Los alcances del caso Odebrecht en Ecuador están lejos de conocerse y lo pocos documentos que llegan a la opinión pública no ayudan a esclarecer la tramoya de corrupción en la que estuvo envuelto el Estado ecuatoriano.

Este medio accedió a una orden de pago emitida por el estudio jurídico Tozzini, Freire, Texeira e Silva en Sao Paulo, Brasil, que debió ser pagada por un funcionario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, el 29 de marzo de 2017, llamado Luis Alberto Solis Solis.

Luego de que se hiciera pública la trama de corrupción de Odebrecht, Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la presidencia, viajó a Brasil, a inicios de 2017, como enviado especial del Gobierno para recabar información sobre el caso y las denuncias relacionadas con Ecuador.

Mera regresó sin información porque las investigaciones en ese país eran reservadas y “no se puede ir a una oficina judicial en el Brasil a pedir información sobre dónde está el cheque para fulano y zutano” e indicó que había pedido al Ministerio Público Federal de ese país que comparta información de “eventuales actos de corrupción efectuados en el Ecuador en los últimos 30 años”. Ese viaje sirvió para que contactara –y contratara- al estudio jurídico Tozzini Freire.

Tozzini Freire, el estudio jurídico contratado para levantar información sobre Ecuador y Odebrecht

Un mes después, el 2 de febrero de 2017, anunció, junto al entonces presidente Rafael Correa, que habían contratado al estudio jurídico Tozzini Freire para recabar información sobre el caso Odebrecht y su vinculación en el Ecuador.

En el conversatorio con la prensa, Mera rechazó que su viaje haya sido para evitar que se entregue una posible lista de nombres: “Usted cree que soy tan poderoso para ir a Brasil y pedir que no den los nombres. Eso es ser idiota, discúlpeme la expresión”, dijo, en referencia a las acusaciones de corrupción en su contra que hicieran, en noviembre de 2016, Luiz Antonio Mameri, a la fecha, director de Odebrecht para América Latina y José Conceição Santos, director de Odebrecht en Ecuador.

Mameri aseguró a la justicia brasileña que entregó USD 4.8 millones de dólares en sobornos porque era necesario un “acuerdo” que permitiese asegurar una “buena relación con el señor Alexis Mera”; Conceição Santos, por su parte, indicó que esos “acuerdos” se dieron “porque Alexis Mera era una persona relevante, y era conocida por ser una persona bastante vengativa y bastante agresiva en las decisiones dentro de Ecuador”.

Los detalles de cuánto pagó el Estado Ecuatoriano al bufete Tozzini Freire nadie los conoce porque fueron calificados de “reservados”, según declaraciones del propio Mera.

Tampoco se conocen los resultados del trabajo de Tozzini. Hasta la fecha no hay nombres, y mucho menos una lista que señale quiénes fueron los funcionarios ecuatorianos sobornados por Odebrecht.

Todo lo que el país conoce en torno al caso, no ha sido por la propia gestión de Ecuador, sino por la investigación que han realizado otros países, como Estados Unidos y Brasil.

Facturas y pagos por el silencio de Odebrecht

Lo que sí hay en Ecuador son los pagos que se hicieron al estudio brasileño. Este medio tuvo acceso a dos documentos de un pago, realizado el 29 de marzo de 2017.

El primer documento es una descripción de orden, con número 4931/2017, de Tozzini Freire a una persona cuyo nombre está tachado, y con la dirección de la calle Luis Saa.

Más abajo se detalla que se trató por “servicios profesionales”, prestados durante los meses de enero de 2017 a febrero de 2017”, a Luis Alberto Solís Solís por USD 9.600.

Solís fue un experimentado agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, experto en temas cibernéticos. Ganó notoriedad por ser el enlace entre el Gobierno ecuatoriano y la empresa italiana, experta en espionaje, Hacking Team.

Según reseña el portal 4 Pelagatos, Solís “hizo consultas a técnicos italianos para poder ingresar a las cuentas de correos y de Facebook del médico opositor Carlos Figueroa”.

El medio señala que Luis Solís fue el único agente de la Senain que hizo los cursos que Hacking Team dio a los espías de varios países que compraron el paquete tecnológico.

Luego fue contratado como asesor por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano aunque duró poco en el cargo.

El otro documento es una factura dirigida a un “cliente” con código 461060. Cuyo nombre se encuentra tachado pero su dirección está fijada en la calle Luis Saa, N-142, en Quito.

El desembolso se realizó por “servicios profesionales”, detallados en la orden de pago numerada 4931/2017, por 30.732,47 reales, pero que se pagaría en cantidades de USD 9.600.

El banco intermediario de esta transacción fue el Standard Chatered Bank, a través de la cuenta 3544-030205; y el beneficiario fue del Itau Unibanco S.A, por medio de la cuenta 481091100001-12

¿Qué ha dicho la justicia ecuatoriana sobre el caso Odebrecht?

En Ecuador, el único delito que la justicia identificó por la trama de sobornos de Odebrecht fue asociación ilícita. Por esto, en diciembre de 2017, ocho personas fueron sentenciadas a 6 años de prisión: el expresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, Ramiro Carrillo, Carlos Villamarín, Édgar Arias; a los demás acusados, José Terán, Gustavo Massuh y Kepler Verduga se les impuso 14 meses de cárcel.

La justicia ecuatoriana no ha iniciado nuevas acciones por el caso Odebrecht, lo que ha impedido conocer si en esta trama también hubo peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos o delincuencia organizada.