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En Ecuador o Estados Unidos, los capos del narcotráfico, políticos y empresarios corruptos tienen algo en común: siempre encuentran un abogado a su medida. Ya sea para negociar una pena reducida, evadir la extradición o limpiar su imagen, existe un grupo selecto de defensores que domina los vericuetos del sistema judicial en ambas latitudes.
En el último tiempo, Ecuador ha conocido al menos a tres afamados abogados que representan legalmente a los rostros más peligrosos y poderosos del crimen organizado ecuatoriano y transnacional. Estos jugosos casos incluyen narcos susceptibles de ser extraditados, políticos cuestionados, exfuncionarios públicos y empresarios corruptos.
Este es un breve registro de abogados nacionales e internacionales quienes, bajo el amparo de la ley, parecen apostar por la impunidad de quienes han causado daño profundo a la sociedad. Así surgen las preguntas: ¿A quiénes defienden estos abogados? ¿Cómo se cruzan sus caminos entre sí? ¿Es casualidad que se repitan sus nombres en el mundo de la defensa del crimen organizado?
Es importante recalcar que toda persona tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. También es cierto que el hecho de que un abogado defienda a un narco o a un político corrupto no implica necesariamente que el profesional esté involucrado en actividades ilícitas.
Sin embargo, las interrogantes se avivan cuando se piensa en el dinero que se mueve en estos casos: ¿de dónde proviene el dinero para los honorarios de estos abogados? Y, lo más importante: ¿qué podemos entender cuando abogados que cobran millones defienden tanto a políticos como a jefes de grupos de delincuencia organizada?
1. Alexei Schacht: el abogado de «Fito» y «Chupeta» abrió el debate
«¿Tienes problemas de extradición?» es la frase con la que «engancha» la página web oficial del abogado Alexei Schacht. En ella, Schacht ofrece defensa para casos de narcóticos, asesinato, lavado de dinero, entre otros, y garantiza sus servicios promocionando casos de defensa exitosos a miembros de carteles y personajes polémicos. El nombre de Schacht se viralizó en 2024 cuando alertó sobre un posible atentado contra el presidente colombiano Gustavo Petro, basándose en información de un cliente suyo acusado de narcotráfico, según reportó Univisión Colombia.
Ahora su nombre vuelve a los reflectores por la extradición exprés de alias «Fito» a Estados Unidos, concretada el 20 de julio de 2025. Alias Fito fue el primer ecuatoriano entregado a la justicia norteamericana desde Ecuador.
El proceso duró menos de un mes desde su recaptura, lo que generó interrogantes sobre quién asumiría su defensa en territorio estadounidense. Sin mayor sorpresa, se conoció que el abogado Alexei Schacht —reconocido por representar a miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, Los Comba y el Cartel del Norte del Valle— tomó el caso del líder de Los Choneros.
Alias «Chupeta»: el rostro irreconocible del Cartel del Norte del Valle
Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los capos más buscados de Colombia. «Chupeta» fue extraditado a Estados Unidos tras una vida de crímenes como narcotráfico y asesinatos. Para evitar su captura se sometió a varias cirugías plásticas que desfiguraron su rostro hasta volverlo irreconocible. Sin embargo, en 2007 lo capturaron en Brasil gracias a un sistema de reconocimiento de voz.
Schacht lo representó y gestionó un acuerdo de cooperación que le permitió reducir considerablemente su condena a cambio de testificar contra otros narcos, incluyendo a Joaquín «El Chapo» Guzmán. Este acuerdo le permitió salir de prisión en 2024, en tiempo récord, pese a haber sido considerado uno de los mayores exportadores de cocaína hacia Estados Unidos (más de 400 toneladas) y de haber matado a más de 150 personas.
Un exgobernador colombiano fue eliminado de la Lista Clinton
Nebio Echeverry, exgobernador del Guaviare, era conocido por su ascenso económico en la región amazónica tras décadas de colonización, así como por su presunta cercanía con grupos paramilitares (aunque esto último lo ha negado enfáticamente). Su caso dio un giro cuando fue defendido por el abogado Alexei Schacht, quien logró sacarlo de la Lista Clinton, una herramienta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela activos y prohíbe relaciones comerciales con personas vinculadas al narcotráfico.
Fito: el «despiadado y prolífico narcotraficante» que se declara inocente en Estados Unidos
José Adolfo Macías, alias «Fito», jefe de una de las organizaciones delincuenciales más sanguinarias de Ecuador, fue recapturado el 25 de junio de 2025. Apenas un día después, Schacht fue confirmado como su abogado defensor en Estados Unidos. Tras su extradición, actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn).
Según un comunicado del Fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, los siete cargos contra «Fito» son:
- Conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional
- Distribución internacional de cocaína
- Uso de armas de fuego en apoyo al narcotráfico
- Contrabando de armas desde Estados Unidos
- Conspiración para compra encubierta de armas (straw purchasing)
- Importación de armas de grado militar para sicarios
- Violencia sistemática contra autoridades, políticos y civiles
En el pleno de la Asamblea y en los medios de comunicación, Fernando Villavicencio denunció los vínculos familiares de alias «Fito» con el negocio de agua embotellada en las cárceles. Esa información fue confirmada en el Caso Blanqueo Fito, a través de contratos suscritos entre QueenWater S.A., empresa gerenciada por la esposa de «Fito», y dos entidades estatales: la empresa pública Celec EP y el SNAI, encargado del sistema penitenciario.
Una semana antes de su asesinato, Villavicencio denunció públicamente tres amenazas de muerte. La primera ocurrió en Manabí: mediante emisarios, «Fito» le advirtió que si continuaba pronunciándose en su contra «lo iban a quebrar». En Machala, su equipo recibió un mensaje desde un número de Indonesia con la imagen de «Fito», en el que se lo amenazaba con atentar contra su vida; y desde el mismo número recibió otro mensaje en Guayaquil, en el que se advertía que lo estaban siguiendo y que incluso se encontraban en el aeropuerto, mientras él se disponía a tomar un vuelo.
Para Villavicencio, estas amenazas evidenciaban el temor de las mafias a su propuesta política, que rechazaba pactar con las mafias. Tras denunciar las amenazas de muerte, denunció una vez más el financiamiento de la campaña de la Revolución Ciudadana con dinero del narcotráfico.
Hasta la fecha, la Fiscalía no ha emitido pronunciamientos claros sobre el seguimiento de las amenazas contra Villavicencio, asesinado días antes del debate presidencial.
2. Richard Díaz, abogado de Saab y Jordán: dos investigados por Villavicencio
En su página web oficial, el abogado Richard J. Díaz se presenta como un profesional con una trayectoria intachable, casi como una figura altruista: expolicía, defensor incansable de los derechos civiles, colaborador voluntario en universidades y benefactor de múltiples organizaciones benéficas.
Con más de tres décadas de experiencia, destaca su servicio pro bono a policías y comunidades vulnerables, así como sus contribuciones a causas sociales. Sin embargo, Díaz también ha construido parte de su reputación defendiendo a figuras polémicas.
Entre sus casos estrella están el del paramilitar colombiano alias ‘Macaco’, y María Domínguez Trujillo, nieta del exdictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, según el medio de comunicación Infobae.
Acompañamiento a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro
Saab estuvo preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y de ser el testaferro de Maduro. Fue liberado en 2023 en un canje de presos entre Venezuela y Estados Unidos, y ya en 2024 fue nombrado por el dictador Nicolás Maduro como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.
Según el diario El Tiempo, los dos abogados que asistieron a Saab fueron Richard Díaz y María Domínguez. «Ambos acompañaron a Saab a las reuniones con agentes de la DEA en donde ofreció colaboración. Y hubo una reunión en Colombia en las instalaciones de una oficina de abogados», explicó una fuente desde Florida, Estados Unidos.
Fernando Villavicencio en sus investigaciones periodísticas denunció que Saab usó su empresa Foglocons para lavar grandes sumas de dinero a través del Sistema SUCRE; también denunció los vínculos de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba con esta trama. Todo esto apoyado en las alianzas entre los gobiernos de Correa y Maduro, usando a Ecuador como nodo en una red transnacional de corrupción.
Hoy Maduro está considerado como líder del cartel de Los Soles y se pide una recompensa millonaria por él.
Xavier Jordán: entre la corrupción hospitalaria, el magnicidio de Villavicencio y la intimidación a periodistas
Desde Miami, Xavier Jordán, junto con su abogado Richard Díaz, no han dudado en amenazar e incluso iniciar demandas millonarias contra varios medios y periodistas, e incluso contra Diana Salazar cuando era fiscal general.
Jordán es el presunto líder de una red de delincuencia organizada en el Caso Metástasis (utilización de la justicia para beneficiar al capo Leandro Norero). Actualmente prófugo, se espera su extradición desde Estados Unidos. Está vinculado a redes de corrupción hospitalaria y delincuencia organizada.
Jordán es conocido por la famosa foto de la piscina de Miami y por mantener vínculos con el capo Leandro Norero.
Según chats periciados por la Fiscalía, Jordán sugirió a Norero asesinar a la periodista Sara Ortiz (Expreso) para dar una lección a los demás, y habría planificado junto a Norero el asesinato del periodista Fernando Villavicencio. Estas revelaciones provienen de los chats del Caso Metástasis, donde se expone la planificación del crimen.
«Gerald»: el Pablo Escobar ecuatoriano que escapó de la cadena perpetua
Édison Washington Prado Álava, alias «Gerald», fue responsable del envío de al menos 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2015 y 2017, una cifra superior a la atribuida incluso al Chapo Guzmán. Gerald fue extraditado desde Colombia en 2018.
En ese contexto, el abogado Richard Díaz asumió su defensa y lo orientó hacia una estrategia de cooperación judicial. Gracias a la cual obtuvo una reducción de pena y fue sentenciado a 235 meses de prisión, correspondiente a una ofensa nivel 38 en la Categoría de Historial Criminal I, cuyo rango oscila entre 235 y 293 meses. Cabe señalar que el nivel más alto, el 43, implica cadena perpetua.
Díaz lo guió en medio de un proceso complejo y presentó solicitudes adicionales, como que fuese recluido en un centro penitenciario cercano a Miami y que pudiera acceder al Residential Drug Abuse Program (RDAP), un programa de rehabilitación de la Bureau of Prisons que, de ser completado con éxito, puede otorgar hasta 12 meses de reducción de condena.
Pero «Gerald» no sería un personaje aislado de las élites políticas. El 13 de agosto de 2019, el abogado y exasambleísta de Fuerza Ecuador, Luigi García Cano, presentó una denuncia contra José Serrano, entonces presidente de la Asamblea y exministro del Interior, acusándolo de tentativa de asesinato.
Según García, Serrano lo presionó para que asumiera la defensa de «Gerald», de su esposa y de dos integrantes más de la red. Incluso afirmó que, durante la reunión en la que conoció a Serrano —propiciada por Dalo Bucaram—, Serrano habría llamado telefónicamente a alias «Gerald» mientras este cumplía condena en La Picota, Bogotá. García lo representó durante tres meses en 2017, sin mayores avances.
El abogado relató además que Serrano, en represalia por haber revelado datos de aquella reunión —realizada en una suite del Hotel Quito para gestionar la defensa del narco—, habría planificado asesinarlo con apoyo de colaboradores de «Gerald» y sicarios de Manta. «Lo hago público ante la inminente amenaza de muerte y por la existencia de un plan estructurado para asesinarme», denunció.
Salcedo compartió abogado con alias Gerald
La trayectoria de García también conecta con otros personajes de alto perfil. En 2020 defendió a Daniel Salcedo Bonilla, detenido tras su fallido intento de fuga en avioneta hacia Perú junto a la exreina de belleza Jocelyn Mieles. Según el abogado, no se trataba de una huida sino de un traslado para defenderse en libertad. García también asumió la defensa del expresidente Abdalá Bucaram y, en declaraciones públicas, intentó desviar la atención hacia empresas como Silverti y Almantop, contratistas del Estado que vendieron mascarillas y fundas de cadáveres a precios inflados. También señaló el reparto de hospitales durante el gobierno de Lenín Moreno, ya denunciado por Fernando Villavicencio.
Otro nombre que aparece en este entramado es el de Luz María Pico Díaz, tía de Andersson Boscán, quien también defendió a Daniel Salcedo. Su estrategia legal buscaba trasladar la responsabilidad de la corrupción hospitalaria a las empresarias Sandra Ortega Romo y Narcisa Bustillo Domínguez, dueñas de las compañías mencionadas.
¿El dinero malhabido paga los honorarios? La licencia que permite cobrar sin preguntar mucho
En el imaginario de los ciudadanos se da por hecho que en Estados Unidos no se podría aceptar que los abogados de estos personajes controversiales reciban dineros «malhabidos», o provenientes de crímenes como el narcotráfico. Sin embargo, hace algunos años, el propio Richard Díaz en una entrevista para un medio colombiano explicaba que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos resulta «una bendición» para este tipo de casos.
Explicaba que no importa quién sea el cliente, incluso si se tratara del Chapo Guzmán. Lo fundamental es obtener una licencia de la OFAC que autorice al abogado a cobrar sus honorarios; una vez concedida, puede recibir el dinero sin problemas.
Según Díaz, las condiciones son:
- Que el dinero con el que se paga provenga de fuera de Estados Unidos, «no importa su procedencia».
- Además, el dinero debe ser de propiedad del cliente defendido y no de una tercera persona.
- Presentar a la OFAC el contrato que detalla los honorarios y la forma de pago.
Las declaraciones las dio cuando se produjo la captura de Alex Saab en Cabo Verde. Pero además, al preguntarle si el experto abogado consideraba que el Departamento del Tesoro podría negarse a que Saab use sus recursos para pagar a los abogados, comentó una experiencia propia: «jamás lo han hecho conmigo ni con otros abogados que conozco, siempre y cuando cumplas los requisitos de reportar», dijo.
3. Harrison Salcedo defendió desde cabecillas de Los Choneros hasta Jorge Glas
Este abogado ecuatoriano fue conocido por su defensa de casos de alto perfil, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas y al exasambleísta Eliseo Azuero, actualmente prófugo.
Pero antes también fue defensor de alias «Rasquiña» (jefe de la banda Los Choneros) y de su sucesor «Junior» Roldán; ambos fueron asesinados.
Harrison Salcedo, alias «Hulk», mostraba una vida de lujo y gran afición por las armas, autos de alta gama y efectivo a través de redes sociales. En abril de 2021 fue asesinado mientras conducía su camioneta en el norte de Quito. Recibió al menos nueve disparos antes de estrellarse contra una concesionaria.
Gracias a los chats de Metástasis ahora sabemos que Norero mandó a matar a Harrison Salcedo; esto lo admitió en un chat con Daniel Salcedo. Dos de los implicados en el asesinato de «Hulk» (alias «Chino Onda» y alias «Maduro») también fueron mencionados en un testimonio del Caso Villavicencio.
No es el primer caso de abogados asesinados por el crimen organizado, lo que demuestra que, si bien estos abogados pueden gozar de dinero y poder momentáneos, pueden llegar a pagar un costo muy alto: su vida, la de sus familias o socios.
El abogado que logró bajar de 20 a 8 años la condena de Rasquiña
Bajo la defensa de «Hulk» Salcedo, Jorge Luis Zambrano, alias «Rasquiña» (narcotraficante ecuatoriano, líder de Los Choneros), logró que la condena inicial de 20 años por asesinato se redujera a 8 años; esta reducción fue propiciada por el entonces juez José Tamayo Arana. En junio de 2020, la jueza Alcira Benítez le concedió la prelibertad luego de que «Rasquiña» cumpliera tan solo 6 años de cárcel. La jueza enfrenta un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura por ese fallo, según el portal Primicias.
Defensa de Jorge Glas en el caso Sobornos
Harrison Salcedo defendió a Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, en el Caso Sobornos, una red de corrupción que operó en el gobierno de Rafael Correa, involucrando a servidores públicos y contratistas. Glas fue condenado a ocho años de prisión, junto a Correa y 18 procesados más.
Esta trama de sobornos que financió las campañas políticas del correísmo fue llevada a la luz pública gracias al trabajo periodístico de Fernando Villavicencio, quien denunció este esquema de corrupción en su libro Arroz Verde, junto a Christian Zurita.
Se trata del caso de corrupción más polémico de los últimos tiempos, una investigación que sirvió de sustento para el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Esta investigación de Fernando Villavicencio y Christian Zurita fue galardonada con mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2019) y recibió el primer lugar en la categoría de periodismo de investigación con el premio Jorge Mantilla Ortega.
¿Defensores de los derechos o piezas para garantizar la impunidad de los delincuentes?
La imagen del abogado se ha relacionado casi siempre con un defensor de la justicia, pero en estos días ese concepto se desdibuja en el imaginario colectivo. Se siente que el propio sistema judicial ha sido diseñado para proteger a los delincuentes de cuello blanco y garantizar que los capos —caras visibles del crimen organizado— gocen de impunidad.
Esta lógica se ampara en un sistema fortalecido por la narcocultura, donde el concepto de éxito se basa en la acumulación violenta y sin escrúpulos. Su base es una esclavitud condicionada por el miedo, disfrazada de una libertad consumista vacía.
En una sociedad así, los capos son la fachada. A ellos se les hacen novelas y canciones; todo es intencional: ellos son la distracción de las masas. Sin embargo, cuando los abogados defensores de los capos son los mismos que defienden a reconocidos políticos y empresarios, es ahí cuando entendemos que algo huele muy mal.
En una sociedad que ha normalizado el crimen, el rol de ciertos abogados defensores deja de ser solo una función legal y se convierte en un eslabón más para la impunidad. No se trata únicamente de ejercer el derecho a la defensa, sino de preguntarnos qué valores sostiene una práctica jurídica que, con tecnicismos, contribuye a liberar o blindar a quienes han destruido instituciones, sembrado violencia y saqueado países enteros.
Cuando los abogados de los capos también son los abogados de los políticos, el mensaje es claro: no hay fronteras entre el crimen y el poder; se necesitan uno al otro. Y es ahí donde la justicia se convierte, tristemente, en espectáculo, y el Estado de derecho en una farsa sostenida por juicios sin justicia, trajes caros y silencios comprados.
La verdad está ahí. ¿Estamos dispuestos a mirarla de frente?
