Este lunes, el consejero Augusto Verduga (ex pre candidato presidencial del correísmo) interpuso una recusación en contra de la conjueza Ana Abril.
Se trata de una nueva interrupción del proceso de apelación de sentencia que se lleva en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto, en medio de los procesos de nombramiento del nuevo Consejo de la Judicatura y del Fiscal General de la Nación que dependen del CPCCS.
En la misma línea, Yadira Saltos, presentó el 20 de enero una queja, también con la intención de incidentar. Así lo confirmó Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano.
Jaramillo recordó que “esta consejera correísta, quien fue sentenciada con la destitución en primera instancia por realizar actos proselitistas junto al prófugo de la justicia y líder de su movimiento, Rafael Correa, al igual que el consejero Verduga, intenta dilatar el proceso al presentar una acción de queja”.
Esta acción se presentó en contra de los jueces electorales Guillermo Ortega, Ivonne Coloma y Joaquín Viteri. Además destacó que no se incluye al juez Richard Gonzales, quien mantiene afinidad con el correísmo. “Es evidente su desesperación, les recuerdo que grotescamente incumplieron la ley electoral y deben asumir las consecuencias”, dijo Jaramillo.
El pasado viernes 17 de enero, el juez Guillermo Ortega, ya admitió a trámite la causa de apelación de los consejeros Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Augusto Verduga, todos miembros de la Liga Azul. Sobre ellos pesa una sentencia en primera instancia que dispone su destitución, por el delito de infracción electoral.
Franco Loor, Verduga, Saltos y Nicole Bonifaz (quien no es parte de la liga, pero vota con el correísmo), son parte de la nueva mayoría del CPCCS. Con la presencia de Franco Loor, la Liga Azul tomó fuerza. Este último reemplazó al destituido Juan Esteban Guarderas, quien fue separado a través de juicio político por votos de RC5 y Construye.
Franco Loor ya tiene acción de personal en el CPCCS y ‘aconseja’ a la Asamblea
Tras el pronunciamiento del juez Ortega, en teoría, el TCE tenía 10 días hábiles para tomar una resolución que concluía el 30 de enero. Sin embargo, este lunes se conoció de la nueva recusación y de la queja.
La recusación es una figura jurídica que permite a una persona solicitar que un juez o conjuez se separe de un caso por diferentes circunstancias.
Santiago Becdach denunció la presentación de dicha recusación por parte de Verduga. Y, señaló que lo más insólito de esta acción es que se basa en una denuncia interpuesta en Fiscalía el 6 de enero por el mismo Verduga por el presunto delito de perjurio (juramento en falso) en contra de Abril. Fecha en la cual la causa ya se encontraba firme y habían apelado.
Becdach a través de su cuenta de X cuestionó si esto no es utilizar la justicia para luego poder generar este tipo de incidentes. Y advirtió que no permitirán la toma del CPCCS para generar impunidad.
🚨 ATENCIÓN
La correísta “Liga Azul”, en un intento desesperado por dilatar su destitución, ha recusado a la conjueza Ana Abril por medio de Augusto Verduga, valiéndose de una denuncia ingresada en la Fiscalía por el mismo el 6 de enero de 2025.
Son estos personajes, quienes… pic.twitter.com/8d7nUVGVJx
— Santiago Becdach (@santiagobecdach) January 20, 2025
Esta tarde, mediante un comunicado, el TCE otorgó un plazo de un día a la conjueza Ana Abril para que responda a la recusación en su contra. En cambio, no admitió las recusaciones presentadas contra los demás magistrados.
La polémica Liga Azul va por la Superintendencia de Bancos
Este martes 22 de enero se conoció que los consejeros correístas, a través de Augusto Verduga, ingresaron una solicitud al Pleno del CPCCS para votar por el regreso de Raúl González como Superintendente de Bancos.
Esta solicitud se fundamenta en una interpretación parcial de la sentencia de la Corte Constitucional, que anuló la acción de protección que impidió la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos en 2022. Sin embargo, la misma Corte aclaró que su sentencia no incide en el proceso de elección que se realizó para designar a Roberto Romero como la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos.
En su momento el entonces presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, votó en contra de la designación de González, quien estaría impedido de ocupar un cargo público por tener un contrato pendiente con el Estado.
Su posicionamiento en la Asamblea, también fue cuestionado. Virgilio Saquicela, en ese entonces presidente del legislativo, posicionó a González de manera improvisada y vía zoom. Apoyado por la bancada del PSC y una de sus principales figuras, Pablo Muentes, hoy sentenciado en el Caso purga.
Entre tanto, frente a lo actuado por el CPCC, Santiago Becdach quien ha buscado la destitución de la Liga Azul a través de denuncias ante el TCE, acudió hace pocos minutos a la Corte Constitucional. Lo hizo para pedir a los altos jueces que revisen su sentencia sobre la Superintendencia de Bancos. Asegura que con su decisión sobre retornar a Raúl González a la Superintendencia estarían desobedeciendo una sentencia de la Corte. Esto sería causal de destitución.
El correísmo se toma la vicepresidencia del CPCCS
La Liga Azul lanza todas sus cartas y designa a Yadira Saltos, una de sus integrantes, como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta designación se da tras la destitución de la vocal Johanna Verdezoto.
Esta jugada se une a la queja presentada por la misma Yadira Saltos, el 20 de enero, en contra de uno de los jueces que conforman el pleno del TCE que analizará la apelación de la sentencia que la destituye a ella y al resto de consejeros correistas del CPCCS.
Dentro del concejo que votó por su designación como vicepresidenta, está Eduardo Franco Loor, quien recientemente participó en la investidura del dictador Nicolás Maduro.
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano y una de las denunciantes de la Liga Azul, alertó a través de su cuenta de X “Hoy se han quitado la máscara, dejando en evidencia sus intereses políticos.”.
El circo de hoy llegará a su fin. Quizá cobren el sueldo de enero y se irán. Hoy se han quitado la máscara, dejando en evidencia sus intereses políticos que fueron comprobados ante el @TCE_Ecuador y que arribó a la sentencia con la destitución, multa y suspensión de derechos… https://t.co/h6GnRuxGz6
— Mónica Jaramillo (@MoniJaramilloEc) January 22, 2025
Dos procesos clave para la Justicia
En Ecuador, donde la institucionalidad siempre está al filo de la navaja. Los dos principales pilares de la justicia (FGE y Consejo de la Judicatura), dependen de un polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El CPCCS, en teoría, debe estar libre de vínculos políticos para asegurar su independencia. Sin embargo, ha enfrentado escándalos recurrentes y cuestionamientos por sus lazos con el correísmo.
El Consejo de la Judicatura con cuatro de las cinco ternas
La tarea inminente que tiene el CPCCS es designar a los nuevos cinco vocales del Consejo de la Judicatura. En teoría deberían ser nombrados el 29 de enero.
Según el artículo 179 de la Constitución del Ecuador, los vocales deben ser escogidos de las ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública.
Este viernes 17 de enero, la Corte Nacional de Justicia envió su terna para este proceso. Con esto, solo está pendiente la terna de Ejecutivo.
La selección del nuevo Consejo de la Judicatura es vital, pues esta entidad se encarga de controlar a los jueces. Es necesario no volver a repetir los casos de corrupción en los que ha estado envuelta la Judicatura. Entre ellos: Independencia Judicial, Metástasis, Purga y Pantalla.
Todos con un personaje en común, Wilman Terán, ex presidente de la Judicatura.
En la actualidad está presidido por Mario Godoy, quien también ha sido cuestionado por haber sido defensor de los hermanos Larrea, quienes tienen un sentencia por narcotráfico. Godoy recientemente, fue acusado por la jueza Nubia Vera de presionarla para emitir una sentencia en contra de Verónica Abad.
Los vocales y su papel en provincias
Los nuevos vocales designados reciben a su cargo cinco provincias, solo uno se quedará con cuatro provincias entre ellas Guayas o Pichincha. Dentro de sus funciones, deberán designar a los directores provinciales.
El director provincial del Consejo de la Judicatura es el que tiene a su cargo los procesos disciplinarios de los jueces, son los que controlan básicamente la justicia de la provincia.
En una entrevista para La Fuente-Periodismo de Investigación, Juan Esteban Guarderas, ex vocal del CPCCS, señala que tener “un vocal malo” es grave, ya que les asegura el control en cinco provincias.
Esto lo observamos en el Caso Purga, donde se utilizó la Corte Provincial del Guayas para actos de corrupción en varias instancias y con algunas figuras de la política ecuatoriana.
Purga y cómo Muentes y Gallardo ensuciaron la Corte del Guayas
Guarderas, en una entrevista para el medio Visionarias, indicó que tras su destitución, liderada por Construye y RC5, se incorporó en la terna que envió la Asamblea a Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón, asesora de Construye.
“A mi me destituyen y un día después la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísta), adjunta a la terna a la asesora de Construye. Coincidencias en la política no hay.”, subrayó Guarderas.
Actualmente, la Comisión Técnica, conformada por funcionarios del CPCCS, está revisando los perfiles de las ternas presentadas. Posteriormente, comienza la fase de impugnación. Esta fase es pública y cualquier ciudadano puede impugnar en contra de los candidatos. La última fase es la selección de candidatos quienes deben presentar sus planes de trabajo y en base a esto, los consejeros de CPCCS designan a las nuevas autoridades.
Estos son los candidatos propuestos por cada institución:
La tarde de este martes, los consejeros del CPCCS con mayoría correísta y liderado por la Liga Azul, devolvió la terna enviada con la Corte Nacional de Justicia.
Arrancó el proceso para elegir nuevo Fiscal
Otro proceso que tiene en la mira al CPCCS y, sobre todo, a su mayoría correísta, es la designación del nuevo o nueva Fiscal General del Estado. En menos de dos meses el país debería conocer al sucesor o sucesora de Diana Salazar, pero el proceso aún tiene varios puntos que cumplir.
Para este cargo la designación se realiza mediante un concurso de méritos y oposición con convocatoria abierta a abogados y abogados que cumplan los requisitos que constan el reglamento aprobado por el CPCCS, el 30 de octubre de 2024.
Pese a la premura del tiempo, la convocatoria aún no ha sido lanzada, ya que aún se encuentran en la fase de capacitación de la veeduría ciudadana y la aprobación del reglamento para la selección de la comisión técnica de selección.
El ex vocal Juan Esteban Guarderas, alertó acerca de esto último. Ya que según él, la mayoría correísta buscaría que no existan los parámetros necesarios de transparencia en el proceso.
“Pronto también van a aprobar como se constituye el jurado. Si se controla el jurado que decide quién gana el concurso de la Fiscalía General de facto ya controlas en gran medida el concurso.”, señaló Guarderas en una entrevista a un medio digital.
#MiradaNacionalEc | El exconsejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas asegura que después de su salida se dieron varias anomalías para dos concursos, el de Fiscal General y del Consejo de la Judicatura.
En el de Fiscal General asegura que la Liga Azul ya podría tener orquestado… pic.twitter.com/hksUHy40wz
— Visionarias (@visionariasec) January 14, 2025
Además, en una entrevista para La Fuente-Periodismo de Investigación, propuso que los candidatos autoricen a la UAFE realizarles un análisis de su situación financiera a lo largo de todo el proceso. Sugerencia que fue rechazada por los consejeros correístas.
Las fases del proceso
- Actualmente, ya está nombrada la veeduría ciudadana, y sus miembros deben realizar la planificación de su trabajo
- Posteriormente, se nombrará a la comisión de selección y
- Finalmente se lanzará la convocatoria para empezar con el proceso de selección para el nuevo Fiscal General
Diana Salazar se encuentra en periodo de maternidad y retomará sus funciones en marzo. En caso de que exista un alargue en el proceso, Salazar deberá decidir si continúa en funciones o deja el cargo el 8 de abril. De ser así, el fiscal Wilson Toainga asumiría el cargo de Fiscal General subrogante (como lo ha venido haciendo).
Casos pendientes
La Fiscalía General del Estado tiene sobre sus espaldas, la responsabilidad de dar con los responsables de importantes casos. En este sentido, es importante que el nuevo representante de la entidad tenga probidad notoria e independencia política.
- Fiscalía debe identificar a los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en las últimas elecciones. Y de los cuales, no se tiene aún información.
- Por otro lado, se encuentra el reciente caso de los 4 menores de edad desaparecidos y asesinados tras estar en custodia de las Fuerzas Armadas. El caso denominado Las Malvinas se encuentra en plena investigación para determinar quiénes fueron los autores directos del crimen.
- También es conocido que existe la intención desde el correísmo de dejar insubsistente el Caso Sobornos. Esto pese a que existe una sentencia ejecutoriada en contra del prófugo Rafael Correa. En este sentido, la titularidad de la Fiscalía podría ser clave para evitar argucias o ilegalidades.
FISCALÍA VINCULA A CORREA Y A 21 PERSONAS EN CASO ARROZ VERDE
Actualizado: martes 22 de enero 2025, 16h40.
