Han pasado 4 meses desde el mega operativo ejecutado en Buenos Aires y de otras acciones de investigación dispersas en contra de la minería ilegal sin que ninguna autoridad política militar o policial de la provincia de Imbabura, ni de las dependencias de control del Gobierno haya sido investigada por no haber tomado medidas frente al maremágnum de ilegalidades registradas desde ya hace varios años.