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A puerta cerrada y con total hermetismo, las autoridades del Conatel y la Senatel analizan los términos económicos para la adjudicación de la banda adicional en el espectro radioeléctrico, a favor de las transnacionales América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), para los servicios de cuarta generación (LTE-4G). Se estima que para noviembre del 2013 haya una decisión sobre el costo que fije el Estado por este preciado bien estratégico.
Según los panegiristas de las tecnologías de la información, la revolución en cuarta generación (4G-LTE), hará posible la existencia de ciudades inteligentes, donde los ciudadanos podrán hacer trámites rápidos y efectivamente, tener sistemas controlados de vigilancia con video-seguridad, entre otras aplicaciones.
Sí, gracias a la tecnología Long Term Evolution (LTE) se vivirá una experiencia inédita de conectividad, la cual promete cambiar el modo de vida actual, contando para ello con velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s para teléfonos móviles y terminales de datos. Los servicios que se pueden ofrecer van desde el acceso a internet móvil más rápido, telefonía IP, así como televisión móvil de alta definición.
Con la prometedora tecnología, una videoconferencia será una acción cotidiana, como enviar un mensaje de texto o publicar un comentario en redes sociales. Más allá de hacer compras desde cualquier lugar del planeta, se podrá escuchar música en alta definición o disfrutar de una película con excelente calidad, sin que se congele la imagen. Además, se garantiza que la 4G descongestionará las redes de segunda y tercera generación.
En septiembre del 2013, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), fijó un tiempo no menor a tres meses para que una comisión de negociación establezca las condiciones, términos y plazos sobre los cuales se asignaría la 4G a Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), subsidiarias de la mexicana América Móvil y la española Telefónica, respectivamente.
Actualmente, la única empresa que ofrece esta tecnología en Ecuador, es la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), que inició sus operaciones en las ciudades de Quito y Guayaquil, esperando extenderla a otras ciudades en el año 2014.
Mientras la estatal se bautizó con traje LTE, el duopolio privado que domina casi el 98% del mercado de telefonía móvil, está a la espera de las resoluciones de los máximos organismos del Estado.
Al ser el espectro radioeléctrico un bien público limitado y valioso, las concesiones para 4G-LTE deben estar orientadas a alcanzar el mayor beneficio para el Estado, por lo cual su análisis debe partir de algunos parámetros como: mercado, número de abonados, penetración, entre los más importantes.
Pero en la asignación de los servicios de cuarta generación para las transnacionales, no se ve un proceso fácil. Según el Gobierno, éste deberá responder a los criterios de «cambio de la matriz productiva, sustitución selectiva de importaciones, transferencia de tecnología, fortalecimiento de las capacidades del talento humano nacional y fortalecimiento de las empresas públicas tal como lo dictamina el Plan Nacional del Buen Vivir», según se desprende de un informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), remitido en agosto del 2013 al ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero.
En el documento se hace hincapié en la obligación del Estado de orientar las nuevas tecnologías hacia mejorar los servicios de educación, salud, asistencia técnica para la producción, servicios financieros, seguridad, servicios sociales, entre otros.
Uno de los aspectos más críticos del proceso, radica en la composición actual del mercado, controlado por el operador dominante Claro, con el 69% de los usuarios a escala nacional, situación que contradice y vulnera los principios y postulados de la Ley Antimonopolio y del Buen Vivir. Aquí están los riesgos principales, lo advierte el informe de Senplades: «debe analizarse los riesgos que significa la concesión de estas bandas al operador dominante, una vez que su infraestructura instalada le otorga ventajas anticompetitivas que pueden verse reflejadas en impactos negativos para las condiciones del servicio para la mayoría de la población».
Concentrado y saturado, son dos términos utilizados por el organismo de planificación, para referirse al mercado móvil: «concentrado porque un operador domina aproximadamente el 70% del mercado, y saturado debido a que la masa crítica rentable de clientes ya está siendo atendida por algún operador». En esas condiciones de evidente monopolio, la adjudicación de un espectro adicional de banda a Conecel, profundizaría la inequidad y complicaría aun más la frágil situación técnica y financiera de la empresa pública CNT, señalan las autoridades.
En relación con la valoración económica del espectro a entregarse, Senplades recuerda que las bandas para los servicios de LTE-4G, son recursos sumamente costosos y apreciados «por las economías de escala que generan las grandes multinacionales del servicio móvil avanzado», por ello recomienda que el poder de negociación de las autoridades del sector, debe ser utilizado tanto en la «formación de los precios a los cuales serán ofertadas estas bandas », cuanto en la «introducción de requisitos de desempeño, como alternativas para reducir el precio de concesión (factor de transformación de matriz productiva)».
Según información del censo del año 2010, solamente el 56% de la población contaría con un teléfono celular. Para Senplades, esto indica que la base de la pirámide social todavía no ha sido copada y que existen alternativas de expansión en ese sector.
En esas circunstancias, la tecnología LTE, pretende convertirse en una especie de pívot para la CNT, pues le permitiría captar esa base social aún no atendida, ofertando por ejemplo servicios financieros (tarjeta prepago), a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, nuevos servicios; o llegando al sector rural donde no ingresan las operadoras privadas.
Aunque el desafío central radica en disputar el mercado garantizando cobertura y servicios de calidad, para lo cual requiere invertir en infraestructura, incrementar la cobertura, marketing y una administración despolitizada y altamente eficiente.
Fue el propio superintendente de Control de Poder del Mercado, Pedro Páez, quien adelantó la posibilidad de incorporar a más de 1 millón 400 mil usuarios del bono de la pobreza a la tecnología 4G. Expertos en el tema sostienen que la clave es que ese segmento de población vulnerable tenga primero acceso a teléfonos inteligentes, lo cual les permitiría aprovechar los beneficios de las redes LTE.
Otra opción es analizar la posibilidad de manejar de forma exclusiva los servicios de 4G a través de la estatal CNT, dejando a las operadoras transnacionales a cargo del Servicio Móvil Avanzado (SMA). Senplades recomienda «calcular en prospectiva los ingresos promedio por usuario que las operadoras dejarían de percibir en caso de no contar con esta concesión de bandas, así como el incremento en el costo de adquisición de nuevos usuarios al que se enfrentarían de no contar con estas bandas, como elementos de cálculo para valorar la disposición al pago de las operadoras del SMA por estas bandas».
El ente de planificación orienta los cálculos económicos en dirección a lo dictaminado por el artículo 408 de la Constitución, esto es que: «El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota». En este punto, tanto los organismos de telecomunicaciones como las operadoras están pendientes del informe de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.
Operador dominante
Claro (Conecel S.A.) debió ser calificada como operador dominante hace varios años, con el propósito de impedir prácticas monopólicas, competencia desleal, acumulación de ganancias ilegales, y proteger al consumidor. Luego de constantes presiones de la CNT y Movistar, recién el 30 de julio del 2010, el Conatel declaró «operador dominante» a Claro.
Varios estudios contratados en el sector coincidían respecto a las enormes ventajas de la empresa mexicana sobre las otras operadoras. «Si bien el mercado SMA ecuatoriano está compuesto por 3 operadoras, en términos prácticos es un duopolio bastante inequitativo, en el que Movistar (Otecel S.A.) no ha podido consolidarse en una empresa que ofrezca una suficiente presión competitiva a Conecel», sostiene el informe presentado por la Senatel.
Según el capítulo IV del Reglamento de Telecomunicaciones, «se considera como operador dominante al proveedor de servicios de telecomunicaciones, que haya tenido, al menos, el treinta por ciento de los ingresos brutos, de un servicio determinado, en el ejercicio económico inmediatamente anterior, o que, en forma efectiva, controle, directa o indirectamente, los precios en un mercado». Desde la declaratoria de operador dominante han transcurrido más de tres años y la realidad del mercado de telefonía móvil sigue matizada por una radical inequidad.
Declarar la dominancia de un operador permite crear una regulación asimétrica del mercado, lo cual puede repercutir en bienestar del consumidor, establecer planes tarifarios a costos inferiores, facilitar la interconexión, y el acceso a la infraestructura, entre otras.
Por ejemplo, en el caso de Claro, si se disminuyen los cargos de interconexión, incluso si se reducen a cero (es decir los costos de conectarse entre un usuario de Claro con un usuario de otro operador móvil o viceversa), los costos de llamadas off-net (llamadas entre diferentes operadoras) de móvil a móvil disminuirán.
Por lo cual era muy importante que el organismo regulador aplique las medidas regulatorias, como costos de interconexión asimétricos entre operadores móviles, medidos desde el operador dominante, o incluso costo cero por interconexión.
Han pasado cinco años de renegociados los contratos bajo advertencias de sanciones por prácticas monopólicas; tres años de la declaratoria de operador dominante a Claro-Conecel; dos años de aprobada la Ley Antimonopolio, y la respuesta de Pedro Páez, encargado de impedir los monopolios, deja inermes y atónitos a los usuarios: «no podemos hacer nada».
La concesión 4G a CNT
El Conatel, mediante resolución TEL-804-29-Conatel-2012, resolvió: «autorizar a la empresa pública CNT E.P. en la banda de 700 MHz los bloques G – G’, H – H’ e I – l’ correspondientes a los rangos 733 – 748 MHz (UP LINK) y 788 -803 MHz (DOWN LINK) a nivel nacional, sin embargo, en las ciudades donde actualmente operan servicios de Televisión Codificada Terrestre en dichos bloques, la CNT E.P. podrá operar una vez que se finalice los contratos de concesión respectivos por cualquier motivo. Las condiciones y exigencias por el otorgamiento de este espectro serán autorizadas por el CONATEL sobre la base del informe de la Comisión conformada para este efecto»; así como: «asignar y autorizar a la empresa pública CNT E.P. en la banda de AWS 1700/2100 MHz los bloques A – A’, B – B’, C – C’ y D – D’ correspondientes a los rangos 1710- 1730 MHz (UP LINK) y 2110 – 2130 MHz (DOWN LINK) a nivel nacional, sin embargo, en las ciudades donde actualmente operan enlaces de radiodifusión sonora y de televisión en dichos bloques, la CNT E.P podrá operar una vez que éstos hayan migrado de acuerdo a las resoluciones emitidas por el CONATEL».
Como parte de la resolución se adoptó el esquema de segmentación o arreglo B5 para la banda de AWS 1700/2100 MHz y el esquema de segmentación C1 para la banda de 2,5 GHz. recomendados por la UIT, y la siguiente canalización para las bandas de 700MHz, AWS 1700/2100 MHz y 2,5 GHz.
El total de espectro asignado a CNT es 70MHz, recurso que permitirá al operador público, si es debida y eficazmente administrado, alcanzar una ventaja competitiva respecto a los otros operadores móviles. El espectro de banda asignado es considerable, comparado con operadoras móviles de Estados Unidos, donde tienen por ejemplo una banda de 50MHz para 15 millones de usuarios, mientras que CNT con 70MHz cuenta apenas con 487 000 usuarios, de un total aproximado de 17 millones de abonados.
El Ecuador fue el cuarto país en Latinoamérica en optar el estándar APT (Asia Pacific Telecommunity), le antecedieron: Chile, Colombia y México. En la actualidad otros países como, Costa Rica, Argentina, Bolivia Uruguay y Panamá estan adoptando el referido estándar tecnológico.
Un estudio realizado por la firma Ericsson, señala que los suscriptores de banda ancha móvil crecieron más rápido que en períodos anteriores, con una tasa de 45 % comparada con el mismo trimestre del año anterior, con lo que se alcanzó un total de 1700 millones. La cantidad en el uso de datos por suscripción también continuó creciendo a buen ritmo, y destaca que aproximadamente el 50 % de los teléfonos móviles vendidos en el mundo, en el primer trimestre del año 2013, fueron smartphones.
El estudio además señala que al combinar estos factores se ha duplicado el tráfico de datos entre el primer trimestre del 2012 y el del 2013. En el caso de aquellos relacionados con el video, se espera que su crecimiento sea del 60 % anual, hasta el año 2018.
En el gráfico 1 se describe la cuota de mercado móvil por tecnología a escala mundial, en el cual se puede evidenciar 126 millones de suscriptores de LTE-4G, de los cuales aproximadamente el 51% corresponde a suscriptores de Norte América. Adicionalmente, existen 222 redes comerciales en 83 países, 474 operadores invirtiendo en 138 Estados.
En el gráfico 2 se muestra la cuota de mercado móvil en América, donde se evidencia que aproximadamente existen 65 millones de suscriptores de tecnología LTE-4G, equivalente al 6%.
CNT: la oportunidad de crecer
En el caso particular de la CNT al ser la primera operadora que tiene la concesión de la banda de LTE, cuenta con una gran ventaja tecnológica para implementar los servicos 4G, la oportunidad de enfrentar a la competencia privada, proporcionando a sus usuarios servicios de datos a mayor velocidad que los ofertados por las otras dos empresas móviles.
Además, goza de la ventaja competitiva de poder introducir toda una nueva gama de teléfonos inteligentes que aprovechen esta tecnología e incluso atraer abonados de las otras operadoras. Finalmente, cuenta con la ventaja de incrementar la capacidad de tráfico de datos de su red existente, minimizando problemas de congestión y ofreciendo nuevos servicios y de mejor calidad.
Entre tanto a Claro, el operador con mayor participación en el mercado, se le pueden presentar problemas de capacidad, al contar con un gran porcentaje de abonados móviles y un espectro de frecuencia limitado. Adicionalmente, las velocidades de datos también pueden ser bajas por el mismo hecho de que un mayor número de usuarios utilizan el espectro disponible, lo cual se evidencia en problemas como congestión de la red.
El emporio Slim domina Ecuador
Recién inaugurada la Revolución ciudadana, en mayo del año 2007, el presidente Rafael Correa, advirtió al hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, sobre los riesgos de la monopolización del espectro radioeléctrico: «Es un peligro que el señor Slim esté monopolizando telecomunicaciones a nivel de América Latina y en Ecuador, pero aquí hay un Gobierno altivo y soberano que no permitiremos monopolios privados en servicios fundamentales para la población», dijo entonces el mandatario.
Pero un año después, en agosto de 2008, se selló el acuerdo por 15 años adicionales, período en el cual la empresa de Slim en Ecuador, que no es otra que Conecel-Claro, se comprometía a cancelar al Estado la cifra de USD 480 millones por derechos de concesión, un monto que la multinacional podía cubrir con apenas 4 meses de facturación.
Un acuerdo similar se alcanzó con Telefónica de España (Otecel-Movistar), por una cantidad de USD 206 millones, para similar período. Por los dos contratos el Estado recibiría en total USD 686 millones, de los cuales USD 289 millones de Claro y USD 60 millones de Movistar fueron cancelados a la firma del contrato y el saldo a 15 años plazo. Por los dos rubros ingresaron al país el año 2008, USD 349 millones, mientras que los USD 337 millones faltantes, serían cancelados durante el período de vigencia del contrato. Según la Senatel, durante los 15 años, los ingresos para el Estado oscilarían entre USD 1200 y 1500 millones, incluyendo un 2,93% por facturación que las empresas deben cancelar cada tres meses al organismo regulador, como establece la clausula 18.2 de los contratos.
La banda de 1900 MHz
Los contratos suscritos el 2008 mejoraron los ingresos por concesión frente a los registrados los años 1993, 1996, y con los previstos el 2006, en el gobierno de Alfredo Palacio, que no superaban los USD 60 millones por operadora; sin embargo, en la renegociación, el régimen de Correa entregó a Claro y Movistar, a más de la banda de 850 MHz (STMC), la banda adicional de 1900 MHz, para Servicio Móvil Avanzado (SMA), una autopista para negocios de servicios convergentes, a costos por debajo del mercado comparados con la rentabilidad que genera, sostienen analistas del sector.
La firma de esos contratos ratificó la adjudicación directa, de una nueva frecuencia de espectro de 10 MHz, en la banda de 1900 MHz para el SMA, realizada en el gobierno de Alfredo Palacio que, de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento de SMA, debía ser objeto de licitación pública internacional.
Lo único factible de renegociación era el Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) en la banda de 850MHz. El informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el año 2006, señalaba que: « la renovación de los contratos bajo el SMA, en vez de STMC / 96 no es adecuada. Por tanto, en caso que el Estado requiera que las concesiones sean regidas por otro régimen, deberían convocar una licitación pública de acuerdo con el Reglamento de Concesiones, no una ‘renegociación'».
Con la firma de los nuevos contratos y adjudicada la banda de 1900 MHz, no sólo se consolidó el dominio del mercado por parte del duopolio Claro-Movistar, sino que se aceleró la presencia de la empresa de Slim, como operador dominante.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, al año 2013 se registran 16 980 000 abonados en telefonía móvil, de los cuales el 68,39% son de Conecel (Claro), el 29,49% de Otecel (Movistar) y el 2,12% de CNT (Estatal). De ese total, 13 817 000 corresponden a abonados prepago y 3 164 000 a postpago.
Los pasivos de CNT: el fiasco de Alegro
Ante el fracaso con la tecnología CDMA, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT (ex Telecsa), el año 2008 se vio obligada a alquilar la red GSM a Otecel (Movistar), a través de un convenio de interconexión comercial, que tenía como objetivo captar un millón de usuarios a partir del año 2008; entendiéndose que al año 2013, la empresa de telefonía móvil del Estado debía contar con al menos cinco millones de usuarios.
Ese objetivo no cumplido, el tema fue abordado por el propio presidente Rafael Correa, en el enlace 104 del 17 de febrero del año 2009, donde fustigó a los responsables de Telecsa y Fondo de Solidaridad, por el fracaso del referido convenio que, a decir del primer mandatario, implicó una pérdida de USD 29 millones: «Incluso en mi gobierno, fracasó un plan de comercialización, y perdimos 29 millones, y me enteré que ese gerente, que seguramente es buena gente, buena persona, pero que fracasó, de nuevo había entrado a trabajar en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. No puede ser esto. Esta es la feria de la impunidad, verdad. Robo, no pasa nada. Hago un mal diseño, no pasa nada. Tengo una pésima administración, no pasa nada, y me voy a contratar a la misma empresa. ¡Ya basta!»
En la misma alocución, Correa también condenó la ineficiencia de la estatal Telecsa (CNT) que carga un pasivo hasta hoy inexplicado superior a USD 200 millones: En todo caso, Telecsa perdió 200 millones de dólares, como que si no hay conciencia en aquello, como si no pasa nada. Saben lo que, alguna vez pónganse a pensar como decimos los economistas, en el costo – oportunidad, lo que pudimos hacer con 200 millones. Cada escuela del milenio para 600, 800, 1000 estudiantes, con computadores, internet banda ancha, biblioteca, nos cuesta un millón de dólares. Alegro se ha comido doscientas escuelas del milenio que pudieran estar atendiendo a 200 mil niños de la Patria., expresó el Presidente.
Acuerdo con Carlos Slim
La negociación con Claro (América Móvil) se llevó al más alto nivel. Recordemos que el contrato fue revertido al Estado por disposición del presidente Correa; pero, horas después llegaría una contraorden. Según varias notas de prensa de la fecha, el acuerdo con Claro estuvo precedido por la gestión del expresidente mexicano Felipe Calderón, un «buen amigo» de Carlos Slim, para que el mandatario ecuatoriano recibiera a Daniel Hajj, hijo político del magnate mexicano-libanés.
Al respecto, Jaime Guerrero, cuando presidía el Conatel y la Senatel, confirmó la intervención del Gobierno mexicano, en la negociación: «Cuál es el pecado de que luego de que el Consejo canceló la negociación me pida el Presidente de la República: son 7 millones de usuarios, ya el señor (Hajj) dijo que va a pagar, abra la negociación de nuevo», mencionó a los medios de información.
En mayo del 2007, el presidente Correa denunció que «la privatización ha sido un desastre en este país» y advirtió del grave peligro de la expansión del imperio ‘Slim’ en América Latina. Correa añadió que su Gobierno preparaba una ley para evitar la presencia de monopolios en las áreas estratégicas de la economía nacional como las telecomunicaciones. «Estamos elaborando una ley antimonopolio», declaró el Mandatario frente al interés de Telmex, también de propiedad de Carlos Slim, por adquirir acciones en empresas del sector.
Varios días después de esta advertencia, Slim con su empresa Telmex, compró Ecuador Telecom (Ecutel), compañía vinculada a Juan José Vivas, que tiene una concesión por 15 años otorgada el año 2002 por el gobierno de Gustavo Noboa, para prestar servicios de telefonía inalámbrica fija, a escala nacional, larga distancia, telefonía pública, transmisión de datos e internet. Luego de la firma del contrato, Telmex «con bombos y platillos» inició la competencia a la CNT, en el mercado de telefonía fija inalámbrica, internet y otros servicios.
Las empresas de Carlos Slim en Ecuador, actúan juntas, ejerciendo prácticas monopólicas, revela un informe presentado por la Senatel, el 30 de septiembre del 2011, en el cual se acusa a Claro, de ejercer una alianza con su hermana Telmex (Ecutel), ofertando servicios sobre los cuales no tienen derechos. La Senatel remitió un oficio a Claro, notificando los resultados del monitoreo de medios, relacionados con la difusión de publicidad engañosa.
Dice el informe: «A través de una imagen comercial avasalladora en los medios de comunicación social, se ha presentado al público usuario y público en general a la marca Claro como aquella que ampara servicios de telecomunicaciones en general, sean éstos de telefonía móvil, telefonía fija, Internet móvil, Internet fijo, televisión digital; generando una idea errónea en la sociedad, o alejada de la realidad ». Adicionalmente, comunica que «sería imprecisa la información contenida en la publicidad», por cuanto Conecel no tiene títulos habilitantes para ofertar esos servicios, en el contrato suscrito el 26 de agosto del 2008.