema, entre el 28 de mayo y 25 de junio se hicieron tres pagos por € 201.306 y un pago total de $ 19.283 de una compañía fantasma controlada por el intermediario 1 a cuentas bancarias en las Islas Caimán y Curazao controladas por consultor 1 y 2.

Para el 5 de julio de julio de 2018 o alrededor de esa fecha, el Consultor 1 y el Consultor 2 enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $ 225,000 desde una cuenta propiedad de Consultor 1 y Consultor Ecuador 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York, a una cuenta ubicada en Portugal en beneficio del funcionario ecuatoriano 1.

Para 2014, Oman Trading International se presentó en Petroecuador como una compañía con el 30% de capital privado y el 70% estatal. Un documento entregado a Petroecuador de ese año y al que PI tuvo acceso, detalla que sus principales ejecutivos eran Talal Al Awfi en calidad de CEO y Said Al Maawali, vicepresidente.

También hace referencia a sus refinerías, al puerto Mina AL Fahal y al puerto de aguas profundas de Sohar.

El documento también señala que, a ese año, 2014, el representante en Ecuador de Omán Trading International, era el abogado Daniel Pino Arroba, que registró la dirección en el edificio La Previsora, Guayaquil. Pino figura como patrocinador del empresario Enrique Cadena Marín, investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción que envuelve a Petrochina.

Daniel Pino además registró su nombre como representante de Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo, que entregó $ 10,2 millones a Fairgate Trading Corp., una compañía de Enrique Cadena, según documentos publicados por diario El Universo.

Cadena figuró en los papeles de Panamá al haber recibido la comisión de 1 dólar por barril por la intermediación en los contratos firmados con Petrochina. Documentos en poder de PI lo relacionan con autoridades de Petroecuador.

Altas fuentes de Petroecuador y del sector petrolero privado señalaron a PI que el consultor 1 sería Antonio Peré. Su nombre ya apareció en el expediente del caso Odebrecht en el que José Rubén Terán señaló que la brasileña hizo transferencias a la empresa Houston Energy Consulting de Peré, como parte de los recursos que recibió Marco Calvopiña por el poliducto Pascuales Cuenca, tal como publicó diario Expreso.