Aunque el sentido del asombro se ha ido perdiendo al hablar de corrupción durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, sin embargo, el contrato con la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) por USD 13.7 millones, para la instalación del sistema de dispositivos electrónicos (grilletes), suscrito por el Ministerio de Justicia, no deja de sorprender por “razones” que rebasan la razón:
a) fue financiado con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados; b) la diferencia, solo en el grillete, entre el precio de la empresa fabricante (Megastek) y la intermediaria (Ceiec) es del 800%; c) se simuló un concurso abierto cuando ya estuvo seleccionado el proyecto directamente con la empresa china como parte de la línea de crédito; d) la empresa contratista Ceiec, es una intermediaria cuya experiencia se reduce a dos contratos similares en zonas marginales de China; e) Ceiec fue beneficiada con otros proyectos durante el gobierno de Rafael Correa, con 12 contratos por USD 424 millones, de los cuales 9 están atados a endeudamiento cubierto con petróleo; f) la mala calidad del servicio y de los dispositivos vulneran los Derechos Humanos.
Dispositivos con diferencia de precios del 800%
El 18 de agosto de 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) suscribió un contrato con la empresa CEIEC para la “adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo posicionamiento electrónicos”, por un valor de USD 13.712.456,45.
El contrato fue dividido en 8 ítems: plataforma de aplicaciones y código fuente; plataforma principal de hardware y software base; plataforma secundaria de hardware y software base; dispositivos de vigilancia electrónica (DVE); consola de monitoreo, servicio de comunicación; servicio de instalación y desinstalación y capacitación y soporte técnico.
El ítem 4, “Dispositivo de vigilancia electrónica (DVE)” estableció que cada dispositivo (de libre circulación) costó USD 1.058,00. Esa cifra se obtiene de la suma del valor de cada dispositivo (USD 960,00) más el costo de la licencia permanente de cada unidad (USD 98,00). El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los USD 960,00, porque simplemente se limita a decir “Dispositivo Libre circulación”
Según CEIEC, el equipo ofertado fue el modelo MT200, marca CEIEC, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.
Pero al revisar los valores internacionales de estos productos descubrimos que su valor de mercado oscila entre los $130 y $135. Quiere decir que a cada brazalete de ese modelo (MT200) se le aumentó $825, es decir, que cada dispositivo tuvo más del 800% de incremento.
Este medio hizo una consulta directa a dos ejecutivos en China que distribuyen estos brazaletes; la primera ejecutiva respondió que el modelo MT 110 (por la compra de 1000 piezas) tenían un costo de $100.
La ejecutiva pidió saber cuál era el mercado de venta final de los equipos, al informarle que era Ecuador, respondió: “En Ecuador tenemos un distribuidor para gestionar el rastreador de gps en la prisión (MT-110, MT-60x, MT-200x, MT-300), por lo que no podemos recomendar ningún otro tipo de rastreador”. Al preguntarle si era posible contactar a ese distribuidor aquí en Ecuador, respondió “es un proyecto gubernamental”.
En nuevo mensaje se le dijo: “Supongo estamos hablando de la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) porque es la empresa que ganó el contrato con el gobierno de Ecuador para dispositivos electrónicos”. Ella añadió “sí, CEIEC es nuestro socio”.
Otro ejecutivo chino fue consultado por el precio del dispositivo de tobillo modelo MT-200, con las mismas características de los que fueron entregados. Señaló que “para 1.000 piezas, ofrecemos el MT200x (3G) en USD 130, o 500 piezas, ofrecemos en USD 135”.
Las consultas a China permitieron conocer que el fabricante de estos equipos no es Ceiec, sino la empresa Megastek de Hong Kong, quien respondió nuestras inquietudes.
El contrato incluye una “plataforma de aplicaciones y código fuente” por el que se pagó $550.000,00, Este ítem incluye un módulo de reconocimiento facial. Queda la pregunta, ¿por qué se contrató un programa de reconocimiento facial?, ¿acaso los brazaletes que llevan los ciudadanos vigilados incluyen cámaras de vídeo?
El ítem siete, Servicio de instalación y desinstalación costaría, según la oferta económica de CEIEC, USD1.088.000,00.
Este valor fue distribuido en cuatro rubros:
El primero señaló que el Ecuador pagaría USD 100.000,00 para que se instalen los equipos en el centro de monitoreo.
La propuesta económica presentada por CEIEC (la misma que fue aceptada íntegramente por el Ministerio de Justicia) pretendía, de acuerdo a la segunda actividad, cobrar $600.000,00 por la instalación y desinstalación de 6.000 brazaletes.
Esta cantidad no tenía justificación porque el ministerio solo había adquirido 5.000 brazaletes. Cuando la oferta fue estudiada por las autoridades del Ministerio de Justicia en vez de arreglar ese error lo perfeccionaron: en el contrato redujeron el número de brazaletes a 4000 y decidieron cobrar 400 mil dólares por la instalación y otros 400 mil por la desinstalación. En total, USD 800.000.
Este último valor que fue ajustado por el Ministerio de Justicia le permitió a Ceiec mantener el precio de su oferta, que no varió ni en un centavo. Por ejemplo, Ceiec en su oferta pretendía cobrar por la “configuración e instalación o desinstalación de brazalete más rastreador GPS” de 1200 equipos un monto de $204.000. No hemos determinado porque se cobra este valor adicional en 1200 equipos. El contrato tampoco aclara las particularidades de estos brazaletes en comparación con aquellos especificados en el modelo MT 200.
El monto de este rubro ($204.000) fue reducido a $84000 por el Ministerio de Justicia. En términos prácticos recortó el costo de este ítem a $84.000 ($120.000 menos) pero aumentó en los rubros de instalación y desinstalación de las 4000 unidades, lo que les permitió balancear el precio.
Este modus operandi repite y ajusta en el contrato los montos sugeridos en la oferta. Otro ejemplo: dentro del mismo ítem para la “configuración e instalación o desinstalación de brazalete + radio base” de 800 equipos Ceiec pretendió cobrar $184.000, es decir $230 por cada brazalete.
Datos del Ministerio de Justicia, establecen que desde la firma del contrato hasta mayo de 2017 se instalaron 111 dispositivos, apenas el 2%.
Pero en el contrato dividieron 400 equipos (instalación de brazalete + radio base”) a $130 cada uno ($52000) y 400 equipos (desinstalación de brazalete + radio base) a $130 cada uno ($52000). En términos prácticos significó el ahorro de $80.000 pero ese monto ya fue absorbido en la instalación y desinstalación de 4000 por la que se cobró $800.000. Pese a esto, el Ministerio señaló que la oferte de CEIEC “no tuvo errores susceptibles de ser convalidados”.
Todos los valores de la propuesta fueron modificados, de tal manera en el contrato que el precio total nunca varió y se mantuvo en 13.7 millones de dólares. Según datos del Ministerio de Justicia, hasta mayo de 2017 se habían instalado 111 dispositivos. Una nota publicada en noviembre de este año por diario Expreso, señala que hasta la fecha se han colocado cerca de 500 dispositivos.
Este medio solicitó una entrevista a esa entidad para conocer cuántos dispositivos están instalados y cuál es el estado actual del contrato con CEIEC. Hasta el momento nuestra solicitud está siendo procesada.
También se solicitó entrevistas a la empresa china sin que hasta el momento responda esos pedidos.
Contrato pagado con crédito Chino
Las especificaciones técnicas de la negociación indicaron que el contrato fue financiado con la cuarta línea de crédito que el Banco de Desarrollo de China (CDB) otorgó a Ecuador. En abril de 2016, el Ministerio de Finanzas anunció la suscripción del crédito por 2.000 millones de dólares con el CDB, el crédito, según el Ministerio de Finanzas, se dividió en “Tramo A” y “Tramo B”. El primero de hasta 1500 millones, fueron recursos “de libre disponibilidad” y el segundo de 500 millones, destinado a “proyectos de inversión”, es decir a contratos para obras en el país a cargo de empresas chinas.
Los recursos contenidos en el Tramo B de las líneas de crédito no ingresan a Ecuador, se transfieren de la cuenta del CDB a las cuentas de las compañías contratistas chinas.
De acuerdo con los convenios de 4 partes y las líneas de crédito suscritas con China, Ecuador está literalmente obligado a utilizar el Tramo B de esos créditos en contratos con empresas chinas, lo cual, en el caso de la contratación con Ceiec, abona a los cuestionamientos de que al invitar a ofertar a otras compañías, se armó una simulación. “Fuimos utilizados por el Ministerio de Justicia”, señaló el representante de una de las firmas de mayor prestigio internacional.
Dentro del “Tramo B”, el Ministerio de Justicia compró 4.000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 para protección de víctimas, 400 para arresto domiciliario y 500 dispositivos para reconocimiento facial, con el respectivo software de monitoreo, su implementación, instalación e infraestructura.
El proyecto de compra de grilletes desde su inicio se sustentó en la necesidad de encontrar ahorro respecto a los gastos provocados por el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de USD 90 diarios, mientras que con el uso del dispositivo ese valor se reduciría a USD 5.
Por eso resulta inexplicable que el proyecto se financie con una línea de crédito de inversión, cuyo objetivo es el logro de futuras regalías. Se trata más bien de un crédito proveedor, como la mayoría de los entregados por China, y por tanto ingresa al ámbito de la ilegalidad y en contraposición a la Constitución, artículo 290 numeral 3: “Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”.
Correa anunció tecnología china antes de llamar a concurso
El 20 de febrero de 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, invitó, a través de un medio de comunicación, a personas naturales y empresas a manifestar su interés en participar en el proyecto de los dispositivos electrónicos.
Sin embargo, un mes antes, enero de 2016, el expresidente Rafael Correa, se adelantó en anunciar que dentro de su política de “decisiones inteligentes” implementaría “un sistema de vigilancia con brazaletes para presos de baja peligrosidad. En su intervención preguntó a la ministra de justicia Ledy Zúñiga por los dispositivos ¿Este es para muñeca o tobillo?” Es tobillera, presidente. No se ve, es totalmente antialérgica, repondió Zúñiga mientras sostenía un brazalete que, según reportes de esa fecha, de medios nacionales, utilizaba tecnología china.
Lo que la ministra le enseñó a Correa, era un dispositivo para rastreo de ubicación personal, marca MT-60X, fabricado por la empresa Megastek. En el portal de compras chino Alibaba, el de mayor venta en el mundo, se ofreceeste aparato a USD 109 la unidad.
La ex ministra Ledy Zúñiga hizo llegar a nuestra redacción un comunicado que aseguró que ocho empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas: CEIEC (China), Urbandata Cía. Ltda. (Estados Unidos-Bielorrusa); Supercom Ltd. (Israel), Ecuasistemas S.A-3M (Israel), Distribuciones Importaciones y Representaciones Generales S.A. D.I.R.E (España); Huawei Technologys Co. Ltd (China), Securitas Ecuador Cía Ltda. (Canadá) y Track Group INC (Estados Unidos).
En marzo de ese año, las ocho empresas realizaron las pruebas “de concepto” que consideraron: establecimiento de reglas de monitoreo, tanto en software de monitoreo como en dispositivo; instalación de dispositivos y verificación de conexión con el centro de monitoreo (ECU911); seguimiento, vigilancia y control permanente a las actividades previstas a monitorear; pruebas de agua y de daño.
Un empresario que participó de ese proceso, que prefirió no identificarse, recuerda que fue notorio que los equipos de CEIEC no pasaron la prueba de la piscina.
La ex ministra Zúñiga, ahora al frente de la Secretaría Técnica contra las drogas, dijo que el 11 de mayo de 2016 se invitó a las empresas a que presenten sus ofertas económicas, seis de éstas (CEIEC, Supercom, Ecuasistemas, D.I.R.E, Huawei y Track Group) lo hicieron el 18 de mayo de 2016. Pero en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no existe ningún detalle sobre este procedimiento.
Zúñiga señaló que el Ministerio de Justicia solicitó a las empresas que propongan las fuentes de financiamiento con las que eventualmente el gobierno podría contratar la adquisición de los dispositivos. Fue CEIEC, según el comunicado, la que “planteó una propuesta económica de lo más conveniente y presentó como fuente de financiamiento el crédito, de gobierno a gobierno, con el Banco de Desarrollo de China, razón por la que solicitó al Ministerio de Finanzas confirmar la disponibilidad presupuestaria de recursos”.
El 26 de julio de 2016, el subsecretario de reinserción social del Ministerio de Justicia recomendó “que se invite de forma directa a la empresa estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC)” para que “participe y presente su oferta dentro del proceso contractual”.
El 29 de julio de 2016, la ministra de justicia subrogante resolvió que la contratación sería por régimen especial, la decisión sacó de juego al resto de participantes y se inició el proceso con CEIEC para que presente su oferta técnica y económica.
El acta de evaluación y calificación de la oferta, del 3 de agosto de 2016, señala que el “02 de agosto de 2016 se realizó la apertura del único sobre presentado, que contiene la oferta de la empresa China National Electronics Imp. & Exp. Corp. Ecuador (CEIEC)”.
El 3 de agosto de ese año, Ledy Zúñiga adjudicó el contrato a CEIEC. De las ofertas, calificación y participación de las demás empresas, este medio únicamente obtuvo un cuadro comparativo entregado por Zúñiga Rocha.
Un empresario que participó con su compañía señala que luego de las pruebas de concepto, “nunca más les volvieron a llamar”.
Queda la pregunta para las autoridades del ministerio: si a inicios de enero de 2016, se habló de la compra de 4.000 brazaletes y que éstos “emplearían tecnología china”, ¿por qué se armó un show invitando a participar a las otras empresas si finalmente no iban a contratar a ninguna que no fuese CEIEC?
La actuación del ministerio contradice varias normas, una de ellas es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que en su artículo 9, numeral 22 dice que constituye infracción y están prohibidas aquellas conductas que “impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica”.
El monto total del proyecto se estableció en un inicio en USD 18.014.369,98. De éstos, 14.08 millones serían financiados con el crédito externo y los restantes con recursos fiscales. La exministra señaló además que una de las razones para haber adjudicado el proyecto a Ceiec fue que dicha empresa había instalado el sistema ECU911, el cual sería utilizado para el monitoreo.
Profesionales consultados aseguraron que el tipo de tecnología del ECU911 no era un condicionante para contratar con la misma compañía el servicio de dispositivos electrónicos. De no ser así, se preguntan, ¿por qué invitaron a otras compañías?
¿Quién estableció los 18 millones del contrato?
El precio de la contratación lo determinó el Ministerio de Justicia en 2014, cuando realizó el primer estudio para la compra de dispositivos electrónicos. El organismo estatal estimó que un total de 5.654 personas podrían ser beneficiarias de la implementación de los dispositivos de geo- posicionamiento electrónico. El precio del proyecto lo detalló así:
En el componente 1, se incluyeron rubros para: la implementación del centro de gestión y monitoreo ($ 2.344.859,95), la dotación de dispositivos de vigilancia electrónica ($3.738.649,51), el equipamiento para monitoreo de dispositivos de vigilancia electrónica ($36.838,82) y servicios complementarios para el funcionamiento del sistema de monitoreo (899.148,48).
Se debe resaltar que el rubro dotación de dispositivos, por $3.7 millones, cubría la compra de 5.654 dispositivos, sin activar, es decir un valor unitario de $661, 24. Pero el costo total de cada equipo activado, listo para ser anexado al sistema del ECU911, sería de $1.241, 5.
El componente 2, incluyó dos rubros: $899.148,48 para “capacitación a jueces” más $45.692,31 para “capacitación a funcionarios de Judicatura y Fiscalía”. El componente 3, señaló que $7.921.502,75 serían destinados para el monitoreo y vigilancia a las personas que usarían el dispositivo, es decir lo que más costaba en este proyecto eran los “contratos con el personal a cargo del monitoreo”. Los otros $2.913.447,40 serían destinados a “contratos de servicios de conectividad, contratos de servicios de mantenimiento” e “informes de monitoreo”.
Este medio revisó el proceso de contratación y encontró que, en las especificaciones técnicas del contrato, elaboradas el 6 de junio de 2016, ya mencionaban a CEIEC. La hoja 6 de las especificaciones técnicas señaló que el contrato sería financiado con dinero del Banco de Desarrollo de China. El 6 de julio de 2016, el Ministerio de Finanzas, comunicó a la ministra Zúñiga, “sobre la autorización para el financiamiento externo para el proyecto “Implementación de dispositivos de geo posicionamiento electrónico en el Sistema de Ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal”, por el valor de $14.088.313,51 con crédito externo, del Tramo B de la Línea de Crédito IV.
Un contrato con imprecisiones
El objeto del contrato señalaba que la empresa debía “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios” los siguientes dispositivos de vigilancia electrónica: “3.000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos de vigilancia electrónica para protección y 400 dispositivos de vigilancia electrónica para arresto domiciliario”; además de:
Sin embargo, y a pesar de que el objeto del contrato señala que son 4.000 dispositivos, el precio del contrato dice otra cosa: allí se detalla que se cobró por 5.500 dispositivos: 4.000 de libre circulación, 600 para víctimas, 400 para arresto domiciliario y 500 dispositivos para reconocimiento facial.
¿Por qué no se incluyeron 1500 dispositivos más en el objeto del contrato?
“Usted no puede bañarse más de 8 minutos”
“Usted no puede bañarse más de 8 minutos y si lo hace, póngase una funda”, le dijo a Fernando Villavicencio el funcionario del Ministerio de Justicia que le colocó el grillete. Además, le prohibió el ingreso a ríos y piscinas. Algo similar le informaron al ex legislador Cléver Jiménez, que también lleva un dispositivo en su tobillo. Jiménez nos contó que recibe llamadas constantes de funcionarios del Ministerio de Justicia -cada 8 horas en promedio- y por razones distintas.
Las más recurrentes: advertirle que cargue el equipo y preguntarle sobre su ubicación. Para Jiménez resulta sorprendente que le pregunten por su ubicación, cuando el equipo tiene un Gps. “O el equipo no funciona o pretenden alterar mi tranquilidad”, sostiene.
Según los términos de negociación, los dispositivos deben garantizar que las personas puedan acceder libremente a piscinas, ríos o al mar, por un período de hasta 1 hora, con un nivel de inmersión de hasta 1,60 metros de profundidad, lo cual en el caso de los equipos de Ceiec no se cumple.
En el caso de Villavicencio, el primer dispositivo fue cambiado debido a fallas en la operación. Él igualmente cuestiona las constantes llamadas, cada 6 horas, a pedirle que cargue el equipo. De acuerdo con los términos técnicos, la batería tiene una duración mínima de 15 horas.
El rubro Capacitación estableció un costo de 54.000,00. “El proveedor realizará un programa de capacitación” dirigido a jueces, fiscales, funcionarios del SIS ECU 911, Policía, personal del MJDHC y del proyecto DVE.
El documento también señaló que este “proyecto de inversión” contó con el aval técnico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, con el aval del Ministerio Coordinador de Seguridad, y el dictamen de prioridad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), y el Ministerio de Finanzas que fue la institución que emitió la autorización para el financiamiento del proyecto. Con la firma del contrato se entregó el anticipo del 70%.
Una investigación de diario El Universo develó que CEIEC obtuvo doce contratos en el país, nueve de ellos financiados con dinero proveniente de los créditos chinos. La compañía china, desde 2011 hasta 2017, facturó un total de USD 424.079.831,70.
