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Tres de las cuatro autoridades locales de la provincia de Santa Elena han reportado un crecimiento en sus bienes declarados ante la Contraloría General del Estado. El caso más llamativo es el del prefecto José Daniel Villao, que está en el cargo desde 2019, y cuyo patrimonio ha crecido en 316%.
La provincia de Santa Elena, creada en 2007 y con una proyección de 410.000 habitantes, cuenta con cuatro autoridades seccionales. Los tres alcaldes asumieron en 2023, mientras que el prefecto, José Daniel Villao, ocupa ese puesto desde 2019, pero todos tienen trayectoria en el sector público.
Villao es el caso que más llama la atención pues su patrimonio ha crecido en 316% durante los años de su estadía en la Prefectura de la provincia costera, que más allá del turismo alberga actividades de acuicultura, pesca artesanal y agroexportación.
Fracisco Tamariz fue concejal de La Libertad por un periodo antes de pasar a ser alcalde, y antes ya trabajó en otros cargos en los municipios de Santa Elena y Salinas. Dennis Córdova, alcalde de Salinas, en cambio, trabajó como asesor en la Asamblea Nacional, mientras que María del Carmen Aquino, alcaldesa de Santa Elena, fue asambleísta entre 2021 y 2023.
Ninguno presenta falta de declaración de IR y el alcalde de La Libertad tiene deuda en firme, por un monto bajo: USD $295.
Los patrimonios de las autoridades
Las cuatro autoridades de la provincia de Santa Elena comparten una característica en común: todos, en los años que llevan en funciones, han tenido incrementos patrimoniales importantes.
El caso de mayor incremento es el del prefecto, José Daniel Villao. En 2019, cuando se posesionó en el cargo por primera vez, este funcionario presentó su declaración patrimonial de inicio de gestión ante la Contraloría General del Estado, en la que registró un patrimonio de USD 70.594. Seis años después, en 2025, presentó otra declaración con un patrimonio de USD 293.879. Es decir, hubo un incremento de más de USD 223.000, que corresponde al 316% en seis años.
Año |
Patrimonio |
2019 |
70.594,69 |
2020 |
99.432,78 |
2022 |
249.571,89 |
2023 |
285.026,67 |
2024 |
337.945,02 |
2025 |
293.879,05 |
De acuerdo con la información pública disponible en la página de la Contraloría, el mayor incremento se dio entre 2020 y 2022, cuando aumentó más de USD 150.000. Al revisar a detalle las declaraciones, se puede determinar que hay un aumento en los bienes muebles, con la adquisición de dos vehículos (en 2021 y 2022) con un valor de USD 29.999 cada uno.
Asimismo, las declaraciones evidencian la adquisición de un departamento en Santa Elena, en 2021, con un valor de USD 154.000. Villao llegó a la Prefectura por la Revolución Peninsular, que agrupa a Revolución Ciudadana (RC), Renovación Total (RETO) y Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente (MPCG).
La alianza periodística de Spondylus Info Lab solicitó a Villao su versión sobre su incremento patrimonial. Sin embargo no respondió.
De su lado, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova (SUMA), pasó de un patrimonio declarado en la Contraloría de USD 319.359 en 2023, a un patrimonio en 2025 de USD 413.899. Es decir que hubo un aumento de más de USD 94.000.
En este caso, el incremento se da por los bienes inmuebles, que subieron de USD 311.270 a USD 396.270. Según las declaraciones públicas de la Contraloría, el alcalde tiene al menos 16 inmuebles.
El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz (alianza CD-Avanza-DSI-Únete), también registró un claro aumento en su patrimonio. En los tres años que lleva en funciones, según sus declaraciones patrimoniales, pasó de tener USD 75.129 a USD 156.230. Es decir, duplicó su patrimonio en este tiempo, principalmente por un aumento en sus bienes muebles.
Según las declaraciones del alcalde en la Contraloría, en 2022 adquirió un bien mueble clasificado como “otros”, por USD 84.000.
Spondylus Info Lab contactó a los dos alcaldes para que expliquen los incrementos patrimoniales que registran según la información de la Contraloría, pero no recibimos respuesta.
Una deuda y dos casos judiciales
El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, registra en el sistema del SRI una deuda en firme por USD 295, que hasta la fecha de publicación no ha sido cancelada.
Tamariz también aparece como procesado en dos causas que constan de manera pública en el Sistema Judicial (e-Satje), aunque ambos son anteriores a que fuera electo alcalde.
En el primer caso, de 2016, se siguió por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con un contrato municipal de publicidad. El caso terminó con una resolución de archivo que quedó ejecutoriada.
El segundo, que data de 2019 y siguió por el presunto delito de intimidación, se da por una denuncia presentada por un ciudadano contra Tamariz, entonces concejal. El caso fue archivado en etapa de investigación previa, después de que la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituían delito y el juez aceptó la solicitud de archivo.
Esta alianza contactó a Tamariz para conocer su explicación sobre la deuda con el SRI, y su postura sobre las dos causas judiciales. No hemos recibido una respuesta.
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