Diversas voces se pronuncian actualmente buscando limitar el alcance del periodismo que escudriña en casos de corrupción. Esto confunde el rol del periodismo y los medios en una democracia. Vale la pena aclararlo: los periodistas no cumplen una función judicial. No están obligados por el secreto profesional como los abogados.
No están obligados por deberes de confidencialidad aplicables a jueces y fiscales. No tienen la capacidad de investigar todo lo malo que sucede y por eso gozan de la más amplia libertad para elegir lo qué investigan. En definitiva, cuando un periodista publica información veraz y de interés público, está ejerciendo lícitamente su oficio, aunque ventile secretos.
Evidentemente, periodistas y medios tienen intereses, sufren presiones y son capaces de presionar: son actores con poder en la arena pública. La libertad de expresión no es perfecta. Pero la censura directa e indirecta es peor.
El periodismo cumple una de sus misiones principales cuando investiga y publica sobre causas judiciales vinculadas a la corrupción. Al poner bajo la lupa el actuar de jueces, fiscales y abogados, y al examinar y contar sobre posibles delitos cometidos por funcionarios o empresarios, permite a la sociedad estar informada, capacita a las personas para tomar mejores decisiones y mejora el sistema de autogobierno democrático.
Precisamente en un caso de suma relevancia, Nebraska Press Association vs. Stuart, de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que el rol de la prensa al cubrir casos judiciales es crucial, pues “la prensa no solo publica información sobre juicios, sino que protege contra el error judicial al someter a la policía, los fiscales y los procesos judiciales a un escrutinio y crítica públicos intensos”.
En otras palabras, lo que la Corte Suprema dijo es que es sano que exista visibilidad – visibilidad que puede implicar una presión – sobre los procesos judiciales. En países con una impunidad rampante como los de América Latina no solo es sano, sino también necesario.
Navi Pillay, quien fuera Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU desde el 2008 al 2014, sostuvo que “el periodismo audaz e independiente es vital para una sociedad democrática. Es la sangre vital que genera una participación plena e informada de los individuos en la vida política y en los procesos de toma de decisiones”.
La democracia requiere periodistas capaces de mostrar las sombras de la justicia, de desnudar los procesos en los que se investiga la corrupción, y de contar aquello que algunos procuran ocultar. Si los jueces se sienten presionados por una publicación, allá ellos; pero no cometamos el error de silenciar al periodismo.
Sobre Ignacio: Abogado por la Universidad de Mendoza, LL.M. por Harvard Law School y Master en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Profesor universitario y litigante en derechos humanos y derecho público.
Junto a dos amigos fundé el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, una ONG con estatus consultivo ante la ONU dedicada al litigio estratégico y a la promoción y fomento de los derechos fundamentales.
Soy socio de Southern Lights Group, firma con la que trabajo en asuntos sobre derechos humanos y empresa en países como Argentina, Chile, México, Guatemala y Ecuador.
Vamos a un mundo más conectado y más transparente. Hay que volverlo, también, más justo.
