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Luego de más de un año de hostigamiento judicial, Xavier Jordán desistió formalmente de la demanda presentada en Estados Unidos contra Diana Salazar.
Así lo acreditan dos documentos oficiales del Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, Florida, fechados el 14 de enero de 2026: el Aviso de Desistimiento Voluntario sin Perjuicio, presentado por el propio Jordán, y la posterior Orden de Desestimación firmada por la jueza Vivianne Del Rio, que terminó por finalizar el proceso.
La acción judicial, hoy archivada, buscaba, a más de hostigar judicialmente a Diana Salazar, forzar la comparecencia de Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, en una maniobra que el propio tribunal ya había considerado carente de sustento y potencialmente constitutiva de acoso judicial.
Paralelamente al expediente, Jordán montó un show mediático: videos en los que se mostraba como un investigador de la corrupción, comunicados altisonantes y una narrativa victimista destinada a desviar la atención del núcleo del caso; una puesta en escena para invertir los roles, presentando al investigado como agraviado mientras el proceso penal que lo rodea avanzaba con la gravedad de los hechos.
El hostigamiento fue más lejos. Jordán insistió en perseguir judicialmente a Amanda y Tamia Villavicencio, a difundir videos de las víctimas mientras se les presentaba una citación ante el despacho de su abogado, a divulgar en sus redes las direcciones de sus domicilios y placas de automovil pese a que él mismo es investigado por el asesinato de su padre. En esa asimetría moral, el investigado que acosa a las hijas de la víctima, se revela el sentido profundo de la estrategia: intimidar, desgastar y revictimizar.
El desistimiento ocurre en un contexto adverso para Jordán. Investigado por el magnicidio de Fernando Villavicencio, con prisión preventiva por ese caso, orden de difusión roja en el expediente Metástasis e investigaciones abiertas por corrupción hospitalaria, la imagen que intentó proyectar en Estados Unidos como inversionista y emprendedor musical se desmorona progresivamente con el paso del tiempo.
No es un detalle menor que agentes del Department of Homeland Security y del FBI, este último a cargo de la investigación del magnicidio de Villavicencio, hayan allanado sus propiedades, marcando el contraste entre el relato construido y la realidad judicial que lo persigue.
