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Al menos cinco personajes del correísmo profundo, cuestionados y con hojas de vida polémicas, parecen dinamitar los pilares del Gobierno del Nuevo Ecuador; el mismo que llegó al poder–paradójicamente- como una alternativa al Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Sin embargo, la administración actual, con Daniel Noboa al frente, ha dado cobijo a cuadros correístas: algunos marcados por escándalos, otros supuestamente convertidos, arrepentidos o llegados mediante acuerdos en las sombras. A este fenómeno se lo conoce como «noborreísmo».
Así, en esta arena de reciclaje político, resurgen los viejos fantasmas: justicia secuestrada, contratos inflados, operadores mafiosos y prácticas antidemocráticas. Los mismos vicios que caracterizaron al correísmo.
Entre los nombres del noborreísmo figura Mario Godoy, defensor impenitente de correístas y narcos sentenciados; hoy ocupa la presidencia del Consejo de la Judicatura.
También está Fausto Jarrín, actual asesor presidencial y exabogado de Rafael Correa, quien pasó por las filas de la Asamblea con UNES. Jarrín ganó notoriedad cuando Fernando Villavicencio lo señaló de entregar 200 mil dólares a Raúl Chicaiza —testigo clave del caso Balda— para torcer su versión sobre el secuestro.
A ellos se suman los asambleístas Diana Jácome, Mónica Salazar y Ferdinan Álvarez, artífices de episodios bochornosos. El más reciente: Jácome quitándole peso al caso Progen, como quien barre polvo bajo la alfombra.
Lo más inquietante es que un eventual naufragio del Gobierno —corrompido y carcomido desde dentro— podría pavimentar, en un futuro no tan lejano, el retorno del socialismo del siglo XXI: ya sea en su versión ortodoxa e intransigente, o en su variante barnizada, esa que intenta venderse como «tercera vía».
Godoy y la crónica de un escándalo anunciado
El último capítulo constituye un verdadero escándalo. Mario Godoy volvió a acaparar titulares al solicitar licencia para enfrentar una comparecencia ante la Asamblea. Los motivos sobran. Además de haber defendido a narcotraficantes —algo conocido desde 2014—, su esposa, la abogada Dolores Vintimilla, también ha representado a figuras vinculadas al crimen organizado: alias Fito, alias Rasquiña y el serbio Jezdimir Srdan.
Como si esto fuera poco, acaba de estallar un escándalo de proporciones: un abogado denunció públicamente que un juez había sido amenazado de muerte por el serbio Srdan y, además, despojado de su seguridad. Todo, luego de recibir presiones veladas desde el Consejo de la Judicatura para «atender» a la defensa del serbio. En medio de esta trama, se le obligaba a permanecer en su cargo para que pudiera participar en el caso Triple A, proceso por contrabando de combustibles contra Aquiles Álvarez.
Un historial oscuro y un timing que deja dudas
Sin embargo, el momento de las denuncias contra Godoy despierta suspicacias: se atan, de manera conveniente, al caso Triple A, cuya audiencia de juicio —prevista para durar tres o cuatro días— comenzó precisamente hoy, 24 de diciembre.
Pero el caso Godoy no es nuevo. Hace un año y medio, cuando se pretendía posesionarlo como presidente de la Judicatura, La Fuente-Periodismo de Investigación ya había trazado su perfil. Se explicaba entonces su vínculo con los hermanos Juan Pablo y Eduardo Xavier Larrea Cruz, de quienes era cuñado y abogado defensor en 2014, cuando el asambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Esteban Saltos encendieron las alarmas sobre sus operaciones ilícitas y su relación con Rafael Correa. Sin embargo, Correa desacreditó aquellas denuncias.
Fue cinco años después que los hechos confirmaron los nexos: los hermanos fueron detenidos con cargamento de cocaína.
Por todo ello, en una nota de La Fuente de 2024 ya se había establecido cómo Godoy fue incondicional del correísmo, ocupando diversos cargos públicos y actuando como abogado de Alambert Vera, el polémico defensor de Correa. No hay que olvidar que Godoy llegó gracias a la Liga Azul —vocales correístas— del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En ese momento, ni correístas ni noboístas mencionaron los nexos inconfesables. Cada bando, por separado, habría estado convencido de haber hecho una jugada maestra en su beneficio.
Luego vinieron los lamentos que se conocieron vía audios del caso Ligados. Augusto Verduga, quien hasta abandonó su licencia de paternidad para elegir a Godoy, se quejaba amargamente con Andrés Arauz de que Godoy ya no les respondía ni el teléfono, pese a que ellos lo instalaron en la Judicatura. Arauz, por su parte, aseguraba haber coordinado esa designación a través de Alambert Vera.
A estas alturas, es lógico que la ciudadanía se escandalice; pero resulta extraño que los mismos que se encargaron de encumbrarlo ahora se rasguen las vestiduras y aseguren que llegó el momento de elegir entre «la Patria o la mafia», apropiándose incluso de la frase insigne de Fernando Villavicencio.
¿Pero por qué si antes guardaron silencio, ahora hay tanto interés en que Godoy salga de la Judicatura? En el ajedrez de la justicia siempre hay motivos ocultos. En este caso, tristemente, está en juego el destino —¿o la impunidad?— de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el caso Triple A. Al parecer, al correísmo le conviene ahora expulsar a Godoy (quien desde hace tiempo no les contesta el teléfono) para instalar a alguien más afín a sus causas.
El escándalo de las presiones judiciales
Dos audios reproducidos por Andersson Boscán y Diario Expreso causaron un remezón en la Judicatura. Primero: Henry Gaibor, quien aparece en los audios haciendo recomendaciones veladas al juez Carlos Serrano sobre la defensa de Srdan, acaba de renunciar a su cargo como director provincial de la Judicatura en Pichincha.
A Gaibor se le conocía también por el caso Pendrive, en el que una jueza lo acusó de presiones. Hoy, Gaibor renunció.
Entre tanto, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, pidió licencia y deberá comparecer ante la Asamblea para explicar el asunto. Ya ha dicho que en los audios no se le menciona. Su esposa, Dolores Vintimilla, por su parte, ha declarado que dejó de defender a Srdan en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con Godoy. También alega haber participado solo en las etapas previas del caso.
El caso Triple A, que se adelantó
¿Será posible que el escándalo termine beneficiando a Álvarez, quien a esta hora se apresta a enfrentar su audiencia por el caso Triple A? Este proceso se deriva de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Guayas), donde se detectaron discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas. El problema: no existiría espacio físico para almacenar la totalidad del combustible comprado.
Existen varias aristas del presunto delito, según la teoría de Fiscalía:
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- Se detecta un perjuicio económico de 61,5 millones de dólares correspondientes a 22,7 millones de galones subsidiados.
- Se indica que las empresas comercializadoras y sus representantes tenían la obligación de verificar que las distribuidoras autorizadas no desviaran el combustible subsidiado hacia segmentos no autorizados.
- Los informes periciales establecen irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal.
- Se ratifica que se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, en volúmenes incompatibles con su capacidad operativa.
- Se habrían realizado transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotriz no pueden adquirir combustible para el segmento industrial o naviero.
El abogado Ramiro García, defensor de Aquiles Álvarez, ha sostenido en diversos medios que no existen evidencias y que su cliente debería ser sobreseído.
Asamblea laxa frente a la corrupción
Otro caso preocupante es el de la Asamblea Nacional, donde los asambleístas oficialistas —varios de ellos de la cantera correísta, que ahora dicen haberse desencantado— arrastran el lastre reputacional, pero también prácticas laxas o nulas de combate contra la corrupción.
Así, el informe de la Comisión de Transparencia, defendido hace pocos días por Diana Jácome (excorreísta), exculpa a los altos funcionarios del Gobierno que habrían gestionado los contratos de compra de motores eléctricos con Progen y ATM. Esto deja, una vez más, en entredicho la capacidad del Gobierno para ejercer control interno.
El Gobierno, más bien, presentó una denuncia contra la empresa extranjera Progen, responsable de haber entregado equipos inservibles y fuera de protocolo en Estados Unidos. Sobre el tema, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) calificó la medida como tardía y señaló la controversia que genera no identificar a los funcionarios gubernamentales responsables.
Entre ellos están los exministros de Energía que iniciaron la gestión, la actual ministra Inés Manzano, quien continuó el caso, y Félix Wong, actual embajador en Colombia.
El presidente Noboa, lejos de evitar al correísmo, parece seducido por estas prácticas «hábiles» en las cuales cada vez se enreda más. Tanto así que en las últimas elecciones hubo un fuerte voto de castigo que, sin embargo, parece no haberle hecho mella, pues continúa fiel a estas prácticas.
