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Una providencia emitida el 24 de diciembre aplazó por más de un mes la audiencia de vinculación de tres cabecillas de la organización criminal Los Lobos, investigados por el asesinato del periodista y candidato presidencial.
El juez encargado Giovanny Freire Coloma difirió la audiencia de vinculación programada para mañana 26 de diciembre contra Wilmer Chavarría “Pipo”, Luis Arboleda “Gordo Luis” y Esteban Aguilar “Lobo Menor”—señalados por Fiscalía como vinculados en el magnicidio— reprogramándola para el 28 de enero de 2026.
La decisión, inocentemente notificada el día de Nochebuena, a menos de dos días de la audiencia, argumenta «sobrecarga funcional extraordinaria» y «alta complejidad» del caso, alegando que «se ha anunciado la vinculación de nueve personas». Sin embargo, el señalamiento oficial del 17 de diciembre establecía claramente la audiencia para solo tres procesados.
Respuesta de la defensa de las víctimas
Hoy 25 de diciembre, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval, hijas de Fernando Villavicencio, impugnaron la providencia del juez. En su escrito, denuncian que el aplazamiento carece de justificación técnica real.
«El auto del 24 de diciembre parte de un presupuesto fáctico equivocado», señalan, evidenciando que el juez justifica la complejidad mencionando nueve personas cuando la audiencia convocada era solo para tres procesados.
Las hijas de Villavicencio cuestionan que el mismo despacho, que el 17 de diciembre señaló la audiencia «en función de la agenda disponible» y ordenó coordinaciones para garantizar la defensa técnica, ahora alegue falta de preparación siete días después.
«No se identifica ningún impedimento real de agenda u otra audiencia concurrente», argumentan, y señalan que la providencia invoca razones genéricas sin explicar un obstáculo concreto que impida realizar la diligencia ya programada.
La defensa califica como «desproporcionada» una dilación de más de un mes en un proceso que el propio juez reconoce como de «alta sensibilidad», advirtiendo que se reservan el derecho de acudir a vías disciplinarias por «retardo injustificado».
Fiscalía también rechaza el diferimiento
La fiscal Ana Hidalgo Guayaquil interpuso un recurso de revocatoria contra la providencia del juez Freire, calificando de «insólito» que recién en la noche previa a un feriado nacional y dos días antes de la audiencia, el magistrado se percate de su condición de juez encargado y de supuestas limitaciones de agenda.
«Resulta sumamente extraño que su Autoridad motive el diferimiento de la audiencia convocada en base de hechos forzados y falsos que no corresponden a la realidad procesal», señala Fiscalía en su escrito, subrayando que el juez menciona la vinculación de nueve personas cuando en realidad la audiencia fue convocada solo para tres procesados.
Fiscalía denuncia que el auto carece de «fundamentación fáctica ni jurídica suficiente» y representa «total ausencia de motivación jurídica», además de contener «innumerables errores de ortografía y tipografía». El recurso solicita que se ratifique la audiencia para el 26 de diciembre o, en su defecto, se convoque «de forma célere e inmediata» en cumplimiento del plazo de cinco días que establece el Código Orgánico Integral Penal.
El timing sospechoso: entre amenazas y el retorno de la jueza Ayala
La fecha elegida para la nueva audiencia —28 de enero de 2026— no sería casual. El juez Freire programa la diligencia justo después de que concluya la suspensión impuesta a la polémica jueza María Daniela Ayala Álvarez, titular del despacho, quien se reintegraría a mediados de enero.
Ayala fue suspendida tras una serie de irregularidades en el manejo del caso Magnicidio FV, y curiosamente, los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha que están conociendo su declaratoria jurisdiccional —Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez— han recibido amenazas. Estos mismos magistrados también actuaron contra “Gordo Luis”, uno de los cabecillas ahora convocados para la vinculación.
Las amenazas contra jueces que buscan hacer cumplir la ley en este caso revelan la presión criminal que rodea el proceso. Y la fecha del 28 de enero abre una ventana peligrosa: si se recusa a la jueza Ayala al reintegrarse, lo que sería judicialmente correcto, la audiencia podría dilatarse un mes más. Mientras tanto, la única condena vigente contra “Gordo Luis” vence los primeros días de marzo, lo que podría significar su liberación si el proceso sigue retrasándose.
La justicia de doble velocidad
El país entero ha sido testigo de la metástasis que carcome el sistema judicial. Mientras casos mediáticos, triple A, VIP, como el de Aquiles Álvarez —procesado en un caso de tráfico y contrabando de combustible— acaparan cámaras, aplausos vacíos y hasta carpools surreales cantando “Gimme Tha Power” (convirtiendo una audiencia judicial en un triste espectáculo viral), la justicia se mueve con inusitada diligencia.
Pero en la otra cara de la moneda, en el silencio de una Nochebuena, sin reflectores ni atención mediática, providencias como la del juez Giovanny Freire aplazan por más de un mes audiencias cruciales en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Sin ruido, sin cámaras, sin que la opinión pública se entere.
Es así como funciona esta justicia de doble velocidad: los procesados que dominan el arte del espectáculo barato logran invertir los roles, presentándose como víctimas perseguidas mientras el sistema judicial baila a su ritmo. Entre tanto, en la penumbra burocrática, se dilatan los casos que realmente importan para la democracia ecuatoriana.
Y cuando jueces honestos intentan hacer su trabajo, reciben amenazas. Cuando se acerca la fecha en que un cabecilla criminal podría quedar libre, las audiencias se aplazan estratégicamente. En momentos en que la opinión pública está distraída celebrando Navidad, se notifican providencias que pueden cambiar el curso de la justicia.
La pregunta que queda es inevitable: ¿cuándo dejará el país de distraerse con el circo de las redes sociales, para exigir que la justicia funcione igual para todos, con o sin cámaras, sea Nochebuena o cualquier otro día? ¿Y cuándo protegeremos a los jueces que sí quieren hacer justicia de las amenazas del crimen organizado?
