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Una denuncia en Fiscalía, la revisión de sentencia por parte de la Corte Constitucional y la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, son las vías legales que actualmente podrían dejar sin piso a la polémica Liga Azul. Esta, por su parte, se aferra al cargo con uñas y dientes.
Es que la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también conocida como la Liga Azul, aprovecha cada segundo que tiene para llevar adelante su agenda. Pero en realidad, los procesos llevan su tiempo y pueden tardar días o semanas en concretarse.
Mientras tanto, los consejeros de mayoría correísta nombraron como vicepresidenta del Consejo a Yadira Saltos, con el voto de Franco Loor.
Pero además sacaron de la manga una resolución a todas luces inconstitucional: posesionar a Raúl González, como superintendente de Bancos.
Así, su accionar va sembrando ilegalidades y amenazas al debido proceso, que ya son evidentes para la ciudadanía y otros poderes del Estado.
Denunciados por obstrucción a la justicia
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Yadira Saltos (actual vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana) y de Augusto Verduga, por presunto delito de obstrucción a la justicia.
Jaramillo considera que estos consejeros han aplicado deliberadamente acciones que retrasan la resolución de este caso, en segunda instancia. Entre las acciones están múltiples recusaciones y una acción de queja en contra de los jueces electorales, lo que afecta la transparencia y celeridad de la justicia.
Es que lo que mal empieza mal acaba. Y estos consejeros, que en teoría no deben tener auspicios ni ser parte de tiendas políticas, fueron elegidos con el auspicio de Rafael Correa y la RC5. En este sentido, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya decidió su destitución en primera instancia. Sin embargo, los sentenciados apelaron y la resolución de esta apelación estuvo en suspenso por casi 200 días. Esto como parte de las recusaciones y diferimientos aplicados, dentro de la legalidad.
Un mal paso en la Asamblea recompuso a la mayoría azul
La reactivación del TCE coincidió con la nueva conformación de una mayoría correísta en el CPPCCS. Esto ocurrió cuando la RC5 y Construye votaron en conjunto para destituir a Esteban Guarderas, quien fue reemplazado por Eduardo Franco Loor, ex abogado de Glas y con evidentes afectos por el correísmo. Recién en ese momento despertó el TCE, pero los consejeros azules pusieron recusaciones y quejas que ya resultan forzadas.
El botín de la Superintendencia y un incumplimiento de sentencia
Ya con la mayoría a su favor, la Liga Azul hizo de las suyas. Decidió retornar a Carlos González como Superintendente de Bancos. Se trata de una jugada oscura, sobre todo porque en diciembre pasado ya se había nombrado a Roberto Romero con superintendente.
El accionar de la Liga Azul les podría traer la destitución. Esto porque han desobedecido una sentencia expresa de la Corte Constitucional.
Así lo cree Santiago Becdach, quien denunció a la Liga Azul por infracción electoral y que también es candidato de Construye para el Parlamento Andino. Así, el 22 de enero, acudió a la Corte para pedir que los jueces revisen el cumplimiento de su sentencia, por el caso de Raúl González, quien resultó ganador del concurso, pero no pudo posesionarse porque el Gobierno de Guillermo Lasso dijo que había perdido confianza en él.
La sentencia de la jueza Alejandra Cárdenas Reyes, dio paso a una acción de protección para Raúl González, pero indica textualmente: “La presenten sentencia no tiene la potencialidad de afectar en ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
Becdach recordó que en casos de incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional como los realizados por Alambert Vera y Hernán Ulloa, la sanción fue destitución. Este caso es similar, comentó.
Los Bancos prenden alarmas
La decisión del CPCCS levantó las alertas en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). En un comunicado el ente que aglutina a los bancos del país, la entidad consideró que “se ha configurado un escenario de inseguridad jurídica para todos los ecuatorianos”
El gremio del sector financiero también explicó claramente que en diciembre de 2024, la Corte Constitucional emitió la sentencia 372 23 EP/25 en la que se determinó que esta decisión “en sí misma constituía una reparación y resolvió que no se debía afectar el nuevo proceso llevado a cabo para la selección de la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
Para Asobanca, el pleno del CPCCS aprobó la una resolución que interpreta dicha sentencia, “sembrando incertidumbre al proceso”.
Los representantes del sistema financiero agremiados, indicaron que acogen lo que dijo la Corte y pidieron al Consejo “retomar la senda de la seguridad jurídica que la sociedad requiere”.
El Ministerio de Gobierno también se pronunció sobre lo sucedido y condenó el hecho de que la Liga Azul intentó tomarse la Superintendencia de Bancos.
La apelación del TCE aún debe cumplir varios pasos
Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral tiene a cuestas la tarea de pronunciarse sobre la apelación de la sentencia que en primera instancia decidió destituir a Yadira Saltos, Augusto Verdura, Eduardo Franco Loor y a Vielka Párraga. Sin embargo, tras la recusación que Verduga aplicó a la conjueza Ana Abril, debe despacharse en estos días.
Ana Abril tenía un día para contestar la recusación, pero el siguiente paso es conformar un pleno que pueda conocer dicha recusación. No es tarea fácil pues hay varios jueces que han sido recusados con anterioridad y se debe dar paso a jueces temporales que actúan cuando existe congestión en las causas.
Lo cierto es que la Liga Azul se sigue quedando en funciones.
Entre tanto, Juan Esteban Guarderas, consejero destituido por la Asamblea, advirtió que para el CPCCS, es demasiado tener un día con mayoría correísta. Lamentablemente, esta situación ya se vive durante 27 días.
El CPCCS es responsable de elegir al Consejo de la Judicatura y al reemplazo de la fiscal Diana Salazar.
