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Ni la declaración expresa de Jorge Glas de que padece un “trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado desde hace unos 4 años, en la cárcel”, ni el pedido de un nuevo examen psiquiátrico que pidió su defensa, lograron detener esta vez el inicio de la audiencia del juicio por peculado en contra del ex vicepresidente Glas y del ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal.
A las 09:10 se dio inicio a la larga jornada (9 horas) en la que el fiscal Wilson Toainga, como acusador y las víctimas (representantes de la Procuraduría y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) presentaron sus argumentos en contra de ambos ex funcionarios públicos. La Fiscalía sostiene que Glas y Bernal afectaron al Estado en $ 225,4 millones al priorizar obras no prioritarias y fuera del eje de la reconstrucción de Manabí.
La diligencia fue solamente interrumpida, en ciertos momentos en los cuales tenían que administrarle cierta medicación a Jorge Glas. Es que el ex vicepresidente, de aspecto delgado y demacrado tiene una serie de medicamentos prescritos, entre antidepresivos, vitaminas, antiestamínicos y hasta ácido fólico.
Durante la jornada llegaron pocos correístas a apoyarlo. Estuvo Rodrigo Collaguazo (recordado por el caso Picnic, que trata del entrenamiento de civiles en estrategias militares); también estuvo la asambleísta Liliana Durán de la RC5. Por la tarde llegó el también asambleísta Ricardo Patiño acompañado de Pablo Iturralde. Patiño saludó a Glas con un apretón de mano, también se solidarizó con los hijos del ex vicepresidente que se dieron cita en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.
$ 225 millones mal usados en obras no prioritarias
¿Qué tienen en común las obras “acceso a Manta, Redondel Imperio Colisa” y el “Parque Las Vegas” en la ciudad de Manta? Ambas obras fueron financiadas con los recursos de la Ley de Solidaridad que logró recaudar $ 1.600 millones de los bolsillos de los ciudadanos, luego del terremoto de 7.8 en Manabí. Lo curioso es que ninguna de las dos sufrió los estragos de dicho terremoto.
“Antes del terremoto la vía Manta-Imperio-Colisa se encontraba en funcionamiento sin afectación y luego del evento telúrico no presentó tampoco ninguna alteración ni de estructura ni de trazado”, aseguró la tarde de este 17 de junio, Arnaldo Tapia, uno de los testigos de Contraloría, llamado por la Fiscalía a rendir testimonio.
Entre tanto, el Parque Las Vegas, nunca sufrió un daño, porque ni siquiera existía al momento del terremoto. “Era un terreno baldío”, dijo.
Ambas obras, junto con otras 582 obras o proyectos, fueron priorizados en una sesión del 22 de mayo del 2017, en la que participaron el ex vicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal. De esta cita existe un acta firmada por ellos. Esto sucedió dos días antes de que terminara la administración de Glas como vicepresidente.
También se llegó a establecer que hubo solicitudes de recursos para la ejecución de las obras al Ministerio de Finanzas, por parte de Carlos Bernal.
Con estos ejemplos, Fiscalía buscó probar que varias obras, que se levantaron con dineros de la Ley de Solidaridad, no eran prioritarias y no correspondían al objeto de creación de la ley por la cual se recaudaron $ 1.600 millones. La teoría de Fiscalía es que se mal usaron al menos $ 225,4 millones en obras no prioritarias para la Reconstrucción de Manabí.
Otras obras cuestionadas fueron por ejemplo, la contratación de facilidades pesqueras para Cojimíes, Crucita, Chamanga y Puerto López, por $ 32 millones. Varias de ellas, hoy, en abandono total.
También se mencionaron los problemas que se presentaron en la contratación de la remoción y movilización de escombros. Los contratos se hicieron por hora máquina y no por volumen como hubiese sido lo óptimo. Así, la aplicación del contrato se hizo con volquetas a medio llenar, generando una afectación al fisco. Se pagó 1 millón para arreglar un helicóptero. Lo lógico hubiese sido que ese arreglo llegue a través del propio Ministerio de Defensa.
Arranque lento del juicio
En el primer día de la práctica de las pruebas, Fiscalía invitó a dos peritos, un alcalde y varios funcionarios de la Contraloría del Estado. Con un ritmo lento y lleno de preguntas de las defensas técnicas que fueron objetadas por Fiscalía por “impertinentes”, “repetitivas”, “compuestas”, “capciosas”… la audiencia dejó una percepción en los asistentes de que no hubo verdaderos avances.
Es que en las audiencias se deben seguir ciertos protocolos para realizar las preguntas, pero coincidía que realizaban preguntas de dos opciones (compuestas). O preguntas que ya constaban en testimonios previos, por lo que se les calificaba de repetitivas. O inclusive mal formuladas, ambiguas…
No obstante, entre los testimonios que más aportaron al caso estuvo el del alcalde de Pedernales, Gabriel Alcívar Robles. El ex burgomaestre llegó a la sala a testificar que en su ciudad, el epicentro del terremoto de Manabí, muchas de las obras que se pidieron no se atendieron.
Contó que como parte afectada pidieron servicio básico de agua y alcantarillado, proyectos de regeneración urbana y el malecón. También aseguró que tras nueve años del terremoto aún hay escuelas con aulas móviles en esa ciudad. Tampoco se construyó el hospital de Pedernales.
Al momento de las preguntas de las defensas técnicas al testigo, la jueza Mercedes Caicedo debió pedir en decenas de ocasiones que los abogados reformulen las preguntas. Tal vez por eso, el alcalde Alcívar en dos momentos, entró en esa dinámica y cuando le hacían las preguntas, respondía “reformule la pregunta”. En el momento a la jueza Caicedo le tocó poner en su lugar al testigo y explicarle que él no es quien dirige la sesión. No sin generar hilaridad entre los asistentes.
Mientras tanto la postura de las defensas es que ambos acusados no firmaron contratos, no priorizaron proyectos. Roberto Calderón, defensor de Bernal, indicó incluso que no es lógico hablar de $ 225 millones de perjuicio, pues ese es el valor de las obras y que dichas obras sí se construyeron.
La pericia psiquiátrica revela simulación
El 11 de junio se presentó el informe pericial psiquiátrico de Glas. Este fue pedido por su defensa técnica. “El evaluado presenta indicadores específicos de simulación de un cuadro clínico de tipo psicótico, relacionado con las alucinaciones visuales y auditivas”. Hay inconsistencia de los síntomas relatados por el examinado y los observados en la evaluación. Es cauteloso al entregar información, dice la pericia en una de sus páginas.
En todo caso, la conclusión es que presenta “un trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos”. Sin embargo también indica que esto no le afecta la conciencia ni la inteligencia. Además establece que sí le afecta la voluntad en forma disminuida para las actividades cotidianas. Debe permanecer con tratamiento psicofarmacológico.
También se relata que Glas acudió a los análisis de manera ambulatoria, “se muestra decaído, triste, irritable”, dice la pericia. También relata que busca llamar la atención sobre la posible enfermedad mental que dice tener: “Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticada desde hace unos 4 años, en la cárcel, después de ver las atrocidades ocurridas en Latacunga, los motines, los descuartizamientos”. Cuenta que una vez se resbaló en un charco de sangre y desde entonces ve alucinaciones.
En el informe se hacer referencia a una serie de exámenes psiquiátricos y evaluaciones que se le han hecho durante los años que ya ha estado encarcelado. Se indica que él reporta tener alucinaciones relacionadas con los motines de la cárcel de Cotopaxi. Hay una frase que se le repite en la cabeza, ha dicho: “ya viene la sangre”. También asegura que todos los días piensa en quitarse la vida.
De hecho la pericia sí establece que tiene un alto riesgo de suicidio, de 13 sobre 15 puntos en la escala de Plutchik.
Durante estos días, la Fiscalía continuará con sus testigos. Para este miércoles está previsto que se realice el segundo día de juzgamiento a partir de las 10:30.
