La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima. Este personaje cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec, sino con otras instituciones del Estado. La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos.

CONNECTAS detectó 97 contratos públicos, que suman 13,5 millones de dólares, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada. Estos contratos sumaron 6,5 millones de dólares y fueron entregados a 8 proveedores.

En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado. Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

Poco más de la mitad de esos contratos se realizaron con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Chone Killers, mafia albanesa, grupo de Norero… entre contratistas

Una investigación anterior de Ecuavisa y CONNECTAS, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas. La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado.

Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía. Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, con 4,2 millones de dólares. Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua (+), alias El Patrón, con 3,1 millones, y la mafia albanesa con 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero pasado así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan

Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

Para muestra, un botón. El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron a esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, por un total de 2,4 millones de dólares.

Pesántez y otros miembros de la agrupación cayeron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de este año. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue activa. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Botellones de agua, relacionados con Los Choneros

No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado. La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020. En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por 13 mil dólares entre 2019 y 2023.

Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada.

CONNECTAS solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos. La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos.

También aseguró que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada.

Dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Falta de articulación de la autoridad abre la puerta al lavado

Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la UAFE, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Para él, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tú tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ‘ganar-ganar’. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”, señala.

De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública que ha trabajado en un municipio de Guayas.

Explica que no hay una disposición legal que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. Depende del análisis de la comisión técnica, que solo puede solicitar más información.

Pero la comisión también tiene sus limitaciones: “No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero (...) Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”.

Control del Sercop, un pasó por detrás

En Ecuador, para convertirse en proveedor del Estado, las personas naturales o jurídicas deben obtener un Registro Único de Proveedores (RUP) a través del portal del Sercop.

Para hacer el trámite, los interesados deben presentar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), otorgado por el SRI, además de información de contacto, productos o servicios que ofrece, e información económica (formularios de licitud de fondos).

El Sercop se asegura de que los papeles estén completos, pero la veracidad de los datos corre por cuenta del solicitante.

Los controles del Sercop están un paso detrás. Esta institución explicó por escrito que solo cuenta con 25 funcionarios para supervisar los procesos de contratación y las denuncias en todo el país. “Se busca fortalecer dichas áreas a fin de contar con mayor recurso humano y así poder realizar mejores controles a los procesos”, señaló.

La interconexión de los datos en tiempo real no existe. Sercop añadió que, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajan en un proyecto para cruzar información de las autoridades de control como la UAFE, la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y la de Bancos “de manera automática, en los procesos de contratación pública”.

¿Y la UAFE?

Asimismo, se solicitó una entrevista con el director general de la UAFE, José Julio Neira Hanze, quien además es Secretario General de Integridad Pública (un organismo contra la corrupción) y delegado del presidente Daniel Noboa ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel). La UAFE se limitó a enviar un mensaje con información general.

La autoridad que vigila los flujos de dinero debe ser total y absolutamente independiente. Seguimos viéndole ahí al director de la UAFE hecho cargo de la Secretaría de integridad ¿No hay ahí un conflicto en las atribuciones? Es inaudito”. MAURICIO ALARCÓN SALVADOR, FUNDACIÓN CIUDADANÍA Y DESARROLLO

La UAFE, que depende del ministerio de Economía ecuatoriano, informó que “ha alineado sus esfuerzos para construir un entorno tecnológico más robusto y avanzado”. Y agregó: “Buscamos en el futuro cercano contar con softwares que nos permitan trabajar en modelos predictivos a fin de diseñar alertas tempranas”.

También manifestó que sus técnicos analizan “con carácter de reservado, tanto las  denuncias como los reportes de los sujetos obligados, con el fin de detectar posibles operaciones inusuales e injustificadas” para alertar solamente a la Fiscalía, por lo que no respondieron por los casos citados en esta historia.

Hay casos en que ni los seguimientos ni los arrestos han detenido los negocios entre el Estado y sus enemigos.

Acusados de introducir droga a EEUU obtienen contratos en Ecuador

Ocurrió en 2018, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho personas de introducir droga en suelo norteamericano.

Entre los señalados figuraban el colombiano Segundo Agenor Guerrero Banguera y el ecuatoriano Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo Porto. Desde entonces, ambos tenían orden de captura internacional y, sin embargo, lograron obtener contratos públicos en Ecuador.

Meses después de la acusación en Estados Unidos, en octubre de 2018, Guerrero constituyó en Esmeraldas Jalenacomp S. A., que se dedica a realizar obras civiles. Esta empresa obtuvo tres contratos por un total de 802 mil 517 dólares, en 2021 y 2022.

Se los otorgó el Municipio de Esmeraldas, el Hospital Básico de esa misma ciudad y la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de los Cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde.

Guerrero fue detenido en Cali (Colombia) en marzo de 2024. Meses después, la Policía ecuatoriana lo incluyó en su lista de capturas de alto valor.

Consultado para esta investigación, Guerrero negó por correo electrónico que la empresa Jalenacomp hubiera firmado contratos, descartó ser financista o miembro de alguna banda criminal y negó tener denuncias en Ecuador y en Colombia.

Las gasolineras de Portocarrero en la frontera

Por su parte, Portocarrero abrió un RUC en 2011 para el expendio de gasolina en tres estaciones ubicadas en Esmeraldas y Atacames, ciudades cercanas a la frontera con Colombia.

Con ese registro, Portocarrero obtuvo seis contratos públicos en 2022, por un total de 43 mil 158 dólares, para abastecer de combustible al Municipio de Atacames, a la Dirección de Salud de ese mismo cantón y a la propia Policía de Esmeraldas.

Ese mismo año, en noviembre, Portocarrero fue detenido en Madrid, bajo el requerimiento de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, logró fugarse de España a inicios de 2023, luego de que un juez le concediera la libertad condicional a cambio de una fianza de 5 millones de euros, de acuerdo con una investigación del portal Primicias. Desde entonces, su paradero es desconocido.

El RUC de Portocarrero fue suspendido en mayo de 2023. El gobierno lo señaló como objetivo militar en abril de este año, pues lo considera como uno de los líderes más importantes de “grupos terroristas” que operan en Ecuador, solo por debajo de personajes como Ismael “El Mayo” Zambada.

Fernando Villavicencio como parte del Frente Parlamentario Anticorrupción y siendo presidente de la Comisión de Fiscalización reveló que Enrique Portocarrero sería financista de varios candidatos seccionales en Esmeraldas. Lo hizo en enero del 2023. Pocos meses después fue asesinado en agosto. Villavicencio realizó varias investigaciones y denuncias sobre el crimen organizado y su penetración en sectores económicos, políticos y judiciales.

Leyes que no se cumplen

Colombia tiene condiciones similares en la contratación pública y, sin embargo, ha logrado importantes resultados gracias a la articulación de las autoridades. La Fiscalía de ese país da cuenta de la imputación de gobernadores del departamento de Arauca que entregaron contratos públicos a un enlace del grupo armado ELN.

Allí tampoco se inhabilita a un proponente por estar procesado por la justicia o ser señalado por inteligencia policial, pero la Secretaría de Transparencia ha delineado una estrategia que ubica a los flujos ilícitos como uno de los cuatro macroprocesos que sostiene el narcotráfico.

Requerido para esta investigación, el Secretario de Transparencia colombiano, Andrés Idárraga Franco, comenta que el fenómeno de vinculación de grupos armados, narcotraficantes y contrabandistas a la contratación pública es una realidad en Colombia y que la labor de las unidades de inteligencia y análisis financiero es determinante en el diálogo con la Fiscalía.

Nosotros hemos venido insistiendo en el fortalecimiento de los canales de denuncia, especialmente en municipalidades alejadas de las grandes ciudades. Es preciso, importante, determinante para luchar contra la corrupción y el lavado de activos, que la base de beneficiarios finales sea pública”. ANDRÉS INDARRAGA FRANCO, SECRETARIO DE TRANSPARENCIA DE COLOMBIA

Últimas reformas en Ecuador

En Ecuador, las últimas reformas a la Ley de Contratación Pública, vigentes desde el 9 de febrero de este año, incluyeron normas para prevenir el lavado de activos en la contratación pública y en favor de la transparencia. Sin embargo, no se aplican.

“Normativa hay”, dice Adrián Castro, asambleísta proponente de los cambios más recientes. “Considero que hay una excesiva cantidad de normativa, tanto en las áreas civiles administrativas como penales.

Ecuador lo que tiene que corregir son los perfiles profesionales, porque la gente que está dentro del campo de la contratación pública no es precisamente gente que esté capacitada lo suficiente”.

El legislador alerta que en redes sociales hay ofertas de empresas que tienen RUC con antigüedad para facilitar la obtención del RUC y créditos.

Y agrega: “Si usted entra al Marketplace, hay gente que cobra para que un funcionario público pueda dar las pruebas del Sercop para obtener la famosa certificación, es lo más absurdo del mundo. Si usted hace una prueba a los funcionarios públicos va a darse cuenta que de contratación pública no saben absolutamente nada”.

Sercop aún trabaja en conformación de Unidad de Lavado

La última reforma legal dispone la creación de una unidad para articular un seguimiento efectivo a los fondos de los proveedores del Estado, pero esa unidad no ha sido creada.

Según lo publicado en el Registro Oficial de Ecuador, este órgano administrativo debería actuar como una unidad complementaria antilavado de activos que deberá reportar reservadamente las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuviese conocimiento y promover el intercambio de información con la Uafe, el SRI y la Fiscalía que permita combatir el delito de lavado de activos.

Hasta el cierre de este reportaje, la directora general de Sercop, Déborah Jones Faggioni, no accedió a una entrevista. Pero ese organismo respondió por escrito que está trabajando en la conformación de una Unidad de Lavado de Activos. Esto, para cumplir con las reformas a la Ley de Contratación Pública y que, al momento, espera que el Ministerio de Trabajo apruebe la matriz de competencias de esta nueva dependencia.

El asambleísta Castro apunta que “en este momento las instituciones públicas hacen lo que les da la gana, porque el sistema de contratación pública no tiene la capacidad. Es igual que la Contraloría: no puede auditar todo lo que está pasando en los procesos públicos, es falta de recursos, es falta de tecnología”.

Esa inobservancia de la ley y a la falta de articulación, permite que personajes criminales de alto valor sigan como socios de empresas contratistas del Estado.