El 1 de octubre de 2019, en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno Garcés y sus ministros de Finanzas e Hidrocarburos, Richard Martínez Alvarado y Carlos Pérez García, suscribieron el decreto ejecutivo 883 como parte de los acuerdos y compromisos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión, calificada como “valiente”, buscaba recuperar $1400 millones anuales para cubrir parcialmente un abultado déficit fiscal y presentar una credencial de buena conducta ante los organismos multilaterales.

El guión articulado por el gobierno y replicado por los medios de comunicación y sectores empresariales, señalaba que con la medida se eliminaba el subsidio a las gasolinas y al diésel y se afectaba a las mafias de contrabandistas y narcotraficantes, beneficiarias de un oneroso subsidio vigente desde hace varios años, que ningún gobierno se había atrevido a tocar y aquellos que lo hicieron acabaron en el piso.

En respuesta, la mañana del 2 de octubre de 2019, las federaciones de transportistas del Ecuador anunciaron un paro indefinido de actividades que empezó a las cero horas del día siguiente, fecha en que entró en vigencia el decreto. A la decisión de los empresarios de la transportación se sumó un levantamiento indígena y popular sin precedentes en las últimas décadas, el que, tras 12 días de convulsión, dejó diez personas fallecidas, centenares de heridos y detenidos, una destrucción cercana a los 2000 millones de dólares, según cifras oficiales, y, una herida social que activó profundas diferencias, desigualdades y estigmas racistas difíciles de sanar.

883: EL DECRETO QUE CASI NADIE LEYÓ

¿Quiénes leyeron y entendieron el contenido del decreto 883?
Al parecer solo sus autores sabían exactamente los alcances del mismo y lo que se debía ocultar. Para sostener la medida el gobierno hizo gala de una campaña en contra de las mafias y gran parte del liderazgo mediático replicó ese guión,  muchos sin siquiera haber leído el decreto, menos aún entendido.

El discurso del presidente Lenín Moreno y su círculo posicionó que el 883 había hecho lo que nadie se atrevió durante décadas: eliminar los subsidios, atacar a las mafias y sanear la economía. “No queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”. Con ese caramelo una parte de la sociedad endulzó su paladar. Pero, en realidad: ¿qué hizo el 883? Veamos.

El artículo 2 del referido decreto estableció: “El precio de venta en terminal para la Gasolina Súper, Extra, Extra con Etanol, Diésel Premium y Diésel 2 para el sector automotriz, será determinado en forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización de la EP PETROECUADOR y los tributos que fueren aplicables. Los costos de las Gasolinas Extra y Extra con Etanol para el sector automotriz, será el resultado de la ponderación de los costos de EP PETROECUADOR de los dos productos.”

La promulgación del 883 se basó en un documento reservado (MERNNR-RESERVADO-2019-002-O) del Ministerio de Hidrocarburos y en el informe MEF-VGF-2019-007-OF del Ministerio de Finanzas. El objetivo del decreto, que reza en sus considerandos, era el de “salvaguardar los intereses del Estado… y evitar el contrabando de combustibles.”

883: SOLO SUBIÓ LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y DIÉSEL AUTOMOTRIZ

En ninguna parte del decreto se hace referencia a la eliminación de los subsidios a los combustibles líquidos (gasolinas, diésel), mucho menos se menciona la liberalización de los precios de los referidos derivados de acuerdo con las reglas del mercado, por el contrario, se especifica que con este instrumento solamente se establecen “nuevos precios de los combustibles acorde a la realidad económica del país…”, según lo determine Petroecuador. Esto en términos claros no es liberalizar los precios del combustible.

Lo más preocupante del misterioso 883 es que dispuso incrementar exclusivamente los precios de las gasolinas y el diésel automotriz. Así como se lee: automotriz, nada más.

¿Por qué el 883 menciona solo el término automotriz y no habla de gasolinas y diesel para los sectores industriales, navieros, turísticos, camaroneros, atuneros y otras pesquerías? La respuesta está en otro decreto, en el 619, promulgado por Lenín Moreno, Richard Martínez y Carlos Pérez, en diciembre de 2018, el que, de igual forma, casi nadie leyó y menos aún entendió. En realidad, fue ese decreto el que eliminó el subsidio al diésel naviero, camaronero y pesquero.

Ésta ignorada disposición gubernamental (619), se basó en los informes MRENNR-2018-0359-OF y MRENNR-2018-0361-OF, emitidos por el Ministerio de Hidrocarburos el 19 de diciembre de 2018, instrumentos que modificaron el reglamento de precios de los derivados, “para el ajuste del precio de venta de la Gasolina extra, Gasolina extra con etanol, y la liberación del precio de venta de diésel (de los sectores camaroneros, pesquero atunero, y otras pesquerías, excepto el sector eléctrico)…”, precisó el decreto.

Es decir, a partir del 21 de diciembre de 2018, fecha de la firma del decreto 619, no solo se incrementaron los precios de las gasolinas súper, extra y extra con etanol, sino que, también se liberó el precio del diésel a un rango internacional superior a los 2 dólares el galón. En buen romance, a partir de entonces, los empresarios camaroneros, atuneros, pesqueros y otros, estaban obligados a pagar el precio internacional del diésel. Pero, un juego oculto del gobierno les permitió a estos sectores seguir disfrutanto las mieles del subsidio (70 centavos por galón). Al final del decreto 619, Moreno, impuso una Disposición General, transfiriendo a sus ministros (Campana, Pérez y Martínez) maquillar el subsidio bajo el nombre de compensaciones, a favor de los empresarios del mar.  

La referida Disposición se lee así: “El sistema de compensación para el sector camaronero y pesquero atunero que utilizan diésel, será creado y aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas; el Servicio de Rentas Internas; el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.” Fue un auténtico lavado de manos del primer mandatario, considerando que la facultad de establecer los precios de los derivados es de su exclusiva responsabilidad.

Con base a la comentada Disposición General, semanas después, el 14 de enero de 2019, los ministros Pablo Campana, Carlos Pérez y Richard Martínez, cumplieron las órdenes del primer mandatario. A través de un excepcional Acuerdo Interministerial 0001-2019, se creó un sistema discrecional de compensaciones a favor de los empresarios camaroneros, atuneros y pesqueros. La resolución consideró los informes MPCEIP-VAP-2019-0001-O-M, MAP-SUBACUA-2019-0317-M y MPCEIP-SRP-2019-0002-M, remitidos por la Subsecretaría de Acuacultura y Recursos Pesqueros, con los que se justificó la compensación como efecto del incremento del precio del diésel establecido en el decreto 619, de diciembre de 2018.

LA PESCA DE DIESEL EN ALTA MAR

El texto del polémico Acuerdo, mantenido hasta ahora en reserva, estableció en el caso del diésel 2 y diésel premium un descuento de 0,70 centavos de dólar por galón, en terminal, a favor de los sectores camaronero y pesquero atunero, “el cual no podrá ser inferior a 1,0542 USD por galón.”, dice. Además, el mismo acuerdo incorpora otras compensaciones como inversiones dirigidas al desarrollo del sector, “para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas, destinará los recursos correspondientes.”

Este sistema de subsidios, llamado compensaciones, se explica claramente en la información de Petroecuador, publicada entre de marzo y septiembre de 2019, con base a los decretos ejecutivos  No. 799, 352 y 619, en la que se confirma el subsidio de 70 centavos por galón del diésel 2 pesquero, diésel 2 camaronero y diésel 2 atunero. En el cuadro adjunto se advierte los precios en terminal con los que se factura a los referidos sectores (diésel 2 pesquero) $1,012 por galón;  (diésel 2 camaronero) $1,180 por galón y ( diésel 2 atunero) $1,180 por galón.

El decreto 619 no solo benefició a estos sectores y otros como el industrial y el eléctrico con precios preferenciales del diésel, también lo hizo con precios especiales (leáse subsidios) en las gasolinas extra camaronero, extra con etanol y gasolina súper automotriz, como refiere en los cuadros adjuntos.

Petroecuador, de acuerdo a su normativa vigente, es la única empresa responsable de la generación, importación y comercialización de derivados en Ecuador. Distribuye los combustibles a las comercializadoras privadas legalmente calificadas y a los sectores empresariales beneficiarios del subsidio. La empresa pública no es quien distribuye bajo sistema off shore los combustibles, por tanto vale la pregunta ¿quién desvía el combustible subsidiado a la flota pesquera china y a los grupos de actividades ilícitas en alta mar?

Nuestro medio cuenta con información de que grandes volúmenes de diésel asignado por Petroecuador a estos sectores, a través de cupos inflados, son desviados y revendidos a Centro América y a flotas pesqueras internacionales. Estudios del sector petrolero establecen que el volumen de diésel que se desvía en alta mar supera el 6% de la demanda interna. Para intentar controlar estos ilícitos en alta mar la Fuerza Naval adquirió en 2008 una flota de aviones no tripulados, se conoce que varias de esas aeronaves nunca operaron.

Si los sectores industrial, naviero, pesquero y sus extensiones manejan volúmenes promedio de 5 millones de barriles por año (210 millones de galones), con un subsidio de 70 centavos por galón, implica un monto $147 millones de subsidio por año.

Antes del decreto 883, la gasolina extra registraba un precio de $1,85 por galón. A esa fecha el precio internacional de la gasolina, similar a la extra, era de $2,22 el galón, un subsidio estimado de $0,37 por galón. En el caso de la gasolina extra con etanol (Ecopaís) el precio era de $1,85 por galón, frente al precio internacional de $2,32, es decir, un subsidio de $0,47. En el caso del diésel, previo al decreto 883, el precio local era de $1,03 frente a $2,11 por galón a nivel internacional, es decir un subsidio de $1,07.

Durante 12 días el Ecuador fue sacudido por una de las mayores convulsiones sociales de las últimas décadas, como efecto de la promulgación del decreto 883 un texto que la gran mayoría de ciudadanos nunca leyó y mucho menos entendió. Ahora podemos confirmar que la ignorancia también mueve montañas.