Bajo el eslogan de cirugía mayor contra la corrupción, Moreno, engrasó una estrategia que rápidamente la puso a caminar de la mano de sus hombres de confianza: Santiago Cuesta Caputi, Eduardo Jurado, Iván Granda, Jorge Costa y de una figura adicional que se ocultaba en la sombra: Juan de Dios Parra, ex Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y amigo personal de Lenín.

Para cumplir tan alto objetivo, el equipo contaría con el aporte de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) actual CIES, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Primeros recursos en Panamá y EEUU

Para agosto de 2018, el equipo anticorrupción, ya había sellado acuerdos con dos firmas de prestigio mundial y tenían los primeros indicios del destino de algunas fortunas mal habidas. La buena nueva la anunciaría el entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado: “Hemos identificado dinero en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado, están trabajando para traer ese dinero de vuelta al Ecuador”, precisó el funcionario, al tiempo de informar que el gobierno pagaría un 20% de las cifras recuperadas a quienes den datos certeros.

Según Jurado, las dos empresas internacionales contratadas eran especializadas en investigar, ubicar, establecer la ruta del dinero y recuperar los recursos de la corrupción por la vía jurídica. Aunque a esa fecha los nombres de las compañías se manejó en reserva, Periodismo de Investigación (PI) tuvo acceso a documentos que delatan a quienes negociaron esos contratos y revelan que el gobierno obtuvo información importante sobre la ruta y el destino de una buena parte del dinero, la cual se ha mantenido en secreto pese a que el mismo Jurado anunciara la revelación de resultados y la recuperación de los primeros recursos, máximo hasta diciembre de 2018. “Las firmas están trabajando, la idea es identificar el mecanismo para repatriar y este no solo involucra a países sino a jurisdicciones”, explicaba el entonces Secretario de la Presidencia, hace más de un año.

Las cifras de las fortunas sustraídas durante el régimen de Alianza País, difieren según las fuentes, aunque igual los montos son colosales: a esa fecha (agosto 2018), Jurado proyectaba la suma de $30.000 millones, mientras datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marcaban un aproximado de $70 mil millones. En un encuentro reciente (septiembre 2019) el Fiscal General Subrogante, Wilson Toainga, habló de entre $40 y 50 mil millones.

Las manos de Santiago Cuesta y Juan de Dios Parra

El 15 de agosto de 2018, llegó a manos del entonces Consejero Presidencial, Santiago Cuesta Caputi, una propuesta suscrita por Matías Mora Simoes, director de Berkeley Research Group (BRG), sucursal domiciliada en Panamá. En la misiva, BRG a más de detallar sus fortalezas y experticias, solicita una reunión orientada a abordar las necesidades específicas del gobierno para estructurar una “propuesta de trabajo acorde a sus expectativas”.

Aunque esta carta ingresó a Carondelet recién en agosto de 2018, varios comunicados intercambiados entre Lenín Moreno y Juan de Dios Parra, permiten colegir que la consultora internacional presentó información preliminar sobre la ruta del dinero, el año 2017. En un mensaje de 1 de octubre de 2017, enviado por Parra a Moreno, luego de referirse al Presidente como “queridísimo amigo”, le dice: “Sobre las cosas de la tierra, quiero ofrecerte ir yo mismo a verificar la seriedad de lo que informa BRG, y revisar en su mérito la veracidad de sus dichos, si es que estás de acuerdo”.

Dos días después (3 de octubre), en un nuevo mensaje de Parra signado con el asunto BRG, confirma una reunión con la consultora internacional: “Querido Lenin, me reuní con representantes, al parecer lo que tienen es altamente relevante, puedo ir a USA a buscar las evidencias y llevártelas, para que tu evalúes, si estás de acuerdo”. 

Desde esa fecha, volvemos a encontrar contacto entre las partes, el 26 de agosto de 2018, donde se retoma el tema BRG en un comunicado en el que, Juan de Dios Parra, que nunca fue funcionario, le recuerda a Lenín Moreno el asunto pendiente: “A mas de un año, aún no dispones que se verifique la contundencia de la investigación de BRG…”

BRG presenta oferta a Senain

Tras esta comunicación, el 22 de octubre de 2018, Arnold Y. Castillo, director de Berkeley Research Group LLC, con sede en la Florida-USA, remitió a Juan de Dios Parra, una nueva comunicación en la que adjunta un documento confidencial denominado Propuesta Investigativa República del Ecuador, que también fue remitida a Jorge Costa, a esa fecha Secretario Nacional de Inteligencia (Senain), donde explica que el documento contiene una serie de iniciativas anti corrupción que Moreno “planeaba implementar desde mediados del año pasado”.

En efecto, con fecha 15 de octubre de 2018, el represetante de BRG, Arnold Castillo, remitió una comunicación a Jorge Costa, adjuntando un documento titulado Propuesta de Investigación Anti Corrupción & Búsqueda de Activos a Nivel Global. En la carta se destaca: “De acuerdo a vuestra solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente propuesta de servicios profesionales, esta contiene los términos bajo los cuales se realizaría el trabajo, el enfoque, la metodología, el plazo, nuestros honorarios y el detalle de los entregables del trabajo a realizar”.

El 11 de noviembre de 2018, Juan de Dios Parra, remitió al despacho presidencial un mensaje en el que solicitaba se confirme una reunión con Lenín Moreno, a la que él había sido convocado. La reunión de trabajo incluía la participación de investigadores de la firma BRG.

La investigación a Correa y Glas

El extenso documento incluye una exposición sobre la experiencia de BRG como una de las mayores consultoras del mundo en esta línea, además, agrega la metodología de trabajo a aplicarse y expone el contenido de una investigación preliminar (línea base) realizada a Jorge Glas y Rafael Correa. Esta investigación preliminar establece que funcionarios del expresidente Correa y otros que se desenvuelven para el actual Gobierno (Moreno) “tendrían conocimiento o habrían participado de hechos irregulares, levantaron una red de testaferros que se dedicaron por varios años a lavar el dinero que provenía de actividades ilegales” y que a través de esos métodos habrían movilizado un mínimo de $5 millones en un año.

El texto agrupado en 9 puntos -que transcribimos a continuación- subraya también que los recursos económicos de la corrupción en manos de Jorge Glas, tendrían como origen actividades petroleras y estarían ocultos en negocios inmobiliarios encubiertos por familiares y amigos.

Confirmado acuerdo con BRG

Nuestro portal habló con el ex secretario de inteligencia Jorge Costa, quien no desmintió la existencia de un contrato con BRG, aunque destacó que documentos de esa naturaleza son de carácter reservado y se negó a comentar. Además contacto a Arnold Castillo de BRG, representante en Florida, que confirmó la entrega de una oferta y la existencia de un acuerdo confidencial, pero negó que se haya firmado un contrato.

Sin embargo, el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, públicamente habló de la existencia del acuerdo con la consultora. “Hay un contrato que está alrededor de los 2,4 millones, pero es específicamente para establecer la relación del ex presidente Correa con el ex vicepresidente Jorge Glas. En el contrato se establece que esa compañía tiene la obligación de determinar cuál fue la responsabilidad compartida, en efectivo, en dinero, con sobornos, para efectos de poder apuntar hacia ellos”, explicó Rodríguez.

Cies investigó pistas entregadas por BRG 

El 5 de noviembre de 2018, el Centro de Inteligencia Estratégica, Cies (antes Senain), unidad dependiente a la Presidencia de la República, pidió al mayor Bolívar Garcés, “levantar información” sobre un grupo de personas y empresas, por considerarlos testaferros del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, sentenciado por asociación ilícita en el escándalo Odebrecht.

El documento apunta a Heriberto Antonio Glas Espinel, hermano del exvicepresidente, a los abogados Xavier Fernando Cabezas Torres, Miguel Ángel Loor Centeno y María Alexandra Mendoza Muñoz, a la Constructora Thalía Victoria S.A. y sus filiales. Uno de los proyectos inmobiliarios construidos por Thalía Victoria S.A., es Portal al Sol, en el que se encuentra el domicilio donde fue apresado Jorge Glas. Esta información presentada por el CIES coincide con la entregada por BRG. Mire aquí la investigación: Los testaferros de Glas y Exportaciones ficticias.

Los principales responsables anticorrupción: Eduardo Jurado y Santiago Cuesta, abandonaron el gobierno por la puerta de atrás, salpicados por el mismo lodazal que ofrecieron combatir. Jorge Costa, igualmente se fue sin dejar señales positivas de su trabajo. Entre tanto, la maquinaria propagandísitca anticorrupción del régimen no para de producir discursos y reproducir organismos como plagas. Lenín Moreno se esforzó para dejar en el banco a la comisión de la ONU, sin embargo conformó una pantalla internacional (CIECCEC) que luego de tres meses apenas avanzó a alaborar su propio reglamento y redactar una proforma de gastos de entre 25 y $30 millones durante el próximo quinquenio.

Nace el Geira

La más reciente creación nació el 27 de septiembre de 2019. Se trata de una nueva nomenclatura conformada por diez entidades públicas para la recuperación de los recursos económicos desviados por la corrupción. Geira (Grupo de Enlace Interinstitucional para la Recuperación de Activos), así se denomina la nueva invención en el marco de la cirugía mayor de Lenín Moreno. La integran la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana, el Servicio de Rentas Internas (SRI). Las mismas estructuras que hasta hoy le deben respuestas al país sobre los resultados obtenidos por las empresas contratadas por el régimen.

Un año después de los pomposos anuncios de repatriación del primer botín recuperado en Panamá y Estados Unidos, ofrecida por Eduardo Jurado, solo quedó un video de dos minutos difundido en horario estelar, una ruta silenciosa a la impunidad y la certeza de que al interior del gobierno de Moreno hay funcionarios que sí saben dónde está la plata de sus coidearios.