Una vez terminada la instrucción fiscal en este caso, la Fiscalía ha anunciado que inicia la etapa preparatoria de juicio, por desaparición forzada, contra 17 militares. 

En una entrevista exclusiva con La Fuente, el abogado Fernando Bastias, representante de las familias de los  adolescentes, explica las nuevas evidencias en uno de los casos más atroces de violencia institucional registrados en el país.

Es que cuatro militares implicados, que buscan beneficiarse de una posible cooperación eficaz, revelan una serie de paradas no registradas en la primera reconstrucción “donde se cometieron actos sistemáticos de tortura física, psicológica y sexual contra los menores”, detenidos ilegalmente por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. También se conoció la existencia de un video enviado por uno de los militares a un familiar. 

El peligro de la impunidad institucionalizada

Según Bastias, durante la reconstrucción se identificaron dos nuevos puntos clave: una parada en la vía Durán–Taura, donde dos adolescentes fueron brutalmente lanzados al suelo, golpeados y humillados; y una segunda en una zona remota de Taura, donde los cuatro fueron obligados a desnudarse bajo amenazas, correazos y disparos al aire. Uno de los militares incluso grabó un video que envió a un familiar, hecho que no se conocía anteriormente.

“Esto no fue un acto irracional. Fue una conducta interiorizada por los militares. Un patrón sistemático que se ha repetido en otros casos”, denunció Bastias. A la par, señaló que su organización patrocina 20 de casi 40 procesos en curso por uso ilegítimo de la fuerza en Ecuador.

El abogado cuestiona el papel del Ministerio de Defensa y de la exministra del Interior Mónica Palencia, quienes durante meses respaldaron versiones falsas ofrecidas por los militares. “Se instauró una impunidad institucional desde el inicio”, sentenció.

Además añadió que no se ha podido demostrar que los menores hayan cometido algún delito previo a su detención. También aclaró que de todas formas la responsabilidad del Estado ecuatoriano es total desde la detención de los menores. 

Una cooperación tardía

Los cuatro militares que ahora aportan nuevas versiones buscan acogerse a una cooperación eficaz. Pero para Bastias, este intento llega demasiado tarde: “No los deslinda de su responsabilidad por desaparición forzada. Las familias han tenido que soportar audiencias tras audiencias donde se negaba que existiera siquiera un delito”.

El drama de los 4 de Las Malvinas: ¿Desaparición forzada o ejecución extrajudicial?

Aunque la información pueda ayudar a individualizar actos específicos de tortura, el abogado es claro: “La desaparición forzada sigue siendo responsabilidad de los 16 militares involucrados. El Estado no puede cambiar ese delito a última hora. Hacerlo sería premiar la mentira y perpetuar la impunidad”.

¿Y la teoría de los GDO?

Ante la narrativa sostenida durante meses por autoridades y medios, que señalaba a grupos delictivos organizados como los responsables del crimen, Bastias considera que “Esa hipótesis ahora queda en la esquina de lo improbable. Los militares mintieron desde el inicio, ¿por qué creerles ahora que dicen no haberlos asesinado?”.

Más allá de cualquier hipótesis externa, el abogado reitera que el Estado tiene una responsabilidad directa. “Si detienes a alguien, eres responsable de su vida. Más aún si son niños. Nunca los entregaron a la Policía, ni a sus padres. Eso los hace jurídicamente responsables de su muerte”.

La reparación como deuda del Estado

Finalmente, Bastias explicó que las familias exigen tres cosas: verdad, justicia y reparación. “El primer derecho es conocer la verdad. Pero no hay reparación posible si el Estado no asume su responsabilidad política y judicial por la muerte de estos niños. Esto no es un error, es la consecuencia de una directriz de guerra contra los pobres y racializados”.

Y advierte que si no hay justicia en el país, acudirán a instancias internacionales.

“La verdad siempre sale a la luz. Pero el costo emocional, político y social de esconderla será altísimo. Por eso, exigimos justicia, ahora”.

El caso de los 4 de las Malvinas evidencia no solo la violencia brutal que se ha enquistado en el país, sino también la ausencia de protocolos eficaces de prevención que podrían haber evitado una tragedia de tal magnitud. No basta con declarar la guerra al crimen organizado si el Estado no es capaz de anticiparse. Se necesitan procesos sólidos, institucionalidad funcional y protocolos de actuación que operen desde el primer indicio de amenaza. Sin una red preventiva articulada entre justicia, seguridad, inteligencia y comunidad, seguiremos siendo un país que reacciona después del horror, en lugar de impedirlo.

Invertir en prevención no es un lujo, es una obligación. No se trata solo de equipar a la Policía o construir más cárceles, sino de formar y capacitar operadores del sistema en metodologías de detección temprana, contención y actuación interinstitucional. La prevención debe ser vista como una política pública transversal, que fortalezca la presencia estatal en los territorios más vulnerables y devuelva la confianza ciudadana en las instituciones. Porque si el Estado no llega antes que el crimen, llega tarde.