La resolución N° 199-2019 fue firmada el pasado 11 de septiembre por el viceministro de Gestión del Transporte, Jorge Marcelo Loor Sojos, quien ocupa ese cargo desde el 31 abril de 2019. Esta adjudicación se realiza a 20 días de que se nombrara a José Gabriel Martínez Castro como nuevo Ministro de Transporte, en reemplazo de su antecesor Aurelio Hidalgo, señalado como un nexo con la constructora HeH en varios casos de corrupción.

De acuerdo al documento de la adjudicación, Loor Sojos fue nombrado administrador del contrato y responsable del cumplimiento del cronograma del concurso, a fin de que el contrato de concesión se suscriba dentro de los plazos. Con esto, la empresa TGC tiene un plazo de 90 días (desde el 11 de septiembre) para presentar los documentos necesarios, previo a la firma del contrato.

Técnica General de Construcciones S.A. fue una de las empresas que aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa a cambio de contratos. Actualmente su titular Teodoro Calle, es imputado por la Fiscalía General en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) mientras la Contraloría acusa a la contratista por perjuicios al Estado cercanos a los $100 millones.

En octubre de 2018 el Ministerio de Transporte, con Aurelio Hidalgo a la cabeza de la institución, se dispuso la rehabilitación y ampliación de carriles de la carretera Santo Domingo-Buena Fe, en el concurso público 002-2018-SDBF-MTOP.

En el proceso se incorporaron especificaciones particulares que facilitaron la participación de la TGC que, además, fue la única en presentar su oferta para el proceso.

La intervención de 113 km., desde el anillo vial de Sto. Domingo hasta el Cantón Buena Fe, requiere de un aporte de $ 591 millones. Contempla la ampliación de dos a cuatro carriles -un ancho total de la vía en 20,4 metros-, la rehabilitación de los dos carriles existentes, el mantenimiento de la vía y del anillo vial.

Un proceso abierto en Contraloría

La Contraloría General señaló previamente las irregularidades en un proyecto anterior entregado a TGC. Se trata del informe DNA8-0011-2019, Examen Especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.

De acuerdo al informe borrador de Contraloría, el proyecto vial ubicado en Loja y Zamora Chinchipe ocacionó cuantiosos perjuicios al Estado por modificaciones al contrato, pagos no justificados, pagos por trabajos no realizados, incluso defectuosos.

Entre los hallazgos, se habla de cambios en el ancho y materiales de la carretera, dispuestos el 15 de septiembre de 2009 por la entonces Ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, ocasionando perjuicios al Estado por cerca de $ 300.000.

Contraloría también detalla que el pago de la planilla 20 del Tramo 2 se realizó sin la debida verificación de los libros de obra, especificaciones técnicas y demás documentación de respaldo, ocasionó un desembolso no justificado por USD 3’476.434,93. Asimismo, por trabajos no ejecutados en el Tramo 1 y defectuosos en el Tramo 2, ocasionaron que el MTOP pague en exceso USD 634.907,32. En total, los perjuicios al Estado sumaron: 99’711.450.06.

La culpa de lado a lado

Teodoro Calle, vinculado a la firma TGC e investigado por la Fiscalía en el caso Arroz Verde, acusó a Duarte y Walter Solís de chantaje y presiones para hacer aportes al partido Alianza País, para financiar la inauguración de sus obras a cambio del pago de planillas. Esto fue declarado ante la Fiscalía y, según su abogado Jorge Acosta, Calle accedió a pagar el evento de una de sus obras por más de $ 80.000.

La ex ministra Duarte, en su defensa, asegura que las obras que Calle hace referencia: el paso lateral de Loja, y la vía Río Pindo-Amaluza, se terminaron después de que ella dejara el MTOP.