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Por tercera ocasión se difirió la audiencia de formulación de cargos en contra de los tres cabecillas del grupo delincuencial Los Lobos, dentro del caso Magnicidio FV. Tan solo seis horas antes de que se dé la audiencia, prevista para este 28 de enero a las 15:00, la jueza María Daniela Ayala ordenó el diferimiento.
¿Las razones? La jueza lo decidió con base a un pedido que presentara Juan Ernesto Llamuca, defensor público de Esteban Aguilar (alias Lobo Menor), uno de los cabecillas a los que la Fiscalía busca vincular. Ahora la audiencia se pasó para el 10 de febrero, a las 08:30.
La audiencia que se acaba de posponer también pretendía vincular a Wilmer Chavarría, alias “Pipo” y a Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”.
En esta causa están ya vinculados como presuntos autores intelectuales del crimen: José Serrano, ex ministro del Interior del correísmo; Xavier Jordán, con orden de prisión por el caso Metástasis, y presunto testaferro de Leandro Norero; Ronny Aleaga, ex asambleísta del correísmo y Daniel Salcedo, quien habría hecho los seguimientos a Villavicencio.
Llamuca, defensor de Esteban Aguilar, el “Lobo menor” solicitó “se oficie a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Cantón Latacunga y al SNAI, a fin de obtener información relativa al beneficio penitenciario (prelibertad) del ciudadano Aguilar Esteban”.
En condiciones en las cuales se desconoce el paradero de este cabecilla, hijastro de alias Pipo, saltan varias preguntas: ¿Era pertinente, era necesario el pedido? ¿Qué buscaba con esto el defensor público Llamuca? ¿Se debe revisar las motivaciones de este defensor?
Resulta contradictorio que se haya dado espacio para este pedido del defensor, ya que está fuera del ámbito y competencia de la jueza, y porque este tema no es parte de la presente causa y, mucho menos, necesario para una formulación de cargos.
Así, la decisión de la jueza Ayala, termina beneficiando a los cabecillas, pues les da tiempo extra sin ser vinculados, sobre todo al “Gordo Luis” que al momento está en la Cárcel del Encuentro, y que podría salir libre en marzo próximo. Previamente hubo otros diferimientos.
Por qué una jueza que ya se excusó, sigue manejando el caso Magnicidio FV?
Pero ¿por qué la jueza Ayala -quien ya se excusó de llevar el caso Magnicidio FV, que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio- sigue encargada de esta causa?
En realidad, hay movimientos judiciales incomprensibles que desembocaron en este nuevo diferimiento. Lo más polémico es que la jueza Ayala ya aceptó excusarse porque dijo que le causaba ansiedad tener frente a ella a la hija del ex candidato presidencial asesinado.
La jueza Ayala se despide del caso Magnicidio con dictamen ‘de Ripley’
Según dijo, ella no logra ver a Amanda Villavicencio como una víctima, sino como su agresora. Incluso tildó a la víctima como su “enemiga manifiesta”.
Textualmente dijo:
Si yo misma cuestiono mi capacidad de actuar imparcialmente en relación a una de las víctimas, este mismo cuestionamiento traspasa al proceso si es que yo no me alejo del conocimiento y así también a la confianza en el sistema de justicia y las decisiones que se puedan adoptar en la presente causa; por lo que considero que la única decisión responsable es la de alejarme del conocimiento de la causa”, María Daniela Ayala.
Pese a dudar de su propia capacidad de imparcialidad, la jueza sigue actuando en el caso.
No se puede perder de vista que la Sala Penal de la Corte Provincial ya declaró que la jueza Ayala cometió error inexcusable en el mismo caso. Pese a ello, el Consejo de la Judicatura no procede aún con la sesión en la cual debería acogerse a lo dispuesto por la Sala Penal y decidir la destitución.
Magnicidio FV: fallo histórico abre la puerta a destitución de jueza Ayala
Ser o no ser «enemiga manifiesta» de las víctimas
- El problema se genera el 14 de enero cuando la jueza Ayala se excusa del caso con argumentos contradictorios (dijo que las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia Villavicencio no eran sus enemigas pero luego dijo que Amanda es su “enemiga manifiesta”). Previamente, ese mismo día emitió un polémico dictamen plagado de errores e imprecisiones.
- Así, tras el sorteo de ley, la causa recae en la jueza Luz María Ortiz. Sin embargo, Ortiz le devuelve el caso a Ayala, pues le pide a la jueza que conteste un pedido previo de la fiscal Ana Hidalgo del 15 de enero, sobre el dictamen polémico con el que se despidió Ayala del caso Magnicidio FV.
- Como recordamos, en ese dictamen impreciso del 14 de enero, la jueza Ayala pedía a Fiscalía justificaciones del por qué no ha pedido a jueces ordinarios que se excusen del caso , además permitía a Marcelo N. L. S. que se le realicen notificaciones del caso, pese a no ser parte procesal. Y sobre estos temas, Fiscalía pidió ampliación y aclaración.
- Así, el caso vuelve a las manos de Ayala. Pero la jueza Ayala, el 23 de enero responde a Ortiz indicándole que ya está impedida de pronunciarse en ese caso, puesto que se ha excusado y asegura:
Se dispone la INMEDIATA DEVOLUCIÓN de la causa a la Jueza en cuya competencia recayó esta causa por sorteo del sistema SATJE para que se pronuncie sobre mi excusa, al no encontrarme facultada para despachar un escrito presentado con posterioridad a mi excusa que no se refiere en lo absoluto a mi excusa, sino a otra providencia”.
- Así, la jueza Ayala cumplió con lo requerido por la jueza Ortiz, quien le pidió que tras pronunciarse sobre el pedido de la Fiscalía, se le devuelva el caso de manera inmediata, para así poderse pronunciar sobre la excusa que Ayala presentó.
- Sin embargo, el 26 de enero, la jueza Ortiz rechaza dicha excusa, argumentando que no están claros los argumentos de Ayala para excusarse de conocer el caso.
En medio de este laberinto judicial, la Fiscalía presentó un pedido de recusación a la jueza Ayala. Sin embargo, este proceso aún se está ventilando en el sistema judicial. El caso recayó en el juez Máximo Ortega Vintimilla.
Lo cierto es que todos estos movimientos dilatan más el proceso, lo que genera impunidad y falta de tutela jurisdiccional para las víctimas.
