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Cada 8 de abril, Ecuador se ve obligado a recordar una herida que no cierra. Ese día, en 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados tras haber sido secuestrados por disidencias armadas en la frontera norte, mientras ejercían su trabajo como equipo periodístico de El Comercio.
Salieron de Quito el 25 de marzo, impulsados por una misión clara: investigar lo que muchos preferían no ver, es decir, cómo el crimen organizado se infiltraba por las grietas del país. Nunca regresaron.
El asesinato de los tres compañeros marcó un antes y un después para el periodismo ecuatoriano. No solo por la crudeza del crimen, sino porque expuso el desamparo en el que se ejerce la labor de informar.
Así, el 8 de abril es reconocido como el Día del Luto del Periodismo Ecuatoriano. Esto, tras una iniciativa impulsada por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), cuyo directorio resolvió establecer esta fecha como símbolo de resistencia, de duelo y de exigencia.
El presidente de la UNP, Cristóbal Peñafiel, señala con firmeza que esta no es solo una jornada simbólica, sino un acto político en defensa de la verdad. Recordar a Javier, Paúl y Efraín implica también señalar responsabilidades, reconocer que el Estado falló y que aún hoy, siete años después, sigue fallando.
La propuesta de declarar oficialmente esta fecha como homenaje nacional fue elevada a la Asamblea, pero nunca prosperó. Para algunos sectores, decir las cosas por su nombre (hablar de narcopolítica, de omisiones del Estado, de negligencias que costaron vidas) sigue siendo incómodo.
Lo cierto es que el crimen de 2018 fue una alerta temprana de lo que hoy se ha vuelto habitual: el avance brutal del crimen organizado, la captura de territorios, y el periodismo bajo amenaza constante. Aquel 8 de abril no fue un episodio aislado, fue el anuncio de un país que comenzaba a perder el control sobre su soberanía y su verdad.
El periodismo en alto riesgo
Uno de los rostros más visibles en esta lucha ha sido Ricardo Rivas, hermano de Paúl. Aunque no es periodista, ha asumido con entereza la defensa de la memoria de su hermano y de sus compañeros.
Su voz ha sido fundamental para mantener viva la exigencia de justicia, especialmente cuando el silencio institucional se ha hecho norma. Rivas remarca que desde 2005, el Consejo de Comunicación ha registrado asesinatos de comunicadores en diversas circunstancias, aunque pocas veces se haya hablado de ellos con la seriedad debida.
El caso de 2018, sin embargo, desnudó al Estado. La zona donde ocurrió el secuestro sigue siendo una tierra olvidada, sin condiciones mínimas de seguridad ni atención. La cobertura en frontera ya era de alto riesgo, pero tras esta tragedia quedó clara la precariedad con la que se ejerce el periodismo en el país y la estigmatización sistemática hacia quienes investigan, denuncian y visibilizan lo que se quiere ocultar.
Durante años, las familias de las víctimas y organizaciones como Fundamedios y la UNP han exigido transparencia. En 2024, después de una larga espera, la Corte Constitucional ordenó la desclasificación de tres actas del Consejo de Seguridad del Estado que supuestamente contenían información clave sobre cómo el Gobierno de Lenín Moreno manejó la crisis.
El manejo de la crisis
Lo revelado solo confirmó lo que ya se temía: hubo omisiones, falta de coordinación y una preocupante negligencia. Las actas no solo llegaron incompletas, también contenían contradicciones evidentes.
Según las versiones oficiales, las familias fueron notificadas de un posible operativo de rescate. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Tampoco se respondió con la urgencia que exigía el video en el que los tres periodistas aparecían encadenados, pidiendo ayuda. A esto se suma que las transcripciones no coinciden con los audios, faltan páginas y firmas, y las versiones sonoras revelan voces que no fueron incluidas en los documentos oficiales.
Ricardo Rivas ha calificado esta situación como unaa burla. Y tiene razón. Porque mientras no se esclarezca todo lo ocurrido, mientras haya documentos mutilados y verdades a medias, la justicia seguirá en deuda.
La ONU ha advertido que la impunidad es el enemigo más peligroso para el periodismo. En Ecuador, esa impunidad se ha vuelto crónica. Cada amenaza, cada asesinato no resuelto, cada silencio cómplice, envía un mensaje directo: investigar puede costarte la vida, y nadie va a responder por ello. Y, aún así, el periodismo persiste.
El 8 de abril no es solo un día de memoria, es también una advertencia. Nos recuerda que silenciar a un periodista es querer silenciar una verdad. Y que sin verdad, no hay democracia posible. Mientras la justicia no llegue, mientras el Estado no asuma su responsabilidad, el luto será resistencia. Y la voz de quienes se niegan a olvidar —como la de Ricardo Rivas— seguirá resonando, para que el crimen no quede impune y la verdad no sea enterrada junto a quienes la buscaron.
Fundamedios habla de una deuda de Fiscalía por los casos de periodistas
Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, el caso “Nos faltan 3”, sigue siendo un caso emblemático de la situación del periodismo ecuatoriano. Recuerda que se produce en el vértice del gobierno correísta y la transición del gobierno de Lenin Moreno, con reformas a la ley de comunicación. Considera que fue una suerte de campanazo de la ola de violencia que iba a afectar al país pocos años más tarde.
Recuerda que los periodistas iban a cubrir el tema de las disidencias que quedaron luego de que grupos como las FARC habían ya firmado la paz en Colombia. Considera que el Gobierno de Correa no tomó medidas necesarias en ese momento para evitar la expansión de estos grupos disidentes.
Además, hubo un manejo contradictorio del caso por parte del gobierno de Moreno y en ese contexto el papel de Fundamedios fue el estar siempre de parte de las víctimas.
Comentó que los autores materiales han sido condenados en Colombia. Sin embargo, en Ecuador también se requiere que el caso tenga verdad, justicia y reparación.
El tema de la impunidad es un problema serio en el país, explica Ricaurte. Lamenta que el caso de los tres compañeros de El Comercio no haya tenido avances. Considera que es una deuda que tiene la Fiscalía General, de no tener un protocolo para la investigación de este tipo de casos y no registrar avances en casos de periodistas asesinados. Eso, al igual que el caso del asesinato del candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio.
Es ilógico que la Fiscalía asegure que no se han dado avances por falta de tecnología, cuando los casos estrella de la Fiscalía (Metástasis, Purga) han sido hechos abriendo los teléfonos. Lo que se ve es que no hay la voluntad de avanzar en las investigaciones. Así, estos casos quedan en la impunidad.
Ricaurte además recordó que:
- En 2022 y 2023 hubo asesinatos de periodistas relacionados con estructuras criminales.
- En 2025, se acaba de conocer un caso en Quinindé, que tendría que ver con grupos de crimen organizado. De este último, antes que haber avances, se ha conocido que existen amenazas para que no se continúe la investigación.
Fundamedios reiteró su compromiso de trabajar para que se rompa este ciclo de impunidad.
