Con las cifras económicas en rojo y llevado por una extraña desesperación de pagar los bonos global 2015 –cuyo plazo vencía el 15 de diciembre de ese año- el entonces presidente Rafael Correa Delgado, impulsó una de las mayores aventuras contractuales de su gobierno: la entrega a la transnacional Schlumberger (Shaya), del campo petrolero Auca (bloque 61) -considerado desde hace 50 años una de las “joyas de la corona“– a cambio del desembolso de USD 1000 millones, en calidad de “derecho intangible“, una novedosa figura con la que, se maquillaba una atípica operación de endeudamiento público. La importante suma ingresó al Ministerio de Finanzas luego de registrarse en los libros de la empresa pública Petroamazonas, como una de sus cuentas por pagar.
A esa fecha, el mismo Correa reconocía el liderazgo y la eficiencia de los funcionarios encargados de la operación: “La negociación fue muy exitosa. Felicitaciones al vicepresidente Jorge Glas y su equipo“, expresó.
Efectivamente, un día antes (14 de diciembre de 2015), bajo la dirección de Jorge Glas Espinel (actualmente preso por asociación ilícita en el escándalo Odebrecht), a puerta cerrada, se rubricó el contrato de servicios específicos, con una supuesta inversión de USD$4.900 millones, cifra en la cual se incluía el anticipo de $1000 millones.
La urgencia de sellar el negocio fue corroborada por el entonces ministro de Hidrocarburos y presidente del Directorio de Petroamazonas, Carlos Pareja Yannuzzelli, actualmente también recluido en prisión por corrupción: “Jorge Glas nos decía todos los días que entregáramos como sea Auca y Sacha porque no había dinero en la caja fiscal“, reveló Pareja, en febrero de 2017. Pese a las críticas del exministro, fue él quien autorizó y defendió la firma del contrato con Schlumberger.
Tanto el monto por derecho intangible como los otros rubros (Opex y Capex), serían recuperados a traves de una tarifa de 26 dólares por barril, de la producción total del bloque que bordea los 67 mil barriles diarios. Es decir, la compañía empezaba a recibir $1.8 millones diarios, a raíz de la firma del contrato. Así las cosas, algunos especialistas dudaban de las inversiones, pues consideraban que del mismo cuero saldrían las correas.
A la firma del contrato, Auca alcanzó una producción de 24,5 millones de barriles anuales, lo que representaba un 19% de la producción de todos los campos de Petroamazonas, solamente superado por el campo Shushufindi. Los costos de producción históricos de Auca han sido de los más bajos del continente, entre 4 y 9 dólares por barril, hasta el año 2009, en que se dispararon hasta bordear los USD 30 en el contrato con Schlumberger, incluyendo costos operativos de Petroamazonas, transporte y aportes por las leyes 10 y 40.
La desesperación por conseguir los $1000 millones, encegueció a propios y extraños. Tanto las autoridades del gobierno como los ejecutivos de Schlumberger, se olvidaron considerar en su modelo económico que, la producción del campo Auca, estaba comprometida hasta el año 2024 para pagar los créditos suscritos con China y Tailandia, y ahora, con la caída del precio del crudo, prácticamente el país se quedaba, no solo sin ingresos petroleros, sino con saldos pendientes. En otras palabras, no había petróleo para pagar a Schlumberger, peor para cubrir los costos de Petroamazonas. Este coctel explosivo, de pagar deuda con un barril de petróleo cuyo costo de producción, en algunos casos superaba al precio internacional, había llevado al más productivo campo petrolero y a la propia empresa, a una situación de inminente quiebra.
Aunque no lo quieran reconocer, la quiebra ronda Petroamazonas. Una deuda acumulada de $ 2.500 millones al cierre de 2016, de la cual solo Schlumberger reclama cerca de $ 1.100 millones, es una muestra inocultable. Y para completar el cuadro de tragedia, Petroamazonas pactó con Schlumberger, pagar la deuda, con nueva deuda. Al cierre de esta edición, el gerente de la empresa pública, anunció que colocará bonos por $ 350 millones para pagar una parte del pasivo; además, acordó cancelar $ 250 millones en cuotas desde enero del 2018 a una tasa de interés del 4 por ciento, todo esto en el marco de un acuerdo general que le permitiría cubrir $ 850 millones a la contratista. La diferencia para cancelar la deuda total con la petrolera se haría en efectivo y en títulos emitidos por el Banco Central.
En la tarea encomendada por Rafael Correa y Jorge Glas, se destacaban los cuadros principales del staff petrolero del gobierno: Rafael Poveda Bonilla, Carlos Pareja Yannuzzelli, José Icaza Romero, José Luis Cortázar, Paula Piedra, y la asesoría de los bufetes, Hogan Lovells (José Luis Vittor) y Bustamante & Bustamante (Bayardo Poveda y Daysi Ramírez). Ellos formaron parte del exitoso equipo negociador que hizo malabares juridicos, técnicos y económicos, para cumplir con el desafío de los dos mandatarios: pagar bonos global, cubrir sueldos y supuestamente garantizar la estabilidad operativa del campo.
Según la investigación de Focus este contrato le significaría a Schlumberger ingresos netos de $7.774 millones, durante los 20 años de vigencia, mientras los ingresos del Estado estarán sujetos a los vaivenes de los precios del petróleo. Por los $1000 millones de derecho intangible, Schlumberger recibirá $1536 millones en los 20 años de contrato.
A los 26 dólares de tarifa, el Estado debe asumir, a través de Petroamazonas, el 46% del costo de operaciones, aquellas relacionadas con las actividades de superficie. Según Contraloría, el costo operativo sería de 5,71 U$/BL, esto significa que la empresa pública incurre en gastos operativos, adicionales a la tarifa reconocida a la contratista, lo que incide en la estructura general de costos y gastos de la operación del bloque. Así, entre los 26 dólares de la tarifa a Schlumberger, los costos operativos de Petroamazonas, el transporte por el oleoducto y los aportes por las leyes 10 y 40, al país le cuesta alrededor de 30 dólares producir un barril del campo Auca.
Adicional a la tarifa que recibe Schlumberger en el bloque 61, Petroamazonas adquiere a la multinacional equipos y servicios de forma directa para la operación de ese y otros bloques y campos bajo su control.
EL INFORME DE CONTRALORÍA
Según el organismo de control, el proceso se marcó en un tiempo récord. Inició apenas tres meses antes de la firma del contrato, el 3 de septiembre de 2015, con la suscripción de un memorando de entendimiento (MOU) entre el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla y el apoderado de Schlumberger Ecuador. Los mismos protagonistas, veinte días después, el 23 de septiembre, firmaron un Term Sheet 1 (Carta de Intención), la cual estableció la entrega de toda la información técnica del campo. De acuerdo con el informe de Contraloría, el convenio y el Term Sheet 1 no contaron con la aprobación del Directorio, otra irregularidad.
En este punto se ubican dos hechos destacados: la firma del convenio (MOU) con Schlumberger estuvo a cargo de Rafael Poveda Bonilla, a la fecha, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, mientras la definición del marco jurídico y la validación de la cuestionada figura de “derecho intangible“, estuvo en manos de Bayardo Poveda Camacho, de Bustamante & Bustamante, primo hermano del ministro. La asesoría de Poveda Camacho, le costó a Petroamazonas 150 mil dólares, pero el contrato se firmó el 10 de diciembre de 2015, extrañamente, un día después de concluida la negociación.
Entre las observaciones del organismo de control, se destaca que, con fecha 5 de noviembre, Schlumberger entregó “el proyecto“ de optimización y operación del bloque 61, un documento de solo tres páginas, en el cual se determinó el tipo de contrato, el operador, el apoyo a operación (Opex), el plazo y el ingreso de la contratista sobre la base de una tarifa por barril, considerando la producción total del bloque, es decir cerca de 67 mil barriles día, a partir de la firma del contrato y por 20 años. Al día siguiente, 6 de noviembre, el Directorio de Petroamazonas, “tomó conocimiento“ de la propuesta presentada por Schlumberger. Aunque Contraloría sostiene que el Directorio conoció, pero no aprobó la contratación directa.
Con el aval del máximo organismo de Petroamazonas, el 27 de noviembre, el gerente José Icaza Romero, dispuso la preparación del informe de motivación para el Comité de Contrataciones (CC). Días después, el CC resolvió acoger el informe y autorizar el inicio del proceso de contratación. Horas más tarde, Icaza designó la comisión negociadora, integrada por gente de confianza: José Luis Cortazar, Mónica Cushicóndor y Germán Pillajo.
Mientras la comisión trabajaja el informe, José Icaza, no perdió tiempo: el 1 de diciembre, solicitó al ministro de Finanzas y al gerente del Banco Central, la autorización para que se proceda con la apertura de una cuenta en el Banco of China del paraíso fiscal de Panamá, para pagar la tarifa a la contratista. En el mismo banco en el cual se depositan los recursos provenientes de la venta del crudo adjudicado de Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Sin demora, ese mismo día, el ministro de Finanzas, emitió el informe favorable para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorice la apertura de la referida cuenta.
Para el 11 de diciembre de 2015, todo estaba listo. Ese día, la comisión negociadora presentó su informe, en el cual recomendaba que el modelo de negocios propuesto, debía realizarse a través de una contratación directa. Horas después, el Comité de Contratos, resolvió “acoger el informe de la Comisión Negociadora y recomendar a Icaza, obtenga la autorización del Directorio para la contratación con Shaya Ecuador, empresa creada días antes. A renglón seguido, el gerente, tras acoger las recomendaciones, elevó el informe a consideración del Directorio. Casi sin respirar, minutos después, el Directorio emitía la resolución 034-DIR-PAM-2015–12–11, autorizando la firma del contrato.
En Carondelet, el trabajo también era intenso. El mismo 11 de diciembre, Rafael Correa, emitía el decreto 844, introduciendo polémicas reformas al Reglamento para Aplicación de Ley De Régimen Tributario Interno (RLTI): la creación del novedoso “derecho intangible“ y la vía libre a que Shaya Ecuador, pueda amortizar los $1000 millones de crédito con la producción total del bloque, durante los 20 años de vigencia del contrato, a través de una tarifa de 6,25 dólares el barril (US/BL), incluida en la tarifa global de 26 U$/BL.
Además, por obra y gracia presidencial, se liberó a la compañía del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de contar con un criterio favorable de Ximena Amoroso, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien emitió un informe al filo del 10 de diciembre. Sin esa reforma tributaria, la contratista tenía que pagar impuestos adicionales sobre un monto de aproximadamente $ 800 millones, que corresponde al ingreso por tarifa. De acuerdo con el contrato, Petroamazonas emitió una factura por el valor total de “derecho intangible“, es decir por los $1000 millones, que solo se registraron en los libros de Petroamazonas, aunque pasaron directo al Ministerio de Finanzas.
Las reformas de fondo para adaptar la normativa a las necesidades financieras del régimen, las completó el gerente de Petroamazonas, José Icaza, incorporando en un simple Manual de Procedimientos, la figura de “derecho intangible“ y obligando a la empresa pública a pagar una tarifa no por la producción incremental, como se hizo con otros campos, como Libertador y Shushufindi, sino por el 100% de la producción del bloque 61. De esta forma, el gerente con una modificación a una norma inferior, convirtió un contrato de Obras, Bienes y Servicios Específicos, en un contrato de exploración y explotación de petróleo, contemplado en la Ley de Hidrocarburos.
Esta modificación de la normativa hidrocarburífera, para facilitar la utilización de los $1000 millones en actividades distintas a las de la empresa pública, contradice lo establecido en el artículo 315 de la Constitución, la cual garantiza la autonomía de Petroamazonas, y dispone que solo los excedentes no invertidos o reinvertidos podrán pasar al Presupuesto del Estado.
