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El 15 de diciembre de 2021, Juan Carlos Villarruel vivió una de esas tardes que se repiten con ritmo cotidiano en los hogares: su hijo Josué Isaí, de 17 años, le avisó que saldría un momento al centro comercial El Recreo, al sur de Quito, para comprar dedales para su celular. Llevaba su camisa, su mochila, su parlante. Ese parlante era parte de su identidad, porque Josué amaba el rap, amaba la música, y soñaba con estudiar en el extranjero. “Siempre estábamos comunicados por Facebook Live. Él me escribía, me mandaba fotos, me decía dónde estaba. Pero esa noche, dejó de contestar. Y desde entonces, nada.”
Juan Carlos aún recuerda con detalle la última llamada. A las 18h00 le escribió, sin respuesta. Luego lo llamó. Josué contestó y le pidió permiso para ir con unos amigos a la Foch (sector de bares en Quito). Su padre no le dio permiso, porque esa zona es peligrosa. El joven aceptó y le dijo “a las 7 ya estoy en la casa”. Sin embargo, no regresó. A las 20h00 el teléfono ya estaba apagado. La angustia creció como un hueco en el estómago.
Al día siguiente, tras trabajar sin dormir, Juan Carlos regresó a casa. Su hijo seguía sin aparecer. Fue a la Fiscalía, lo derivaron a la DINASED. Empezaba así un infierno burocrático, técnico, emocional. Un padre convertido en investigador, en perito forense, en abogado sin título, en activista sin descanso.
Desaparecer también es un verbo institucional
Tres años y cuatro fiscales después, el caso de Josué continúa en el mismo punto: en el limbo. No hay hipótesis, no hay responsables, no hay resultados. Solo hay silencio. Y dolor. Juan Carlos debió liderar la investigación, porque el agente que le asignaron no sabía por dónde empezar. Juan Carlos revisó cámaras de seguridad, en los alrededores del colegio Amazonas (sur de Quito), encontró pistas, ubicó testigos. Logró identificar imágenes clave donde se ve a Josué junto a dos personas —no identificadas— que le dan de beber algo. Luego, un comportamiento errático: se tambalea, parece dormirse, lo rocían con algo en el rostro. Coincide con la hora exacta en que su teléfono se apagó.
Minutos después, fue visto en estado de confusión por una señora que vendía comida en la calle Jipijapa e Inti. Ella alertó a una patrulla. Los policías se bajaron del carro y encendieron las luces. Pero Josué reapareció minutos después, sin lentes, sin gorra, y tomó otra calle. Esa fue la última vez que una cámara lo captó. A las 21h20 del 15 de diciembre. Luego, nada.
“Yo soy técnico en seguridad electrónica. Fui yo quien buscó las grabaciones. Fui yo quien reconstruyó el trayecto. Fui yo quien pidió revisar las redes sociales, las IP que accedieron a su cuenta. Y aún así, después de todo esto, ni DINASED ni la Fiscalía han logrado ni siquiera obtener los mensajes que él intercambió ese día con sus amigos.”
En los primeros dos años se hicieron cinco barridos en el sector de El Recreo, y luego, búsquedas en represas de Cumbayá y Manduriacu. “Pero ya era tarde. Me dijeron que buscar dos años después es casi simbólico, que lo útil se hace en los primeros días.” Juan Carlos ha tenido que enfrentarse a cuatro fiscales diferentes.
“Cada cambio es un retroceso. Vienen, no leen el expediente, no saben por dónde empezar. Yo tengo que sentarme con ellos a explicarles qué se ha hecho y qué no.”
Una muerte en vida
Josué era un joven alegre, estudioso. Le faltaba un año para graduarse del colegio Amazonas. Era responsable, comunicativo, soñador. Juan Carlos lo crió solo desde que tenía tres años.
“Siempre le enseñé a comunicarse. Cuando era niño le dejaba un teléfono en la casa para que me llame apenas llegaba del colegio. Nunca se quedaba sin avisar. Por eso sabía que algo malo había pasado.”
El dolor de Juan Carlos no tiene nombre. “La desaparición es una muerte en vida. Si se muere alguien, uno llora, se resigna, le hace duelo. Pero cuando desaparece, uno vive todos los días con preguntas: ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Está vivo? ¿Sufre?” Durante los primeros años, no pudo entrar a la habitación de su hijo. “Lavé su ropa, la guardé, pero después ya no pude más. Regalé todo. Era insoportable.”
Hoy, Juan Carlos es parte de ASFADEC (Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador), desde donde exige que el caso de su hijo avance. Pero también abre los ojos ante una realidad escalofriante: “Las desapariciones no son aisladas. Se han disparado en los últimos años. Ya no son solo niños o adolescentes. Son adultos, hombres, mujeres. Hay muchas hipótesis: trata de personas, narcotráfico, tráfico de órganos. Pero el Estado no dice nada. El tema de desaparecidos es una estadística silenciosa”, dice.
Y lo más duro, asegura, es que el sistema obliga a las familias a hacer el trabajo del Estado. “Imagínese un investigador con 30 casos, sin recursos, sin personal, sin siquiera un dron. Uno tiene que convertirse en detective para encontrar a su hijo.”
La verdad como única forma de justicia
“Yo ya sé que nadie me va a dar justicia. Justicia sería que Josué esté conmigo. Pero al menos quiero la verdad.” Las palabras de Juan Carlos resuenan como un eco que atraviesa cada testimonio de quienes buscan a sus desaparecidos. Porque la impunidad no solo borra pistas. Borra vidas. Borra memorias. Borra futuros.
Este medio, esta crónica, y este especial existen por eso: para que la historia de Josué no sea solo un expediente apilado en un cajón de la Fiscalía. Para que el rostro de Josué —que también es el rostro de miles— no quede invisible entre cifras que no duelen a nadie más que a quienes buscan sin descanso.
En Ecuador, la desaparición también es una política del olvido. Pero mientras haya quien recuerde, quien insista, quien no se rinda, todavía hay una forma de resistencia. Esta crónica es eso: una forma de no dejar morir la memoria. Porque Josué existió. Y sigue existiendo mientras se le nombre.
