El asesinato de Carolina, una adolescente de 15 años llevó al develamiento de una red de trata liderada por un hombre conocido como “el abuelo”, alto ejecutivo de empresas petroleras en el país.  No obstante los procesos derivados por la violación y asesinato de Carolina y aquellos por la red de trata tomaron caminos separados a partir de la estrategia de formulación de cargos por parte de los fiscales correspondientes.

La Fiscalía no recibió bien las críticas realizadas en redes sociales a su estrategia de manejo del caso. La liberación de algunos de los inicialmente implicados, ya sea porque fueron sentenciados a medidas sustitutivas o porque se dio dictamen abstentivo originó críticas que fueron respondidas con un comunicado por parte de la Institución

El sexto y último implicado en el delito de violación con muerte de Carolina A. en agosto del 2018, Christian Giler, alias ‘Careniña’, enfrentará la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen el próximo 12 de septiembre y de ser culpable, enfrentaría una pena de 22 años de reclusión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Giler enfrenta la acusación por este delito a pesar de que los resultados de la segunda autopsia realizada a Carolina A. sustentaron la figura de femicidio.

El COIP tipifica en su artículo 141 el femicidio y el 142 establece los agravantes como: Haber pretendido establecer una relación de intimidad con la víctima; que haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones de noviazgo o amistad; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. La pena máxima es de 26 años de reclusión.

Estos agravantes existieron: Carolina A. fue reclutada por Giler en el sector del Comité del Pueblo, se convirtieron en novios y la joven recibió agresiones físicas y sicológicas, fue inducida a la droga y al alcohol y obligada a grabar videos con contenido sexual. El 26 de agosto del 2018 fue violentada y asfixiada y luego lanzada en un terreno baldío del mismo sector en el que ella y Giler se conocieron.

La fiscal de Violencia de Género que arrancó con el caso, Mariana Huilcapi, solicitó la segunda autopsia, pero fue removida abruptamente a otra Unidad Fiscal antes de recibir los resultados del examen.

El ex abogado de la madre de Carolina, Milton Castillo, señaló que la fiscal Paola Córdova, quien reemplazó a la fiscal Huilcapi, “tenía en sus manos la decisión de aplicar los protocolos para configurar los dos delitos (violación más femicidio) porque ya contaba con el testimonio de otras víctimas y con los resultados de la segunda autopsia que confirmó que Carolina fue asesinada de forma brutal y echó abajo el informe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) que concluía que murió de forma natural”.

En etapa de instrucción fiscal se define con claridad si es o no femicidio y en audiencia de juzgamiento se presentan todos los elementos para configurar el delito. “En el caso de Carolina se cuentan con todos esos elementos: Carolina (la noche antes de su muerte) estaba rodeada de adultos, en un ambiente de alcohol, en una condición de vulnerabilidad por ser mujer y menor de edad; los fiscales tenían la obligación de considerar esa vulneración”, refirió Castillo.

Mayra Tirira, del Colectivo Vivas Nos Queremos, considera que en el caso Carolina y otros que se han hecho públicos, existen muchas deficiencias partiendo desde los agentes de la Dinased que carecen de conocimientos, protocolos y metodologías específicas para realizar los levantamientos de cadáveres con enfoques de género; hasta los operadores de justicia que no tienen una clara comprensión del  tipo penal de femicidio.

“Normalmente lo que asocian todos los fiscales, jueces y tribunales es que para que exista femicidio, tiene que haberse dado una relación de poder en el marco de una relación de pareja o ex pareja. Entonces todos los casos de femicidios sexuales no se sancionan como tal, sino por otros tipos penales porque no pueden demostrar, aún en caso de violaciones que existió una relación de poder y peor justificar la razón de género en ese asesinato. Ellos, no tienen mirada de género, no saben cómo calificar y necesitan conocer bien la ley y el marco interpretativo en  relación a los otros tipos penales”, detalló Tirira.

Ninguno de los fiscales que estuvieron a cargo del caso Carolina A. consideraron el delito de femicidio como una opción y sentenciaron a los implicados por otros delitos menores que, según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son sancionados con penas socioeducativas para los menores de edad.

Es el caso de Yulexi T. y Dejaneira C., quienes fueron sentenciadas (con Código de la Niñez y Adolescencia) el pasado 5 de junio por fraude procesal (ocultar indicios al limpiar el cuerpo de Carolina A. y la escena del crimen) y deberán cumplir medidas socioeducativas que consisten en un llamado de atención verbal, la obligación de acudir a reuniones psico-socio familiares y un año de libertad condicional.

Castillo cuestionó al fiscal de menores Arturo Gordillo por no dar paso a sus argumentaciones para la reformulación de los cargos basándose en los relatos escalofriantes de las chicas. Una de ellas, según dichas versiones, se besaba con su novio Antony M. al pie del cadáver de Carolina A.; las dos menores lavaron el cuerpo, la vistieron con otro pantalón porque el de Carolina se llevó una de las menores de edad (la prenda fue utilizada posteriormente, según un video que la familia de la asesinada entregó a la Fiscalía), y luego -junto con Giler y Antony- lanzaron el cuerpo en un terreno abandonado.

Antony M., también menor de edad, fue sentenciado (con Código de la Niñez y Adolescencia) por violación con muerte en el caso de Carolina A. y recibió 8 años de reclusión. Él se negó a todas las pericias ordenadas por la Fiscalía como la entrega de muestras de sangre, exámenes psicológicos, reconocimiento de lugares de los hechos y perfil de identidad para compararlo con los videos de contenido sexual que se encuentran en cadena de custodia. En uno de sus testimonios, el joven relató que tuvo relaciones consensuadas con Carolina A., pero -según su versión- no hubo violencia y negó tener participación en el asesinato. Apuntó como culpable a Giler.

Los jóvenes Jonathan P., considerado también como reclutador de la Red de Trata, y Víctor Hugo Ch., dueño de un bar-restaurante donde llevaban a las menores de edad para emborracharlas en algunos casos, fueron liberados de toda culpa.

Según la Fiscalía, Jonathan y Víctor Hugo, estuvieron con Carolina A. el día anterior a su fallecimiento, pero no durante su violación y muerte. Ellos dieron consentimiento para que se realizasen pruebas de ADN; al comparar sus muestras con los fluidos de Carolina A. no hubo ninguna vinculación y se descartó su presencia física en la escena del crimen, que fue la casa de Christian Giler, y su participación en las agresiones sexuales, según el informe pericial genético forense.

En su testimonio, Jonathan dijo que el 26 de agosto acudió a casa de Giler, pero nunca ingresó a la vivienda y se fue con su amigo a comer encebollados. Pero Milton Castillo, ex abogado de la madre de Carolina A., sostuvo que según uno de los relatos de Giler -registrado en audio y que consta en el expediente- “Jonathan alias ‘Dedos’ sí ingresó a casa de Giler, pero a este personaje se lo protege, impidiendo desde la Fiscalía que cuente todo lo que sabe”.

Castillo insiste en que los fiscales a cargo del caso nunca llevaron una línea investigativa para descubrir la verdad y a los responsables de la muerte de Carolina A. “El caso de Víctor Hugo Ch. la fiscal Paola Córdova lo tuvo guardado alrededor de tres semanas y luego la fiscal Alejandra Sigcha no analizó ni estudió a fondo su participación antes de dejarlo libre”.

Christian Arellano, uno de los abogados del equipo jurídico que representa a la madre de Carolina en este caso de violación con muerte, señaló a MilHojas que su representada aceptó los últimos dictámenes abstentivos de la fiscal provincial de Violencia de Género, Alejandra Sigcha Orrico, y del juez de Garantías Penales de Pichincha, Telmo Molina Cáceres, y por tanto no los apelará, pero insistió que llegarán hasta las últimas consecuencias para descubrir y exigir castigo para quién mató a Carolina A.

Giler, alias ‘Careniña’, según los testimonios y reconstrucción de los hechos en la etapa de instrucción fiscal, se encontró con Carolina A. en el bar-restaurante de Víctor Hugo Ch. la noche antes de su asesinato (25 de agosto de 2018); bailaron, tomaron cervezas y se trasladaron a la casa de Víctor Hugo Ch. en donde permanecieron hasta la madrugada. Giler, Antony y Carolina se dirigieron luego a casa de Giler.

En la versión de la madre de Giler se detalla que, aproximadamente a las 06:00 de la mañana del 26 de agosto del 2018, “se encontraban en el cuarto de Christian una chica y un chico acostados en la cama; ninguna persona adicional”. Giler también se ha negado a entregar sus muestras de fluidos para cotejar con las encontradas en el cuerpo de Carolina A.

Abogados de alias «El Abuelo» bloquean examen psicológico

Dentro del proceso que sigue la investigación del delito de Trata de Personas, derivado del asesinato de Carolina A., la Fiscalía ordenó -el 24 de julio pasado- a la Unidad de Servicio de Atención Integral que remitiera copias certificadas de todas las denuncias contra los reclutadores de menores Julio Erazo, Christian Álvarez y Jonathan P. a la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional.

Sin embargo, no logra que se realice el examen psicológico y de rasgos de personalidad a Royce Phillips, alias ‘El Abuelo’, investigado por liderar la Red de Trata en la que Carolina A. había sido reclutada. Como estrategia de defensa, sus abogados estuvieron ausentes en las citaciones fiscales del 26 de abril, el 9 de mayo y el 22 de julio; decidieron entonces incumplir con esta diligencia solicitada por la Fiscalía.

En un último intento, la Fiscalía contrató a una traductora al inglés para realizar el examen a ‘El Abuelo’ el 5 de agosto próximo e hizo un llamado de atención a los abogados recordándoles que es una “obligación comparecer a todas las diligencias”. Ordenó además que los resultados del examen “sean entregados de forma urgente ya que la instrucción fiscal está a punto de fenecer (11 de agosto)”.

Estos resultados se juntarán a las pericias de los dispositivos electrónicos (teléfonos, discos duros, computadoras) que fueron incautados en marzo pasado, cuando se detuvo a ‘Careniña’ y a ‘El Abuelo’, y que se encuentran en resguardo, según fuentes policiales que prefirieron no identificarse debido a la reserva ordenada por la Fiscalía General en junio pasado.

Dichas fuentes confirmaron que decenas de videos de contenido sexual y fotografías fueron encontradas en los dispositivos electrónicos de los implicados, muchos de ellos grabados en las dos habitaciones de la vivienda que Phillips alquilaba y que, según testimonio de las víctimas, era donde ‘El Abuelo’ les ordenaba ingresar para tener sexo grupal.

Según el Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas, entre enero del 2017 y julio del 2019 se registraron 332 víctimas, el 27% de éstas en Quito (88 víctimas de hasta 35 años de edad).

El caso Carolina A. reveló la existencia de esta Red de Trata que operaba desde el 2015 en el sector del Comité del Pueblo (norte de Quito), pero también evidenció la inacción judicial en otros casos de violación en los que miembros de esta Red estarían también involucrados.

Fiscalía reacciona a críticas en twitter

La Fiscalía General del Estado no acepta críticas. En un boletín escueto emitido el 11 de julio pasado, rechazó los cuestionamientos que le hicieron usuarios de Twitter sobre su accionar en el denominado ‘caso Carolina’ y aclaró que en el proceso por el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual -por el que se investiga a Giler y al estadounidense Royce Phillips- “se han formulado cargos y están vinculadas cinco personas”.

La indignación de los tuiteros surgió por la difusión de informaciones originadas por la Fiscalía que confirmaban que tres menores de edad habían sido vinculados al proceso de investigación sobre el delito de Trata de Personas; jóvenes que reclutaban a menores de edad para embriagarlas, drogarlas y grabarlas en videos de contenido sexual, dentro de la vivienda de Royce Phillips alias ‘El Abuelo’, y que sin embargo recibieron medidas cautelares mientras dure la investigación. Ahora, se presentan periódicamente ante un juez y tienen prohibición de salida del país; mientras a otros dos implicados en la investigación del caso de violación con muerte de Carolina A. se los liberó de toda culpa.

¿Quiénes son los vinculados en el delito por Trata de Personas? Carlos Julio Erazo, quien aparece en una serie de videos publicados en Facebook junto a su jefe Royce Phillips en diferentes lugares: discotecas, la casa de Giler, bares, restaurantes, reuniones de grupo y en la vivienda rentada por el estadounidense en el sector del Quito Tenis, donde se jacta de tener droga; Christian Álvarez, un joven investigado por la violación a una menor de 16 años luego de drogarla; por este caso, personas cercanas a Álvarez han amenazado de muerte a la menor y a sus familiares si continúan con el proceso. Y Jonathan P., otro de los reclutadores de la Red de Trata, según testimonio de las menores de edad recogidos por la Fiscalía.

“La Fiscalía rechaza categóricamente que se utilicen cuentas falsas para causar conmoción social y desvirtuar las actuaciones de la institución, cuya prioridad es velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y por todos los casos que se investigan y que ninguno quede en la impunidad”, detalló el boletín que también se difundió en la misma red social.

El caso Carolina fue conocido por su difusión en las redes sociales. El 9 de marzo del 2019, la cuenta de Twitter del usuario @BorisVianll dio los primeros detalles: “#CasoCarolina 15 años violada y asesinada. Un video en posesión de la @FiscalíaEcuador muestra a los tipos tirándola cual basura. Los asesinos están libres @DefensorPuebloE se niega a ayudar a la familia”.

La Ministra del Interior María Paula Romo, al siguiente día se comprometió, también por Twitter, a pedir información y agradeció al usuario “por la alerta”. Y ese mismo día, la ex fiscal general Ruth Palacios se dirigió a @BorisVianll para solicitarle información sobre el caso para revisarla.

Siete días después se realizó la primera audiencia de formulación de cargos para los seis involucrados: Careniña, Antony M., Jonathan P., Víctor Hugo CH., Yulexi T. y Dejaneira C. Luego de que durante ocho meses, autoridades fiscales y policiales dilataran las investigaciones.