Además, el informe de la Comisión, que analiza los datos entre 2008 a 2023, plantea reformas cruciales: la creación de una Comisión Parlamentaria por la Verdad, la tipificación de la manipulación de estadísticas como delito y la reapertura de casos emblemáticos de desapariciones, como el de David Romo.
El ocultamiento estadístico
Este informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, aprobado con cinco votos a favor, dos en contra y una abstención, confirma la investigación de Arduino Tomasi en la que se revela la manipulación sistemática de las cifras de homicidios en Ecuador desde 2009 hasta 2018. “The Pax Narca Files” fue publicada desde enero del 2024, cerrando la última entrega de la investigación en noviembre del 2024.
Esta investigación expone como las irregularidades en las cifras permitieron ocultar miles de asesinatos bajo la clasificación de “muertes de intención no determinada” (MIND), evitando su investigación y distorsionando la percepción de la violencia en el país. También exhibe la relación de las cifras de incautación de droga con el incremento de desapariciones y de otros delitos vinculados al crimen organizado, como la trata de personas, sobretodo en cantones portuarios y donde la institucionalidad fue debilitada desde el correísmo.
Las entregas más representativas de esta investigación se encuentran ahora publicadas en este portal.
El encubrimiento de una crisis de seguridad
El informe, analiza datos incluso hasta el 2023 y denuncia que la reducción de homicidios que el correísmo promovió como un logro de su política de seguridad no fue real, sino el resultado de una manipulación estadística. La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, no dudó en señalar al correísmo como el principal responsable:
“Con este informe de fiscalización queda comprobado técnicamente que Ecuador no era la ‘isla de paz’ que nos hicieron creer. Aquí se demuestra la mano de sangre del correísmo.”
Según el documento, el uso de la categoría MIND permitió maquillar las cifras y evitar la rendición de cuentas. La estrategia, de acuerdo con expertos en seguridad, convirtió al Ecuador en un país donde el crimen organizado operó con impunidad, sin que el Estado asumiera su responsabilidad.
El analista Arduino Tomasi señaló que entre 2008 y 2018 se habrían subregistrado al menos 7.379 muertes violentas, lo que indicaría un patrón sistemático de encubrimiento.
Pesadillas estadísticas: La silenciosa tragedia de la era narca en Ecuador
La paradoja constitucional: derechos humanos en el papel, impunidad en la práctica
Ecuador se rige bajo una Constitución que garantiza el derecho a la vida y la seguridad, pero la realidad muestra que el Estado falló en proteger a sus ciudadanos. La manipulación de las cifras no solo encubre homicidios, sino que también impide la formulación de políticas públicas efectivas contra la violencia.
El informe menciona antecedentes históricos de encubrimiento estatal, como el caso de los hermanos Restrepo y el de la activista Consuelo Benavides. La diferencia es que esta vez el encubrimiento no fue selectivo, sino masivo y prolongado.
Además, se comparó la situación ecuatoriana con la de Colombia, donde la manipulación de cifras en el marco del conflicto armado llevó a una crisis de impunidad que fortaleció al crimen organizado. La advertencia es clara: sin transparencia, Ecuador corre el riesgo de seguir el mismo camino.
¿Coincidencia o estrategia? La salida de la Base de Manta y el auge del crimen organizado
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es el vínculo entre la salida de la Base de Manta en 2009 y el crecimiento del narcotráfico y la trata de personas en Ecuador. La presencia militar estadounidense en la base había permitido un control más estricto del tráfico de drogas en el Pacífico.
El informe sugiere que, tras su retiro, el país se convirtió en un centro logístico del crimen organizado. La manipulación de las cifras habría sido un mecanismo para evitar que la crisis de seguridad se hiciera evidente y así justificar la decisión política de Rafael Correa.
El informe confirma el análisis de Arduino Tomasi que revela un quiebre estructural en 2010, cuando las incautaciones de cocaína cayeron un 75% y las muertes MIND aumentaron drásticamente, lo que indica una correlación robusta entre la caída de las incautaciones y el aumento de muertes no esclarecidas.
Utilizando un modelo econométrico, Tomasi demuestra que en contextos institucionales sólidos, estas muertes tienden a desaparecer, pero en Ecuador se convirtieron en un canal de registro opaco. Los datos geográficos refuerzan esta hipótesis, mostrando que las provincias con altas tasas de muertes IND coinciden con las rutas históricas del narcotráfico.
Esta triangulación entre geografía criminal, datos forenses y estadísticas oficiales sugiere un patrón de encubrimiento institucional, evidenciado por la baja judicialización de homicidios y la falta de protocolos interinstitucionales de investigación.
Desapariciones y el silencio del Estado
El documento incluye el testimonio de Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido el 16 de mayo del 2013, como un ejemplo del abandono estatal en la lucha contra el crimen.
Córdova narró cómo las autoridades fabricaron hipótesis inconsistentes para encubrir su incompetencia. Entre las acciones más aberrantes, menciona que la Fiscalía la llevó a presenciar la incineración de un cerdo para convencerla de que su hijo habría sufrido el mismo destino. La pregunta que deja su testimonio es contundente: ¿cuántas otras desapariciones fueron silenciadas mediante la manipulación de cifras?
Alexandra y la doble herida por el caso de su hijo David Romo
En una comunicación con La Fuente – Periodismo de Investigación, Alexandra Córdova ha manifestado su respaldo a este informe y su importancia para esclarecer la verdad sobre las desapariciones forzadas en Ecuador. Córdova destaca que este documento desmiente el discurso oficial del correísmo de que Ecuador era una «isla de paz» y expone la negligencia sistemática de los gobiernos anteriores.
«¿Cómo llamar isla de paz cuando existen miles de desaparecidos sin respuesta?, si existen miles de muertes indeterminadas, y cuando estas víctimas y sus familias no han tenido ni verdad ni justicia», señala Córdova, enfatizando el vacío institucional que ha perpetuado la impunidad.
Desde la desaparición de su hijo, Córdova ha sido testigo de cómo las cifras oficiales no cuadraban entre Fiscalía, Ministerio del Interior y Dinased. «Los gobiernos de turno NO hicieron nada por dar una respuesta a las familias ni por cumplir con su deber», denuncia.
En su criterio, este informe es un paso clave para que la Fiscalía no tenga más excusas y se avance en esclarecer casos como el de su hijo. «Este informe evidencia la negligencia, la corrupción y la desidia de una época nefasta», concluye.
Las cifras reales: un Ecuador más violento de lo que nos dijeron
El informe también incluye un análisis del investigador Fernando Carrión, quien plantea que la violencia en Ecuador ha seguido un patrón de tres etapas:
- Ecuador como territorio de tránsito y lavado de dinero (1999-2009): La presencia del narcotráfico se consolidó en el país tras el Plan Colombia y la dolarización.
- Manipulación de cifras y represión selectiva (2010-2017): El correísmo redujo artificialmente las cifras de homicidios mientras imponía un control represivo sobre ciertos sectores.
- Explosión de la violencia y consolidación del crimen organizado (2017-2023): Con la crisis política y el debilitamiento del Estado, las bandas criminales tomaron el control del país, llevando la tasa de homicidios de 5 a 47 por cada 100.000 habitantes.
El informe enfatiza que Ecuador no se convirtió en un narcoestado de la noche a la mañana, sino que fue un proceso progresivo que estuvo oculto tras la manipulación de datos.
Conclusiones alarmantes son un primer paso contra la impunidad
Las conclusiones del informe de fiscalización de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral son contundentes y alarmantes. El documento demuestra que la manipulación de cifras de homicidios no fue un error aislado, sino una estrategia deliberada para ocultar la magnitud de la violencia en Ecuador.
Este encubrimiento, orquestado por las más altas autoridades del correísmo, permitió que el crimen organizado operara con impunidad, mientras el país se presentaba ante la comunidad internacional como una «isla de paz».
Recomendaciones: ¿qué hacer para frenar la impunidad?
Las recomendaciones del informe son claras y urgentes. Se propone la creación de una Comisión Parlamentaria por la Verdad para investigar las desapariciones y muertes violentas entre 2008 y 2023, así como reformas legales que prohíban la reclasificación arbitraria de muertes violentas y penalicen la manipulación de estadísticas.
Además, se exige la investigación judicial de exfuncionarios como José Serrano y Galo Chiriboga por su implicación en el encubrimiento. Una de las recomendaciones que puede generar mayor impacto positivo a largo plazo, enfrentar la impunidad y prevenir que no vuelvan a repetirse tragedias como esta, es la creación de una base de datos nacional unificada sobre desapariciones, muertes violentas y trata de personas.
Esta base deberá ser interoperable, pública y actualizada trimestralmente, incorporando denuncias, estado de las investigaciones, ubicación, género, edad y posible vínculo con redes delictivas. También se plantea la reapertura de casos emblemáticos y la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones y Trata, con un enfoque en derechos humanos. Estas medidas buscan frenar la impunidad y garantizar la transparencia en la gestión de la seguridad pública.
Una bomba de tiempo que ya estalló
El informe deja al descubierto una estrategia sistemática para minimizar la crisis de seguridad en Ecuador y encubrir la verdadera magnitud de la violencia. Si se confirman sus hallazgos, el país no solo enfrentará un escándalo político, sino también una crisis de legitimidad institucional.
La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quiénes se beneficiaron de la manipulación de estos datos y cuántos crímenes quedaron impunes?
Sin un mecanismo de seguimiento y sanción, este informe corre el riesgo de quedar en el olvido. Sin embargo, sus hallazgos pueden servir como base para exigir transparencia y justicia. La presión ciudadana y el escrutinio internacional serán determinantes para que los responsables rindan cuentas.
