Share This Article
En el Chocó Andino, donde existe una de las más importantes reservas de biósfera del país, la minería “legal” y la “ilegal” ya son una misma amenaza latente. A pesar de que hace más de dos años (en agosto del 2023) los quiteños votaron para prohibir la minería metálica en este sitio mágico, tanto la minería ilegal —relacionada con el crimen organizado— como la legal —de la mano de empresas que no cumplen las reglas de juego— siguen abriéndose camino.
En estos días, la Policía ha decomisado cargamentos de material aurífero en la zona de Nanegalito; hace pocos meses se han encontrado zetas, excavadoras, dragas al pie del río. Paralelamente, empresas sin licencia ambiental sacan material de manera ilegal, mientras las autoridades estatales no solo que no lo controlan, sino que lo permiten.
Este otrora paraíso natural ahora registra presencia de Grupos de Armados Organizados (GAO). Por ejemplo, Fabricio Colón Pico, líder del GAO “Los Lobos”, se “escondía” en esa zona cuando se fugó de la cárcel. Según cuentan algunos vecinos, se lo veía jugando vóley y apostando grandes cantidades de dinero. Lo que sucede en el Chocó trae a la memoria lo que ya se vivió en la provincia del Napo.
En este momento, el alcance y las consecuencias de la minería ilegal en el Chocó Andino no se sienten de una manera tan profunda como en Napo; pero, por eso mismo, los moradores y colectivos y organizaciones sociales —como Quito sin Minería y APT Norte, aunque por cuerdas separadas— prenden las alertas. No quieren que la historia se repita.
La Fuente-Periodismo de Investigación conversó con pobladores, abogados y representantes de colectivos antimineros, quienes resumieron los problemas de la zona en al menos seis puntos.
1) En el Distrito Metropolitano de Quito ganó mayoritariamente la pregunta de la consulta popular que prohíbe la minería metálica en la zona del Chocó Andino. Sin embargo, en la práctica el mandato popular no se cumple.
2) Hay 18 concesiones, pero no hay claridad en el catastro minero de cuáles deben eliminarse y cuáles quedarían de manera legal.
3) Aunque hay concesiones legalmente entregadas, se ha visto que actúan fuera de la ley, pues obtienen el material aurífero aún sin tener licencias ambientales.
4) La contaminación de ríos, el reclutamiento de jóvenes que manejan armas y la delincuencia común son problemas derivados de esta actividad.
5) No hay suficiente apoyo al trabajo jurídico que la sociedad civil organizada realiza dentro del territorio.
6) Existe una sentencia en contra de las empresas mineras Melinachangó, Ecuamin y Enami, pero hasta la fecha no se la cumple.
El pulmón de Quito con 17.614 ha. de minería metálica
En la zona del Chocó Andino (Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Calacalí), conocida por su bosque nublado, sus colibríes, mariposas, osos de anteojos, monos aulladores, plantas centenarias, hay también 18.884,7 ha. concesionadas a la minería. De estas, 17.614 ha. son de minería metálica, especialmente de oro.
El territorio concesionado restante corresponde a proyectos de materiales de construcción y minería no metálica.
Adicionalmente, es importante establecer que del total de concesiones, 13.239,3 están inscritas y 5.645,4 se encuentran en trámite.
Xavier Guamán del colectivo Quito sin Minería explica que la comunidad está preocupada porque a dos años de haber votado en contra de la minería en esta zona, las actividades mineras continúan y no hay claridad de cómo se aplicará el mandato popular.
Guamán explica que el catastro minero debería mostrar que ya no existen nuevas concesiones, o la eliminación de las que estaban en trámite. “En estas seis parroquias en las cuales se ha prohibido la minería metálica existen 18 concesiones previas a la consulta. Sin embargo ocho deberían ‘desgraficarse’ (salir del mapa)”, dice Guamán. Y afirma que son cinco concesiones vencidas y una más por vencer en noviembre, que deberían salir del catastro. Todas ellas son del régimen de pequeña minería.
Incautaciones de material aurífero, pan de cada día
Las constantes noticias sobre incautación de material aurífero que sale de la zona del Chocó Andino son una muestra palpable de lo que está sucediendo tierra adentro, donde las autoridades aún no llegan.
La Policía de Nanegalito informó hace dos semanas de dos grandes incautaciones, el 12 y el 13 de marzo. En un primer operativo se allanó un inmueble en la Y de la Armenia (km 57 vía Calacalí) y ahí se hallaron 241 sacos de yute con material aurífero. Ese día se arrestó a 11 personas, de las cuales cinco eran extranjeras (tres venezolanos y dos colombianos). Al día siguiente, se detuvo una volqueta con 330 sacos de yute con material aurífero y placas de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Desde ya la Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador (APT Norte) envió una carta al Ministerio de Energía y Ambiente, pidiendo a la ministra Inés Manzano que explique de dónde ha salido este material, cuál es la concesión o el área minera de donde se obtuvo ese material.
Amenazas, campamentos, minas… el rastro del crimen organizado
La abogada Yuly Tenorio, miembro de la Corporación Ambiental APT NORTE, Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza, contó que están haciendo seguimiento al caso. Comentó que, por lo pronto, se conoce que el material habría salido de Gualea. También han llegado a conocer que desde hace un año hay un campamento con 40 personas dedicadas a actividades ilegales por esa zona.
Durante los años 2020 al 2026, la Policía Nacional desarticuló a pequeños frentes de mineros ilegales, quienes realizan minería aluvial en las concesiones mineras Raquel y Urcutambo, zona de los ríos Chirape y, Pishashi, tras las denuncias debidamente interpuestas en Fiscalía General del Estado y, en las distintas Entidades de control por parte de la Coorporación Ambiental APT Norte en articulación con Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza.
De acuerdo con Tenorio, en la zona de Pacto y otras comunidades, gente que aprendió el modelo de la minería ilegal de La Merced de Buenos Aires (Imbabura) y, otras comunidades, ahora están abriendo sus propias minas ilegales o ya son empresarios y estarían regularizándose.
Incluso se estaría camuflando esa actividad ilegal con negocios agrícolas o económicos lícitos que logran colocar productos en grandes cadenas comerciales o a la vez afectando las economías locales-comunitarias; así van construyendo economías criminales.
Lamenta que el crimen organizado esté penetrando la zona. “La minería ilegal es una llave que financia las actividades criminales”, dice. Explica que se contamina a los niños y jóvenes, les dan droga, alcohol y, acceso a mujeres prostituidas, les enseñan a robar y, a ser sicarios. Así les desprenden de su territorio y comunidades. Un caso conocido es el de alias “La Gata”, quién ha logrado corromper el noroccidente de Quito-Pichincha y, la Zona de Intag-Cotacachi.
Los pobladores han sido amenazados por el GAO “Los Lobos”, cuenta Xavier Guamán. Pero además las víctimas no se animan a denunciar ante la Fiscalía o la Policía. La explicación: tienen miedo de que se repita lo que pasó en Napo, pues allá las propias autoridades alertaban a los delincuentes y luego había represalias en contra de los denunciantes.
Por ahora se han recibido al menos 10 denuncias particulares a través del Colectivo y ellos a su vez han buscado canalizar a través de personeros del Distrito Metropolitano de Quito, de la Arcom (Agencia de Control Minero) y de la Secretaría de Pequeña Minería a fin de que haya más control.
“Con mucho temor vemos que se está transformando el Chocó, de ser una comunidad abierta amigable, a una con temor de hablar, de juntarse, de hacer mingas. Es un problema que está creciendo pero que tratamos de evitar”, dice Guamán.
Por su parte Inty Arcos, poblador de la zona y parte de Quito sin Minería, cuenta visiblemente preocupado, que recibe reportes de la comunidad sobre que la minería ilegal está tomándose el sector del río Chirapi, la zona de Gualea, Guanábana y Pacto. Se han visto retroexcavadoras y dragas, cuenta. Habría tractores por las montañas haciendo caminos. Además, explica que la comunidad también alertó que se estaría reclutando a niños y jóvenes en la zona de Gualea y Pacto, para entrenarlos en uso de armas.
Arcos considera que el principal problema es que hay extrema debilidad en los controles estatales a todos los niveles: parroquial, cantonal, municipal, provincial y nacional. Aunque el tema de la seguridad o el combate a la minería no es competencia de los gobiernos seccionales, notan que existe una descoordinación entre todos ellos. “Es un estado fallido, un estado débil, a una hora de Quito”.
Melinachangó, Ecuamin y Enami y cómo se permitió sacar oro ilegalmente
La explotación minera en la zona del chocó tiene décadas. Sin embargo, las autoridades no han logrado aplicar controles ni a las empresas supuestamente legales y peor aún con minería ilegal.
Muestra de ello es el caso de la empresa Melinachangó. La empresa operó en dos concesiones: La Conquista y Melina, desde el 2002. Ya en 2003 obtuvo la primera sanción de suspensión de actividades por no contar con la licencia ambiental.
Pasaron varios ministros y autoridades mineras, pero la situación fue la misma. Las autoridades hacían llamados de atención, sin embargo, la empresa que tenía como cara visible a Robert Erazo Andrade, seguía funcionando a pesar de los incumplimientos y las sanciones. La relación con la comunidad siempre fue violenta.
El 11 de agosto del 2020 un grupo de activistas que eran parte de Quito sin Minería, APT-Norte, Samaranta Warmikuna, Frente Antiminero Pacto por la Vida, entre otros, presentaron una denuncia en contra de Melinachangó, Ecuamin (empresa a la que Melinachangó traspasó acciones) y Enami (empresa pública de Minería). La acusación tenía que ver con el irrespeto a los derechos ambientales de la comunidad y de la naturaleza.
El 13 de agosto de 2020 se emitió un informe técnico del Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables y No Renovables que indicaba que “la concesionaria aún no cuenta con licenciamiento ambiental para la ejecución de exploración y explotación simultánea”.
En marzo del 2021, la concesión Melina con código 401429 fue suspendida por desarrollar actividades mineras sin contar con la respectiva autorización ambiental, por lo que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) le solicitó a la empresa presentar un Plan de Acción, lo que no ha ocurrido.
El 5 de junio del 2021 se ratificó la suspensión de actividades mineras. También se inició un proceso administrativo sancionador en contra de Melina y se declara a Robert Erazo (representante legal) infractor del Art. 318 numeral 12 del Código Orgánico del Ambiente. Se le impone una multa de $40.000 dólares (hasta el momento no ha sido cancelada).
Sentencias y la ‘burla’ de Ecuamin
El 29 de septiembre de 2021 se dictó la sentencia escrita de primera instancia que inadmitió la acción de protección. En lo sustancial, el juzgador consideró que no se vulneraron derechos. Sin embargo, esta sentencia fue apelada.
En 2022, semanas después de que Robert Erazo fuera declarado responsable de cometer una infracción ambiental muy grave, inició el trámite para transferir los derechos mineros de la concesión Melina a favor de la compañía Ecuamin S.A., con sede en la provincia de El Oro.
El 15 de julio del 2022 el Ministerio de Energía y Minas autorizó la cesión y transferencia de derechos mineros de la concesión Melina a Ecuamin SA representada por Jorge Martínez, quien se desempeñaba como Jefe de Proyecto de la compañía Melinachango Santa Bárbara.
De acuerdo a los documentos de la Superintendencia de Compañías, Robert Erazo fue ratificado en su cargo de gerente general de Melinachangó en noviembre del 2025, por cinco años. Además consta como accionista de Ecuamin hasta el 13 de marzo de 2026, en esa fecha vendió sus acciones a Jorge Oswaldo Martínez y a Jorge Luis Martínez.
Para Tenorio esto fue una muestra de que Melinachangó intentó burlarse de la justicia cambiando de nombre a Ecuamin.
El 20 de agosto del 2023 se realizó la consulta popular en la que los pobladores votaron por la eliminación de la minería en este territorio.
Pese a todo, el 9 de enero de 2024, Ecuamin dirigió una solicitud a la Asociación Mujeres en Acción una solicitud de reunión para llevar a cabo el proceso de sociabilización de su proyecto en Pacto. Días después la propia la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAATE emite un oficio al Municipio de para participar en el “Proceso de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las fases de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos bajo el régimen de pequeña minería de la concesión minera LA MELINA, Código 401429”.
Un decisión histórica
Yuly Tenorio —quien llevó adelante esta causa en la arena judicial— explica que luego de una lucha desigual, pero que fue enfrentada con valentía, se obtuvo la primera sentencia a nivel nacional que responsabiliza a una empresa minera de realizar actividades mineras ilícitas y que establece que el Estado lo permitió.
Efectivamente, el 2 de diciembre del 2024 se emitió una sentencia a favor de los pobladores. Es decir, se revocó la sentencia de septiembre del 2022. Se reconoció la vulneración de derechos y se estableció que las autoridades realicen las acciones necesarias para el cese de dicha vulneración.
Posteriormente, se aclaró en qué consiste esta reparación: que adopten los mecanismos efectivos y eficaces para prevenir y restituir los efectos ambientales causados por la presunta minería ilegal que se realice la coordinación con los organismos competentes para ejecutar los controles respectivos con la finalidad de sancionar a quien incurra en la transgresión de los derechos a la naturaleza. También que los accionados precitados en el numeral uno, ofrezcan disculpas públicas. Pero nada de esto ha ocurrido.
A pesar de la falta de cumplimiento de la sentencia, Yuly Tenorio es partidiaria de utilizar las herramientas jurídicas que existen en el país para obtener resultados. En este sentido, invita a otros colectivos a realizar acciones de este tipo y no solamente realizar denuncias en medios de comunicación, o incluso disputar una vocería en territorios.
Cuando una empresa pública permite las irregularidades
Pero hay más. La concesión minera Ingapi, que pertenece a Enami EP, ha sufrido de minería ilegal por parte de la empresa minera Melinachagó. Ingapi tampoco contaba con licencia ambiental.
Esta complicidad entre Melinachangó y la empresa pública quedó incluso retratada en un informe de Contraloría del 2021 que indicaba que: “Enami EP no cumplió el objetivo del Proyecto Pacto y permitió actividades mineras ilegales en las concesiones Ingapi y Urcutambo”.
De esta experiencia, las comunidades tienen claro que en estos casos se debe demandar al Estado que es el responsable de última instancia. En este proceso, Enami tuvo que reconocer que Melinachangó se estuvo sacando el oro hasta de su propia concesión y la denunció.
La telaraña de irregularidades de la compañía Melinachangó Santa Bárbara es demasiado intrincada. Y pese a ello, la empresa logró exportar, sin licencia, sin consulta ambiental, de 5.055,24 gramos de oro. Así registró ingresos de $ 294.073,26 entre 2020 y 2021.
El pedido de un colectivo: apoyo al tejido comunitario y más controles
Inty Arcos explica que si bien el tema de la minería ilegal les afecta, también hay opciones para la población como el turismo, la agroecología, la exportación de productos orgánicos a Italia y República Checa, negocios basados en la naturaleza. En definitiva el llamado es al gobierno central para que coordine con los gobiernos seccionales para que en conjunto se combata la minería ilegal. Es que esta pone en peligro justamente estas actividades económicas.
“Como ciudadanos no nos importa la pelea entre RC y ADN; nosotros necesitamos soluciones y no pagar los platos rotos de ese enfrentamiento”. Para Arcos, aún hay tiempo pues en estos territorios hay muchas familias que sí están involucradas en la defensa de esta maravillosa zona.
En este contexto, como representante de los pobladores de la zona, pidió a las autoridades fortalecer la red de comunidades del cuidado. Para Inty Arcos, la manera de enfrentar todo este panorama es fortaleciendo el tejido comunitario. Por ejemplo, que se promuevan las reuniones de la comunidad, que haya servicios públicos para la gente, y que se apoye la construcción de puestos comunitarios de control.
