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A Luisa González y otros tres miembros del correísmo se les formuló cargos por un presunto delito de lavado de activos, durante la campaña electoral del 2023. La investigación, que habría sido abierta el 14 de octubre del 2026, pretende esclarecer el origen de unos $500.000 que habrían financiado publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. A este caso se lo bautizó como Laberinto.
Este 23 de octubre se dio la audiencia de formulación en la cual se impuso prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre. Una cuarta persona investigada, Estefanía Molina, en cambio recibió medidas sustitutivas.
Por la noche, Luisa González, que permanecía detenida en Guayaquil, fue trasladada vía aérea a la ciudad de Latacunga y luego, por tierra, hasta la cárcel de Riobamba.
En sus redes sociales Fiscalía apuntó detalles del caso:
Los elementos recabados hacen presumir que, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente 500 mil dólares destinados a contratar y adquirir publicidad electoral”.
Más tarde Ana Paula Patiño, directora de la Unidad de Análisis Financiero y José Julio Neira, secretario de la Administración, explicaron que la hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela que habría financiado la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz.
Entre los investigados se nombra a Luisa González y se indica que “también se menciona a Rafael Correa, prófugo de la justicia”.
El secretario de la Administración, José Julio Neira, mencionó la existencia de un chat del 26 de junio de 2023, que proviene de un cooperador de la investigación, que le escribe a su contacto: “Aquiles Álvarez 1”. En ese chat le pregunta sobre el presupuesto global de campaña: 500 mil dólares.
La respuesta indica que se debe destinar el dinero a “brigadistas, camisetas y otros gastos, y pagarlo todo en efectivo”.
Fue justamente la campaña electoral del 2023 en la que participaron Luisa González y Andrés Arauz como binomio de la Revolución Ciudadana. Esta campaña también es dolorosamente recordada porque se perpetró el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a 11 días de la elección.
Los fondos se habrían canalizado sin transparentar su procedencia ni la identidad de quienes habían aportado. Fiscalía continúa con las diligencias para determinar la participación de las personas naturales y jurídicas presuntamente involucradas. De acuerdo a la investigación de Fiscalía, esos dineros provendrían de negocios de comercialización de combustibles.
A González se la detuvo en su casa en Canuto, provincia de Manabí. Santiago Díaz, quien cumple una pena por violación a una menor, ya se encontraba en la cárcel. Sin embargo, se sabe que también está involucrado en el caso Andrés Arauz, a quien aparentemente no se ha localizado aún.
¿Qué es el caso Laberinto?
Luego de la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía explicó el caso con más detalles sobre el origen del dinero para la campaña presidencial de Luisa González. La responsable del manejo económico de la campaña, Estefanía Molina, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesenta y cuatro registros de aportes de personas naturales por 201.360 dólares.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación fiscal, entre mayo y octubre de 2023 se habría desarrollado paralelamente un mecanismo de financiamiento basado en la transferencia, conversión y utilización de recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
En esta trama habría participado la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., vinculada al entorno empresarial de Aquiles Álvarez, quien fue electo alcalde de Guayaquil, pero que ahora está encarcelado en El Encuentro, por un caso de comercialización ilegal de combustibles y por retirarse el grillete electrónico.
La compañía y Álvarez registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el denominado caso “Triple A”, por hechos relacionados con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
¿Cómo llegaba el dinero?
Según Fiscalía, los recursos habrían circulado mediante dos mecanismos:
- Transferencias bancarias: pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, mientras que las facturas posteriores figurarían a nombre de Ternape. Una comunicación del 18 de agosto de 2023 instruiría que la factura no contuviera la palabra “campaña”, lo que, para Fiscalía, constituiría un indicio de una posible intención de desvincular los pagos de su destino electoral.
- Cheques al portador: su cobro habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para pagar brigadistas, movilización y logística.
Según la Fiscalía, estas operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada y habrían permitido movilizar aproximadamente 500.000 dólares mediante un presunto esquema de lavado de activos.
RC5 habla de persecución
Durante el 22 de octubre, apenas se supo la noticia, la reacción de la Revolución Ciudadana no se hizo esperar. En redes sociales, muchos de sus adeptos calificaron la detención como una acto dictatorial y como persecución política.
Gabriela Rivadeneira, actual presidenta de esa tienda política, por su parte dijo que Luisa González había sido secuestrada. También llamó a sus militantes a realizar una protesta para pedir la liberación de su coidearia. El pronunciamiento estuvo avalado por dirigentes de Unión Popular (ex MPD).
En sus redes sociales, el ex presidente, prófugo de la Justicia, Rafael Correa, se indignó por la detención y dijo: “Ya Basta”. Mientras que en entrevistas a algunos medios aseguró que no se trata de un problema de lavado de activos, sino de una persecución. Pero además, dijo, que: “Suponiendo que haya habido problemas en el financiamiento de la campaña del 2023, ¿qué tiene que ver la candidata?”.
¿Quiénes son los procesados?
Los cuatro personajes han estado envueltos en casos que causaron revuelo en el país. Pero además los casos tienen coincidencias en sus protagonistas.
La glosa de Luisa por los vuelos a paraísos fiscales
Cuando Luisa González trabajaba en el Gobierno, de la mano de Rafael Correa, fue examinada por la Contraloría por el uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales. Por este tema, la Contraloría General del Estado le impuso una glosa por un total de 880.473,47. La glosa que se desprendió del examen DNPR-01948-80 fue emitida el 19 de abril del 2019 correspondía al periodo entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017. El tema fue denunciado por Fernando Villavicencio.
La Contraloría informó que se realizaron 33 desplazamientos internacionales en los aviones presidenciales LEGACY y FALCON, además 23 vuelos en TAME; y 2 vuelos en la aeronave de PETROECUADOR, sin la autorización de la Presidencia de la República (Subsecretaría General de Despacho Presidencial y/o Servicio de Protección Presidencial). En este sentido se desconoce si los viajes fueron o no para el cumplimiento de actividades oficiales. Dichos vuelos costaron al Estado $9’649.761,36.
“De los 24 vuelos internacionales con los aviones presidenciales a cargo del GTAE, cuyo destino fueron países que el Servicio de Rentas Internas (SRI) considera como paraísos fiscales, a más de no disponer con la autorización ni el objetivo de viaje, 12 no contaron con el manifiesto de pasajeros en varias de sus rutas ni con los registros de los pesos exactos del equipaje y/o carga”, dice el informe
Entre los destinos constan: Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Belice, Barbados y Trinidad y Tobago.
González ha indicado, sobre este particular, que ella apeló al acto administrativo y agotó los recursos de revisión en la Contraloría. En todo caso, de lo que se conoce la glosa permanece en firme. La glosa también había involucrado a Correa, pero un juez administrativo cuestionó la pertinencia a lo actuado por Contraloría con respecto al ex mandatario, ahora prófugo por otros casos.
Ligados señaló la operación de González, Arauz y Díaz
El caso Ligados también involucra a tres personajes que aparecen en el caso Laberinto. El caso Ligados se trató de cómo Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Eduardo Franco Loor (consejeros de Participación Ciudadana), junto con otros operadores de la RC5 buscaban evitar que el Tribunal Contencioso Electoral los destituyera.
En unos audios obtenidos en este caso se puede verificar cómo el propio Andrés Arauz habla de quiénes eran los participantes en la misión de manipular las decisiones del TCE. Y aquí es donde se repiten los nombres.
Quienes estamos operando en esto: yo, en otras dimensiones la propia Luisa, el Santiago Díaz, la Sonia Vera, y el ex secretario del Consejo David Carrillo. Somos 5 personas que tenemos esta tarea”…
El David Carrillo, que era el anterior secretario del TCE, ahora trabaja de asesor de Viviana Veloz en la Asamblea. Entonces el David Carrillo tiene toda la información de adentro del Tribunal”, decía Arauz.
En el caso Ligados también se conoció sobre las rencillas internas de la RC5. Así, ese caso le mereció a Luisa González, el sobrenombre de “Rana René”, que es como le llamaban algunos de sus coidearios, entre ellos el propio Verduga.
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Caso Caja Chica y su cercanía con Laberinto
Luisa González, Andrés Arauz, así como Santiago Díaz también son nombrados en el caso Caja Chica. En ese caso, se investiga también el origen del dinero para la campaña electoral. Sin embargo, en este caso los recursos provendrían del gobierno de Nicolás Maduro.
El caso contaría con la colaboración de Santiago Díaz Asque quien cumple una pena de 29 años y cuatro meses, por la violación de una niña de 12 años, quien comentó ante medios de comunicación que él mismo trasladó dinero desde Venezuela con el objetivo era financiar una campaña electoral de Luisa y Arauz.
Este caso tiene detalles muy cercanos al caso Laberinto, sobre todo porque en ambos se investiga el posible origen del dinero en Venezuela. Rafael Correa ha tratado de invalidar la información del caso indicando que el colaborador es, justamente, Santiago Díaz (otrora hombre fuerte del correísmo) quien cometió una violación en contra de la hija de una de sus coidearias.
El caso de la violación a una menor de edad
Mientras tanto, Estefanía Molina, quien era asesora de Luisa González, es recordada por ser madre de una niña víctima de violación por parte de su compañero de tienda política, nada más y nada menos que Santiago Díaz Asque. Cuando saltó el escándalo, el padre de la víctima fue quien lideró la denuncia. Por este delito, Santiago Díaz está pagando una condena de más de 29 años.
Entrega voluntaria
La Fiscalía también indicó que Wendy Lorena Onofre Gaibor otra de las personas que está siendo investigada se entregó voluntariamente en Guayas. Ella habría sido secretaria del movimiento político Renovación Total (RETO), que impulsó a Aquiles Álvarez.
