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Alexandra Arce ha ocupado distintos cargos de elección popular en la última década: fue concejala, alcaldesa de Durán, asambleísta y nuevamente candidata a la Alcaldía, siempre bajo el paraguas político del correísmo. En ese recorrido también enfrentó procesos judiciales: fue detenida y posteriormente sobreseída por un presunto delito de asociación ilícita, y recientemente fue sentenciada a 13 años de prisión por el delito de peculado, en un caso vinculado a la contratación de una obra de agua potable para el cantón.
La sentencia —aún susceptible de recursos— vuelve a colocar el nombre de Arce en el centro del debate público. No solo por el fallo judicial en su contra, sino porque chats periciados por la Fiscalía dentro del caso Metástasis revelan conversaciones en las que su candidatura aparece mencionada por personajes hoy procesados o vinculados al crimen organizado, lo que abre interrogantes sobre la penetración de estas redes en gobiernos locales y procesos electorales.
Los chats de Metástasis y los apoyos en disputa
De acuerdo con información contenida en los chats incorporados al expediente fiscal del caso Metástasis, Alexandra Arce habría sido mencionada en conversaciones entre Leandro Norero, narcotraficante asesinado en la cárcel de Latacunga, y Xavier Jordán, procesado dentro del denominado caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En esos intercambios, Norero y Jordán discuten sobre la Alcaldía de Durán como un espacio de poder en disputa. Jordán recrimina a Norero que “no se meta” en lo que considera su territorio político, mientras se menciona que Arce habría comentado la existencia de un tercero interesado en apoyarla, identificado en los mensajes como “Benjamín”.
En la conversación, Norero responde que “Benjamín es mi muchacho”, lo que provoca la molestia de Jordán, quien insiste en que “la alcaldía es mía” y plantea la necesidad de definir cómo se le pagaría por ese apoyo. En otro mensaje, Norero ofrece cubrir el costo “como él quiera” y añade una frase reveladora: “pero pon agua en Durán”.
Los chats no constituyen, por sí mismos, una prueba de financiamiento ilegal ni de participación directa de Arce en estas negociaciones. Sin embargo, sí evidencian cómo actores vinculados al crimen organizado discutían abiertamente el control de alcaldías y el respaldo a determinadas candidaturas, tratándolas como espacios de poder transable.
¿Quién era “Benjamín”?
A partir del contenido de los mensajes y de información policial conocida posteriormente, una de las hipótesis que se desprenden del caso es que el “Benjamín” mencionado podría corresponder a Antonio Benjamín Camacho, alias “Ben 10”, identificado como líder de la banda criminal Chone Killers, organización creada por Norero. Esta hipótesis no ha sido confirmada judicialmente, pero coincide con la referencia hecha en los chats cuando Norero afirma: “dígale que usted habla con el papá de Benjamín”.
Camacho fue asesinado bajo la modalidad de sicariato el 28 de diciembre de 2024 en Cali, Colombia. Un día después, el 29 de diciembre, fue asesinado en Durán Hugo Marcelo Molina Rezabala, esposo de Alexandra Arce, quien recibió varios disparos dentro de su vivienda. La Fiscalía informó que dos adolescentes fueron procesados por su presunta participación en este crimen. Hasta el momento, no existe información oficial que vincule ambos asesinatos, más allá de la cercanía temporal de los hechos.
Alcaldías como botín político-criminal
Las conversaciones del caso Metástasis no se limitan a Durán. En otros intercambios, fechados el 30 de septiembre de 2022, Norero le solicita a Jordán que intervenga con “el Ruso”, apodo atribuido al entonces asambleísta Ronny Aleaga, también procesado en el caso Magnicidio FV. El motivo: Aleaga habría estado incluyendo a gente de los Latin King, para apoyar la campaña del candidato correísta.
En esos mensajes se menciona al entonces candidato Jaime Estrada Medranda (alianza Sí Podemos–RC), aunque Jordán asegura que no están respaldándolo y afirma que el apoyo se concentraba en Arce, en Durán. Finalmente, quien ganó la Alcaldía de Manta fue Agustín Intriago, asesinado en julio de 2023 en un crimen cuyo móvil aún no ha sido esclarecido judicialmente.
Estos intercambios refuerzan una línea de investigación ya advertida por analistas y fiscales: la disputa de gobiernos locales por parte de estructuras criminales, interesadas en el control territorial, contratos públicos y manejo de servicios básicos.
La defensa de Arce y el caso del agua
Tras conocerse la sentencia por peculado, Alexandra Arce sostuvo que ella y los otros 11 sentenciados fueron condenados “sin una sola prueba”, y afirmó que las supuestas irregularidades eran de carácter “netamente administrativo”. También aseguró que no existió desvío de fondos, que la obra cuestionada sí se ejecutó y que gracias a ella llega agua potable a Durán.
No obstante, cifras oficiales y reportes periodísticos indican que más del 60 % de los habitantes de Durán no recibe agua por red, dependiendo de tanqueros privados o municipales. La obra de conducción de agua potable desde El Chobo fue contratada en 2014, durante la administración de Arce, y continuada por su sucesor, Dalton Narváez (PSC). El sistema de pozos y captación, sin embargo, nunca funcionó plenamente. La Contraloría también intervino y encontró responsabilidades administrativas.
La obra fue adjudicada a Eseico, empresa del empresario Ramiro Galarza. El contrato inicial, de aproximadamente USD 21 millones, terminó costando cerca de USD 41 millones. Eseico fue una de las empresas que recibió múltiples contratos durante la etapa de la Reconstrucción de Manabí, proceso por el cual también fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas.
Un patrón que se repite
El caso de Alexandra Arce —más allá de su situación judicial personal— expone un patrón que se repite en distintos niveles del Estado: gobiernos locales convertidos en espacios de disputa, empresas recurrentes que acumulan contratos fallidos y actores criminales interesados en capturar decisiones públicas.
Las investigaciones en curso determinarán responsabilidades penales individuales. Pero los chats de Metástasis y la sentencia por peculado ya dejan una señal de alerta: la fragilidad de los municipios frente a redes políticas y criminales que operan a la sombra del poder.
