Mientras el presidente Rafael Correa busca arrugas, barritos y otros defectos a los candidatos opositores, este 15 de octubre de 2016, en el mayor de los silencios, se iniciará la adjudicación de 1486 frecuencias de radio y televisión, en un hecho que no solo podría incidir en la campaña electoral, sino en la historia misma de la comunicación audiovisual en Ecuador.

La subasta a puertas de las elecciones envía un claro mensaje con sabor a chantaje: guarda silencio y asimílate. Muchos radiodifusores perciben esa amenaza como una espada de Damocles.

Pese a que sectores de la sociedad civil como Fundamedios y el Observatorio de Frecuencias, intentaron imprimir un hilo de luz a la oscuridad del proceso, a través de pedidos de información para conocer los detalles del concurso, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL) se negó a transparentar la subasta.

Hasta el cierre de esta edición nadie conocía los nombres de los interesados, menos aún los informes de calificación entregados por la ARCOTEL al CORDICOM. Este concurso se inició el 12 de abril de 2016, en el cual se receptaron 834 postulaciones para acceder a 1486 frecuencias.

En efecto, hace cinco meses la ARCOTEL convocó al concurso público de adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radiodifusión sonora y/o de televisión de señal abierta.

Desde entonces han transcurrido 150 días sin que exista pronunciamiento de la autoridad de telecomunicaciones, sobre los resultados del concurso o al menos sobre quiénes concursaron y por qué frecuencias lo hicieron. El silencio habla mal, levanta sospechas y señala violaciones legales.

ACOMODAN PROCEDIMIENTO

Dos armas afloran en esta batalla por el control de las frecuencias: las leyes de Comunicación y Telecomunicaciones, aprobadas y modificadas en este gobierno. Sin embargo, se puede colegir que a falta de Ley, buenos son los reglamentos, y si algo más se requiere nunca quedará sobrando un ajuste de última hora en alguna disposición de bolsillo. Veamos.

En el numeral 1.1 del documento del concurso se establece como objeto el garantizar la asignación de 1.472 frecuencias del espectro radioeléctrico para operar medios de comunicación social privados y/o comunitarios.

Es necesario advertir que el registro de las frecuencias de radiodifusión sonora y televisión abierta está integrado por aquellas estaciones, cuyos contratos de concesión han vencido; habrán de vencer hasta el 31 de diciembre de 2016; por aquellas que fueron revertidas por la autoridad de telecomunicaciones; así como por nuevas frecuencias puestas a consideración para servir áreas no atendidas con anterioridad.

Queda claro entonces que en el documento con el cual se lanzó el concurso, se introdujo la trampa que permitiría jugar a favor de algunos intereses particulares.

En este caso la trampa es: “habrán de vencer hasta el 31 de diciembre de 2016“, pese a que la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) determina lo siguiente: “Los contratos privados relacionados con el uso y aprovechamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico de radio y televisión abierta, legítimamente celebrados de conformidad con las normas legales y constitucionales anteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, serán respetados hasta la terminación del plazo del contrato de concesión“.

Por otra parte el artículo 107 de la LOC dispone: Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, cuyo plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente respetando la distribución que haga la autoridad de telecomunicaciones para medios privados y comunitarios.

En las bases del presente concurso público, la ARCOTEL inobservó las referidas disposiciones legales, al incorporar al proceso a las estaciones cuyos contratos vencerán hasta el 31 de diciembre de 2016, pese a que la LOC expresamente dispone que el concurso procede para concesiones que hayan expirado.

BENEFICIOS PARA TELEVISIÓN SATELITAL Y GAMATV

Incluso cuando la ley impulsada por el mismo régimen no se ajusta a los intereses, entra la mano del poder a acomodar los procedimientos.

Los resultados dejan ver las huellas de esa intervención, donde los primeros beneficiarios son justamente dos medios de comunicación vinculados al gobierno: Gamatv, canal incautado utilizado en la plataforma gubernamental de medios y Televisión Satelital, de Ricardo Rivera Arauz, tío del Vicepresidente, Jorge Glas Espinel, un canal en el cual el ahora también candidato a la reelección ensayó sus dotes periodísticas, antes de la llegada de la revolución.

El ajuste a las bases del concurso queda claro, cuando se conoce que las dos concesiones caducaban en agosto de 2016, es decir después del 12 de abril fecha en la cual la ARCOTEL lanzó el concurso de frecuencias.

Sin embargo el Presidente Correa, anunció su venta, sin considerar que la grave situación financiera, además de que la concesión estaba prácticamente vencida y que en esa condición el medio no sería valorado adecuadamente.

El canal Gamatv (Televisión del Pacífico) se encuentra económicamente quebrado, de acuerdo con varios informes oficiales y un estudio difundido por Fundamedios: GamaTV: 8 años en manos del Estado, USD 4 millones en pérdidas http://www.fundamedios.org/gamatv-ocho-anos-en-manos-del-estado-dejan-usd-4-millones-en-perdidas/.

Ante esta situación, la mano de la ARCOTEL acomodó el procedimiento a favor de Gamatv, a través de Gonzalo Carvajal, un funcionario medio, con plenos poderes concedidos por Ana Proaño De La Torre, Directora de la ARCOTEL, para decidir el destino de la radiodifusión y televisión en el Ecuador.

Este funcionario es quien suscribe, notifica y resuelve la terminación de contratos de las estaciones de radio y televisión. Actualmente es el jefe del proceso de asignación de frecuencias.

Fue Carvajal quien colocó a Gamatv dentro del proceso de concurso cuando aún no vencía su contrato de concesión al momento de la convocatoria. Con el precio por el suelo, los nuevos dueños del canal incautado, que se comenta caminan por los pasillos del poder, levantarán el vuelo con un gran negocio por los próximos 15 años.

LA MANO DEL PODER FAVORECE A CANAL DE FAMILIAR DE GLAS

Sin embargo, el caso más visible donde Carvajal acomoda el procedimiento para beneficio particular, tiene nombre y apellido, Ricardo Rivera Arauz, propietario de Televisión Satelital de la ciudad de Guayaquil (canal 36 UHF), tío del Vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.

Como se mencionó, la referida concesión se encontraba vigente hasta el 22 de agosto de 2016 fecha posterior a la convocatoria al concurso; es decir, no debían participar en la presente subasta de frecuencias. Sin embargo, al igual que Gamatv, desde la ARCOTEL se introdujeron términos especiales para permitir la participación de Televisión Satelital en el cuestionado concurso.

Parecería que el verdadero interés de ARCOTEL -una entidad creada por inspiración del Vicepresidente, Jorge Glas en 2015- al modificar las reglas del juego para la renovación de frecuencias de radiodifusión y televisión, era favorecer a estaciones como Televisión Satelital, con una concesión del canal de televisión 36 UHF por 15 años, y blindar la concesión ante un posible cambio de gobierno.

Esto es una clara injerencia y ventaja política dirigida a favorecer un interés particular, muy particular.

TRATO DISCRIMINATORIO: VOCES CRÍTICAS SERÁN SILENCIADAS

Con esa misma diligencia no se ha actuado en otros casos, (con excepción de dos que son verdaderamente extraños) y que también dejan al descubierto la injerencia del gobierno de la Revolución Ciudadana en las autorizaciones de radiodifusión y televisión.

Las concesiones de las estaciones citadas caducaron antes de la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que procedía una renovación automática conforme a la anterior Ley de Radiodifusión, sin embargo el anterior CONATEL no la ejecutó, a pesar de que existían más de doscientas estaciones de radio y televisión que cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Radiodifusión, muchas de ellas con más de mil días de caducadas.

Los responsables en su orden de esta sospechosa omisión, fueron los ministros de Telecomunicaciones: Jorge Glas, Jaime Guerrero y Augusto Espín, quienes obligaron de esta manera a que más de doscientas estaciones esperen el concurso de frecuencias, cuando debían ser renovadas como mandaba la Ley.

Pero, siempre hay excepciones, padrinos y bautizados: es el caso de canal Uno Quito (Canal Uno S.A.) y Canal Uno Guayaquil (Relad S.A.) concesionarias de canales de televisión abierta que fueron renovados automáticamente sus contratos por diez años, con la ley anterior, liberándole de participar en el concurso.

Este es el único canal de televisión con cobertura nacional que tiene su contrato vigente gracias a un procedimiento excepcional del ex CONATEL. La cuestionada autorización fue emitida por Jaime Guerrero, a la fecha ministro de Telecomunicaciones y contó con la anuencia de Jorge Glas, responsable del manejo de las telecomunicaciones.

CONFLICTO DE INTERESES DE RIVERA Y GLAS

El nombre de Ricardo Rivera Arauz, ocupó titulares en los medios de información durante el bautizo de la revolución ciudadana (Marzo de 2007), cuando sorpresivamente fue nombrado Intendente de Telecomunicaciones, mientras su sobrino y socio, Jorge Glas, era presidente del Fondo de Solidaridad, entidad que tenía a su cargo el manejo de las empresas eléctricas y de Telecomunicaciones. Esto generó un conflicto de intereses entre el órgano de control (SUPERTEL) y las empresas controladas.

Ricardo Rivera junto con Jorge Glas fueron socios e impulsaron la conformación de un grupo familiar de empresas de telecomunicaciones que incluyen a las compañías TV SATELITAL, TRANSMIDATOS, RALOIN, INGELECTRA y figuraban como socios de TELEVISION LATINA DE MIAMI.

RIVERA Y LOS NEGOCIOS CON EL EX SUPERINTENDENTE PAÚL ROJAS

La designación de Rivera la hizo el Superintendente Paúl Rojas, al día siguiente de ser designado por una mayoría del Congreso de la denominada “partidocracia“.

Voces de Carondelet coincidieron entonces que quien intervino en el cambio del orden de la terna elaborada por Rafael Correa -en la cual Rojas constaba tercero- y además negoció los votos de los legisladores opositores: Sociedad Patriótica, Prian y Partido Socialcristiano, fueron Jorge Glas y el entonces ministro del Interior, Gustavo Larrea.

Rojas fue nombrado Superintendente pese a existir impedimentos legales, al ser propietario de ADVICOM, una compañía proveedora de equipos y servicios de telecomunicaciones.

Hasta horas antes de su designación, Paúl Rojas hizo negocios directos con Ricardo Rivera, representante de Trasmidatos y Televisión Satelital; además, adquirió al tío de Glas un predio para instalar antenas de ADVICOM en la provincia de El Oro.

Una vez posesionado, Rojas transfirió la representación de ADVICOM a Patricio Luna Espinel, primo de Renán Borbúa Espinel, diputado de Sociedad Patriótica y primo del expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa.

Un complejo entramado de intereses y protagonistas se advierte en el manejo de contratos para el equipamiento de medios llamados públicos. En la mayoría de casos aparece la empresa ADVICOM. A raíz de la influencia ganada en el manejo de la Superintendencia por parte de Rojas, los contactos empezaron a generar resultados.

Parte de la estrategia fue introducir técnicos aliados a las instituciones. Un caso muy comentado en el sector de telecomunicaciones, es el de Adrián Haro, amigo personal del Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa y del entonces Superintendente de Telecomunicaciones (SUPERTEL) y propietario de ADVICOM, Paúl Rojas.

En 2007, Adrián Haro, llegó con Paúl Rojas a la SUPERTEL a manejar el área de radio y televisión, años después, Haro fue trasladado en comisión de servicios a la Asamblea Nacional, desde donde lideró el proyecto técnico de radio y televisión, beneficiando con la compra de equipos a ADVICOM, la empresa de su ex jefe.

Posteriormente, Adrián Haro, fue nuevamente requerido en comisión de servicios, esta vez donde su ex compañero de Gamatv, actual Superintendente, Carlos Ochoa. Una vez al frente de la Dirección de Tecnologías de la SUPERCOM impulsó un millonario proyecto de monitoreo de medios, el cual hasta la fecha no ha despegado. En la actualidad, el dicho técnico fue requerido por la ARCOTEL, desde donde actualmente opera.

Uno de los cuestionamientos al tío del segundo mandatario, se basaba en que mantenía una doble e incompatible representación: primero como concesionario de frecuencias de Televisión Satelital ante el CONARTEL (Consejo Nacional de Radio y Televisión), y al mismo tiempo actuaba como Superintendente encargado ante el organismo regulador.

Esto quedó en evidencia en mayo de 2007, una vez que el CONARTEL autorizó la instalación de una repetidora para Televisión Satelital en el sur de Quito, cuando Rivera era Intendente de Telecomunicaciones. Otro conflicto de intereses se presentó en el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), donde Rivera en calidad de delegado del Superintendente debía fiscalizar a las empresas públicas de telecomunicaciones, en las cuales el máximo representante era su sobrino y socio, Jorge Glas.

Las relaciones de Rivera y Glas con funcionarios del gobierno de Lucio Gutiérrez, siempre fueron buenas. Tanto así, que la concesión a favor de Trasmidatos fue autorizada en mayo de 2004, por Augusto Espín Tobar, quien se desempeñaba entonces como Director de Gestión del Espectro Radioeléctrico.

Ya en el gobierno de Rafael Correa, Espín asumió la gerencia de la estatal TELECSA en 2009, empresa que luego fue absorbida por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, cargando un pasivo de 200 millones de dólares.

Luego Augusto Espín se puso al frente del Ministerio de Telecomunicaciones y actualmente es el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. Todo parece indicar que al comienzo del gobierno de Correa, fue la mano de Glas la que condujo a un grupo de ex funcionarios de Gutiérrez a enrolarse en la revolución ciudadana, entre los que se destacan Augusto Espín y Jaime Guerrero.

Se conoció que el registro de los nuevos dueños de estaciones de radio y televisión incluye a ciudadanos relacionados con el partido oficialista, personas vinculadas a legisladores, cantantes y organizaciones sociales carcanas al régimen.