Lafattoria S. A. es un nombre popular para todos los presos del país. Ellos saben que es la empresa que, diariamente, se encarga de su alimentación. Desde 2011, esta compañía provee a escala nacional el “servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto”.
El portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que registra datos a partir de 2012, señala que hasta el año 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos. De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un total de $ 92 millones de dólares.
Solo en 2016, Lafattoria se adjudicó $ 38 millones en tres contratos. El primero firmado en abril por $ 8.8 millones más un complementario firmado en julio por $ 2. 6 millones y el último suscrito el 29 de diciembre por $ 26. 6 millones.
El responsable de todos los procesos de contratación es el Ministerio de Justicia, dirigido desde marzo de 2014 por Ledy Zúñiga, pero esta secretaria de Estado ideó una regulación para evitar su responsabilidad en las contrataciones futuras: el 18 de julio de 2014 emitió el acuerdo 0456 que delegó todas las atribuciones de creación de necesidades, elaboración de términos de referencia y procesos de contratación a la Coordinación General Administrativa Financiera de esa cartera.
Bajo esa condición, Zúñiga dio rienda suelta a la danza millonaria de contratos de Lafattoria. Las ganancias de este grupo se reflejaron en las declaraciones al impuesto a la renta, en los que se establece que sus mejores años fueron 2013, que pagó $511 mil dólares; 2014 en que canceló al Estado $977 mil dólares y 2015 que entregó al SRI $707 mil dólares.
Según la Superintendencia de Compañías, Lafattoria fue constituida en febrero de 2008 y se dedica a la “administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…”. Sus accionistas son la compañía Asesoría Empresarial Riasem S. A, (Riasemsa) y Richard Augusto Villagrán Freire, de nacionalidad estadounidense, quien es su actual administrador.
Riasemsa por su parte se dedica a la “compra de activos financieros, acciones o participaciones de otras compañías”. Sus dueños son Rosa Mueckay Morales y Richard Villagrán Freire, que tiene también el cargo de administrador.
Riasemsa a su vez es accionista de otras nueve empresas: Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provision De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A.
Todas estas, a excepción de Acerinox y Provisali (cuyo administrador y accionista es Arturo Ibarra Freire, primo de Villagrán), son administradas actualmente por Richard Villagrán Freire.
La empresa Provisión de Alimentos S.A. Provisali también está relacionada con el servicio de alimentación en los centros penitenciarios, de hecho, es la empresa que administra los economatos, las “tiendas” que venden productos al interior de las cárceles. En las que para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares, dependiendo si es para máxima, mediana y mínima seguridad, en una cuenta bancaria, a nombre de Provisali.
Internos señalan que muchos prefieren no comer lo que les sirven; en vez de ello optan por pedir ciertos víveres en el economato. “Algunos no está comiendo, más están sacando del economato atunes, y comen arroz con atún”, dice un recluso.
Una interna se queja porque el economato del centro penitenciario donde ella se encuentra, vende los productos a un valor más alto que lo que se vende afuera. La esposa de un privado de libertad indica que, en el economato, su allegado debe comprar incluso hasta ropa interior. Si un recluso necesita productos para el aseo personal, tiene la opción de adquirirlos en el economato que administra Provisali, la otra empresa de Richard Villagrán.
Otra empresa que vincula a Villagrán Freire es Logística de Alimentos y Operaciones Food Logistics Foodlog S.A. En esta además aparece como accionista Juan Carlos Acosta Duarte, ex director nacional del Instituto de Provisión de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Villagrán y Acosta son los únicos accionistas de esta empresa.
Acosta Duarte ocupó el cargo de director nacional del Instituto Nacional de Alimentos desde 2009 hasta 2013. Luego de, manera inmediata, asumió el cargo de director Ejecutivo de la misma institución hasta 2016.
Por otro lado Rosa Mueckay Morales es familiar de Luis Mueckay Arcos y de Claudio Mueckay Arcos. El primero fue director de Asuntos Culturales de la Cancillería, asesor del viceministro de Relaciones Exteriores y en febrero de 2016 fue nombrado director de la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Claudio Mueckay fue elegido en 2005 como titular de la defensoría del pueblo. Un año después, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios del delito de peculado al excederse en sus atribuciones.
EL CONTRASTE
En todos los contratos firmados, Lafattoria detalla que el servicio de alimentación es elaborado por un grupo de expertos que incluye a nutricionistas, ingenieros en alimentos, chefs; todos ellos, según la empresa, cuentan con títulos de tercer nivel. Señala además que el menú es variado y está basado en una dieta diaria de 2000 calorías que reúne “valores nutricionales, proteicos y calóricos”.
Según la contratista, este es el menú que los presos consumen en las cárceles de todo el país:
Según fotos que llegaron a Focus Ecuador, alguna comida que se sirve a los reclusos dista mucho de ser la ofrecida.
Desde el inicio de su mandato, Rafael Correa prometió la transformación del sistema penitenciario, “el sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma”, dijo en diciembre del año pasado al recibir el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Discurso que en estos años quienes han pasado por el ministerio de justicia tratan de reforzar. Lady Zúñiga actual ministra de esa cartera de estado en su momento dijo: “antes los gobiernos de turno nunca invirtieron en un sistema penitenciario; creo que cuando pensaban en construir cárceles, pensaban en que no daban réditos políticos y se olvidaban de la población penitenciaria. Los privados de la libertad, como vulgarmente dicen, eran la última rueda del coche…”. José Serrano, en calidad de ministro de justicia en 2011, insistía que “no es simplemente pintar los centros carcelarios y colocar un nuevo candado, es proporcionar una infraestructura adecuada con las seguridades adecuadas, es transformar el Sistema Penitenciario”
Este medio conversó con internos y ex internos de tres Centros penitenciarios del país. A quiénes se les consultó qué alimento recibían a diario. Todos coinciden en que desayunan un huevo cada 15 días.
Una interna de la cárcel de mujeres de Guayaquil, cuyo nombre mantenemos en reserva por las represalias que puede enfrentar en la prisión, señaló que el desayuno consiste en coladas de máchica, o avena en agua, o agua con una pizca de café. “Las bebidas vienen fermentadas. El pan con un pedazo pequeñito de queso. Desayunamos huevo cada 15 días. La fruta hace mucho tiempo nos la cortaron”. Recuerda que hace cuatro años, cuando ingresó al centro de rehabilitación la alimentación era variada: “había pollo, carne, mariscos, ensaladas… ahora…-me imagino- que el Gobierno no ha podido cubrir los montos que le debe a Laffatoria, porque lo que Lafattoria nos da son desechos de comida, muchas veces los pollos son apestados, dañados”.
Y añade: “todos los días comemos agua con choclo, yuca, orégano y col. Muchas veces la comida del día anterior la mezclan con la del día siguiente. Casi a diario usted encuentra pelos en el arroz, gusanos, o gorgojos en las pastas de la sopa”.
En los centros penitenciarios de la Sierra los internos denuncian que es tan fría y sin sabor la comida que les sirven, que se han inventado sus propios métodos para volverla a “recocinar” y “darle otra vida”, otro sabor. “Ellos mismos la cocinan y la aliñan de nuevo”, dice un recluso. Focus tuvo acceso a un vídeo en el que se ve cómo un grupo de internos vuelve a cocinar sus alimentos sobre una tapa de alcantarilla, que cumple la función de parrilla.
Un privado de libertad, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil asegura que su desayuno consiste en “agua con pan”. “A veces traen un pan flaquito que parece empanada con café, pero eso es más agua negra. Aguas de hierba luisa. En la merienda es carne, o arroz con chorizo y agua de café. Y a veces unas cosas que dicen que son pollos, pero no son pollos, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea. Ya hemos hecho huelga pero la cambian un día y al otro día sigue lo mismo”.
Otro ex interno, que en la actualidad se encuentra cumpliendo su per-libertad, señala que un desayuno consistía en un “pan pequeño de unos 10 gramos (que tenía más levadura porque cuando uno lo apretaba, el puño se cerraba sin ningún problema) con tapioca rosada o de coco. Unas coladas horribles. A veces café, o agua de canela o máchica. Otras veces el desayuno era chocolate con pan dulce. Huevo era cada 15 días (y no alcanzaban para todos), a veces nos variaban con una empanada pequeña de harina. Cuando llegó la Fattoria, a la regional nos llegaba un bolón de verde de unos 15–20 gramos. Nunca vi un corviche, ni una empanada de verde”.
“En el almuerzo siempre había el choclo, la col y la papa. Cuando nos daban sopa de pescado, por lo general, era una diarrea general. Y luego venía arroz con seco de salchicha cuencana, en la que se sentía claramente los huesos triturados”.
Focus solicitó una entrevista al Ministerio de Justicia para hablar sobre las denuncias de los presos en cuanto a la calidad de la comida que reciben y los contratos adjudicados a Lafattoria. El pedido se extendió a la empresa de alimentos para hablar sobre los contratos que mantiene con el Gobierno y la calidad del producto que ofrece en las cárceles del país. En ninguno de los dos casos hubo respuesta favorable.
