Más de USD 300 millones de dólares de fondos públicos fueron destinados a gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Rafael Correa Delgado, reveló el excontralor Carlos Pólit, en el programa Artículo 18 de canal Uno. Estos recursos manejados en reserva, no solo fueron destinados a espionaje y contraespionaje, sino también a financiar campañas electorales del partido gobernante Alianza PAIS, encuestas políticas y hasta al pago de honorarios a funcionarios y ciudadanos vinculados el régimen, como la Comisión 30S. En la citada entrevista, Pólit lamentó no haber realizado una auditoría a varios desembolsos efectuados con recursos de la Senain, a abogados que litigan en contra de Chevron, multinacional petrolera que se enfrenta al Estado ecuatoriano en al menos 4 grandes casos internacionales, de los cuales Ecuador ha salido derrotado.

Focus tuvo acceso a documentos donde se registran pagos realizados por la Senain al abogado Pablo Fajardo Mendoza, abonos que serían parte de un acuerdo entre las más altas autoridades del régimen correísta con el referido abogado, quien fue parte del equipo legal -junto a Steven Donziger- del Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) en contra de Chevron-Texaco. Estos acuerdos (remunerados) entre Correa y Fajardo, tuvieron un polémico desenlace el año 2016, como se analizará más adelante.

El año 2013, en el marco de la Operación David, el entonces Secretario Nacional de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, autorizó varias transferencias cada una por un monto cercano a los USD 50 mil dólares, del fondo de gastos especiales de la Unidad de Contrainteligencia, a favor de Pablo Fajardo Mendoza.

El año 2013, la organización de indígenas y colonos amazónicos FDA, obtuvo un fallo definitivo de un tribunal de justicia de Ecuador, que ordenó a la transnacional petrolera indemnizar a las comunidades con cerca de USD 9.500 millones, por graves impactos socio ambientales, durante casi 3 décadas de operación hidrocarburífera. Fueron 59.9 mil millones de litros de residuos tóxicos y 108 millones de litros de petróleo bruto vertidos sobre 2 millones de hectáreas de la Amazonía, según el informe “La verdad sobre la contaminación de Chevron-Texaco en la Amazonía” publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Fue Chevron la empresa que “perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió al menos 1.000 piscinas en la selva, algunas de forma clandestina, donde se arrojaban residuos de todo tipo, como crudo y lodos tóxicos”.

La sentencia contra Chevron

El 14 de febrero de 2011, tras casi dos décadas de litigios, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron debía pagar los 9.500 millones de dólares para la remediación ambiental en la Amazonía. La sentencia fue ratificada por la Corte Provincial de Sucumbíos en 2012 y por la Corte Nacional de Justicia en 2013. Chevron alegó que la sentencia violaba sus derechos constitucionales y emprendió una serie de demandas contra los abogados y líderes demandantes, además de recusación de jueces por presuntas irregularidades cometidas por los magistrados en la sentencia.

En 2013, la sentencia de última instancia ordenó el embargo de los bienes de Chevron en el Ecuador a fin de ejecutar el dictamen judicial; con la sentencia en firme, los demandantes emprendieron acciones para ejecutar el fallo, es así que iniciaron procesos de embargo en países donde Chevron tenía activos.

Embargo de recursos de Chevron

Una de las primeras acciones de embargo de recursos de Chevron a favor del FDA, fue la incautación de USD 112 millones que un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Uncitral) ordenó al gobierno de Ecuador pagar a la multinacional. En esa coyuntura, los demandantes amazónicos, liderados por Pablo Fajardo, con un fallo judicial de la Corte de Sucumbíos, lograron retener a su favor la importante cifra que el gobierno de Correa debía cancelar a la petrolera estadounidense.

Pero un artificio del gobierno de Rafael Correa, confabulado con el mismo Pablo Fajardo, dejó sin efecto ese embargo algunas semanas después: Fajardo actuó a espaldas de sus representados y por condición propia, pidió a la Corte de Sucumbíos cancelar el embargo. Correa, apalancó públicamente la acción de Fajardo y mintió al asegurar que habían llegado a un acuerdo de colaboración con los amazónicos para levantar el embargo. Dirigentes del Frente de Defensa de la Amazonía señalan que nunca se les consultó sobre el tema. Que de haberlo discutido “nunca hubiesen aceptado porque significó una lucha de las comunidades contra el poder de una corporación internacional petrolera”.

Pacto de Correa con Fajardo para levantar el embargo

¿Por qué levantaron el embargo? Porque el Estado ecuatoriano debía pagarle a Chevron 112 millones de dólares por un juicio que demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el año 2006, que no guardaba ninguna relación con el juicio privado que los afectados de la Amazonia llevaron con esfuerzo adelante.

Dicho juicio ganó la petrolera alegando denegación de justicia y demora en procesos judiciales. Según Correa si no cancelaban inmediatamente, Chevron habría incautado las cuentas y los activos que Ecuador tiene en el exterior. El congelamiento de los dineros estatales le hubiesen provocado un colapso en la economía del país y Correa prefirió conculcar la soberanía y los intereses de los pueblos de la amazonia en favor de los intereses de Chevron. De esta forma, el gobierno de Correa que gastó USD 6.4 millones en la campaña La mano sucia de Chevron y que acusaba de “antipatrias” a quienes cuestionaron el uso de recursos públicos en un litigio entre privados, terminó beneficiando a la transnacional.

Pero, como se dijo antes, la verdad radicaba en que Pablo Fajardo, abogado de los demandantes estaba por demás cerca del gobierno de Rafael Correa, al punto de haber recibido dinero de la Secretaria Nacional de Inteligencia, Senain, en un hecho que podría legalmente interpretarse como peculado.

A más del uso doloso de recursos, el haber facilitado fondos públicos a favor de uno de los abogados demandantes, acredita con más pruebas a la acusación de fraude judicial formulada por Chevron en contra del Estado ecuatoriano en una Corte de Nueva York (juicio RICO), en la cual la petrolera obtuvo ya un fallo a su favor. En este proceso la justicia de USA confirmó que la sentencia de Lago Agrio con la cual se obliga a Chevron a pagar USD 9.500 millones, fue alcanzada a través de fraude y por la intromisión de funcionarios del gobierno de Rafael Correa.

Traición a las Comunidades Amazónicas

Fue esa la razón por la que, Fajardo, actuó en silencio y las autoridades judiciales accedieron a su petición en tiempo récord: el 20 de junio de 2016, en horas de la noche, se reunieron los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) Humberto Piaguaje, Justino Piaguaje, Juan Yiyocuro, Roberto Aguinda, Donald Moncayo y Pablo Fajardo, con Alexis Mera, el presidente Rafael Correa, para encontrar una manera rápida de levantar el embargo. No se conocen los detalles de esos acuerdos pero saltó a la vista la agilidad del levantamiento del embargo. Focus conoció que estos pactos estuvieron en conocimiento y contaron con el aval del entonces Procurador del Estado, Diego García Carrión.

Al siguiente día, 21 de junio, el abogado Fajardo tomó la decisión de presentar a la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos un pedido de levantamiento de embargo alegando que conocían del pago que el Estado ecuatoriano debía hacer a Chevron y que en ese “escenario, la falta de pago que podría ocasionarse por el embargo afectaría enormemente la imagen crediticia del Ecuador en el mercado financiero”. Fajardo recalcó que “la vigencia del embargo dejaría al Gobierno del Ecuador como pagador moroso y podría afectar negativamente a toda su población” y que era “voluntad” de sus representados, solicitar “se cancele el embargo (…) en lo que se refiere única y exclusivamente a los 96´355.369,17 U$$ que el Estado Ecuatoriano adeuda a Chevron Corp.”.

A las 2:15 pm de ese día, el pedido de Fajardo fue recibido en la Corte de Sucumbíos, una hora más tarde fue llamado a reconocer el contenido y su firma en el escrito y a las 5 de la tarde todo estaba resuelto: el juez Juan Salazar Almeida, “al no existir impedimento de orden constitucional o legal que impida no aceptar tal requerimiento”, decide que se “cancela el embargo”.

La mano de Rafael Correa benefició a Chevron

El 22 de julio de 2016, el gobierno ecuatoriano pagó a Chevron los 112 millones de dólares. El mismo Rafael Correa relató en una sabatina la expoliación que sufrió el Frente de Defensa de la Amazonia y su lucha histórica por la justicia. Por su puesto la presentó como un acto patriótico para salvar al país: “felizmente, ¿cómo se resolvió el problema?, conversamos con los amazónicos y le dijimos miren, este es el problema, compañeros: Chevron nos quiere quebrar, si ustedes no levantan el embargo, no podemos pagarle, o podemos pagarle, pero se puede ir presa la ministra o el que pague, entonces, por favor, retiren el embargo (…) los amazónicos liderados por Pablo Fajardo, su abogado, con otros compañeros más, pese a su derecho de embargar esa plata, para ayudar al país, porque sabían el peligro que enfrentaba el país dijeron está bien, presidente, nosotros quitamos el embargo, gracias a eso pudimos pagar a Chevron, gracias a eso no quebraron al país”. “Gracias a esa actitud patriótica de los amazónicos que, teniendo derecho a su embargo, dijeron primero la Patria y quitaron el embargo”, dijo Correa.

Los miembros del Frente de Defensa de la Amazonía aseguraron que nunca se enteraron del levantamiento del embargo. En diciembre de ese mismo año, pudieron acceder a los documentos de esa acción en la Corte. Expresaron que fueron “traicionados” por el Gobierno y por el abogado que los representaba. Según ellos, en reiteradas ocasiones “Correa había manifestado públicamente su compromiso de defender al país (frente a los ataques de Chevron) y los derechos de los afectados. Había dicho que no haría nada que perjudicara a las víctimas, pero premió a la misma compañía que había provocado una de las peores catástrofes ambientales”.

Sobre Fajardo dicen que “tomó una decisión sin autorización de sus mandantes”, a quien habían otorgado un poder de procuración, “él era abogado de privados, de los demandantes, no era abogado del Estado, pero actuó como tal”, indica uno de sus principales dirigentes, Hermel Chávez.

Fajardo Mendoza y el Gobierno se justificaron diciendo que debido a la crisis económica que atravesaba el país, el gobierno no podía acceder a créditos externos, ya que, según ellos, Chevron “lo que quería era aplastar al Ecuador, quería incautarnos las cuentas, los activos en el exterior, quebrar al país”, aseguró Correa en su enlace sabatino.

Los amazónicos recuerdan que el Gobierno tampoco los tomó en cuenta cuando se lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron”, pues pese a que internacionalmente se conoció el caso, para ellos significó una “intromisión” del Gobierno en un asunto legal entre privados, “la lucha se había llevado, desde su inicio, sin influencia de ningún partido o movimiento político, pues es una lucha de derechos humanos, pero esta línea se vio afectada con la campaña “La mano sucia de Chevron”, pese a que en ningún momento las comunidades, o sus dirigentes, participaron en ella, salvo unas cuantas acciones en el exterior en las que algunos afectados acompañaron a los voceros de la campaña” señala Hermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía.