Cuando el actual fiscal Carlos Baca Mancheno, fungía de asesor del presidente Rafael Correa Delgado, visitó al entonces contralor Carlos Pólit Faggioni, preocupado por las auditorías que el órgano de control realizaba a la multinacional Worley Parsons International (WPI), la empresa que según Pólit, dirigió los actos de corrupción más grandes de la historia en la refinería Esmeraldas (REE). “Aquí se protege a esta empresa, yo le recuerdo a Carlos Baca Mancheno que me visitó en mi despacho (…) dijo que venía en nombre del Presidente de la República”, eso le contó Pólit Faggioni, prófugo en Miami, al periodista Rafael Cuesta, en una entrevista difundida por canal Uno, en febrero de 2018.

La reunión se realizó en la Contraloría. En ella participó el equipo auditor y por pedido de Baca se abordaron las auditorías a los contratos de WPI en la refinería de Esmeraldas, precisó Pólit, quien también se refirió al informe con responsabilidad penal por la entrega del bloque petrolero Singue a la empresa Gente Oil, gerenciada por una hija del ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor Morris. Estos dos casos: la operación de Worley Parsons y la entrega de Singue a Gente Oil, tienen un hilo conductor que deja ver una trama de impunidad, ensamblada entre silencios e informes judiciales, en los que aparecen nombres que defienden a acusadores y acusados.

Días después de las revelaciones de Carlos Pólit, el fiscal Carlos Baca crispó el ambiente político al revelar un audio en el que el excontralor conversa amigablemente con el presidente de la Asamblea, José Serrano. En el diálogo (que correspondería al 22 de noviembre de 2017), Pólit vuelve a referirse a la empresa Worley Parsons, pero esta vez denuncia que la Fiscalía se abstuvo de acusar a la referida compañía, a otras contratistas y al exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano, encarcelado por otros delitos. “Imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejan solito a Capaya…”, le dice Pólit a Serrano.

En efecto, el 29 de octubre de 2017, el fiscal Juan Tenesaca, se abstuvo de acusar a Alex Bravo, al empresario Jorge Vivar y al representante de WPI, Raymond Falcón. Seis de los ocho implicados en el informe de la Contraloría fueron exculpados por la Fiscalía del Estado. Solo Carlos Pareja (Capaya) y Diego Tapia, exgerente de Refinación de REE fueron imputados. El caso no quedó ahí. Para cerrar el círculo de impunidad, en febrero de 2018, la fiscal Elba Garzón emitió informe abstentivo y liberó de responsabilidad a Pareja y Tapia. Es decir, todos fueron exculpados.

Carlos Pólit, sostiene que son treinta informes con responsabilidad penal emitidos por él, respecto al proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Entre ellos mencionó el de la empresa MMR-Group, beneficiada con contratos que superan los USD 125 millones, para la rehabilitación del sistema eléctrico, otra obra marcada de corrupción.

Worley Parsons, una pantalla manejada por azul

Worley Parsons International (WTI), es la firma extranjera que dirigió los dos mayores proyectos petroleros del gobierno de Rafael Correa, en los cuales la corrupción y los sobreprecios son la constante: la repotenciación de la refinería Esmeraldas y la fallida construcción de la refinería del Pacífico, que suman USD 3800 millones (USD 1600 RDP y USD 2200 REE). Además, la compañía domiciliada en Houston fue contratada para estudios en las plantas de gas de Bajo Alto y de almacenamiento de GLP de Monteverde.

Solo en REE, WPI se hizo cargo de la fiscalización, supervisión, ingeniería y asistencia técnica, por un monto de 246 millones de dólares. En refinería del Pacífico WPI se benefició de uno de los mayores contratos, el de gerenciamiento, por USD 205 millones. También obtuvo el contrato de fiscalización del acueducto La Esperanza por USD 16.8 millones. Pero WPI fiscalizaba la obra que ella misma diseñó. Sí: el diseño del sistema de transporte de agua para la refinería, fue realizado por WPI/AZUL y construido por Odebrecht. Contraloría cuestionó el proyecto y reveló que Azul hizo la ingeniería con normas API, es decir se construyó un oleoducto para transportar agua, lo cual encareció sustancialmente la obra.

Según documentos revisados por Focus, entre los años 2011 y 2016, Worley Parsons, a través de Azul, fiscalizó cerca de USD 1900 millones en contratos, entre los que se incluyen algunos en los que la propia WPI, sorprendentemente, actuaba como ejecutora de obras y proveedora de servicios: como los contratos de ingeniería para las unidades Merox y Amina, el sistema de drenajes y efluentes, entre otros.

Como se ha dicho, Worley Parsons no realizó directamente el trabajo de fiscalización, ingeniería y otras actividades, sino a través de la empresa ecuatoriana Grupo Azul, un consorcio de propiedad de William (Bill) Phillips, un ex marine norteamericano, condecorado por Rafael Correa, su amigo personal. Phillips es cónyuge de Mónica Hernández, exasesora en Carondelet de Correa y cabeza del extinto Plan Familia.

Azul es una de las organizaciones privadas que más ha lucrado en los años de bonanza petrolera durante el correísmo. Es un secreto a voces que Azul labora bajo el membrete de WPI. Nada se hacía o dejaba de hacer en la refinería, sin la firma de Worley Parsons/Azul. La huella de Alex Bravo en decenas de contratos aparece junto a la de WPI/Azul. De acuerdo con información de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) se pudo establecer que la empresa Tecnazul a través de su gerente, Humberto Guarderas, realizó varias transferencias económicas desde una cuenta del Banco Unión Bancaire Privée, de Geneve (Ginebra, Suiza), a favor de la compañía Girbra, de Álex Bravo. En total se reportan tres transferencias por $2,5 millones y una adicional por $326.366.

El grupo Azul hizo un acuerdo marco con Worley Parsons International y Petroecuador para contratar libremente. Fue una amplia facultad que le otorgó la evaluación de las propuestas. Le permitió, además, discrecionalmente escoger las empresas, indicar los montos, sugerir contratos complementarios, obras, plazos, así como la fiscalización de las obras y contratos, todo esto con el aval de Alex Bravo, Carlos Pareja, Wilson Pastor, Pedro Merizalde, Jorge Glas, Rafael Poveda y Rafael Correa.

Un examen de la Contraloría General del Estado del año 2016 determinó que estas empresas son una asociación, hecho que es ilegal, puesto que las cláusulas de los contratos en la refinería, no permiten esta figura. El informe de Contraloría concluyó además que el personal que labora en la REE, a nombre de Worley Parsons, es nacional: son ex-trabajadores de la planta esmeraldeña a quienes por su labor el grupo Azul les cancelaba remuneraciones máximas de USD 5.000, mientras el Estado facturaba a Worley Parsons, cifras mensuales que llegaban hasta USD 60 mil dólares, por fiscalizador.

El grupo Azul es ahora una poderosa corporación que lleva la administración de un conjunto de empresas en Ecuador que proveen toda clase de servicios del área petrolera: desde provisiones alimenticias, pasando por ventas de maquinarias, consultorías, hasta fiscalización de proyectos. Entre sus empresas se cuentan; Urazul S.A, Azulec S.A., Caterazul S.A (antes Conazul, hoy Caterpremier S.A.), Tecnazul Cía. Ltda, Campetrol, Aurazul, Constrazul, Sierrazul, Impexazul, Cosami Construazul Joint Venture, Headsasa S.A, Sundoor, Ofparis S.A, Deltazul S.A y muchas más.

El rostro de Azul fue el de la Secretaría de Hidrocarburos

Fue el grupo Azul, a través de Ivonne Fabara (que fue presidenta de la empresa Caterpremier), ex Secretaria Nacional de Hidrocarburos, quien habría contactado a Worley Parsons International (WPI) para que presente su oferta de trabajo en Petroecuador. Fabara fue formada en Azul pero su cónyuge Marcos Guayasamín es contratista de las refinerías Esmeraldas y Pacífico, a través de la empresa EJAL, en un cuadro de evidente conflicto de intereses.

En 2014, un informe de la Contraloría (0039-DAPyA-2013) estableció que pese a que la oferta de la compañía South Korean SKEC (firma coreana a cargo de la rehabilitación de la planta) no cumplía algunos requisitos, la fiscalizadora WPI recomendó adjudicarle el contrato que superó los 200 millones de dólares.

Otro informe de ese mismo año, asegura que WPI no fiscalizó los diseños o estudios elaborados por Universal Oil Productos (UOP) ni la calidad de los trabajos que se ejecutaron en el programa de rehabilitación de la refinería la empresa coreana SKEC. A esto se sumó, en 2015, un reporte de los trabajadores de la planta, que detectaron 104 fallas inobservadas por Worley Parsons.

Ivonne Fabara, según su currículo, en representación de Azul negoció la participación de la firma extranjera KBC que mantuvo cuestionados contratos de capacitación y realización de estudios en las refinerías Esmeraldas y Pacífico. En la planta de Esmeraldas, KBC firmó contratos por USD 150 millones, mientras en Refinería del Pacífico, realizó los estudios junto a la firma coreana SK por USD 260 millones. También se sabe que Azul tercerizó los servicios de la compañía extranjera MMR Group, beneficiada con contratos por USD 125 millones para la rehabilitación del sistema eléctrico de la planta de Esmeraldas, otro componente fallido.

La Contraloría, en los informes (DAPyA-0066–2015), concluyó que, Azul y WPI son una “asociación”, sin que Petroecuador hayan tomado acción alguna sobre ese particular.

Información de SRI señala que antes de 2010, Tecnazul pagaba 0,00 en impuestos a la salida de divisas, pero después declaró USD 114.979,88 en 2012; USD 402.645, 36 en 2013, USD 629.447,72 en 2014 y USD 148.049,04 en 2015.

Hasta el 2009 el impuesto a la renta de Tecnazul no superaba los USD 15.000,00; pero, luego de los contratos con Worley Parsons, las cifras subieron abruptamente: en 2012 USD 271.061,10; en 2013 USD 517.186,52; en 2014 USD 914.710,89 y en 2015 USD 829.856, 24. Las cifras dejaban en evidencia que quien operaba los contratos de WPI era el grupo Azul de William Phillips e Ivonne Fabara.

Lo mismo ocurrió con Phillips, quien hasta 2009 no declaraba más de USD 5.000,00 en impuesto a la renta, pero su situación cambió drásticamente, pues en 2011 llegó a declarar USD 973.271 y el 2015 USD 712.240

Según documentos de Contraloría, el gerente de Worley Parsons aseguró que Petroecuador conocía desde la oferta y previo al inicio del contrato, la relación con su empresa y que funcionarios del gobierno autorizaron dicha relación.

Ivonne Fabara, ex secretaria nacional de Hidrocarburos, aparece implicada por delito de peculado por entrega del campo Singue a la empresa Gente Oil, gerenciada por Silvana Pastor, hija de Wilson Pastor. En esta empresa de papel se esconderían capitales nacionales en Qatar.

En 2014, luego de trabajar directamente para Worley Parsons y Azul, y de dejar asegurados los millonarios contratos, fue nombrada por Correa y Glas como Secretaria Nacional de Hidrocarburos. Igualmente, Fabara, en representación de Azul, negoció con Petroecuador los contratos con la firma extranjera KBC.

En definitiva Worley Parsons y KBC solo prestaron los nombres, quien ejecutó los contratos fue Azul.

Los Guayasamín-Fabara y Odebrecht

El dato más revelador se relaciona con la constructora Odebrecht que, entre 2012 y 2013, transfirió 310 mil dólares a la consultora Ejal, según consta en el informe remitido en enero de 2017 al Servicio de Rentas Internas (SRI) por el representante de la firma brasileña, Sandinoel de Freitas Junior. Ejal reporta como sus socios a Marcos Guayasamín Villacís, cónyuge de Ivonne Fabara. En esa firma también participa Sebastián Guayasamín Fabara, hijo de la pareja. Durante los referidos años, Odebrecht fue beneficiada con los contratos de remoción de tierras (USD300 millones) y acueducto La Esperanza (USD 300 millones). Para esta última obra, la firma Worley Parsons (Azul) bajo dirección de Fabara, fue la encargada de realizar el estudio de ingeniería y la fiscalización.

En enero de 2013, el directorio de la Refinería del Pacífico, integrado por Jorge Glas, autorizó, junto a Wilson Pastor, Pabel Muñoz, Pedro Merizalde y Alexis Arellano la contratación de los dos proyectos con la compañía Odebrecht y desconoció informes técnicos que disponían la prohibición de contratar obras civiles mientras no se firme el contrato de financiamiento de la refinería. A esa fecha, el estudio de ingeniería básica apenas tenía un avance del 10%; sin embargo, Odebrecht ya había transferido los primeros sobornos a los representantes del directorio: Alexis Arellano y Fredy Salas, según delación de José Conceicao Santos. Adicionalmente, ya se había pagado a la consultora de la familia Guayasamín Fabara.

Marcos Guayasamín, a través de Ejal, firmó sendos contratos para los dos proyectos refinadores, además de suscribir como representante de la zona franca de la refinería del Pacífico — Zede.

El grupo Azul también se benefició con contratos en refinería Esmeraldas a través de Caterpremier, proveedora de alimentos. La apoderada de la empresa, por supuesto, fue Ivonne Fabara.

La impunidad se extiende al Caso Singue

En agosto de 2017, el contralor Subrogante Pablo Celi, remitió a la Fiscalía del Estado, un informe con responsabilidad penal, por la entrega del bloque petrolero Singue, al consorcio DGC (Dygoil — Gente Oil). La investigación se realizó con base a una denuncia publicada en Focus en julio de 2015. El informe incluye más de 20 ex funcionarios públicos y ejecutivos de las empresas relacionadas acusados del presunto delito de peculado, entre quienes constan: Jorge Glas, Wilson Pastor, Carlos Pareja, Ivonne Fabara, entre otros. Luego de ocho meses de permanecer el expediente en reposo en la Fiscalía, en medio de un ambiente caldeado de acusaciones, el Contralor Subrogante, incluyó en el proceso al expresidente Rafael Correa. Este caso adquiere un matiz especial debido a la presencia del mismo personaje relacionado con la firma Worley Parsons: Ivonne Fabara, acusada por Contraloría, en su condición de exsecretaria de Hidrocarburos. Fabara tiene como defensor al abogado Felipe Rodríguez, el mismo abogado del Fiscal Carlos Baca.

La historia se origina en marzo de 2012, cuando el entonces ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor Morris, autorizó a la Secretaría de Hidrocarburos, la firma del contrato de Prestación de Servicios del bloque Singue, con el citado consorcio del cual formaba parte la compañía extranjera Gente Oil Ecuador Pte. Ltd., constituida semanas antes en Qatar y cuya apoderada es Silvana Pastor Tapia, hija del ex ministro. Gente Oil, aparece también vinculada a personajes que manejaron la firma Ivanhoe, que mantuvo un fallido contrato en el campo Pungarayaku.

El día de la firma, Wilson Pastor, anunciaba las bondades de su obra. Según palabras de Pastor, el Estado tendría un beneficio de U$ 496 millones, un 90.2% de participación en la renta petrolera, mientras las compañías recibirían un 9.8%. Pero las cifras del Ministro solo quedaron en el papel, pues la caída del precio del petróleo desnudó la realidad: el Estado quedó como un mendigo mirando a las compañías privadas llevarse el tesoro, sin zafarse el nudo de la corbata.

En un campo con reservas probadas, pozos perforados, en el cual se requerían pequeñas inversiones, el haber establecido una tarifa de 33,50 dólares por barril (U$/BL), rubro al que se debe sumar el costo de transporte, fue una decisión perjudicial para el país, y configura el delito de peculado.

Debe subrayarse que esa tarifa se estableció pese a que un informe anterior de la Contraloría, sobre el contrato de campo marginal Singue, determinó que el costo promedio de producción durante el período 2008, 2009, 2010 y 2011, era de 7,68 U$/BL, para los referidos campos marginales. En el examen especial referido, Contraloría calificó de exagerado el costo de producción (tarifa) de 7 dólares por barril.

En una carta revelada por el Contralor Pablo Celi, con la cual se sustenta la vinculación de Rafael Correa en el proceso, se informa sobre el cambio de modalidad contractual de campo marginal a prestación de servicios. Este es el aspecto central aún no investigado por la Contraloría: con base a qué estudios se definió aplicar una tarifa de 33.5 dólares el barril si en el contrato de campo marginal, el costo de producción de 7 dólares fue cuestionado por la Contraloría. Además, debe determinarse, con qué justificación se adjudicó el contrato a Dygoil — Gente Oil, si la empresa fue observada por incumplimiento del contrato precedente.

Para varios técnicos consultados, Dygoil sabía de la existencia de mayores reservas en Singue, pero no quiso explotarlas con una tarifa de 7,68 dólares bajo el contrato de campo marginal, por ello, a través del ex ministro Wilson Pastor, quien estuvo vinculado a la referida empresa, impulsaron el cambio de la modalidad contractual a prestación de servicios, con una tarifa cinco veces superior, 33.5 dólares por barril.

Según el contrato, las reservas probadas establecidas por la empresa Geotech para los veinte años de vigencia del contrato de prestación de servicios, era de 4.522.196 barriles. Sin embargo, En menos de cuatro años se extrajeron 4.993.459 millones de barriles, es decir más del total de las reservas establecidos en el contrato para veinte años. A ese ritmo de explotación, la contratista amortizó el 100% de las inversiones (27 millones de dólares) en los dos primeros años. La pregunta que surge es, o sobreexplotaron los yacimientos o fue un fraude técnico para beneficiar a la contratista.

Tarifas pagadas por el Estado a Gente Oil hasta el 2016

Durante los cuatro primeros años de operación el Estado pagó a Gente Oil USD 167 millones 280 mil 781 dólares, de los cuales USD 137.513.445 corresponden a pagos por tarifas hasta el 30 de septiembre de 2016 y USD 27.767.336 por acumulación. Como se puede apreciar, el país recibió apenas USD 71 millones durante los cuatro años, mientras la compañía recibió USD 167 millones, con apenas USD 27.7 millones de supuestas inversiones. Con estas cifras, la pérdida para el Estado bordea los USD 90 millones, una cifra infinitamente superior a los USD 5 millones establecidos por la Contraloría.

El fiscal en conflicto de intereses

En medio de decenas de informes con responsabilidad penal emitidos por la Contraloría del Estado, en los que se advierten sobreprecios y la responsabilidad de los más altos mandos del régimen de Rafael Correa, y audios y revelaciones públicas que involucran al propio Fiscal General del Estado, acusado también del presunto delito de peculado, aparece en conflicto el abogado defensor de Ivonne Fabara: Felipe Rodríguez Moreno.

El fiscal Carlos Baca Mancheno aceptó la defensa de Rodríguez Moreno por la acusación del delito de peculado que sigue en su contra la fiscal Thania Moreno, sin considerar que ese mismo abogado defiende a Ivonne Fabara, el rostro de las contrataciones en refinería Esmeraldas, Odebrecht y el campo Singue. ¿Acaso un funcionario independiente hubiese escogido un abogado defensor que le genere un mínimo conflicto de intereses? Baca no podía aceptar la defensa de Rodríguez al saber que era defensor de Fabara, a quien él debió acusar de peculado.