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La extracción minera ilegal que se ha tomado el territorio y la minería legal, que no cumple los parámetros ambientales, han devastado a la provincia del Napo. Este cuadro preocupante, se agudiza con una sequía poderosa, y la intención de una cuestionada empresa minera de hacer uso de 9,72 litros de agua por segundo.
La empresa minera china Terraearth Resources S.A solicitó al Ministerio de Ambiente, autorización para extraer 9,72 litros de agua por segundo del río Jatun Yaku. Este es uno de los ríos que alimentan el río Napo y que es considerado una fuente hídrica importante para la región.
La empresa de pequeña minería aluvial hizo el pedido el 26 de septiembre pasado, en medio de una histórica sequía que afecta a todo el territorio, incluso a la región Amazónica.
Este pedido de autorización de uso y aprovechamiento del agua para minería se aplicaría a los sectores de Talag, Puerto Napo, Tena y Pano, en la provincia del Napo.
La solicitud ha puesto en alerta a la comunidad de esta zona, sobre todo porque Terraearth Resources, una empresa formal, tiene una serie de incumplimientos y observaciones por sus deficientes estándares de cuidado ambiental.
Así, varios colectivos sociales realizaron un proceso de oposición, como lo pide la propia Arcom, para que no se autorice el uso de recursos hídricos. Hasta el momento, no existe ninguna autorización oficial.
Andrés Rojas, abogado de los colectivos sociales y defensor de la naturaleza, indica que la solicitud por parte de la empresa china tiene varias inconsistencias.
En primer lugar, los puntos y coordenadas que se socializaron no están en el Río Jatun Yaku, sino en el río Napo, Tampoco se encuentran dentro de la concesión ICHO (Código 400402 ), sino en la concesión Confluencia (Código 400408).
Esta última concesión tiene una orden de suspensión por parte del Ministerio del Ambiente, emitida el 4 de octubre del 2024. La razón: durante una inspección, realizada en agosto del presente año, se evidenció afectaciones al Río Pioculin y sus alrededores por la presencia de un sitio temporal de almacenamiento de combustible, remoción del lecho del río Picoulin, estanques o piscinas minera sin técnicas de construcción, entre otros hallazgos.
La Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, FOIN, entregó el proceso de oposición el 9 de octubre de este año. Dentro de este demuestran, en base a estudios y pruebas, que Terraearth Resources S.A. no tiene la capacidad o disposición para controlar operaciones de minería ilegal dentro de sus operaciones a las orillas del río Jatun Yaku. Además, expresa una grave preocupación sobre las habilidades de la empresa para gestionar el uso responsable de los recursos hídricos solicitados.
El dudoso pasado de Terraearth
Terraearth Resources cuenta con seis concesiones en la provincia de Napo y ha sido denunciada por su impacto ambiental en la Amazonía ecuatoriana. En el 2020, el Ministerio de Ambiente suspendió a esta empresa por verter químicos tóxicos en el Río Chumbiyacu. Sin embargo, continuó operando.
En una entrevista para La Fuente – Periodismo de Investigación, José Moreno, Presidente del Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza y Coordinador de los Colectivos Sociales Defensores de Derechos de Napo, señala que Terraearth es la responsable de la contaminación y la destrucción de los principales ríos del cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
Los ríos afectados por las irregularidades de Terraearth son: Jatun Yaku, Yutzupino, Poroto, Chumbiyacu, Pioculin, Anzu, Napo e Illa.
Sobre Terraearth, la propia Cámara de Minería del Ecuador (CME) tiene sus observaciones. Tras aclarar que dicha empresa no es socia del gremio, comentó que si alguna empresa incumple la normativa vigente, debe ser debidamente sancionada.
No apoyamos la minería a cualquier costo; defendemos la mejor minería, aquella que genera desarrollo sostenible y beneficio para todos los ecuatorianos, dijo María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva del gremio.
Napo, donde la extracción ilegal y la minería legal ya no se distinguen
Napo pasó de ser un lugar turístico a un foco minero. Ahora, el 96% de la actividad minera se concentra en dos de sus cantones: Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.
Actualmente, es difícil distinguir entre minería legal e ilegal, tanto por la falta de permisos y consultas, como la infiltración de minería ilegal en las concesiones legales.
Hasta el 2019, en Napo existían 146 concesiones mineras de oro aluvial, según el catastro minero de ese año. De estas, 45 fueron otorgadas sin cumplir con la consulta ambiental, ni la consulta previa libre e informada, según denunció el abogado Andrés Rojas durante la audiencia de la Acción de Protección presentada por colectivos sociales, el 12 de octubre del 2021.
En el 2018, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) cerró temporalmente el catastro minero a escala nacional. Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada por Plan V y Bitácora Ambiental, sólo en Napo se dieron ocho concesiones mineras de oro luego del cierre del catastro.
Y eso no es todo, varias concesiones otorgadas antes del cierre del catastro minero fueron entregadas de manera ilegal con normativa derogada. Así lo reveló un examen especial hecho por Contraloría (período entre el 13 de febrero de 2015 y el 30 de septiembre de 2017).
Este informe señala que la entonces ARCOM y el Ministerio de Minería aprobaron concesiones sin cumplir parámetros técnicos mínimos. Además detectó violación a la normativa ambiental.
Como parte de la acción de protección presentada por colectivos sociales en el 2021, el geógrafo Holger Michler comparó los mapas hídricos y mineros de Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. Así evidenció que todas las fuentes de recarga y de captación de agua de la provincia se encontraban comprometidas por las concesiones.
Operativo Manatí expuso a funcionarios manchados por minería ilegal
El 13 de febrero de 2022, durante el denominado operativo Manatí, militares desalojaron a más de 2.000 mineros ilegales que trabajaban hacinados en el río Jatun Yaku, dentro de la concesiones mineras Confluencia (cód. 400408) y El Icho (cód. 400402) de Terraearth Resources. Sí, la misma que este año solicitó la autorización para la extracción de agua.
Además, durante el operativo se aprehendieron 148 retroexcavadoras que destruyeron el río Jatun Yaku y otros implementos utilizados para la extracción ilegal de recursos mineros.
La Fuente – Periodismo de Investigación, en el 2022, evidenció cómo funcionarios públicos entre ellos gobernadores, alcaldes y prefectos estaban involucrados en esta actividad ilegal.
Minería ilegal en Napo: Se llevaron el oro mientras sembraban un cementerio
El artículo también señala que Terrearth Resources, no debía explotar las concesiones Confluencia, Talag, El Icho y Anzu Norte, por no tener permisos ambientales.
Sin embargo, la empresa china, según lo relató Fernando Villavicencio en ese reportaje, dejó «el arca abierta a la minería ilegal durante años». Luego les compraba el oro.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) (octubre de 2021 y enero de 2022) informa que se destruyeron 70 hectáreas de selva a orillas del Jatun Yaku.
Al momento los ojos de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general están atentos a la resolución del Ministerio del Agua. Se espera que las decisiones sean a favor del medio ambiente y del bienestar de la población.
