En marzo de este año concluía el plazo para la entrega – recepción definitiva de la Plataforma Gubernamental Financiera, siempre que los problemas técnicos y económicos registrados en la ejecución de su contrato de construcción hayan sido subsanados. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que tampoco se ha realizado su liquidación final.
El 9 de septiembre de 2015, Salvador Jaramillo Vivanco, entonces Director General del SECOB, y Yang Liang como el apoderado general de China CAMC Engineering Co. Ltd., firmaron el contrato de construcción de la obra. El valor a pagar se fijó en $197’975.643,58, sin IVA.
La obra se contrató bajo la modalidad de Plazo y Precio Fijo. Es decir, que no existe reajuste ni cualquier otro mecanismo de variación de precios, pues en su valor ya debe estar cubierto el costo de construcción de toda la obra, el valor de depreciación, operación y mantenimiento de los equipos del contratista y el costo del arrendamiento en caso de ser alquilados, así como el costo de los materiales de la contratista, mano de obra, transporte, señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación ambiental, impuestos, tasas, revisión del diseño, contribuciones y servicios necesarios. Es decir, todo lo se requiera para entregar la obra lista para ser puesta en servicio. Así lo determina para este tipo de contrataciones el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.
Se dispuso además que no se pueden celebrar contratos complementarios y el plazo de ejecución tampoco podía cambiarse, excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Uno de los mayores impedimentos para el cierre contractual definitivo de esta controversial obra es una diferencia a favor del Estado por $22,6 millones en el monto final de la construcción, la cual fue establecida por la Contraloría General del Estado. Por lo que los valores definitivos de pago a la contratista China CAMC Engineering Co. Ltd se emitirán en función de las observaciones realizadas por el ente de control.
En otras palabras sobre el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), entidad contratante, pende una espada de Damocles, pues tiene que resolver cómo pagará el valor total de la construcción a la contratista, cuando la Contraloría ha establecido que el ahorro en favor del Estado es una cifra equivalente al 11,43% del precio del contrato. Esta diferencia es un nivel alto, según expertos consultados por Mil Hojas, en relación al valor contractual que fue de $197’975.643,58 (sin IVA).
Esta, junto a 11 observaciones adicionales, fueron planteadas por la Contraloría en el informe DNA1-0020-2018, aprobado el 20 de marzo pasado. Han transcurrido casi cinco meses desde que los resultados del examen especial se entregaron a los directivos de Inmobiliar y del SECOB, encargados de llevar adelante las etapas precontractual y contractual, respectivamente para la construcción y fiscalización de la Plataforma de Gestión Financiera.
Este contrato, cuya ejecución debió concluir en 510 días contados a partir de la firma del contrato (que terminaron en febrero de 2017), ha tenido 2 prorrogas de un total de 90 días, según el SECOB ha explicado a Mil Hojas, mediante correo electrónico. El contrato se encuentra en la etapa comprendida entre la recepción provisional y definitiva. La recepción provisional, se firmó el 20 de septiembre de 2017 y su plazo de conclusión era de seis meses o hasta que las observaciones sean enmendadas.
Hasta el momento solo tres de las 12 observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría han sido cumplidas. Según el SECOB, las nueve restantes están en ejecución.
Esta megaobra, construida y ensalzada por el ex presidente Rafael Correa y sus acólitos funcionarios, por sus supuestas potencialidades para optimizar el servicio a la ciudadanía y para generar ahorro fiscal, es una jaqueca, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio para usuarios y funcionarios, sino para las actuales autoridades que están al frente de las instituciones responsables de la terminación de los contratos de construcción y fiscalización, así como de la administración del edificio.
Los problemas aparecieron desde los estudios técnicos del proyecto que estuvieron a cargo del Consorcio Naranjo & Balcazar. La Contraloría ha detectado “inconsistencias técnicas en cuanto a los ítems relacionados al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, diseño de jardineras, acceso al bloque 3”.
A criterio del SECOB, la más relevante de estas inconsistencias fue la de cimentación, “la cual no hubiera sido posible realizar de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el sitio. Esto conllevó a que se realice un nuevo diseño validado por el consultor del proyecto”.
China CAMC propuso el rediseño de cimentación de la Plataforma debido a “la imposibilidad de garantizar la seguridad de los obreros en el nivel inferior de la excavación, así como el poco tiempo para ejecutar esta actividad”. La fiscalización a cargo de ESPE Innovativa y la administración del contrato aprobaron la propuesta.
Este rediseño se concretó, no obstante la Contraloría observó que los cambios realizados no contaron con el análisis económico por parte de la contratista, ni fue solicitado por la fiscalización y por el administrador del contrato para los Estudios técnicos definitivos del proyecto.
Por ello el organismo de control concluyó que el administrador del contrato de estudios técnicos, ejecutado por el Consorcio Naranjo & Balcazar, al haber recibido los mencionados estudios con las inconsistencias técnicas mencionadas, incumplió la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, así como los Términos de Referencia del contrato.
La constructora también propuso cambios en el diseño de la estructura metálica del proyecto. Sus argumentos fueron la necesidad de cumplir con normas técnicas vigentes (sobre desempeño sísmico y los niveles de resistencia), optimizar el uso de los materiales, facilitar la construcción y así poder cumplir con los plazos.
La Fiscalizadora aprobó el pedido, precisando que hubo un sobredimensionamiento de la estructura en los cálculos originales del proyecto.
En su examen especial la Contraloría concluyó que: “considerando las cantidades finales utilizadas en la estructura metálica que constan en el hito 6 y aplicando los precios unitarios del presupuesto del formulario 1.5 de la oferta, la diferencia generada por el rediseño en los rubros de perfilería metálica es de $22 645 008,32”.
Esta es la diferencia entre lo presupuestado por la contratista y la cantidad realmente ejecutada. El organismo de control destaca que “el precio del contrato y el presupuesto del proyecto se definieron sobre la base de estudios, diseños y planos originales y si éstos fueron optimizados, sus beneficios debieron evidenciarse en el precio y plazo final del proyecto”.
No obstante, en cuanto al plazo como lo admite el propio SECOB en sus respuestas a Mil Hojas, la obra tuvo prórrogas por 90 días. Es decir, pese a haber concluido el vencimiento de su recepción provisional en marzo pasado, se mantiene en ese estatus, sin que se concrete el cierre del contrato.
La Contraloría cuestionó que las modificaciones en el diseño de la estructura metálica no contaran con un análisis económico de la contratista, del administrador del contrato y tampoco de la fiscalización, ni se hayan dado acuerdos con el contratista sobre los beneficios económicos a favor de la entidad contratante. Por lo que concluye que el valor del precio fijo del contrato, calculado sobre la base de los diseños originales no era real.
Tanto quien fue Director General del SECOB en el período en que se firmó el contrato, Salvador Jaramillo, como el administrador del contrato, el fiscalizador y la constructora China CAMC se amparan en la cláusula 30 del contrato para explicar que no analizaron el impacto económico del rediseño, pues esa disposición solo demanda un aval técnico. Agregan que el rediseño contó con la aprobación de quien hizo los estudios técnicos originales.
Jaramillo fue nombrado director del SECOB (29 de abril de 2015), de una terna presentada por el presidente del Comité del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), que en ese entonces era Vinicio Alvarado Espinel, ex Secretario Nacional de la Administración Pública.
Otro argumento de estas autoridades y contratistas es que si bajo el modelo de contrato de precio y plazo fijos se producen mejoras en los diseños del proyecto, que conlleven reducciones económicas, esto no implica que el monto del contrato varíe.
La Contraloría considera que el administrador del contrato (funcionario del SECOB) y la empresa fiscalizadora, incumplieron las reglas de la invitación hecha a la empresa China CAMC a participar en el proceso, que señalan que el valor de la obra se pagará considerando que se construya con los diseños originales. El administrador del contrato además incumple con la Ley de Contratación Pública y su reglamento General. La fiscalización, el ex Director General y el Coordinador Zonal 9 del SECOB incumplieron varias Normas de Control Interno.
Las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Algunas de las interrogantes que surgen ante este panorama es cómo y cuándo el SECOB e INMOBILIAR lograrán hacer el cierre y liquidación del contrato, con una diferencia tan amplia en los cálculos del valor realmente ejecutado en la obra y lo determinado por la Contraloría?
Si el contratante no se puede beneficiar de ese ahorro, esos $22,6 millones ¿a dónde van a parar?, ¿quién se beneficiará de este presunto ahorro?
Otros pendientes
La Contraloría detectó también, como era obvio, errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado de la calle Villalengua de la Plataforma Financiera. Este tema fue incluido en el examen especial de los auditores luego de la inundación que se registró en la plataforma en mayo de 2017 a pocos días de haber iniciado sus actividades y de ser inaugurada oficialmente.
El primer diseño del colector fue realizado por la compañía JOrtiz S.A. Construcciones. Su contrato tuvo un valor de $36’159,14 y un plazo de 45 días desde su suscripción. Pero a criterio de la auditoría oficial el trabajo de esta consultora tuvo fallas de cálculo en la determinación de caudales y en el dimensionamiento de la sección hidráulica del desvío del colector.
Un segundo diseño fue elaborado por la misma constructora de la plataforma, China CAMC, que percibió por este trabajo $904.988. Pero esta empresa también cometió errores de cálculo y construyó un colector cuya capacidad hidráulica es menor a la requerida, por lo que no cubre las necesidades reales.
La Contraloría recomendó que antes de la entrega definitiva de la obra, el administrador del contrato y la fiscalización verifiquen que la contratista implemente un nuevo ramal del colector de acuerdo a los diseños presentados por SECOB que deben ser aprobados por la EPMAPS…”
Según el SECOB, esta recomendación está en proceso de ejecución. Pero lo que ninguna autoridad gubernamental ha aclarado aún es quién se hará cargo de los costos del nuevo colector. Esto, pese a que “los contratistas de esta modalidad asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. Entre otras obligaciones que asumió la contratista consta que en la obra se utilizará “mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas , emplearán diligencia y cuidado en los trabajos , de tal modo que respondan hasta por culpa leve”.
Hay que anotar también que en el pomposo “estreno” de actividades de la Plataforma Financiera se incumplieron disposiciones municipales. Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que en el gobierno de Rafael Correa se cometió un error en esa megaobra, pues el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos no habían otorgado los permisos de ocupación y habitabilidad y ya se realizó la mudanza hacia la nueva edificación. La funcionaria reconoció: “entiendo que por los compromisos, en su momento del Gobierno anterior, quisieron entregar la plataforma, pues hubo una disposición ya de orden superior de que se trasladaran los funcionarios mientras ese permiso estaba en proceso”.
Esto también fue cuestionado por la Contraloría que dispuso que en futuras obras, podrán ocuparse los inmuebles previa obtención de estos permisos.
La falta de transparencia en la información del proceso contractual y de ejecución de los estudios y construcción de esta obra fue otra de las observaciones de la Contraloría.
En el período del 14 de agosto del 2014 y el 31 de agosto de 2015, plena revolución ciudadana, no se publicó información relevante en el portal de compras públicas sobre: estudios técnicos definitivos del proyecto, el contrato de construcción, el diseño definitivo del desvío del colector, planillas de avance de obra, informes de fiscalización.
Por lo tanto, se incumplió la Ley de Contratación Pública, lo que “ha impedido a la ciudadanía, conocer el desarrollo de los referidos procesos”.
Por ello, el organismo de control recomendó que “para el caso del contrato de construcción de la Plataforma Financiera, se efectuarán los trámites ante el SERCOP a fin de que se habilite la herramienta y se suba la información faltante al portal”.
El SECOB afirma que el sistema de compras públicas realizó un cambio en su configuración, lo que se contrapone al contrato de precio y plazo fijos; ello imposibilitó el ingreso de la información total. El director actual del SECOB, Jorge Wated, solicitó al SERCOP una solución para ingresar la información restante. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que no se podía alterar el sistema actual y que se considerará a posterior una opción para contratos por precio fijo.
Condiciones con las que se financió la obra
Casi 15 días después de firmado este contrato, en un contexto económico adverso en el país para adquirir más deuda y en medio del anuncio oficial de nuevos recortes en la inversión pública de $800 millones, el Gobierno del ex presidente Rafael Correa y la Embajada china anunciaron la construcción de la Plataforma Gubernamental Financiera.
El contrato de construcción de la plataforma financiera, una de las mayores obras asignadas por el Ecuador a China CAMC, fue costeado en su mayor parte con crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB), uno de los brazos financieros de ese país con amplia presencia en la región.
En un documento emitido en 2015 por autoridades del Ministerio de Finanzas se evidencia los condicionamientos a los que el Gobierno ecuatoriano se sometió al firmar el Convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 20 de diciembre de 2012. En oficio No. MINFIN-SEP-2015-0206-0, se destaca que “el Tramo B de la Línea de Crédito III, de China busca financiar proyectos específicos elegibles, dentro de los que se encuentra este Proyecto. Pero precisa que para acceder a esos créditos, el Estado, a través del SECOB, deberá suscribir un contrato de construcción con «cualquier corporación u otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la República Popular de China, o del Gobierno de esta». Se invitó a cinco empresas chinas domiciliadas en Ecuador: GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., CHINA INTERNACIONAL WATER ELECTRIC CORP. y CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD.
Además del mandato que debía cumplir el Estado ecuatoriano respecto a las contrataciones con compañías del país asiático, el argumento oficial para invitarlas fue su “amplia experiencia en construcción de proyectos emblemáticos de infraestructura dentro del Estado ecuatoriano”. Claro, era innegable la presencia de estas empresas por los descomunales montos asignados en contratos a las cuatro primeras invitadas: más de $2.300 millones, de acuerdo con una investigación realizada en 2017 por International Center Four Journalists (ICFJ) y Connectas.
La información sobre las condiciones de este financiamiento fue calificada como reservada mediante un acuerdo ministerial según las disposiciones del entonces mandatario Rafael Correa. Por lo tanto, la fórmula para dar acceso a esa información sería un nuevo acuerdo ministerial, con la previa decisión política del presidente Lenín Moreno. Ello no ha sucedido aún.
¿Quién da más?
Desde que se realizaron los primeros anuncios oficiales sobre la construcción de esta enorme armazón, hasta la conclusión de la obra, se han lanzado una serie de cálculos y cifras sobre su valor.
Durante el enlace ciudadano #362 del 25 de febrero de 2014, el ex presidente Rafael Correa anunció que el costo del proyecto iba a ser de $79,5 millones para la construcción de 91.100 m2. Para abril de 2017, también en enlace ciudadano, el ex mandatario dijo que la superficie de construcción era de 132.824 m2 y el valor total ascendía a $208,95 millones, es decir un costo 2,6 veces más alto que lo declarado en 2014.
Al parecer ese dato tiene como base el monto de inversión que para este proyecto manejaba Inmobiliar en el 2014, con ligeras variaciones: $208´643.148,69. Así consta en su Informe de Rendición de Cuentas de ese año.
En el contrato para la construcción de la Plataforma Financiera el valor de la obra se fijó en $197’975.643,58 (sin IVA). Luego de ello, el SECOB publicó igual monto, especificando que la obra comprendía un área de 132.823,70 m² de construcción.
Mientras en un documento titulado “Informe de Rendición de Cuentas de 2015, Inmobiliar publica que para la construcción de esta obra se firmó un contrato” por $221’732.720,81 (esta cifra ya incluye el IVA, por lo que concuerda con el contrato), también señala un área de construcción de 130.263,86 m2, que es ligeramente menor que la registrada por el SECOB. Aquí menciona que el financiamiento es mediante un crédito chino y recursos fiscales.
El 22 de mayo de 2017, durante la inauguración de la obra, el ex presidente Rafael Correa, en su discurso dijo: «esta plataforma nos cuesta cerca de $225 millones”. Calificó a la construcción como la más grande que se ha hecho en la historia del país en cuanto a edificios. Y enfatizó que no se trata de obras faraónicas, “son obras extremadamente útiles, esto nos ahorra arriendos, dignifica el trabajo de los funcionarios públicos y logra eficiencia”. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el valor de ese ahorro.
Inmobiliar en comunicados difundidos tras la inauguración de la plataforma publicó que el costo de esta edificación fue de $225’550.083,49, pero sin detallar qué incluye esa cifra, pues ni sumando los costos de construcción y fiscalización con IVA da como resultado ese valor.
Si se toma en cuenta los valores que se registran en el contrato de construcción, firmado con China CAMC, que es $197’975.643,58 (sin IVA) y los 130.263,86 m2 de construcción que es la cifra que más se repite en las publicaciones oficiales, se puede estimar un costo por metro cuadrado de esta obra de $1.519,80.
Si al valor del contrato se agrega el de fiscalización, que es $6´929.147,53, da un costo total de $204’904.791, por lo que el valor sería de $1.572,99 por metro cuadrado de construcción.
En cambio, si se toma como referencia, la cifra más alta manejada por Inmobiliar sobre el total invertido en la obra $225’550.083,49, el costo por metro cuadrado de construcción subiría a $1.731,48.
En estas cifras no están incluidos los $800 mil que el ex presidente Rafael Correa, anunció que se necesitarían para la modificación del colector que no soportó la lluvia del 15 de mayo de 2017 y que ocasionó una inundación en el inmueble.
Respecto a estas variaciones, Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar, en entrevista con Mil Hojas, admitió que la obra estuvo contemplada primero para cierta cantidad de metros cuadrados, que no precisó. Pero sobre la base de los $197,7 millones del contrato y los 130 mil m2 de construcción, Rodríguez hizo su propia estimación del costo de construcción del m2 de esta obra en $1.515 y lo comparó con valores de hasta $2.500 por m2 que alcanzan los edificios que se construyen en la zona de Iñaquito para vivienda, sin los servicios que brinda la plataforma financiera. Por lo tanto, para la funcionaria es razonable el costo por metro cuadrado alcanzado por la edificación. Su reflexión apunta a que la Plataforma Financiera cuenta con complementos como locales comerciales; patio de comidas; salones de reuniones, auditorios y las denominadas biomasas que son 4 plazas más una terraza con jardines colgantes. “Es más parecido a un centro comercial que a un edificio de oficinas”, admitió la funcionaria.
Pero no solo las cifras sobre su precio han variado. También el plazo de conclusión de la obra. La gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que la demora en la culminación de la Plataforma Financiera se debió a las condiciones extraordinarias derivadas del terremoto de abril del 2016 que afectó las entregas de materiales. Otro factor que incidió fue un ajuste al requerimiento inicial de la obra, pues el Gobierno anterior pidió el incremento de 450 espacios para aglutinar a más entidades.
Esta gigantesca obra ha estado en la mira pública, especialmente desde la inundación que sufrió en los parqueaderos y las filtraciones por techos y paredes. A los daños que este incidente ocasionó se suman al día a día de esta enorme armazón, percances como la constante rotura de vidrios de los grandes ventanales e incluso del moderno ascensor panorámico y hasta los repulsivos olores que emanan de las alcantarillas que rodean a la plataforma y que están afectando al personal de servicios que trabaja en la planta baja del edificio.
No en vano el actual régimen incluyó a las plataformas gubernamentales, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas y el Municipio de Quito consideró que la Plataforma Financiera debía estar dentro del mapa de riesgos de la ciudad, por la vulnerabilidad de su construcción frente a las lluvias.
Una contratista con polémico historial
El desempeño y las prácticas empresariales de la multinacional CAMC Engineering Co., Ltd han estado en la mira de los organismos de control y de justicia de la región.
En Bolivia, la empresa China CAMC accedió a contratos por $500 millones para la construcción de hidroeléctricas y vías, así como para la provisión de equipos para el Estado. Sin embargo, el accionar de la compañía asiática fue vinculado a un enmarañado tráfico de influencias en el que el presidente de ese país, Evo Morales, salió salpicado. Gabriela Zapata, expareja del mandatario, fue gerente de China CAMC y luego de más de un año de juicio fue sentenciada a 10 años de cárcel, por contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
En Ecuador China CAMC no ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en su informe del 20 de marzo de 2015 (DAAC-0173-2015) identificó fallas y fisuras en la infraestructura de algunos de los centros del ECU-911, diferencias entre valores planillados y verificados, planos que no corresponden a lo verificado en el terreno [6]. Esto, luego de investigar el contrato (045) firmado el 23 de diciembre de 2011, por $61,81 millones, entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, el SECOB y China CAMC para la construcción de los edificios de los centros que conforman el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.
En 2016 la Contraloría determinó que la multinacional no pidió autorización al Instituto de Contratación de Obras (ICO) para subcontratar parte de sus trabajos en los contratos de construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.
China CAMC también ha sido señalada por indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción de seis centros de emergencia del ECU 911. En otro informe de la Contraloría (DAAC-0058-2017) se determinó un perjuicio al Estado por un pago excesivo de $33 millones a las empresas China CAMC y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).
A fines del año pasado, en su informe Nº DNA3-0001-2017, la Contraloría concluyó la revisión de una muestra de proyectos ejecutados con créditos chinos y que alcanzaron los $14.759’.060.883,79. Se auditó el manejo de los procesos de endeudamiento público entre el primero de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, así como el uso de los recursos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB), entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con información del sistema de compras públicas y de la propia China CAMC esta empresa ha participado también en la construcción del hospital de Napoleón Dávila Córdova de Chone. Intervino en el proyecto del parque Los Samanes y en la construcción de la Escuela del Milenio de Yachay. Además ha construido la Universidad Regional Amazónica IKIAM y la Universidad Nacional de Educación.
La ESPE estuvo a cargo de la Fiscalización de la obra
Los procesos pre contractuales y contractuales para la fiscalización de esta obra se concretaron en menos de dos meses.
Luego de que en agosto de 2015 el SECOB invitara a ESPE-INNOVATIVA a la fase pre contractual[7], realizó un análisis de la mencionada empresa pública y determinó que ésta cuenta con experiencia en fiscalización de obras de ingeniería civil, por lo el primero de septiembre de 2015, el Director del SECOB, autorizó el inicio del proceso; aprobó los pliegos, designó a la Comisión Técnica, dispuso que se invite de forma directa a ESPE-INNOVATIVA E.P. y se publique el proceso en el portal de compras públicas, bajo la modalidad de Régimen Especial y con No. RE-SECOB-006-2015.
Una semana más tarde (8 de septiembre de 2015) la Comisión Técnica determinó que la oferta presentada por ESPE-INNOVATIVA E.P., cumplía con los requisitos y recomendó su adjudicación.
El contrato de fiscalización RE-SECOB-006-2015 fue firmado el 9 de septiembre de 2015, por $6’929.147,53 más IVA, con un plazo de 510 días (17 meses).
Salvador Jaramillo Vivanco suscribió el contrato como director general del SECOB y Mario Calderón, en representación de la empresa ESPE-Innovativa E.P.
Esta empresa de las Fuerzas Armadas, creada el 9 de enero de 2015, además de fiscalizar esta obra, ha participado en la consultoría para la actualización de los estudios de riego y drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone; en la fiscalización de la reparación de la vías en la provincia de Manabí, ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la fiscalización de la obra de reparación de la vías en la provincia de Esmeraldas también ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la revisión de los diferentes contratos realizados con la Refinería de Esmeraldas para su posterior liquidación y cierre y en la fiscalización de la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.
Originalmente publicado el
