3 enero, 201933min
El día 5 de diciembre de 2018 una llamada telefónica desde Carondelet a la Secretaría Nacional del Agua – Senagua, dejaba en claro quién tiene preferencia sobre el acceso al líquido vital: o los 13.750 campesinos productores del Río Dulcepamba, en San Pablo de Amalí (provincia de Bolívar) o la compañía Hidrotambo de propiedad de Xavier Cuesta Vásconez, empresario relacionado con el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputti. Para esa fecha, Senagua debía resolver las controversias 2018-014 y 2018-008 formuladas por la comunidad. En un país con grandes hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair o Sopladora, la micro central Hidrotambo (8Mw), durante el gobierno de Rafael Correa, cambió el objeto del contrato; desde entonces ya no genera electricidad para su empresa Plasticaucho como fue el modelo original, ahora le vende al Estado una energía marginal y costosa (produce a 7,17 centavos y vende a 10 centavos el kw/h). Esta investigación de La Fuente alerta al país respecto al negocio del agua cuyo control en un 70% está en manos privadas.
