El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presidido por el juez Fernando Muñoz, ordenó el 3 de septiembre, la destitución de los consejeros correístas Augusto Verduga, Yadira Saltos; y los consejeros suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. Todos ellos, conocidos como miembros de “La Liga Azul”.
Ellos fueron denunciados por infracción electoral muy grave, debido a que su candidatura fue patrocinada, abiertamente, por el correísmo y su líder, Rafael Correa. Fue él mismo, el prófugo ex presidente, quien les puso el nombre de La Liga Azul, ubicándolos como parte de un grupo afín al correísmo, lo que ahora les ha costado el cargo.
Pese a ello, la decisión del TCE ya fue apelada, este miércoles 4 de septiembre, por los consejeros involucrados y pasará a la siguiente instancia. En caso de reafirmarse la sentencia, los funcionarios deberán abandonar sus cargos inmediatamente. La apelación ya fue advertida por el ex precandidato presidencial del correísmo, Augusto Verduga. En un mensaje de X dijo: “No cantes victoria, Llamingo. Esta espuria sentencia tiene efecto suspensivo. Ya nos veremos en la apelación”.
La sentencia de primera instancia emitida por el juez Fernando Muñoz, además de ordenar la destitución de los consejeros; también, exige el pago de 70 salarios mínimos y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
El abogado constitucionalista, José Chalco, en su análisis indica que “no pueden existir violaciones a la Constitución y al Código de la Democracia. El CPCCS se integra por consejeros que no deben pertenecer y no deben provenir de ninguna organización o de algún auspicio de una organización política. Eso hay que hacer cumplir”.
El abogado Santiago Becdach, ex candidato al Consejo y uno de los denunciantes en contra de los consejeros de la liga azul, indicó que la sentencia es una respuesta de justicia y agradeció a la ciudadanía activa. “Se hizo justicia por el país, por esos malos funcionarios que llegaron con trampa al CPCCS.”
La “autonomía” de un Consejo manipulado por el correísmo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sufrido por las viejas prácticas correístas desde su creación, en el 2008.
Pero antes de conocer un poco más de la pseudo autonomía de esta institución, es importante entender cuál es la función del Consejo y por qué es tan grave que los consejeros tengan afinidades tan cercanas con grupos políticos.
La Constitución del Ecuador, en su artículo 204, indica que “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.” A partir de esto, se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La misma Constitución indica claramente, en su artículo 207, que el CPCCS “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.”
Es decir que una de sus funciones principales, es la designación de autoridades como Contralor, Fiscal General del Estado, Defensor Público, Presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros. Cargos que, en teoría, deben ser independientes y no tener ninguna afinidad política.
Pero eso no es todo, el mismo artículo, señala que “Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.”
En pocas palabras, los consejeros deben estar libres de afiliación o cercanía con algún partido político. Esto, con el fin de garantizar la independencia, democracia, alejado de los intereses del Gobierno de turno o la oposición; y, evitar la corrupción en las diferentes esferas del poder.
En papel se ve todo bonito, pero en la práctica no es la misma historia.
Escándalos en CPCCS con tinte “azul”
No es la primera vez que personajes cercanos al correísmo son noticia alrededor de escándalos en el Consejo de Participación Ciudadana.
Una de ellas fue la destitución del ex presidente del CPCCS, Alembert Vera, miembro de la Liga Azul y ex abogado de Rafael Correa.
En 2023, Vera fue destituido por la Corte Constitucional tras incumplir el Dictamen de la Corte de blindar las actuaciones del CPCCS (transitorio), del 2019. Según la Corte, el Consejo creó una veeduría ciudadana, con el fin de revisar las decisiones del CPCCS-t, en relación a la elección de los jueces de la Corte Constitucional en 2019.
La Corte también indicó que esta pieza del correísmo, intentó revisar la designación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, basándose en la denuncia por supuesto plagio.
Pero los escándalos continúan
En el 2019, sucedió algo similar. El en ese entonces presidente del CPCCS José (“el cura” Tuárez ) y los vocales Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio fueron censurados y destituidos por la Asamblea por incumplimiento de funciones.
Al igual que Vera, estos consejeros formaron una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucional. Incumpliendo el dictamen del tribunal que blindó las resoluciones del CPCCS transitorio.
Durante la votación en la Asamblea, los únicos que votaron en contra de la destitución fueron de la bancada correísta, quienes abandonaron el pleno. No sin antes extender una pancarta que indicaba “Sepultureros de la Constitución y de la voluntad del pueblo”.
Actualmente,José Tuarez, se encuentra en prisión por el delito de asociación ilícita, al ofertar cargos públicos mientras era funcionario.
Las maniobras de las “joyitas” de La Liga Azul dentro del CPCCS
Los nombres de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor no son desconocidos.
Saltos y Verduga orquestaron toda la telaraña que se vivió para posicionar al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Verduga no estuvo presente en la sesión que designó a Dunia Martínez como presidenta, por encontrarse con licencia de paternidad. Pero tras conocerse la decisión de CPCCS, decidió suspender su licencia y así estar presente en la nueva votación.
Correísmo juega sus cartas para llevarse el gran botín: la Judicatura
Eso no es todo, Augusto Verduga lideraba un reglamento con parámetros dudosos, según el consejero Juan Esteban Guarderas, para el proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado.
En una entrevista para este medio, Guarderas asegura, que el texto presentado por Verduga permitiría que mafiosos puedan ocupar este importante cargo. «No nos podemos dar el lujo de entregarle la Fiscalía a narcos», indicó.
La afinidad política de Verduga es evidente. El consejero destituido estuvo como precandidato presidencial por el movimiento político de Rafael Correa, para los comicios del próximo año.
Otro nombre que salta a la vista por sus afinidades correistas, es el de Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glas. Franco Loor, que fue posesionado el 3 de septiembre como vocal suplente en la Asamblea, ha tratado de deslindar de su afinidad con el correísmo diciendo que nunca ha sido parte de La Liga Azul, aunque sí reconoció que es amigo de Glas y Correa. También es recordado porque recientemente, fue uno de los veedores de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela.
