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Comportamientos reñidos con las normas legales, sentencias polémicas, una trayectoria política cercana al correísmo y hasta pedidos de vacaciones de última hora, caracterizan las actuaciones de varios jueces que han tenido en sus manos el caso Magnicidio FV.
Estos jueces, encargados de uno de los temas clave del país: el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio se encuentran en el ojo del huracán. Varios han merecido pedidos de excusa, recusaciones y denuncias tanto por parte de las víctimas, como por parte de Fiscalía y hasta por parte del propio ministro de Gobierno, John Reimberg.
Aunque hay varios jueces polémicos, también se puede evidenciar que hay otros que han obrado apegados a derecho y ahora estarían siendo amenzados por parte de la delincuencia organizada. Este es un reporte de cómo los intereses de las mafias acechan a la Justicia y de la batalla legal que se libra para evitar sus argucias, a través de las herramientas que permite el sistema legal.
Anacélida Burbano, la colaboradora de Patiño
El 3 de diciembre, Amanda y Tamia Villavicencio, junto con su abogado defensor, interpusieron una recusación en contra de la jueza Anacélida Burbano de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Ella llegó al caso para conocer la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Xavier Jordán y José Serrano (dos de los investigados por el caso Magnicidio FV) luego de que el juez Wilson Enrique Lema Lema, de esa misma Sala, pidiera vacaciones. Pronto se descubrió que la nueva jueza, como varios otros magistrados, tenía vínculos con el correísmo.
Nexos con el correísmo
En el caso de Anacélida Burbano fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa al ser funcionaria de la Cancillería en el tiempo de Ricardo Patiño.De lo que se conoce fue directora de Instrumentos Internacionales así como secretaria general.
Además fue funcional al Gobierno pues en 2013, ya como jueza ratificó una sentencia en contra del Diario La Hora. Ese caso fue muy conocido pues se le sancionó al periódico por haber publicado una nota sobre el gasto de publicidad gubernamental, basada en un estudio de Participación Ciudadana y supuestamente no haber rectificado como lo pedía el Ejecutivo (en el tiempo de Rafael Correa y Alexis Mera).
Esta sentencia, fue observada en 2019 por la Corte Constitucional por haber afectado el derecho a la libertad de expresión. También fue registrada por medios de comunicación nacionales e internacionales en los que se coincidía que los jueces que actuaron en contra del medio de comunicación estaban bajo el influjo del gobierno correísta.
Adicionalmente, el esposo de Burbano fue también funcionario del Gobierno correísta, al ser vicecónsul del Ecuador en Venezuela.
El argumento para recusarla, presentado por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado, es que una jueza con vínculos correístas no puede conocer casos en los cuales los acusados a su vez fueron parte de esa tienda política.
Además, varios de sus miembros tendrían vínculos delincuenciales e incluso han sido sentenciados por diversos casos de corrupción. Así, se considera que estos jueces y juezas no serían imparciales frente al caso. Aún no existe fecha para la audiencia de esta recusación.
Daniela Ayala, con denuncia por negligencia manifiesta
María Daniela Ayala, jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, tuvo un debut poco auspicioso en el caso Magnicidio FV. En teoría, tenía que encargarse de las medidas en contra de los cuatro vinculados por Fiscalía por su presunta autoría intelectual. Sin embargo, les permitió presentarse en un Consulado (en Miami) y, además, tuvo un comportamiento hostil en contra de la fiscal Ana Hidalgo. La jueza ha sido denunciada por tres actores: víctimas, la Fiscalía y el ministro de Interior.
La Fiscalía puso una queja disciplinaria. De esta manera, la jueza Ayala, que fue empleada de Conto Patiño (un empresario acusado de una trama de sobornos por el tema de Sinohydro), fue suspendida por tres meses sin sueldo, de manera temporal. Sin embargo, aún resta que la Judicatura le ponga una sanción definitiva.
Adicionalmente, contra Ayala existe una denuncia presentada por las hijas de Villavicencio y otra por el propio ministro Jhon Reimberg. Esas podrían terminar en destitución. Este tema ha sido revisado por el Consejo de la Judicatura y debe pasar a un tribunal superior para que revise si existió negligencia manifiesta o error inexcusable en sus actuaciones, en beneficio de los acusados. El plazo para esta audiencia contra la jueza se cumple en los siguientes días.
Es que los jueces no pueden inventarse la ley. Por ejemplo, dictar medidas fuera del ámbito legal. Esto, en referencia a la presentación de Xavier Jordán y José Serrano en un consulado.
Aunque la jueza Ayala quedó separada del caso, también ha intentado seguir incidiendo en el caso a través de comunicaciones fuera de todo protocolo, enviadas a personeros de la Judicatura.
El ping-pong judicial de los jueces penales
Los jueces José Jiménez, Wilson Lema y Patlova Guerra protagonizaron, en octubre pasado, un evento vergonzoso en el campo jurídico del país. Fue una suerte de ping-pong judicial: avocaron conocimiento como Sala de lo Penal, y al siguiente día dijeron que ellos no eran los jueces a los que les correspondía conocer el caso y lo enviaron a la cancha de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. A su vez esta última Sala, conocida como Anticorrupción, les devolvió el caso.
Así los jueces Jiménez, Lema y Guerra se hicieron merecedores de una denuncia o queja, también por parte de Amanda y Tamia Villavicencio, que se está ventilando por los canales correspondientes.
Patlova Guerra y una felicitación presidencial que le pesa
Pero además, a Patlova Guerra se le pidió excusarse en el caso, por su evidente relación con el correísmo. Ella fue funcionaria durante el Gobierno de Correa e incluso fue felicitada públicamente por el ex presidente cuando la jueza favoreció a Paola Pabón y Virgilio Hernández en el Caso Rebelión. En un primer momento, ella aceptó excusarse, pero los jueces Lema y Jiménez no lo permitieron.
Luego vino la audiencia de recusación, en la que ella se opuso, pero, al final, se reconoció que existían factores que podrían hacer dudar de su imparcialidad.
Pedidos de vacaciones ¿herramienta clave?
Los pedidos de vacaciones pueden influir en qué jueces conocen o no un proceso. En el caso Magnicidio FV se han dado, al momento, dos pedidos polémicos. Así, el juez Wilson Lema Lema, recordado por su papel en el caso 30 S, pidió vacaciones generando el espacio para Burbano, la jueza recusada.
Además, una situación similar se dio cuando el juez Patricio Vaca, de la misma Sala, en octubre pasado, pidió vacaciones de un día para otro y permitió que José Jiménez aterrizara en el caso.
Una jueza se excusa, con razón
En estos días también se conoció la excusa de Diana Gisela Fernández León jueza de la Corte Provincia de Pichincha, quien no conocerá el caso. Sin embargo, en su caso la jueza sí tiene razones para hacerlo pues ella estuvo dentro de un proceso de los autores materiales, es decir tiene un conocimiento previo.
¿Amenazas a magistrados?
La vinculación de tres cabecillas de Los Lobos también da paso a nuevas audiencias en el caso Magnicidio FV. El 12 de diciembre se dará la audiencia en contra de alias Pipo (Wilmer Chavarría), alias Lobo Menor (Esteban Aguilar) y alias Gordo Luis (Luis Arboleda), que debe llevar adelante la jueza Luz María Ortiz.
A la par, dos jueces de la Corte Provincial, Sala Penal denunciaron que han recibido amenazas en el marco del tratamiento de un caso que involucra al Gordo Luis. Por ello piden que se refuerce su seguridad.
Está en manos de estos jueces la resolución respecto a una declaración jurisdiccional previa respecto a la jueza Daniela Ayala. Ellos han hablado en este caso de presiones sobre los operadores de justicia.
Una justicia confiable
Más allá de este caso particular, es importante que el país cuente con jueces confiables e imparciales. Desde hace varios años se busca tener procesos de evaluación y de selección de nuevos jueces que han sido torpedeados desde varios frentes.
Luego de conocer los casos Metástasis, Purga y Plaga se sabe que existen términos como “jueces suicidas” en el sistema de Justicia ecuatoriano. Son aquellos que prefieren recibir favores monetarios o de otra índole, aunque esto les signifique manchar su nombre o perder su puesto de trabajo.
Es imprescindible un cambio en el sistema de justicia. Es urgente.
