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Al menos cinco personajes del correísmo profundo, cuestionados y con hojas de vida polémicas, parecen dinamitar los pilares del Gobierno del Nuevo Ecuador; el mismo que llegó al poder–paradójicamente- como una alternativa al Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Es que el actual régimen, con Daniel Noboa a la cabeza, adoptó para sí a cuadros correístas: unos salpicados por escándalos y otros supuestamente trasformados, arrepentidos o como parte de un pacto. Este fenómeno se lo conoce como el “Noborreísmo”.
Así, en esta arena de ‘reciclaje´ político se genera espacio para casos de justicia secuestrada, para contratos con sobreprecios, para operadores mafiosos y prácticas antidemocráticas, tal como sucedió en el correísmo.
Entre los nombres del Noborreísmo se cuenta a Mario Godoy, desde siempre comprometido con la defensa de correístas y de sentenciados narcos; hoy es presidente del Consejo de la Judicatura.
También está Fausto Jarrín, actual asesor de la Presidencia, y quien fue abogado de Rafael Correa. Además fue asambleísta de UNES. Jarrín fue conocido también porque Fernando Villavicencio denunció que había entregado 200 mil dólares a Raúl Chicaiza (testigo clave del caso Balda) para cambiar su versión sobre el secuestro.
Están además los asambleístas Diana Jácome, Mónica Salazar y Ferdinan Álvarez, quienes en su momento han protagonizado capítulos vergonzosos. El más reciente de Diana Jácome fue el minimizar responsabilidades en el caso Progen.
Lo más preocupante es que un potencial fracaso del Gobierno, corrompido y debilitado desde adentro, podría desembocar -en un futuro cercano- en el retorno del socialismo del siglo XXI, en cualquiera de sus formas: los recalcitrantes o los recientemente remozados y que se quieren presentar como una “tercera vía”.
Godoy y la crónica de un escándalo anunciado
El último capítulo es un verdadero escándalo. Mario Godoy ha vuelto a ocupar titulares al haber pedido licencia pues debe enfrentar un llamado de la Asamblea. No faltan motivos. A más de haber sido defensor de narcotraficantes (eso se sabía desde 2014); su esposa, la abogada Dolores Vintimilla, también ha representado a personajes relacionados con el crimen organizado: alias Fito, alias Rasquiña y el serbio Jezdimir Srdan.
Como si fuera poco, acaba de saltar un escándalo de terror: un abogado denunció a través de un medio de comunicación que un juez había sido amenazado de muerte por el serbio Srdan; y además se le había quitado la seguridad. Todo esto, luego de que recibió presiones sutiles desde el Consejo de la Judicatura de “atender” a la defensa del serbio. En medio de todo esto, se le estaba obligando a quedarse en su cargo, para que pudiera participar en el caso Triple A, caso de contrabando de combustibles en contra de Aquiles Álvarez.
Un historial oscuro y un timing que deja dudas
Sin embargo, el momento de las denuncias en contra de Godoy causa dudas porque queda atado, de manera sospechosa, justamente al caso Triple A, en el cual hoy (24 de diciembre) se celebra la audiencia de juicio, que duraría tres o cuatro días.
Es que el caso de Godoy no es nuevo. Justo hace un año y medio, cuando se lo pretendía posesionar como presidente de la Judicatura, La Fuente-Periodismo de Investigación, recordaba quién era Godoy. Se explicaba el vínculo con los hermanos Juan Pablo y Eduardo Xavier Larrea Cruz, de quienes era cuñado y fue abogado defensor en 2014 cuando el asambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Esteban Saltos, levantaron las alarmas sobre sus operaciones ilegales y la relación con Rafael Correa. Sin embargo, Rafael Correa desacreditó dichas denuncias.
Fue cinco años después que se comprobaron los nexos cuando se dio la detención de los hermanos con cargamento de cocaína.
Por todo ello, en la nota de La Fuente del 2024, ya se estableció cómo Godoy fue incondicional del correísmo, ocupando varios puestos públicos y también como abogado de Alambert Vera (polémico abogado de Correa). No hay que olvidar que Godoy llegó gracias a la Liga Azul (vocales correístas) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CCPCS).
En ese momento, ni correístas, ni noboístas hablaron de los nexos inconfesables. Cada grupo, por su lado habría estado convencido de que hicieron una gran jugada en su beneficio.
Luego vinieron los lamentos que se conocieron vía audios del caso Ligados. Augusto Verduga, quien hasta dejó su licencia de paternidad para elegir a Godoy, se quejaba amargamente con Andrés Arauz de que Godoy ya no les respondía ni el teléfono, aunque ellos lo pusieron en la Judicatura. Arauz por su parte, aseguraba que él coordinó esa designación a través de Alembert Vera.
En este punto, es lógico que la ciudadanía se escandalice del tema; pero suena extraño que los mismos que se encargaron de encaramarlo en el poder, ahora se rasguen las vestiduras y aseguren que es el momento de elegir entre “la Patria o la mafia”, robando incluso la frase de Fernando Villavicencio.
¿Pero por qué si antes no se dijo nada, ahora hay tanto interés en que salga Godoy de la Judicatura?. En el ajedrez de la justicia, siempre habrá motivos escondidos. En este caso, tristemente, está en juego el destino (¿o la impunidad?) de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el caso Triple A. Al parecer, al correísmo le conviene ahora que salga a Godoy (quien desde hace tiempo no les contesta el teléfono), para que se instale alguien más, afín a sus causas.
El escándalo de las presiones judiciales
Dos audios reproducidos por Andersson Boscán y Diario Expreso, causaron un remezón en la Judicatura. Primero, Henry Gaibor, quien aparece en los audios haciendo recomendaciones sutiles al juez Carlos Serrano sobre la defensa de Srdan acaba de renunciar a su cargo como director provincial de la Judicatura en Pichincha.
A Gaibor se le conoció también por el caso Pendrive. En ese, una jueza lo acusaba de presiones. Hoy Gaibor acaba de renunciar.
Entre tanto, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy pidió licencia y tendrá que comparecer ante la Asamblea a explicar el tema. Desde ya ha dicho que en los audios a él no se le nombra. Entre tanto, su esposa, Dolores Vintimilla ha dicho que ella dejó de ser defensora de Srdan en noviembre del 2024, cuando se casó con Godoy. También alega que solo estuvo en el caso, en las etapas previas.
El caso Triple A, que se adelantó
¿Será posible que el escándalo termine beneficiando a Álvarez que a esta hora se apresta a tener su audiencia por el caso Triple A? Este caso se deriva de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Guayas) que se detecta discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas. El asunto fue que no existiría un espacio físico para almacenar la totalidad del combustible comprado.
Existen varias aristas del presunto delito, según la teoría de Fiscalía:
- Se detecta un perjuicio económico de $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones subsidiados.
- También se indica que las empresas comercializadoras y los representantes tenían la obligación de verificar que las distribuidoras autorizadas no desviaran el combustible subsidiado a segmentos no autorizados.
- Los informes periciales establecen irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zona fronterizas y sectores de la presencia de minería ilegal.
- Se ratifica que se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo en volumen incompatible con su capacidad operativa.
- Se habrían hecho transacciones no autorizadas ya que las distribuidoras del segmento automotriz no pueden adquirir combustible para el segmento industrial o naviero.
El abogado Ramiro García, defensor de Aquiles Álvarez, ha dicho en varios medios de comunicación que no hay evidencias y que su cliente debería ser sobreseído.
Asamblea laxa frente a la corrupción
Otro caso preocupante es el de la Asamblea Nacional en donde los asambleístas de Gobierno, varios de ellos de la cosecha correísta, que ahora dicen haberse desencantado, arrastran el lastre reputacional, pero también prácticas laxas o nulas de combate contra la corrupción.
Así, el informe de la Comisión de Transparencia, defendido hace pocos días por Diana Jácome (ex correísta) que exculpa a los altos funcionarios de Gobierno que habrían gestionado los contratos de compra de los motores eléctricos con Progen y ATM, deja, una vez en entredicho la capacidad del Gobierno de control interno.
El Gobierno, más bien, presentó una denuncia en contra de la empresa extranjera Progen, que es la responsable de haber entregado equipos inservibles y fuera de protocolo, en EEUU. Sobre el tema, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) calificó a la medida como tardía, pero además señaló la controversia que se genera al no señalar a los funcionarios responsables del Gobierno.
Entre ellos, están los ex ministros de Energía que iniciaron la gestión, la actual ministra Inés Manzano, que continuó el caso y Felix Wong, actual embajador en Colombia.
El presidente Noboa, lejos de evitar al correísmo, parece atraído por estas prácticas “hábiles” en las cuales cada vez se va enredando más. Tal es así que en las últimas elecciones hubo un fuerte voto de castigo, que, sin embargo, parece no haberle causado mella, pues sigue fiel a estas prácticas.
