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En medio de sorpresas, revelaciones, decenas de pedidos de versiones y diligencias, y presentaciones de acusaciones particulares de última hora, se desarrolló esta semana la etapa final de la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV.
Este 12 de marzo se cerró la posibilidad de que las partes procesales realicen nuevos pedidos. Ahora solo se puede recibir documentos, pericias y versiones ya dispuestas en la instrucción fiscal.
Así, dos años siete meses después del asesinato del periodista y candidato presidencial, termina la etapa investigativa para ir hacia la de juzgamiento. En el caso Magnicidio FV, que busca a los autores intelectuales del asesinato, se han identificado a siete presuntos responsables (cuatro procesados y tres vinculados) en dos audiencias: una de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre del 2025 y otra de vinculación, del 10 de febrero del 2026.
Estos procesados y vinculados por Fiscalía son:
- José Serrano (ex ministro y asambleísta del correísmo)
- Ronny Aleaga (ex asambleísta del correísmo y Latin King)
- Daniel Salcedo (negociados pandemia, Metástasis, seguimientos Magnicidio FV)
- Xavier Jordán (negociados, Metástasis, relación con Norero, financiamiento)
- Wilmer Chavarría, alias “Pipo” (jefe de Los Lobos, autorizó el asesinato)
- Esteban Aguilar, alias “Lobo menor” (hijastro de Pipo y coordinador con los autores materiales)
- Luis Arboleda, alias “Gordo Luis” (cabecilla de Los Lobos, encargado de logística y entrega de dinero)
Los procesados se relacionan entre sí desde diversas arenas (política y criminal), en una intrincada estructura, en la cual se articulan de manera complementaria. Los procesados se han dedicado a ensuciar la investigación con testimonios comprados, con versiones en las que no responden preguntas, han intentado amedrentar a fiscales y a las víctimas, sin embargo el caso sigue fuerte.
Así conocemos que los presuntos autores provendrían de la Revolución Ciudadana, de negociados corruptos con el Estado y de las mafias narcodelincuenciales transnacionales.
Las últimas revelaciones
Estos últimos días, se incorporaron al proceso audios que han sido reveladores. Lo curioso es que unos llegaron por pedido de los propios procesados y otros fueron proporcionados por la Fiscalía. En estos se advierte que la estructura del crimen tendría tentáculos más grandes.
Por ejemplo, se presentaron audios extraídos del celular de R.R, procesado en el caso que involucra a Tanya Varela, y en los que se establece que hubo una reunión de varios cuadros del correísmo en el que se conoció sobre el crimen. En dicha reunión se habría aprobado apoyar la narrativa de Xavier Jordán y decir que el caso es “armado” por la Fiscalía. Es decir, la misma narrativa en la que han insistido los acusados durante toda la investigación.
Además, se conoció un audio de María Paula Christiansen (esposa de José Serrano), pedido por los propios abogados de Serrano, en el que se demuestra que los vinculados habrían tenido un modus operandi para comprar testigos. Usaban medios económicos, así como amenazas directas y veladas para persuadirlos. En este contexto se puede verificar una amistad entre María Paula Christiansen, José Serrano y Xavier Jordán.
El matrimonio de Verónica Sarauz con un policía
Fotos: Rolando Enríquez/API
Esta semana, también se hizo público el nuevo matrimonio de Verónica Sarauz, quien era la viuda de Fernando Villavicencio. El hecho se lo acaba de conocer, pero ocurrió el 11 de julio del 2024 (11 meses después del asesinato). El actual consorte es un policía ascendido a teniente por José Serrano. Andrés Proaño Espinosa fue parte de la seguridad de Sarauz durante varios meses. La información sobre el matrimonio se la puede verificar en el siguiente link:
https://www2.miamidadeclerk.gov/mlsweb/LicenseSearch/LicenseInfo/2024013666
El hecho, si bien tiene que ver con la vida personal de Sarauz, levanta interrogantes sobre los motivos de su conducta en el caso. Es que durante varios meses -desde su supuesta calidad de viuda- ha buscado desvirtuar el caso de la Fiscalía. Por ejemplo, acusó a María Paula Romo y a Construye de ser autores del crimen de Fernando, en medio de una precampaña electoral en la que quiso ser candidata a asambleísta por Democracia Sí.
Pocos días antes de la segunda vuelta presidencial de abril del 2025, Sarauz publicó un video, producido por personal de RETO (aliado a RC5) denunciando un supuesto engaño por parte de la ex fiscal Diana Salazar, a través del cual la fiscal le habría obligado a decir que el culpable del crimen fue Rafael Correa. El mismo fue viralizado por seguidores correístas.
Pero además, ahora la defensa de José Serrano, expuso que Sarauz les entregó una carta en la que apoya la narrativa de los procesados, indicando que este sería un caso “armado”.
A pesar de que durante todo el proceso renegó de la investigación de Fiscalía, Sarauz decidió a última hora ser acusadora particular en el caso, señalando como responsables a Jordán, Aleaga, Salcedo y Serrano. Un comportamiento errático y contradictorio: mostrarse en contra de la teoría del caso llevada por Fiscalía, para luego adherirse a esa misma teoría en calidad de acusadora particular.
La narrativa sobre Pipo
Otro hecho que influyó en el caso, en las últimas semanas, fue que el líder principal de Los Lobos (alias “Pipo”), ahora detenido en Zaragoza, protagonizó un intento por desviar el foco de la investigación y aseguró que quien había ordenado el crimen era el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Sin pruebas y sin sentido cronológico, lo dicho por “Pipo” fue interpretado como un esfuerzo desesperado del narco para no ser enviado -vía extradición- a EE.UU. Tampoco le interesaría ser trasladado hasta la cárcel del Encuentro, en Ecuador, sino más bien quedarse en España.
La inverosímil declaración de Pipo, aplaudida por el correísmo
Sobre esta declaración de alias «Pipo», Verónica Sarauz pidió, casi al cierre de la instrucción, sea incluída en el proceso.
Por todo ello, Amanda y Tamia Villavicencio, las hijas de Fernando, han informado que van a mantener su acusación particular de manera independiente y advirtieron que se opondrán a una eventual unificación de las acusaciones particulares.
Desde ya, frente a las novedades que ha arrojado la investigación, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, considera que debe realizarse una siguiente investigación: “esta nueva información nos hace saber con certeza que es necesario abrir una siguiente investigación para vincular a todos los que ahora aparecen involucrados, pero que por los tiempos han quedado por fuera”.
Acusación particular de las hijas de Villavicencio y los roles de los vinculados
Las hijas de Fernando, Amanda y Tamia Villavicencio, en su acusación particular del 10 de noviembre del 2025 (hace cuatro meses) y en una ampliación del 11 de marzo, detallan quiénes son y cuáles son los roles jugados por cada uno de los vinculados al crimen.
También dijeron que el caso es sólido, pues testigos protegidos, versiones y pericias, confirman “la existencia de un plan unitario, no fragmentado ni espontáneo, sino estructurado, deliberado y ejecutado de forma progresiva” para asesinar a Fernando Villavicencio.
Como se detalla en su acusación particular, la investigación ha logrado reunir un conjunto de elementos que configuran un esquema criminal estructurado, “en el que cada uno de los intervinientes cumplió un rol funcional para garantizar la ejecución del delito y su posterior encubrimiento, constituyendo una acción dolosa, plenamente organizada”.
Para respaldar el caso, existen “versiones, testimonios anticipados, pericias de análisis forense de dispositivos electrónicos, informes de tráfico y metadatos de comunicaciones, extracción legal de chats, en los que se verifica que los procesados mantuvieron comunicaciones constantes, dirigidas, orientadas y funcionales entre sí y con terceros operadores, comunicaciones que permitieron la planificación, preparación, coordinación, ejecución y posterior aseguramiento del crimen”.
José Serrano
Con base a testimonios, actas de versiones y registros de contacto con personal policial, se establece que mantuvo dominio estratégico sobre segmentos de la Policía Nacional, particularmente en unidades vinculadas a la seguridad y contrainteligencia. Así habría logrado transferir información reservada sobre el esquema de protección de Villavicencio. Además, pudieron identificar vulnerabilidades y puntos críticos de exposición de la víctima, que habría ayudado a la ejecución del atentado. Actualmente, Serrano está detenido en Miami por el ICE. Sin embargo, varios comentarios de fuentes extra oficiales han mencionado que este personaje estaría “cantando”, para evitar su extradición a Ecuador.
Daniel Salcedo
Mediante pericias financieras y dispositivos electrónicos se confirmaría que Salcedo intervino como administrador del financiamiento ilícito y llevó adelante mecanismos de ocultamiento contable. Las pericias de chats de mensajería y llamadas evidenciarían coordinación logística para pagos, movimiento de recursos y sostenimiento operativo.
Ronny Aleaga
Su papel se puede mirar en los chats periciados del caso Metástasis. También, según la acusación y la teoría de Fiscalía, testimonios y registros documentales acreditan que habría actuado como articulador territorial. Además coordinó conexiones entre actores políticos, operadores penitenciarios y estructuras delictivas. Existen mensajes directos que establecerían que se encargaba de la “protección” y “control” después del hecho. Es decir, habría aprovechado su rol político y sus conexiones con grupos delincuenciales para procurar la estabilidad del plan criminal.
Xavier Jordán
De acuerdo con los chats del caso Metástasis, anexados al caso Magnicidio FV, así como testimonios anticipados, Jordán habría inducido, promovido y acelerado la decisión criminal, actuando como instigador directo y facilitador operacional del crimen. Sus comunicaciones refieren directamente a la necesidad de neutralizar a la víctima por razones retaliatorias y de protección a sus propios intereses económicos. Posteriormente, como se encuentra documentado, hostigó e intimidó a las hijas de la víctima, lo cual es otro delito y evidencia persistencia del dolo y riesgo procesal vigente.
Desde el 10 de febrero se estableció que líderes e integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) «Los Lobos» habrían aceptado el “encargo” de cometer este magnicidio por pedido directo de los ciudadanos Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo a cambio del pago de un millón de dólares americanos.
¿Quiénes son los otros tres vinculados?
Wilmer Chavarría (alias “Pipo”)
Habría actuado como líder máximo de la organización delictiva GDO «Los Lobos», tras la muerte de Leandro Norero. Los presuntos autores intelectuales acudieron directamente a él para que su estructura criminal ejecute el asesinato, previamente planificado con Norero, a cambio del pago de un millón de dólares. Alias «Pipo» habría dispuesto que se active la estructura operativa.
Ángel Aguilar (alias “Lobo Menor”)
Según la acusación particular, este personaje estaba en la segunda línea de mando del GDO “Los Lobos” y supervisaba directamente a alias “Invisible” en la delegación de la coordinación logística del crimen. Conforme a la investigación, Aguilar Morales (de quien al momento se desconoce su paradero) habría tenido control directo de la célula encargada del seguimiento y de la ejecución. Habría supervisado las reuniones, la operatividad y los pagos. Habría dado órdenes directas a los ejecutores.
Luis Arboleda (alias “Gordo Luis”)
De los elementos recabados por Fiscalía, se determina que habría sido el encargado de recibir una parte del pago por el magnicidio, consistente en medio millón de dólares entregados en la ciudad de Cali. A su vez, habría sido el encargado de entregar parte del dinero por adelantado a las disidencias de las FARC en Colombia para contratar a los sicarios que ejecutaron materialmente el asesinato. También habría dado órdenes directas a la célula ejecutora.
Es importante recordar que en la acusación particular de Amanda y Tamia Villavicencio, en su calidad de víctimas, rechazan recibir una compensación económica en el caso pues indican:
“Estamos convencidas de que no existe legitimidad moral ni ética en recibir un centavo de dólar proveniente del mismo origen del dinero con el que se compró a los sicarios”, han dicho.
Además, como mecanismo de reparación con base al principio de Justicia Restaurativa y derecho a la Verdad, se pide que los procesados asuman medidas de satisfacción de carácter simbólico, consistentes en reconocer públicamente frente al país su culpabilidad sobre la base de la sentencia dictada, manifestando: “SOMOS CULPABLES DEL MAGNICIDIO DE FERNANDO VILLAVICENCIO”.
