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En un fallo que refuerza la protección contra el abuso del sistema judicial, la jueza Vivianne Del Rio, del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, denegó la petición de Xavier Jordán, investigado en el caso Metástasis, de obligar a declarar a Tamia y Amanda Villavicencio. La magistrada determinó que la solicitud carecía de sustento suficiente y podría constituir un intento de acoso judicial.
El proceso, que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y periodistas, giraba en torno a la intención de Jordán de obtener testimonios de las hijas del asesinado periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, la jueza Del Rio concluyó que la petición solo buscaba hostigar a las involucradas y ordenó que el demandante explore otras vías legales antes de insistir en obligarlas a testificar.
“Las declaraciones solicitadas solo tendrían el propósito de hostigar a las partes no implicadas directamente en el caso”, se lee en la resolución judicial. Adicionalmente, la jueza concedió una orden de protección a favor de Tamia y Amanda Villavicencio, impidiendo que sean forzadas a testificar en circunstancias que podrían vulnerar sus derechos.
El fallo también sugiere que Jordán podría intentar obtener información a través de interrogatorios escritos, aunque cualquier objeción a los mismos será evaluada en el debido proceso legal.
Fundamedios, la organización que ha acompañado a Tamia y Amanda Villavicencio en el proceso, señaló que el pronunciamiento de la jueza contiene elementos sumamente importantes no solo para el caso en particular sino para las demás acciones de constante acoso e intimidación que Xavier Jordán en contra de periodistas y medios ecuatorianos.
Justamente, la jueza Vivianne del Río señala que las acciones de Jordán pueden configurar acciones indebidas de acoso”, señaló Cesar Ricaurte de Fundamedios.
Este caso se enmarca en un contexto de crecientes intentos de intimidación judicial contra periodistas y familiares de víctimas de crímenes de alto perfil en Ecuador. Diversos sectores han denunciado el uso del aparato judicial como herramienta de persecución para silenciar a quienes buscan justicia y rendición de cuentas en casos de corrupción y violencia política.
