Share This Article
A Angélica Porras le jugó en contra su gran afecto por la Revolución Ciudadana y sus grotescas cruzadas en contra de la fiscal Diana Salazar y del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio (+). La propia fiscal Salazar, un observatorio ciudadano y varios ciudadanos del movimiento Construye impugnaron su candidatura para jueza de la Corte Constitucional.
Los ‘pecados’ judiciales de Porras le han forjado una fama de temeraria y parcializada. Además tiene una sentencia por violencia de género y está siendo investigada por difundir unos chats manipulados, que ella asegura, son del teléfono de Fernando Villavicencio.
Así, Angélica Porras, la candidata de Pierina Correa, hermana del prófugo de la justicia, Rafael Correa, resultó la más impugnada en este proceso.
Los argumentos de las tres objeciones recibidas, coinciden en que Porras no tiene la probidad notoria ni la calidad ética necesarias para ocupar ese importante cargo.
Este 11 de diciembre, hasta la media noche, se podían ingresar los pedidos de impugnación, debidamente respaldados.
Así, en un conteo general se puede ver que seis de los nueve candidatos han recibido impugnaciones.
¿Qué dicen las impugnaciones y quiénes las presentaron?
- En los diversos escritos se señala como un problema la cercanía de Porras con la Revolución Ciudadana, por constituir una falta de imparcialidad.
- Pero también se menciona que ha tenido prácticas no éticas en su ejercicio profesional.
- Finalmente, se menciona que esta candidata fue una de las personas que difundió unos chats manipulados, los cuales, según ella, provenían del celular del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio (+).
De esta manera, la fiscal general, Diana Salazar; la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo; y cinco ciudadanos (Santiago Becdach, Galo Cárdenas, Sandra Rueda, Paúl Buestán y Jonathan Segura), quienes también pertenecen al Movimiento Construye, presentaron las observaciones.
Los chats manipulados ponen a Porras en medio de una indagación previa
De acuerdo con Santiago Becdach, firmante de una de las tres impugnaciones en contra de Porras, una de las principales razones para haber presentado la objeción en su contra es que ella habría cometido delitos al exhibir chats manipulados.
La propia candidata a jueza ha asegurado que estos mensajes provendrían de un presunto teléfono de el candidato presidencial Fernando Villavicencio (+).
Así, estaría incurriendo en un delito de exhibir cuestiones privadas de alguien que no se puede defender.
Pero lo más grave, dice Becdach, es que una candidata a jueza revele la supuesta información de un teléfono que está en medio de una investigación judicial.
Adicionalmente, ya existe una indagación previa por parte de Fiscalía, justamente sobre esta difusión ilegal de los supuestos chats, explicó Becdach.
Al ser consultado sobre cuál es la agenda que está detrás del nombramiento de Porras, Becdach considera que lo que se busca es impunidad.
Es decir, invalidar las sentencias a los condenados de los casos Arroz Verde, del caso Reconstrucción de Manabí y todos lo que están atravesados por la corrupción del correísmo.
Becdach comentó que decidieron realizar dicha impugnación pues los políticos tenemos la responsabilidad de estar involucrados en todas las situaciones que amerite el país.
Además considera que se requiere una independencia en la justicia y, más aún, en la Corte Constitucional.
El país merece estos aires de independencia entre tanta campaña por la impunidad, dice. Para Becdach en este momento es importante hacer frente al anhelo del correísmo de tener una jueza en la Corte Constitucional.
Intereses opacos, atados al correísmo
El texto del escrito firmado Becdach, Sandra Rueda; Galo Cárdenas; Jonathan Segura y Paúl Buestán indica:
Es público y notorio que la doctora Angélica Porras Velasco, en su actividad profesional como abogada, ha representado y ha realizado activismo a favor de personas cuya conducta es reprochable.
Nombran, por ejemplo, al ex defensor del Pueblo (Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual y que salió de la cárcel en abril pasado).
Explican que fue juzgado por la justicia, a pesar de las acciones dilatorias y reñidas con la lealtad procesal (recusaciones, pedidos de habeas corpus) que Porras presentó en su momento.
Para los impugnantes, la falta de objetividad y su activismo que se inclina por intereses opacos, personales o de grupo, impediría la entrega de justicia constitucional, por parte de Porras, en caso de llegar a ser jueza.
Explican que Porras ha mostrado una cercanía al correísmo, aunque se supone que quien pretenda llegar a ocupar el cargo de jueza de la Corte Constitucional, no debe tener vínculos políticos ni de cercanía con ningún partido o movimiento.
Cuatro buenas razones para descalificar a Porras
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano exhibe al menos cuatro buenas razones para no permitir que Porras continúe en el proceso.
Ella asegura que Porras no tiene calidad ética ni probidad notoria para ejercer el cargo. En una entrevista con La Fuente – Periodismo de Investigación describe puntualmente:
- Porras fue abogada del ex defensor del pueblo. En medio de este proceso, puso acciones de protección que desnaturalizaron el recurso y que buscaban presentarla a ella misma como víctima. No se le dio la razón. Esto representa un desperdicio de recursos estatales.
- En una causa en el Tribunal Contencioso Electoral, en primera instancia fue sentenciada junto con Priscila Schettini, actual candidata de la RC. En este caso, ha tratado de dilatar el proceso para que la sentencia no se ejecutoríe. Esta sentencia le exige un pago pecuniario, suspensión de derechos, disculpas púbicas y que reciba una capacitación en temas de género.
- Además es evidente su falta de imparcialidad, pues tiene interacciones con el ex presidente Rafael Correa, fue propuesta por Pierina Correa, hermana del prófugo ex presidente, Rafael Correa, y se ha mostrado totalmente parcial en los casos del ex vicepresidente Jorge Glas. .
- Abuso de mecanismos de participación ciudadana. A través el Colectivo Acción Jurídica Popular, ha actuado buscando la destitución de la fiscal. Ha incurrido en actos de odio por la raza de la fiscal general, Diana Salazar y ha generado estereotipos de la mujer, lo que le llevó a su sentencia.
En audiencia vamos a demostrar de manera jurídica y técnica por qué Angélica Porras no ha ejercido con probidad notoria ni demuestra probidad ni ética. Mónica Jaramillo, Observatorio de Control Ciudadano
Una litigante «temeraria»
Entre tanto, el 10 de diciembre, Cecilia Espinosa, abogada de la fiscal General, Diana Salazar, anunció que presentó una impugnación contra Angélica Porras.
Espinosa comentó que en su cuenta de twitter que: «Para ser designado juez(a) de la Corte Constitucional, se requiere haber ejercido la profesión con probidad notoria y ética. También comentó que Porras ha ejercido la abogacía mediante litigio temerario.
Además considera que entre sus prácticas está el abuso del derecho, desnaturalización de garantías jurisdiccionales, deformación de mecanismos de participación ciudadana, ejerciendo violencia política de género, etc.
En efecto, la candidata Porras tiene al momento una sentencia por violencia de género en contra de la fiscal Diana Salazar.
Con todos estos antecedentes, ¿la Comisión Calificadora dará paso a esta candidatura, o más bien frenará en seco estas intenciones? La ciudadanía permanece atenta.
