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Dieciocho días después de la gran marcha ciudadana por la defensa del agua en Cuenca, la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga, ubicado cerca al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, fue revocada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE). La contundente expresión ciudadana conocida como “el quinto río”, en Cuenca, obligó finalmente al recular al Gobierno.
La decisión del Gobierno se da en medio de un paro indígena que ya lleva medio mes y de la convocatoria a una consulta popular. Entonces ¿cómo cambia el panorama político esta revocatoria, y cómo se lee dicha decisión desde varios sectores?
La presión ciudadana y la estrategia de bajar tensiones
Este 4 de octubre, el propio Ministerio de Ambiente y Energía anunció en sus redes sociales que se revocó la “autorización administrativa ambiental MAATE SUIA LA 2025 0004, del 23 de junio, que otorgaba la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga”. Este proyecto está en manos de la empresa australiana Dundee Precious Metals.

Para la politóloga Sofía Cordero es innegable que la revocatoria es positiva, dentro de la lucha que han venido llevando por décadas las comunidades de Azuay y de Quimsacocha. Cordero considera que la reacción de Gobierno es una consecuencia de la marcha firme y multitudinaria del 16 de septiembre pasado.

Considera que el Gobierno no podía desoír el mensaje de la población, pues de lo contrario, le hubiese llevado a un conflicto mayor, en medio de un contexto de alta conflictividad y a puertas de la consulta popular.
Al estar viviendo, además, el paro encabezado por la Conaie, se puede entender un afán de bajar tensiones, pues el paro tiene su origen en la Sierra.
En este sentido, Cordero entiende que es también, quizás, una estrategia para tener posible apoyo a la consulta.
Yaku Pérez y Zamora tienen observaciones
Adicionalmente, Cordero comenta que hay dos reacciones que parecen trazar la cancha en el futuro inmediato. Yaku Pérez, que ha encabezado las protestas por la defensa del agua, dice que la revocatoria no es suficiente, y que lo que se debería hacer es dejar insubsistentes o revertir las concesiones mineras dadas en Quimsacocha.
Por el otro lado, el alcalde de Cuenca, Christian Zamora, en estos días dijo que van a revisar la resolución de revocatoria con sectores de expertos, abogados, universidades para ver si no deja cabos sueltos. Se formaría una Comisión de alto nivel para dicha tarea.
En este sentido Cordero consideró que, pese a este paso, el conflicto no parece terminar aquí.

¿La licencia se podría reactivar?

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, considera una pequeña victoria la revocatoria de la licencia: “Es un avance”, dice. Para el dirigente de este movimiento en defensa del agua es importante recordar que la lucha viene desde 1994 y que uno de los logros más importantes es haber llegado al 16 de septiembre del 2025 con gran conciencia que desembocó en la marcha por el agua en Cuenca.
El movimiento ciudadano que se generó y que luego de casi 20 días logró la revocatoria de la licencia ambiental, le lleva a al menos dos reflexiones.
- El quinto río que se desbordó sí generó un impacto.
- La medida de la eliminación de subsidios a los combustibles, lanzada por el Gobierno, ha dejado el tema de la lucha por el agua en un segundo plano. El objetivo de los defensores del agua era seguir con el movimiento a otros proyectos mineros.
También considera que como están las cosas, la revocatoria de la licencia, no garantiza que a futuro no se pueda reactivar. Sigcha comentó que la licencia ambiental otorgada en junio pasado, hizo que el electorado se le vire a Noboa y ahora el presidente quiere recuperar el apoyo. También hizo un llamado a mantenerse alerta sobre cuáles serán los puntos que se quieren reformar en la Constitución y recalcó que los derechos de la naturaleza no deben ser afectados.
Postura ante la minería ilegal
Un punto de crítica hacia quienes protestas en contra de la minería a gran escala, es que su lucha solo se da frente a grades empresas y no en contra de la minería ilegal. Sobre este tema, Lauro Sigcha explica que en fuentes de recarga hídrica no debe haber ni minería ilegal, ni minería legal. Explica que en el caso de Quimsacocha, no es viable ningún tipo de minería.
Recuerda que, el tema de Loma Larga es un proyecto de explotación subterránea, por lo que si los mineros ilegales quisieran explotar, deberían cavar unos 120 metros. Para Sigcha, “es un cuento del Estado que si no se da la minería legal va a venir la ilegal” y recalca que el Gobierno tiene la obligación de controlar la minería ilegal.
En todo caso, dijo que los pueblos están organizados fuertemente para enfrentar estos procesos de minería ilegal con guardias comunitarias. Lamentó que el Estado, lejos de coordinar lo comunitario y lo público, les acusa de permitir la minería ilegal.
¿Qué dice la resolución de revocatoria?
De acuerdo a la resolución, dicha revocatoria se realiza en función del artículo 73 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 9 numeral 7 del Código Orgánico del Ambiente que invocan el principio de precaución ambiental.
Esos artículos indican que:
Cuando exista peligro de daño grave o irreversible al ambiente, la ausencia de certeza científica no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental”.
En este sentido, la Autoridad Ambiental Nacional decidió:
Precautelar la integridad de los ecosistemas y prevenir afectaciones ambientales que pudieran derivarse de la ejecución” de diversos proyectos.
La resolución también indica que se debe obrar así cuando los elementos de juicio disponibles evidencian riesgos que podrían comprometer los derechos de la naturaleza y la seguridad de las comunidades aledañas.
La Cartera de Estado dijo también que la decisión responde a los informes técnicos elaborados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay.
Estas son instituciones «que tienen competencia para la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente».
Los documentos remitidos por el Municipio y la Prefectura se refieren a los posibles riesgos ambientales que implicaría la ejecución del proyecto en el sistema de lagunas de Quimsacocha. Esta es una fuente hídrica vital para el abastecimiento de agua potable y los sistemas de riego de la región.
En una nota anterior, la politóloga Sofía Cordero y el defensor del agua Paúl Jarrín analizaron la situación de Quimsacocha y habían coincidido en que era necesario revocar la licencia ambiental, sobre todo porque ya existía un pronunciamiento legal por parte de la población en contra de la minería en esa zona. Esta fue recabada a través de consultas populares.
Quimsacocha, la lucha por el agua que se desbordó contra Noboa
Adicionalmente el informe de Etapa sobre las consecuencias de realizar minería en Quimsacocha era preocupante.
El riesgo que ocurran daños graves potenciales e irreversibles al medio ambiente especialmente al frágil ecosistema de páramo y a los ecosistemas acuáticos es elevado, lo cual afectaría el derecho al agua en cantidad y calidad. También el presente informe evidencia la falta de suspensión efectiva y un déficit en la revisión de estudios y falta de rigurosidad en la exigencia de estudios faltantes al proyecto minero Loma Larga por parte del MAATE”, indicaba el documento.
Este medio digital buscó alguna reacción de la empresa Dundee Precious, pero se informó que por el momento no habrá ningún pronunciamiento.
Es importante que las autoridades escuchen a la población y que las decisiones sean dadas en riguroso apego a la ley.